Academia y políticas de Estado

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, presentó ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el documento: "Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia". Se trata de un acercamiento estratégico entre la academia y actores del poder gubernamental en las complejas y abigarradas regiones de México. Además del carácter multidimensional de la violencia causada por el crimen, organizado o no, y del papel clave de la justicia para prevenir y castigar el delito, la complejidad del territorio mexicano obliga a pensar en políticas diferenciadas para cada región, cuya aptitud y pertinencia puede ser enriquecida por la academia, no solo del centro del país sino también de las universidades públicas de los estados, así como por las asociaciones civiles que producen información y diagnósticos relevantes.
El estudio: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, ofrecido por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, aporta información detallada sobre el país y cada uno de sus estados: en el sexenio actual, el promedio mensual de delitos del fuero federal se ha incrementado en 74.7 por ciento con respecto al del sexenio anterior. Delitos del fuero común en el sexenio del Presidente Fox: 119 mil 715; durante la administración actual: 136 mil 499. Un aumento del 14 por ciento. Entre el sexenio de Fox y lo que va del actual, hubo un aumento de 25.4 por ciento en el número de homicidios al mes. Durante este sexenio, el promedio mensual de secuestros creció un 132.6 por ciento. Entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 208.6 por ciento.
La cifra negra opaca el número de víctimas visibles, pues del conjunto de delitos apenas 2 de cada 10 delitos se denuncian. Según México Evalúa, además las víctimas invisibles, relacionadas con las víctimas directas del delito, no se cuantifican en casi la totalidad de países del mundo, por lo que su estudio trata de dimensionar este preocupante fenómeno, del que da un ejemplo dramático: Entre 1990 y 2009, en 9 de cada 10 casos la víctima era un hombre casado en edad productiva, es decir, casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre. Urge dimensionar el número de víctimas invisibles que dejan los más de 50 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado.
La geografía de los delitos graves se concentra en cuatro zonas del país: el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que forman parte de los 5 estados más violentos del país durante lo que va de la presente administración. El segundo grupo: Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal, reúne entidades que se ubicaron por encima del promedio nacional del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), tanto en 2010 como en 2011. El tercer grupo, formado por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, estuvo por debajo de la media nacional en 2010 y por encima de ella en 2011. Un cuarto grupo: Baja California, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo, son cuatro entidades ubicadas por encima del promedio nacional, pero que no comparten fronteras con otras entidades que registren índices altos. Las entidades que cuentan con litoral y las que se ubican en las fronteras del país, anidan altos índices de víctimas. Construir una política pública de Estado requiere de una cuantificación de las cifras negras del delito y de una minuciosa cuantificación de las víctimas invisibles, para poder lograr una coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno y la investigación académica.