Un déficit que enfrenta el sistema político mexicano es el respeto y afirmación de los organismos públicos autónomos y particularmente de la autonomía universitaria. Contrasta la celebración de los 100 años de la UNAM, con la desaseada operación política del conflicto por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara que hace el gobierno jalisciense. En nada contribuye Emilio González a impulsar la independencia frente a los poderes públicos e incluso respecto a los grupos de poder político, con el manoseo de la información, con acusaciones y descalificaciones ausentes de pruebas contundentes. El gobernador desenfoca el problema que se debería de afrontar: el rol de la universidad pública en la transformación de nuestras sociedades, la generación del conocimiento y la cultura que nos permita enfrentar la crisis de civilización cuyas manifestaciones complejas, multidimensionales, y sus posibles respuestas, se abordan en las actividades sustantivas de la universidad.
La UNAM celebra sus 100 años poniendo sobre la mesa los grandes temas nacionales en los que su labor educativa puede actuar positivamente. Si la crisis de civilización se manifiesta en la imposibilidad de dar certidumbre frente al caos bancario-bursátil-financiero, o frente a la crisis ambiental-alimentaria y la depredación causada por el modelo energético, desde la universidad pública se debe de trabajar en el diagnóstico de estos diversos problemas y en la imaginación de alternativas para encontrar soluciones de fondo. El rector José Narro, señaló que sólo si se evita que en la educación se impongan criterios de mercado y sólo si el gobierno se compromete con una inversión mayor al 0.7 % del PIB a la educación superior y 0.4 % a la investigación que destina actualmente, se podrán superar las limitaciones. Lo cual implica replantear el modelo de desarrollo económico del país.
Los grandes enemigos a vencer son la pobreza y la exclusión, en la cual destacan los siete millones de jóvenes ninis que no cuentan con políticas públicas apropiadas, cifra escandalosa que aportó el Rector de la UNAM hace unas semanas. Pero sólo un pensamiento crítico, apartado de cualquier dogmatismo y de toda forma de autoritarismo del mercado, de carácter cívico y laico, es el que sirve para enfrentar esa crisis de civilización. Ese es el campo de la educación, la ciencia y la tecnología, de la creación, preservación y difusión de la cultura comprometida con valores de innovación constante y de convivencia. También la y lo político es motivo de esta celebración centenaria. En su intervención ante el Congreso de la Unión, el Rector Narro, reiteró: “el desafío de México no solo es crecer en la economía sino también mejorar la dignidad de los que nada tienen, edificar un verdadero desarrollo humano para todos.”
La universidad preserva valores civilizatorios como la justicia, el pensar en formatos cívicos incluyentes, que consideran el largo plazo, y la revalorización de la política, la exigencia a los partidos políticos y al gobierno de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar socialmente, y no sólo desde las instituciones constituidas, los grandes problemas de inseguridad y banalización de la vida que nos agobian. La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a 16 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellos al destacado lingüista Noam Chomsky, quienes ubicaron el contexto mundial que enfrenta la universidad pública y sus contribuciones para la paz, la convivencia fraternal y solidaria. Aprender la importancia de la autonomía también en el plano internacional, la gran apuesta que hacen Brasil o India por el sector educativo, científico y tecnológico, en el que invierten el tres por ciento del PIB, quedan como altas miras para la UNAM. Gran visión que está lamentablemente ausente en el regateo presupuestal que hace el gobierno de Jalisco.
viernes, 24 de septiembre de 2010
viernes, 3 de septiembre de 2010
POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO
A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO
A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
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