NICAM - OMPA aquí-allá

SPOT-IDIOTIZACIÓN

2012-01-20T05:56:00.000-06:00

Supuestamente pensada para generar mayores condiciones de equidad en la contienda electoral, la reforma política de 2007 no logra cumplir del todo esos objetivos. Su fracaso se debe en parte a la conflictiva coyuntura de 2006 que la inspiró, pues las elecciones presidenciales evidenciaron la inequidad registrada en los medios de comunicación electrónicos principalmente, pero en parte también la falta de pericia comunicativa por parte de los legisladores contribuyó a su fracaso. Aunque algunos legisladores panistas actuales se refieren a esa reforma como “fruto del rencor y el encono”, causado por López Obrador al haber perdido esas elecciones, otros legisladores dicen que a pesar de haber sido hecha sobre las rodillas y con “mala leche” (Porfirio Muñoz Ledo), pero todos concuerdan en que se necesita rehacer la ley electoral que fue modificada a raíz de la reforma de 2007. Lástima que la actual legislatura ya no podrá hacerlo.

Cada reforma político-electoral emprendida tiene un destinatario y se hace persiguiendo una estrategia favorable para el partido o la coalición política en el poder. La de 2007, identificó los problemas desde un diagnóstico acertado, pues la mercantilización de las campañas había corrido a cargo del erario administrado por los partidos políticos. Sin embargo, infringir el tope de gastos en publicidad no pudo ser combatido por una legislación en la que era más barato pagar la multa por esos excesos que atenerse al presupuesto aprobado para esos fines. Desde 2007 se prohíbe contratar publicidad, tanto por terceras personas como por partidos, para la propaganda electoral en radio y televisión, prohibición que desató fuertes polémicas sobre la libertad de expresión. Algunos intelectuales la cuestionaron por cercenar la libertad de mercado y con ello las libertades individuales, mientras que varios organismos apoyaron ampliar las atribuciones regulatorias del Estado sobre la propaganda electoral, además de sugerir una política comunicativa complementaria.

Los principales opositores a que los tiempos que el Estado dispone en los medios electrónicos de comunicación, se destinaran a partidos y candidatos, fueron los dueños de esas empresas. A regañadientes, estaciones de radio y televisión entregaron esos espacios a los partidos, pero dentro de un dulce envenenado, pues impusieron el formato del spot publicitario y mañosamente definieron unilateralmente su horario de difusión; incluso, en momentos estelares que interferían con espectáculos cuya audiencia terminó por reprobar la propaganda partidaria, como era de esperar. La spotización política trajo consigo el hartazgo y fomentó, contrariamente a los objetivos de equidad buscados, el desinterés por escuchar y conocer los mensajes de partidos y candidatos. Así como la repetición de un mensaje a lo largo del día puede incitar al consumidor a obtener un producto, los partidos-candidatos-mercancías machacan a la audiencia con propuestas vagas y reiterativas que ni informan ni convencen.

¿Cómo terminar con la spotización política? Indudablemente que el ahora completo Consejo General del IFE, debatirá este tema y en su momento nutrirá a los legisladores para la reforma que se haga al respecto. En lo inmediato, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre 12 debates temáticos que remplacen los spots es congruente con la superación del mercantilismo; un debate por semana en el que participen todos los candidatos en condiciones de equidad, de abril a junio de este año. Transformar así las campañas traería muchos beneficios a las audiencias de radio y televisión, pues ello ampliaría su capacidad de razonamiento al contrastar propuestas y programas de partidos y candidatos. Además, ese esquema podría reproducirse para todos los candidatos a elección popular. La condición es que el debate incluya audiencias participativas y que éstas tengan el derecho de apagar el aparato si la idiotización prevalece. Cosas que los spots impiden.

ENTRE EL LIMBO Y EL INFIERNO

2012-01-12T09:24:00.000-06:00

Sin pena ni gloria, trascurren las precampañas electorales: repetición de lugares comunes, propuestas abstractas de programas, proyectos del deber ser de la política sin asideros respecto de su viabilidad, saturación de todos los medios de difusión posibles, desde los tradicionales hasta las novedosas formas electrónicas que se “innovan” diariamente. Toca también decir que ya nos tienen hasta la madre con su mercantilización de lo político, con unidades a toda costa y supuestos consensos prefabricados que publicitan unanimidad donde no la hay, con falsos debates entre ideas que son casi iguales; con todo ello, estamos en el limbo, esperando que algún día por venir, esos tanques políticos, con poca sustancia como para convertirse en think tanks, nos lleven a la gloria de la esperanza futura. Pero es otro el destino que nos alcanza. Se parece más al infierno que a la esperanza.

Dominada por la ambigüedad, la época de las precampañas no logra convencer sobre las bondades de una reforma política que se hizo con buenas intenciones, pero que continuamente se desborda por la tentación publicitaria. ¿A alguien le queda claro si estos momentos preelectorales tienen como destinatarios a los propios partidos políticos? Las frases aceleradas al final de los spots “esta propaganda está destinada a los militantes de ‘tal’ partido”, no logran esconder que el blanco de la spotización política somos todos-as ¿Se podría decir con sensatez que durante este periodo ha mejorado la democracia interna de los institutos políticos? Ni uno solo de los partidos tiene un padrón interno que sea fiable, pues la volatilidad del electorado hace imposible ya el identificar una base social militante, y los simpatizantes no garantizan fidelidad. El formato de partido es inoperante para los fines democratizadores del sistema político.

Por ello, aparte del PRI, cuya maquinaria electoral de unanimidades evita cualquier consulta extra partidista, cada vez más se recurre a las encuestas entre población abierta; es claro que para Acción Nacional y para las izquierdas, el momento preelectoral es el de apelar a todo el electorado y no solamente a quienes se identifiquen con un partido. Pero la hebra común que anuda al conjunto del sistema de partidos es la del dinero, sea para mantener aceitadas las fibras corporativas de cada instituto, sea para financiar sofisticados y cada vez más costosos mecanismos de consulta, que permitan llegar a todo el electorado en disputa. Democracia S.A. busca clientes, no ciudadanos demandantes de derechos. Donde manda el dinero no gobierna la democracia y esta ambigüedad entre precampañas y campañas electorales, presagia una prolongación del limbo político que padecemos. Aún las izquierdas, críticas de la mercantilización del mundo político, se ven invadidas por este sopor enfadoso del dinero.

Las (pre)campañas parecen negar el infierno. Invadidos por el discurso políticamente correcto, (pre)candidatos y partidos evitan entrar al fondo de los problemas derivados de la mediocridad del desempeño económico del modelo depredador, insostenible, orientado a la exportación; no señalan críticas certeras al protagonismo perverso del sistema financiero mundial; temen incrementar temores sociales, por lo que evaden el tema de la violencia estructural y su secuela de muertes (casi 13 mil asesinatos –producto de supuestos enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado- de enero a septiembre del año pasado, con lo que suman casi 56 mil homicidios durante el actual gobierno federal). Casi ninguno de ellos cree que se pueda hacer algo diferente a la estrategia militar y policial actual; son extremadamente prudentes frente a los responsables de las crisis de justicia, económica y civilizatoria que padecemos. Empero, evadir el conflicto es desconocer el infierno de la corrupción y la impunidad que supuestamente se proponen combatir.

CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE RÉGIMEN

2012-01-06T18:02:00.000-06:00

Audaz, la propuesta de una nueva Constitución y de cambio de régimen en México, del Diputado panista Javier Corral. El agotamiento de la institución presidencial, el débil sistema de partidos y el entrampamiento de relaciones creativas entre los poderes republicanos, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no corresponden con los avances democráticos mostrados por el país en el ámbito de las elecciones confiables, la consolidación de la alternancia que campea en todos los órdenes de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta los municipios, pasando por los gobiernos estatales; una sociedad civil más activa y demandante de nuevos formatos de participación ciudadana, tanto como de un mejor desempeño económico más equitativo, con mejor rendición de cuentas y con acceso responsable a la información y a los medios de comunicación. La Constitución actual no puede resolver esas paradojas.

Corral propone resolver esos entuertos mediante un nuevo ordenamiento constitucional, vía la instauración de un régimen parlamentario capaz de dar cuenta de la pluralidad y diversidad política alcanzada. Una nueva legalidad que siente las bases para saber y poder compartir el poder, por lo que Corral pone especial atención en el gobierno de coalición como fórmula integradora del amplio abanico político existente en México. Su apuesta enfatiza el cambio de régimen político, como primer paso para lograr un cambio de Constitución, pero hacen falta consideraciones sobre lo que representa una Constituyente, como renovación del pacto social en todos los órdenes de la vida institucional, así como de los procesos de consulta y participación ciudadana que la condicionan. El riesgo de confundir una reforma política de amplios alcances y la instauración de una nueva Constitución, puede limitar ese debate tan trascendental a los mismos actores desgastados: los partidos políticos, a pretender hacer desde arriba los cambios, a fortalecer la partidocracia.

Habrá que preguntarse si estamos a tiempo siquiera de emplazar tal debate entre todos los partidos y sus candidatos, pues se trata de una convocatoria a la soberanía popular que podría tener una singular oportunidad de auscultar qué tan aceptada o sentida es la demanda de una nueva Constitución por la población general. Hay demasiados factores que conspiran contra esa renovación y está demasiado lejos de la buena voluntad lo que tendría que ser una convocatoria desde abajo a una Constituyente. El Informe Latinobarómetro 2011, muestra que México es el país menos satisfecho con la democracia, con un 23% frente a un 72% en Uruguay. Entre 2010 y 2011, el apoyo a ese régimen en México bajó de un 49% a un 40%. El 55% de los mexicanos está de acuerdo en que la democracia, aún con problemas, es el mejor sistema de gobierno, penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala (49%)

Los partidos siguen en el sótano de la confianza popular, aunque los congresos o parlamentos mejoran su posición en América Latina. Pero la tentación autoritaria aumenta: en México sólo el 53% en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar, arriba tan sólo de Paraguay, 52% y Guatemala, 40%. En Costa Rica el 90% no apoyaría un gobierno militar. Estamos en el penúltimo lugar en cuanto a expectativas que el Estado pueda resolver el problema de la delincuencia, con un 39%; Guatemala: 27%. México es uno de los países donde los ciudadanos menos cumplen con la ley; aunque estamos por encima de la media latinoamericana en la exigencia de derechos, somos de los más bajos en reconocer obligaciones y deberes. No tenemos un contexto propicio para crear una nueva Constitución, pero el hecho de que sólo el 22% perciba que se gobierna para el bien de todo el pueblo, acerca la urgencia de alcanzar lo aparentemente imposible.

PARTIDOCRACIA, PELIGRO PARA MÉXICO

2011-12-03T09:47:00.000-06:00

Se identifica el regreso del PRI a Los Pinos como un peligro para México; sin embargo, el problema no reside únicamente en ese partido, sino en el sistema político que cobija una sórdida lucha entre la mayoría de los institutos políticos por el poder interno y público: la “Ley de hierro de la oligarquía” que propusiera el politólogo Robert Michels, en 1911, ilustró tendencias contradictorias respecto de la democracia, principio inspirador de las prácticas y funciones de los partidos políticos, como la burocratización profesional de los dirigentes, especialización requerida por la toma de decisiones más rápidas y complejas; por las exigencias de una eficiencia electoral que menosprecia la democratización interna de los partidos, en aras de distribuir el poder entre los grupos que mejor posicionan la influencia partidaria; por la fuerza de la democracia elitista, que confía en la racionalidad de los líderes e infantiliza a sus militantes.

Entre los riesgos de regresión autoritaria que representa el sistema de partidos como oligarquía de hierro, es cierto que el PRI reúne varios de ellos. Pero no es el único. Al tricolor se le achaca que sus cargos públicos no rinden cuentas, como destaca el caso de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, donde están en juego más de 32 mil millones de pesos, cuyo manejo y destino no es transparente. ¿No se podría decir lo mismo sobre el caso de Acción Nacional? En despecho de su expulsión de ese partido, Manuel Espino recordó algunos casos de corrupción entre funcionarios federales y municipales: Cesar Nava y Germán Martínez, dos ex presidentes nacionales del PAN, son casos de corrupción documentados en los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, manos negras y el de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, que revelan pistas esclarecedoras que documentan la corrupción de varios panistas.

Las prácticas de mayoriteo y uso corporativo del voto, han sido típicamente priístas, pero son abrazadas con activa pasión por los blanquiazules. La Sra. Elba Esther Gordillo, no obstante su militancia priista fue factor estratégico para que ganaran tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en sus respectivas elecciones presidenciales. Así como se criticó el acarreo para la unción-designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, se podría criticar el pacto que hizo Ernesto Cordero con una de las centrales supuestamente priista pero que entra a la subasta de votos por posiciones de poder, como es el caso de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que ofreció cerca de un millón de votos al panista que representa la continuidad con el gobierno de Felipe Calderón.

Los temores mayores sobre el regreso del autoritarismo, camuflado bajo el manto de institucionalidad democrática, residen en los vínculos implícitos o explícitos entre los poderes fácticos: mediáticos, de las jerarquías eclesiásticas y crimen organizado, con el sistema político. Señaladamente se evidencia que la candidatura de Enrique Peña Nieto es producto de estrategias de poder diseñadas desde el duopolio televisivo, a través de lo cual el PRI ha cooptado y subordinado una buena parte de organismos electorales, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y varios Árbitros electorales locales, como se mostró en el caso del Estado de México. Además, la supuesta connivencia priista con el crimen organizado en las elecciones michoacanas, jaquea preocupantemente la democratización del país. Sin embargo, aparte de honrosas excepciones, como la de Javier Corral, Acción Nacional ha coincidido con la telebancada Verde-priista en retrocesos respecto del Derecho de Información. Igualmente, eso que llamamos PRIAN, ha impulsado legislaciones conservadoras de defensa de la vida, en 18 entidades del país. Esa partidocracia si amenaza la democracia.

CANDIDATURAS Y PROYECTOS POLÍTICOS

2011-11-25T09:47:00.001-06:00

No cabe duda, fue un acierto definir una candidatura de unidad desde la izquierda. Usando un método poco ortodoxo, como las encuestas, para resolver las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, esta candidatura se posicionó adelante respecto de los procesos de elección-selección que están llevando a cabo los otros partidos. Así lo deja ver la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a seguir intentando obtener la candidatura del tricolor. En un amplio desplegado que publicó recientemente el Senador del PRI, deja ver que ante la dura competencia electoral de 2012 hay que preservar la “unidad” a toda costa del partido. Claramente se refiere al acicate que representa AMLO como candidato de unidad para la izquierda, pero también en su escrito se puede leer entre líneas que la disciplina partidaria requiere dejar a un lado la competencia por la candidatura, si ello representa confrontación y desgaste entre los contendientes.

Para Beltrones, “la política sólo vale la pena cuando es la vía para transformar las ideas en propuestas y las propuestas en acciones. Primero el programa y luego el candidato.” Sus tres propuestas que ya son ejes fundamentales de un “Programa para México”, que podría retomar el Revolucionario Institucional, son: La reforma del régimen político, un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo pacto social. En ellas, el Senador priista empeñó sus esfuerzos: una reforma política que tuviera como pivote la conformación de un gobierno de coalición; un proyecto económico que sin renunciar a la globalización introdujera medidas correctivas de la desigualdad y un pacto social renovado que abriera al PRI frente al empuje de la sociedad civil. Se trata de un proyecto político que quería sintonizar a su partido con las grandes líneas de discusión que hoy tienen en su centro la seguridad, la paz y la lucha contra la violencia.

Si Ebrard le aportó elementos de la izquierda “progresista” al proyecto político de AMLO y le acercó al centro para recuperar una franja del electorado a la que no llegaba el Movimiento de Renovación Nacional (morena), en el caso de Beltrones no es claro cuál será su legado para el proyecto político de Enrique Peña Nieto. Manlio Fabio no se integra tampoco en el equipo de campaña del que con seguridad será el candidato único de “unidad” del priismo, sino que se dedicará desde otras trincheras a promover las tres propuestas que configuró durante este periodo de aspiraciones por la candidatura presidencial. La unanimidad a toda costa huele mal; el tufo que deja es el del partido maniobrero de la disciplina vertical, de las componendas internas y de las dificultades para renovarse a partir de la diversidad de sus tendencias y proyectos políticos.

El PRI mostró el cobre con la convocatoria para elegir su candidato presidencial, la cual entregó al IFE media hora antes de que venciera el plazo fijado por el árbitro electoral. De esa manera se evitó que las diferencias se ventilaran públicamente. Ahora falta saber lo que pasará con las diferencias internas de Acción Nacional, si serán capaces de llegar a la unidad sin heridas ni rupturas, si sabrán incorporar lo positivo de los proyectos políticos de los contendientes. Quizá la soberbia del creciente poderío tricolor en el mapa nacional encegueció a ese partido, al creer que el carro completo implica una suerte de pensamiento único, como garantía de la unidad. Cualquier proyecto político necesita actualmente integrar la diversidad en sus procesos unitarios, pues tanto las tendencias regionales se expresan de manera heterogénea, como las discusiones políticas requieren de pluralidad y de aceptación de distintos caminos para construir un proyecto político verdaderamente nacional.

CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN

2011-11-11T12:39:00.001-06:00

Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.

Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.

Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.

Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.

CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN

2011-11-11T09:44:00.001-06:00

REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA

2011-11-07T12:47:00.000-06:00

Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.

Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional.

Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.

La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.

DEMOCRACIA PARCA

2011-11-04T12:44:00.000-06:00

Dan ganas de hacerle su calavera a la democracia. Son muchos los motivos. Llegaremos a las elecciones de 2012 en medio de la violencia, el abuso del poder, la corrupción galopante del Estado y la sociedad que impulsa el mercantilismo; no tendremos una reforma política a la altura de las circunstancias tan apremiantes que exigen una revalorización del voto ciudadano, ni habrá mejoras cualitativas en la rendición de cuentas, ni avanzará el compromiso con la responsabilidad de los funcionarios sobre su desempeño público. Tampoco nos pondremos en sintonía con los formatos exigentes de democracia participativa que rigen ya en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, ni retomaremos las discusiones sobre la democracia comunitaria relacionada con los indígenas, sus autonomías regionales y la creación de un país enriquecido por diálogos interculturales.

La clase política nos propondrá aplazar respuestas contundentes a la crisis civilizatoria que enfrentamos; los empresarios monopolistas y transnacionalizados, seguirán alejando al mercado de la democracia con sus manotazos extralegales que les aseguran mantenerse como poderes fácticos. Nuestra parca democracia se desgrana mientras el país se desangra: “Los criminales ignoran el sufrimiento –han perdido cualquier sentido de lo humano y por eso asesinan con tanto horror y desprecio–. Pero también la política lo ignora. No está en su vocabulario, no tiene cabida en sus estadísticas que, a semejanza de los asesinatos de los criminales, borran el nombre de los muertos para volverlos números.” Palabras de Javier Sicilia el 1º de noviembre bajo el Ángel de la Independencia, del DF. Se dimensiona, no obstante el desánimo, de mejor manera el desafío que enfrentamos los y las mexicanas. La demanda por la paz con justicia y dignidad, junto con un movimiento social que no ceja en sus luchas, sitúan el tema ético en primer plano.

El cambio de valores y actitudes es la palanca que nos permitirá transformar la política, como servicio para la mejor convivencia y para el manejo públicamente razonado de nuestros conflictos. Aspiración democrática que, sin embargo, no encuentra el espacio social de convergencia entre quienes luchan por ella. En pleno despegue de la campaña electoral de 2012, ciertamente se decantan las propuestas derivadas de una agenda de izquierda frente a dos opciones que son más de lo mismo; aunque haya matices entre la continuidad panista y el regreso del tricolor a los Pinos, sus diferencias son secundarias. Pero hay riesgos: si no se alcanza la convergencia entre el programa de izquierda que representan Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard; si los candidatos del Pri y de Acción Nacional se obstinan en convencer que pueden ganar la guerra antinarco y mantener la misma estrategia económica.

Parca democracia en cuanto a su precaria institucionalización, pues a quienes corresponde sostenerla muestran innumerables limitaciones. Aunque la reforma constitucional sobre Derechos Humanos es la joya de la corona legislativa, el Congreso de la Unión no se caracteriza por su arrojo democrático: ni reforma política sustantiva, ni legislación sobre seguridad nacional que marque un nuevo derrotero para enfrentar atinadamente la violencia sin vulnerar los derechos de ciudadanía. Ni siquiera ha podido regularizar la situación del IFE la actual Legislatura, pues la Cámara de Diputados no ha elegido a los tres consejeros que falta reponer dentro del órgano electoral. A ello se suma que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falló negativamente contra la solicitud presentada por 30 ciudadanos, quienes ven vulnerado su derecho a votar libremente dada la parcialidad de un Consejo General del IFE incompleto. A esta democracia, institucional, se la cargó la parca.

ANTIDEMOCRACIA PARTIDARIA

2011-10-28T12:45:00.000-05:00

La democracia empieza en casa pero los partidos políticos son los primeros en quebrantar este principio. Cada uno a su manera enfrenta duras luchas fraccionales -frecuentemente facciosas-, por el poder que concentran los institutos políticos, en donde la democracia interna se cuestiona. No atinan un método democrático para elegir-seleccionar-designar sus candidatos a puestos de elección popular, debido a la mercantilización de la política que convierte al gobierno y a los partidos mismos en un modus vivendi vinculado con el dinero. Un botín en disputa es el presupuesto público del que gozan, cada vez más cuantioso pero cada vez menos transparente. “El financiamiento público que de 2000 a 2010 han recibido los tres principales partidos políticos en el país -PRI, PAN y PRD- asciende a más de 22 mil 760 millones de pesos […] dicha cifra supera el presupuesto destinado este 2011 para carreteras” (Eleccionpresidencialmexico2012.com)

El manejo financiero interno de los partidos es un misterio, no se sabe cuántos empleados tienen ni que sueldo se les fija, ni siquiera se sabe si ellos tienen las prestaciones laborales de ley. Al inicio de esta semana, los siete partidos “nacionales” que reciben financiamiento público, se opusieron a brindar información al respecto, ante una petición del diario El Universal. Consideran que su información es confidencial y aunque los partidos son de interés público, no son sujetos obligados para dar información por la Ley de Transparencia. Sospechosamente, no siguen en casa lo que demandan de las instituciones públicas. El presupuesto que nutre sus maquinarias electorales, destinado a la operación de los organismos políticos en 2012, pasará de dos mil 568 millones, recibidos en 2006 a 3 mil 370 millones que tendrán disponibles en 2012. Partidos S.A. representa una franquicia que conspira contra la democracia.

Esa mercantilización torpedea su democracia interna también en lo que hace al método para elegir a sus candidatos. Es cuestionable que si el objetivo de cualquier partido es la construcción y preservación de la democracia que pregonan, aquella que funda el ciudadano con su voto, no rija esa condición básica para la toma de decisiones. El caso del candidato presidencial muestra cómo se exacerban conductas autoritarias y luchas facciosas por el poder. Cada vez más alejados del pueblo al que apelan para obtener su voto, ni empoderan esa figura elemental en su vida interna, ni someten los métodos de selección seguidos a la fiscalización del órgano electoral. Desconfían de sus propios padrones electorales, pues sus bases sociales son volátiles y la militancia decrece una vez que pasan las elecciones en turno. La figura del adherente es insuficiente y los mecanismos para delegar el voto de sus agremiados en convenciones no convence internamente.

Paradójicamente, los partidos tienen en la ciudadanización un desafío. Entre las elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir el candidato, las convenciones con delegados mandatados por los órganos partidarios internos y en esta coyuntura especialmente las encuestas como las propone el PRD, se procura tomar el pulso de la sensibilidad ciudadana, pero ésta suerte de elecciones primarias causan descontento. En todos los casos, los partidos están obligados a dar certidumbre sobre el carácter democrático del momento preelectoral que viven, a través de un padrón interno confiable, del aseguramiento de condiciones equitativas en sus contiendas y de la definición de reglas comúnmente aceptadas entre todas las fracciones que legítimamente aspiren a obtener candidaturas. El cochinero que se adjudica al PRD en estos procesos, no es muy distinto de las dificultades atravesadas por el PAN para reconocer su militancia y la adopción del dedazo para designar sus candidatos, o de las dificultades priistas para dar cabida a todos los aspirantes.

CAMBIO GLOBAL DE VALORES

2011-10-21T12:45:00.000-05:00

Antes que nada, la indignación mostrada este 15 de octubre en casi un millar de ciudades de todos los continentes, sacude los valores más caros al capitalismo: el poder del dinero; la impunidad frente a sus efectos depredadores sobre toda forma de vida; la cosificación de las personas sin importar su destino; la subordinación de lo público y sus instituciones a los intereses de ese 1% de la oligarquía mundial, lo cual se simboliza en la ocupación de Wall Street. No es casual que desde ahí se detonó un movimiento global novedoso en sus alcances, aunque inspirado en un contexto mundial de heterogéneas inconformidades: el zapatismo, sus bases locales y sus Encuentros Intergalácticos por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; los altermundistas que persiguen las reuniones ejecutivas de los ricos: el G-8, el G-20, la OMC, el FMI o el Banco Mundial. Una década de intentos anuales de 10 Foros Sociales Mundiales por vincular pensamiento y acción global-local; las rebeliones norafricanas, los indignados españoles y movimientos similares al sur de Europa, pasando por Israel. Valores colectivos por su osadía; construcción de valores distintos.

De la novedad pasamos al asombro por los logros fundadores de un movimiento que ya es imparable, aunque no esté exento de incertidumbres respecto de su horizonte de acción. Vandana Shiva, activista hindú, planteó sintéticamente el desafío asumido: “necesitamos transformar el G-8 en el G-7,000’000,000”, es decir en el grupo de la humanidad toda. Lo que el 1% oligárquico no puede hacer es soñar con un proyecto civilizatorio así de incluyente. Y, los millones de microacciones directas que inspiran los indignados llaman a crear esos valores globales de convivencia para poder exigirlos. Entre esa dimensión humana y los motivos locales-nacionales-mundiales que dan pie a cada movimiento, están cuestionados todos los valores de la modernidad que nunca se cumplieron: la libertad, la igualdad, la solidaridad.

En Nueva York, está prohibido el uso de megáfonos en manifestaciones; oradores del movimiento e intelectuales reconocidos internacionalmente amplifican sus palabras a través de los que les escuchan y repiten sincronizadamente cada frase de sus discursos. Cientos de voces unificadas posibilitan la escucha de todos los participantes. Una manifestante porta un cartel: “me importas”, que expresa un valor cementante de solidaridades que niega el capitalismo. “Mis sueños no caben en sus urnas”, decía otro cartel en Xalapa, Veracruz. Se cuartean los valores democráticos liberales y los procesos electorales que sustentan la separación entre ejecutantes y decisores.

Indignados y rebeldes jaquean democracias, gobiernos y corrupciones en las coyunturas en que nacen. Desde Tunez hasta Estados Unidos, se cuestiona la democracia realmente existente. Los indignados legitiman asambleas participativas, educadoras, y se fijan al lugar que ocupan. Luchan simultáneamente por posiciones simbólicas ocupadas y movimientos que se expanden. Wall Street, la plaza Sintagma en Atenas, o la Puerta del Sol madrileña son focos desde donde se expanden las asambleas a los barrios, a la vida cotidiana. “Democracia real ya”, significa batallar por nuevas legitimidades que se erigen sobre la negación de lo inaceptable: que no se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias, a costa del desempleo, la pérdida de seguridad social, o del fin de las pensiones. Que el Estado no prolongue y normalice la exclusión del 99% de la humanidad, ni que los rituales seudo democráticos sustituyan las voces plurales de todos-as. Sin programa ni modelo preconstituido, estos movimientos inventan el día a día fundando valores globales. Unir la diversidad, localizar o aterrizar los valores globales en valores locales, instituir nuevas prácticas individuales y públicas de regulación social sin perder la fuerza inventiva utópica; valores que abren el universo de lo potencial.

REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA

2011-10-05T15:58:00.000-05:00

Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.

PRESIDENCIALISMO DE COALICIÓN

2011-09-29T15:57:00.000-05:00

Frente al dilema que se plantean las ciencias políticas entre presidencialismo y parlamentarismo, el caso mexicano ofrece un amplio desafío. El poder unipersonal que concentra la figura presidencial en la historia reciente, ha impedido que surja una cultura de compromisos y cooperación por parte de un sistema de partidos que no ha podido desprenderse del todo, de una triple combinación que ha resultado perversa, pues el Presidente de la República es al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y por si fuera poco es también en los hechos Jefe de Partido. Se ha impuesto así en México un parlamentarismo débil cuyo Poder Legislativo compite, hasta el torpedeo, con el Ejecutivo federal. No es que haya parálisis legislativa sistemática pero si impedimento para llevar a cabo reformas de profundidad en los campos que requiere particularmente una situación de crisis, la cual demanda cambios estructurales firmes.
Estamos frente a una buena oportunidad de sentar las bases para avanzar en un diseño político institucional, sincronizado con la democratización de un régimen puramente presidencialista que puede transitar hacia el fortalecimiento de prácticas parlamentarias y paralelamente al acotamiento de los resabios autoritarios que aún guarda el presidencialismo. La iniciativa para crear un gobierno de coalición, en todos los órdenes de los poderes ejecutivos del país, presentada en el Senado con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ahora es retomada en la Cámara de Diputados. Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), en coordinación con diputados de otros partidos presentes en la Cámara baja, particularmente con Javier Corral (PAN), presentaron una iniciativa que enriquece el trabajo iniciado por los senadores: la construcción de mayorías plurales de gobierno con base en coaliciones gubernamentales y legislativas que le den soporte al Ejecutivo, como opción a tomar en circunstancias específicas. Destacando la propuesta para elegir a un Jefe de Gobierno. Además, como parte de un trabajo legislativo que podría enriquecerse mediante consultas ciudadanas, el Congreso de la Unión enfrenta el desafío de profundizar estas propuestas en dos pistas simultáneas: la reforma político-electoral y el posible tránsito hacia un régimen semipresidencialista en México, que separe definitivamente las figuras de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de Partido.
Una magna tarea que quizá no pueda entrar en operación a partir de las elecciones presidenciales de 2012, pero que necesita prever los pasos a dar para lograr la doble reforma, de régimen y político- electoral. Algunos politólogos se preguntan sí es posible que un sistema multipartidista fortalezca la gobernabilidad democrática bajo un régimen presidencialista, cuando elites y burocracias partidarias han constituido un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representantes y representados, no rinden cuentas, se oponen al empoderamiento del voto ciudadano y subordinan su quehacer al programa de los poderes fácticos. Tarea central es democratizar simultáneamente al Ejecutivo, los partidos políticos, la cultura parlamentaria y fortalecer los formatos democráticos participativos en los distintos órdenes de gobierno, de manera que sea la sociedad la que modele al Estado e incida activamente en la regulación del mercado y el sometimiento de los poderes fácticos, incluidos los del dinero, los del poder mediático, del poder eclesiástico y los del crimen organizado, al imperio de la ley. La experiencia brasileña del Presidencialismo de Coalición, ofrece pistas interesantes con su doble reforma, la afinación de mecanismos de representación política, que fortalecen el papel del multipartidismo en la Asamblea Nacional y la apuesta por una rendición de cuentas horizontal, emprendida por Comités Parlamentarios de Investigación que evalúan y dan seguimiento a los planes para enfrentar y eventualmente superar la crisis multidimensional del país, la cual atraviesa sistemas e instituciones políticas y de gobierno, como en todo el mundo.

GOBIERNO DE COALICIÓN PARTIDISTA

2011-09-23T20:42:00.000-05:00

La reforma constitucional para incorporar la figura de Gobierno de Coalición, propuesta por Manlio Fabio Beltrones y asumida también por panistas y perredistas, aporta elementos para dimensionar la reforma de Estado que seguimos necesitando. Hace falta sin duda acotar al presidencialismo, un poder que se viene deteriorando desde que en 1997 se presentó el primer gobierno “dividido”, en el que el Ejecutivo federal no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces, la relación entre Legislativo y Ejecutivo, no ha logrado establecer una interlocución suficientemente constructiva como para hacer avanzar las políticas públicas que propone el Presidente de la República, ni para llevar a cabo la legislación implicada en las reformas estructurales que pretende impulsar cada gobierno, sobre todo después del año 2000, cuando se registra la alternancia en el gobierno federal.

Falta una cultura parlamentaria respaldada en el diseño institucional republicano mexicano, pues el presidencialismo se inspiró en fortalecer el poder unipersonal del Ejecutivo, primero gracias al partido casi único que imperó en el país de 1929 a 2000 y luego frente a partidos políticos acostumbrados a negociar cuotas de poder partidista, apoyados sobre el monopolio de la representación de intereses, que evacuaron el interés general supuesta finalidad de los institutos políticos. El parlamentarismo, situado en el extremo contrario del Presidente fuerte, no ha logrado influir la cultura política gubernamental y del sistema político y de partidos, pues la elaboración responsable de consensos no caracteriza al desempeño partidario ni de los cargos públicos sometidos al debate para la toma de decisiones. Por ello, la propuesta de Beltrones obliga a pensar en la figura intermedia que representa el semipresidencialismo, la cual distingue en dos personas las atribuciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno; el primero electo por voto directo universal y el segundo mediante acuerdo entre Legislativo y Ejecutivo.

Aunque teóricamente positiva la figura de gobierno de coalición hay, sin embargo, algunos factores que obstaculizan su operación política: su falta de concatenación con la reforma política que el propio Senado aprobó en una minuta correspondiente, en la cual había propuestas del Ejecutivo para agilizar y flexibilizar su relación con el Legislativo, pues la propuesta para formar un gobierno coaligado sólo retoma la necesidad de contar con mayorías parlamentarias para hacer eficientes la políticas públicas del gobierno, para tener un Gabinete presidencial ratificado por el Senado y la posibilidad de que el Presidente pueda ser llamado a las Cámaras cuando alguna de ellas lo convoquen. Pero no se contemplan ni el veto presidencial, ni las medidas de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, como la moción de confianza-censura, o formas de referéndum y plebiscito que puedan ampliar la participación ciudadana sobre los poderes republicanos.

Se siguen pensando las reformas constitucionales en términos de gobernanza, como eficiencia institucional de “buen gobierno”, pero no como proceso de gobernabilidad que incluya tradiciones parlamentarias, sin brechas entre representantes y representados, a la par de crear pesos y contrapesos al poder unipersonal del Ejecutivo. Además, se deja al criterio del gobernante electo si opta por promover un gobierno de coalición, a pesar de que las evidencias apuntan hacia elecciones altamente competitivas que no permitirán que el Presidente electo cuente con mayoría parlamentaria a favor de su partido. No obstante que la reforma beltronista apunta a la construcción de una mayoría plural con objetivos comunes, la formación de un Gabinete presidencial de calidad consensuada, la coalición que lo sustenta es netamente partidista. Fuerzas políticas no incluidas en partidos, incluidos poderes fácticos necesitados de controles parlamentarios, no participan en la coalición gubernamental. Alerta de peligro: la partidocracia puede cooptar al gobierno coaligado.

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de

2011-09-02T05:42:00.000-05:00

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de la vida. Uno incluye al otro, pero sólo el duelo nos puede liberar al permitirnos sacar conclusiones que reafirmen nuestra biofilia, nuestro amor por la vida, nuestros deseo por defenderla, preservarla, cultivarla. Mientras el luto lo interiorizamos hasta el silencio y lo explicitamos mediante símbolos que expresan pérdida, separación, dolor dejado por la ausencia de vida, el duelo supone una combinación entre esa interiorización de la pena individual y la verbalización dirigida a un espacio colectivo: la familia, la comunidad local, el país, el mundo, con fines de procesar todos los significados que trae consigo la destrucción de la vida. El duelo ayuda a comprender racionalmente, en sincronización con los sentimientos o emociones que nos deja la muerte.

Después de la conmoción -que es también conmiseración con el sufrimiento humano causado por la muerte violenta-, por las 57 vidas segadas en el Casino Royale de Monterrey, sin duda nos conmovió el llamado presidencial a guardar tres días de luto nacional por esas víctimas. Nos une la pena y el luto supone también una tregua; antes de explicarnos o de procesar lo que está causando ese dolor, sentimos que han asesinado una parte del nosotros como un todo. Lo que sigue ahora es procesar el duelo hasta poder trascender el dolor. Frente a las ataduras impuestas por la violencia destructora de vida, urge crear y recrear los símbolos en defensa de nuestro derecho más elemental a vivir, así como urge dar espacio público y privado en nuestras vidas a ese duelo liberador, una vez pasada la tregua que impone el luto.

Comprender razones, explicitar sentimientos y emociones, manejarlos con sentido biofílico, implica encontrar orígenes, fuentes desde donde emana la violencia destructora, descubrir y deslindar responsabilidades. El crimen masivo de inspiración terrorista es consecuencia de estrategias de guerra, seguidas por encima de compromisos razonados con la procuración de justicia, prevención del delito y entendimiento de las causas estructurales que originan violencia. El narcoterrorismo, coexiste, conlleva, al terrorismo de Estado, al ojo por ojo, vida por vida. Pero el terrorismo no debe opacar las muertes causadas por la corrupción, la impunidad, la banalización de la vida. El gobierno nunca convocó a duelo nacional por la muerte de 46 niños en la Guardería ABC, o por más de cien muertos en la mina Pasta de Conchos, o por las narcofosas, en ocasión de cada macabro descubrimiento, como el de 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. ¿Cuánta crueldad y “valor simbólico” se necesita para guardar luto por las muertes?

Un proceso nacional de duelo implica un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria de todas esas muertes que nos han lastimado, llegar a las fuentes de la violencia mortífera. Recuperar las biografías canceladas, dimensionar el drama de las víctimas visibles, tanto como el drama de las víctimas opacadas. Asumir los “daños colaterales”, las víctimas que no se cuentan, de las que no se persiguen a sus victimarios, a las que se les niega justicia. Duelo nacional por la incapacidad para prevenir el crimen y por la falta de inteligencia policíaca; duelo por la impericia legislativa que aprobó 198 casinos de un jalón, a iniciativa de Santiago Creel y que hoy son miles en todo el país, sin que se hayan valorado los efectos mafiosos ligados con la ludopatía. Duelo por la politización instrumental del dolor ante gobiernos divididos en Nuevo León y ante la impavidez del gobierno estadounidense frente a la narco-economía casino que le beneficia.

Academia y políticas de Estado

2011-08-26T15:41:00.000-05:00

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, presentó ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el documento: "Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia". Se trata de un acercamiento estratégico entre la academia y actores del poder gubernamental en las complejas y abigarradas regiones de México. Además del carácter multidimensional de la violencia causada por el crimen, organizado o no, y del papel clave de la justicia para prevenir y castigar el delito, la complejidad del territorio mexicano obliga a pensar en políticas diferenciadas para cada región, cuya aptitud y pertinencia puede ser enriquecida por la academia, no solo del centro del país sino también de las universidades públicas de los estados, así como por las asociaciones civiles que producen información y diagnósticos relevantes.
El estudio: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, ofrecido por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, aporta información detallada sobre el país y cada uno de sus estados: en el sexenio actual, el promedio mensual de delitos del fuero federal se ha incrementado en 74.7 por ciento con respecto al del sexenio anterior. Delitos del fuero común en el sexenio del Presidente Fox: 119 mil 715; durante la administración actual: 136 mil 499. Un aumento del 14 por ciento. Entre el sexenio de Fox y lo que va del actual, hubo un aumento de 25.4 por ciento en el número de homicidios al mes. Durante este sexenio, el promedio mensual de secuestros creció un 132.6 por ciento. Entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 208.6 por ciento.
La cifra negra opaca el número de víctimas visibles, pues del conjunto de delitos apenas 2 de cada 10 delitos se denuncian. Según México Evalúa, además las víctimas invisibles, relacionadas con las víctimas directas del delito, no se cuantifican en casi la totalidad de países del mundo, por lo que su estudio trata de dimensionar este preocupante fenómeno, del que da un ejemplo dramático: Entre 1990 y 2009, en 9 de cada 10 casos la víctima era un hombre casado en edad productiva, es decir, casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre. Urge dimensionar el número de víctimas invisibles que dejan los más de 50 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado.
La geografía de los delitos graves se concentra en cuatro zonas del país: el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que forman parte de los 5 estados más violentos del país durante lo que va de la presente administración. El segundo grupo: Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal, reúne entidades que se ubicaron por encima del promedio nacional del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), tanto en 2010 como en 2011. El tercer grupo, formado por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, estuvo por debajo de la media nacional en 2010 y por encima de ella en 2011. Un cuarto grupo: Baja California, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo, son cuatro entidades ubicadas por encima del promedio nacional, pero que no comparten fronteras con otras entidades que registren índices altos. Las entidades que cuentan con litoral y las que se ubican en las fronteras del país, anidan altos índices de víctimas. Construir una política pública de Estado requiere de una cuantificación de las cifras negras del delito y de una minuciosa cuantificación de las víctimas invisibles, para poder lograr una coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno y la investigación académica.

PROGRESO Y BIENESTAR, MITOS FUNDACIONALES

2011-07-22T11:02:00.000-05:00

Una de las bondades del estudio del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, es el resituar el rol activo que juegan las percepciones ciudadanas sobre lo que está mejor y peor en nuestras vidas cotidianas. Ellas no se pueden disociar de los ideales surgidos en torno del progreso, o del muy amplio y debatido concepto del desarrollo, ni del concepto de calidad de vida. Otro estudio, encargado por el Foro Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): La medición del progreso y del bienestar. Propuestas desde América Latina, complementa la información necesaria para poder dimensionar el desafío que enfrentamos, cuando hablamos de la tensión que acompaña nuestra condición humana, entre el mejorar nuestra calidad de vida y bienestar, y la realización de nuestros ideales personales, colectivos, comunitarios. La manera como acoplamos realidad material y sentimientos, emociones, percepciones de felicidad.
Siempre presente, esa tensión ha querido solucionarse mediante diversos modos bajo los que opera nuestra organización socioeconómica y política, y la jerarquía que concede a los valores que estructuran su cultura. Ahí es donde está el drama de la supremacía del mercado en nuestra época, que vale mucho más la libertad de especular en la bolsa de valores que la muerte por hambre impuesta a millones de seres humanos. Hay miles de indicadores que pueden mostrar este drama, pero las discusiones suscitadas en la actualidad, gracias a estudios que revalorizan la agencia humana, la capacidad de individuos y colectividades para modificar su entorno, están mostrando que los deseos y las opciones buscadas para satisfacerlos cuentan. Que no bastan ofrecimientos de futuro progreso, siempre postergados, sino que la realidad existencial del aquí y ahora, manifestada en el deseo de bienestar material y subjetivo, se convierte en la prueba de fuego de la organización socioeconómica que domina nuestras vidas, y del sistema sociopolítico que la sustenta y la pretende legitimar.
Estamos hasta la madre también porque el Producto Interno Bruto se convierta en la medida del progreso, pues la economía de mercado no significa bienestar para todos-as. Quedamos igualmente hartos de las promesas no cumplidas por los regímenes socialistas burocráticos. Pero, Latinoamérica está mostrando vitalidad y otros sentidos de futuro que animan a repensar ese par conflictivo entre progreso y bienestar. Ya no nos contentamos con evaluaciones de indicadores sociales que terminaron sometidos por el mercado al apostar por la posesión y acceso a bienes y servicios, tantas teles, tantos coches, tanto dinero, tan buena vivienda, tan buena educación… Tampoco nos satisface el enfoque por competencias y funcionalidades que propone adaptaciones paulatinas del capital humano al capitalismo, donde el ascenso social depende de adquirir capacidades y destrezas en la medida que las premie el mercado.
Medir el progreso y el bienestar pasa actualmente por dos consideraciones mayores antes no tomadas en cuenta: la sustentabilidad ambiental del desarrollo y el bienestar subjetivo: la satisfacción con la calidad de vida, el mundo afectivo satisfecho, la aceptación del otro y de la otra; aquello que no es medido en términos de crecimiento económico pero que genera, como en algunos países latinoamericanos, el Estado del Buen Vivir, sin discriminaciones, sin exclusiones legitimadas por el sistema social vigente. Medir y pensar de otra manera el progreso y el bienestar tiene consecuencias positivas: cuestiona el modelo dominante y potencia la imaginación de un mundo mejor, aprende de prácticas sociales innovadoras que adaptan desde lo local al conocimiento global, orienta nuevas políticas públicas y cambios en actitudes hacia una cultura de derechos ciudadanos. Bienestar, equidad y progreso, condicionan el valor que emerge con mayor fuerza: la felicidad, esa rara ave azul hoy asesinada por la violencia y el mercantilismo capitalista.

PARCHES POSPONEN REFORMAS

2011-07-15T08:47:00.000-05:00

Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.

El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.

Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.

Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.

2012, MALOS PRESAGIOS

2011-07-08T08:45:00.000-05:00

IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN

2011-07-01T08:42:00.000-05:00

Tres jinetes del Apocalipsis político, que sientan malos precedentes frente a la democratización urgente que necesita nuestro país, nuestras regiones, nuestra vida local. Se deterioran las instituciones de justicia por sujetos obligados de respetarlas, a la par que se debilitan los contrapesos creados para vigilar el desempeño de los servidores públicos, debido al intercambio de complicidades para protegerse frente al escrutinio público. Las vísperas electorales nacionales y en algunos estados del país, expresan las limitaciones impuestas a la rendición de cuentas en los gobiernos locales, por la complicidad entre el Poder Judicial y los organismos electorales. Asimismo, la arbitrariedad con la que se auto-adjudican sus salarios y prestaciones la inmensa mayoría de funcionarios públicos, vinculados con la organización del proceso electoral, muestran esta dinámica perversa entre impunidad y corrupción que lleva directo a la corrupción de los valores democráticos.

Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.

Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.

sin la autoridad moral internacional para hacer valer su autonomía en la defensa de su seguridad pública y nacional. No hay, en contraste, un solo po

2011-06-24T14:42:00.000-05:00

Tachado de ingenuo por políticos profesionales y por intelectuales que se reclaman sabedores de los códigos ocultos de la y lo político, uno de los méritos del poeta Javier Sicilia es evidenciar que el gobierno está desnudo: sin estrategias coherentes eficaces contra el crimen organizado; sin fundamentos éticos que hagan creíble la justicia para acabar con impunidades y corruptelas; sin respaldos auténticos fundados sobre la legitimidad que podría brindar un sistema político democrático inspirado y apoyado en la participación ciudadana; sin la autoridad moral internacional para hacer valer su autonomía en la defensa de su seguridad pública y nacional. No hay, en contraste, un solo político profesional que haya logrado una imagen tan nítida capaz de mostrar que el gobierno, los 3 poderes y órdenes de gobierno, el sistema político y de partidos, van desnudos.

Algunos reclaman que Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dialoguen con un Ejecutivo ilegítimo, porque eso podría manchar la autenticidad de sus demandas. Sin embargo, otra de las cualidades lograda por el movimiento pacifista es que interpela al gobierno, al Estado, a la nación entera, pues no hay autoridad, partido político, jerarquía eclesial o feligresía, o ciudadanos-as comunes que no se sientan concernidos por el conjunto de demandas que se anudan en el Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual conforma un programa pertinente de acción social para enfrentar el sufrimiento causado por inseguridad y violencia, venga de donde venga. Se incrementan autoconfianza y autoestima, de manera que entre todos podemos lograr esa paz justa y digna, brindarnos consuelo frente a la desgracia, revalorizar el amor y la solidaridad humanos como dones superadores del odio y la mercantilización mortales.

El diálogo entre el movimiento siciliano y Felipe Calderón, tenido en el Castillo de Chapultepec y no en el Museo de Antropología e Historia, como estaba previsto por su valor simbólico civilizatorio, huyo del posible alcance de la protesta pública hacia el símbolo de la posición militar controladora. No obstante, son varios los méritos alcanzados en esa reunión: se visibilizó a las víctimas, situándolas como la condición inicial de una doble exigencia, que se sepa la verdad y se actúe en consecuencia, que urgentemente se haga un plan de resarcimiento del daño a familiares de las víctimas. Además esta reunión genera una agenda política paralela en torno a la discusión de la política pública en materia de seguridad, y los temas relacionados con las urgentes reformas con visión de Estado: el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, la reforma política y los puntales de una reforma económica, al menos en lo tocante al piso material que sostiene al crimen organizado.

Las demandas del Pacto Nacional Ciudadano nos interpelan: verdad y justicia desde las víctimas; fin a la estrategia de guerra, desmilitarización del país; combatir la corrupción e impunidad; política social para los jóvenes y perfeccionamiento de la democracia en el país, con una mayor participación ciudadana; combatir la raíz económica del crimen organizado, debate sobre la militarización, que busca discutir una ley de seguridad nacional, la Iniciativa Mérida, la desmilitarización como un modelo de reconstrucción del tejido social y la criminalización de los jóvenes. El debate incluye discutir sobre el fuero de los legisladores y de los funcionarios, esquemas de prevención para servidores públicos corruptos, apertura de los medios de comunicación, y llama a discutir formas de “enlace y la organicidad del movimiento”, relacionada en las formas de organización y coordinación territorial y la toma de decisiones, que esperemos den continuidad a esta novedosa y espontánea forma política de desnudar al rey.

POLÍTICA DESGARRADA

2011-06-10T23:44:00.000-05:00

Si entendemos la política como el arte para vivir juntos mejor, de manera segura, y como un conjunto de capacidades institucionales y grupales para resolver razonadamente los conflictos derivados de nuestra convivencia, podemos concluir que la realidad política mexicana está desgarrada. Pero el desgarre dramático que vivimos en prácticamente todas las esferas de lo público tiene responsables. En cada uno de los poderes republicanos, en cada orden de gobierno, en el sistema político y de partidos, constatamos un marco contrastado entre apego a la legalidad y manipulación de la legitimidad de la acción pública. Sin embargo, no es únicamente un problema de Estado, pues los poderes fácticos comandan el desgarre de la política al concentrar capacidades para decidir por encima de la ley y las instituciones. Desde el crimen organizado, hasta el poder de las jerarquías eclesiales y del dinero, se vulneran las potencialidades incluyentes e integradoras de la política.
Hay, no obstante esas adversidades, quienes actúan en la esfera pública desde una perspectiva contraria al desgarre político. El imaginario que nutre esa actuación, busca rehacer un tejido social de confianza y de reivindicaciones críticas frente al caos, la inseguridad y la injusticia, apuesta por una ética fundada en valores humanistas. Por ello, se revalorizan palabras como dignidad, esperanza, consuelo, a la par de conceptos venidos de la política como diálogo, consenso, estrategia de largo plazo, lazos comunitarios horizontales, o democracia directa real del aquí y ahora. Esta amalgama creativa entre valores humanistas e imaginario político, se encuentra fundamentalmente en los movimientos sociales y en casos raros de personajes públicos insertados en el Estado, en el gobierno y hasta en partidos políticos. Sus fuentes de inspiración provienen de conflictos irresueltos que les competen directamente o frente a los cuales se despiertan fibras sensibles vitales como la solidaridad o la compasión.
El arraigo que encuentran las demandas públicas por revalorizar la política se debe a la defensa de la vida que entrañan. De ahí la importancia y el eco logrado por la Caravana de la Paz encabezada por Javier Sicilia, que está dando rostro a las víctimas por la violencia en las localidades por las que pasa, donde se retoman las exigencias de justicia desde el combate al odio, al revanchismo y al uso electorero del aparato judicial. La Caravana de la Paz repercute en una antropología de la muerte desde la vida, que visibiliza a las víctimas en todo el país y que apela a la memoria colectiva; los niños asesinados por la irresponsabilidad pública en la Guardería ABC, o los muertos en la guerra contra el crimen organizado, junto con las más de 40 mil historias de muertes violentas, son denuncias contra el desgarre político del olvido.
Si la muerte evidencia dramáticamente el desgarramiento público, la desesperanza frente al futuro es igualmente negativa de una vida mejor. Es el caso de la cerrazón al diálogo por parte de autoridades federales y estatales, por la construcción de la represa del Zapotillo, la cual se quiere imponer a toda costa sobre las poblaciones de Temacapulín, Palmarejo y Acasijo. Ahí, bajo el pretexto insostenible del bien mayor que representaría el abasto de agua para uso urbano, se esconde la defensa de un antimodelo de desarrollo extractivista y depredador que lo único que sustenta son las ganancias siderales de ciertas empresas constructoras locales y trasnacionales, asociadas en complicidad con las autoridades interesadas en mostrar que contribuyen al dinamismo económico, aunque sea en detrimento de las poblaciones afectadas. Negarse a evaluar alternativas a la represa y negarse a discutir a fondo todas las complejas aristas que tiene el abastecimiento de agua potable, también contribuye al desgarramiento de la política.

ESCENARIOS PREELECTORALES

2011-06-03T23:46:00.000-05:00

Sigue siendo un problema la precocidad del proceso electoral en todos los puestos por los que se compite, pero destacan las elecciones presidenciales por deteriorar nacionalmente el ejercicio democrático de gobierno. Uno de los méritos del redestape de Emilio González, es que evidenció los resortes que actúan sobre el sistema político para el impulso de las aspiraciones personales de los contendientes por la presidencia de la República, donde el protagonismo cobrado por los medios electrónicos del duopolio televisivo es avasallador; desde ahí se certifican candidaturas, se reparten legitimidades fabricadas sobre la existencia que otorga el aparecer en canales televisivos con audiencia nacional, y se da el banderazo para incluir la mercadotecnia como principio rector del proceso electoral. Aunque la reforma política de 2007 prohíbe que partidos y (pre)candidatos compren espacios en los medios electrónicos, prebendas y financiamientos extraídos principalmente del erario, abren los segmentos estelares de cualquier medio electrónico.
La comunicación pública está tan politizada, que los barones de Televisa y de TV Azteca, se aprovechan de esa precocidad nutrida por un sistema político concebido como botín, en el que se gasta bajo una lógica de mercado de futuros para conquistar una candidatura que luego retribuirá con creces lo invertido. Al fin que los señores del poder mediático prenden y apagan el switch que abre contactos entre dinero y política, tanto como entre el televidente consumidor y aquella mercancía electoral que sepa conquistar ya no la voluntad de respaldo individual –difícil de sostener en periodos de incertidumbre y caos-, sino la convicción momentánea para un objetivo inmediato: que el (pre)candidato gane la elección en cuestión porque promete más incluso que cualquier producto milagro. Para ello y por ello el duopolio televisivo se transforma en poder fáctico vestido de gran elector.
Transitar de precandidato a candidato en el contexto mediático, pone en crisis la democracia interna de los partidos, cuyas bases de sustentación se someten a los dictados que les comunican políticos-mercancías. Quien gane su existencia apareciendo en la tele, da pasos decisivos, definitorios, en la competencia electoral. Así, se deterioran los lazos de representación y crecen a la par el desencanto frente al candidato-mercancía, causado por el vacío programático de sus mensajes, y la pasividad a la que condenan medios electrónicos que difunden información, pero cerrados a la réplica y a la participación de sus audiencias. Aparte de López Obrador, quien construye espacios públicos de consulta electoral en todos los municipios del país desde 2006, no hay otros (pre)candidatos que depositen en el electorado su confianza como fuente de legitimación. Aunque la constante que comparten todos los suspirantes, va del divorcio con los movimientos sociales a la falta de una estrategia eficaz para vincularse con ellos.
Tampoco contribuye a la democratización del país el que se hagan elecciones sin reforma política en 2012. Partidos refractarios a perder poder y privilegios tienen en la lona cualquier intento de reforma, máxime cuando se busca empoderar al votante, y tanto el PRI como Acción Nacional, siguen negociando cuotas de poder que encarecen hasta el torpedeo cualquier decisión que disminuya su poderío. El sistema de partidos llegará debilitado en esta era de indignación y desconfianza, contexto que aumentará el abstencionismo y diluirá hasta casi extinguir el voto nulo. Sabedor que ese contexto favorece el voto duro, incondicional, principalmente del PRI, el Presidente Calderón hace intervenir a su gobierno en la contienda electoral. Apoya a sus allegados, luego a su partido, y descalifica a sus adversarios con recursos de Estado. Sobre todo a quienes niegan que México ya no es un país de pobres y a quienes condenan su fallida guerra contra el crimen organizado.

DEMOS PURO, SIN CRATOS PERVERSO

2011-05-27T05:16:00.001-05:00

Sociedad sin Estado y superación de la democracia, debido a su inclinación perversa a cosificar al poder, son centrales en las críticas radicales implícitas en las rebeliones contemporáneas de los indignados. Desde las posiciones más visibles en esos movimientos, es un error pensar que el poder redime. La soberanía moderna reside en el pueblo, pero las mediaciones e intermediaciones que impone la organización de un poder público se revierten contra la sociedad. El Estado, máxima expresión de ese poder, es un instrumento de dominación que combina de forma utilitaria el consenso, o el consentimiento de la ciudadanía, con la dominación para ejercer la coerción necesaria para reproducir al capitalismo. Se necesita, de acuerdo con algunos indignados, una reconstrucción social del demos, de manera que cratos, el poder, no sea el que rija la vida en sociedad.
Si la polis antigua generó un modelo de convivencia social para dirimir deliberadamente los conflictos producidos por vivir juntos, su transformación en la Ciudad-Estado revirtió el ejercicio de las libertadas cotidianas y vulneró la libertad para conciliar proyecto de vida individual y colectivo. Así, la civitas como conciencia de ciudadanía libre, se sometió a la polis al crear al Estado como un ente externo cimentado sobre el poder de pocos. A lo largo de la historia, rebeliones, revueltas o revoluciones han dejado sin cumplir la creación y promoción sostenida de formatos autogestionarios fundados en la asamblea y la democracia directa. Un ideal equilibrio entre libertades individuales y colectivas, que sólo se ha producido en momentos conflictivos donde la iniciativa social derrumba al Estado: la Comuna de Paris, la hegemonía de los soviets o momentos críticos en la historia reciente, como los Caracoles zapatistas, las rebeliones árabes o lo que anuncia la rebelión de los indignados en España.
Asistimos sin duda a una revalorización de los principios anarquistas; su fuerza es seductora por su lucha antiinstitucional contra toda forma de poder opresor, y por el reconocimiento del destino irremediable del Estado a convertirse en un ente ingobernable por encima de la voluntad de todos-as. Gobierno tras gobierno ha crecido un poder externo a la sociedad frente a la cual el Estado cumple su rol instrumental del poder dominante y se muestra cada vez más incapaz de obtener el consentimiento social para el gobierno de pocos; el desencanto con las elecciones, cada vez menos creíbles por la abstención mayoritaria en la inmensa mayoría de países y localidades, el descrédito del sistema de partidos y las secuelas excluyentes de las políticas públicas que implementan, desembocan en impunidad y corrupción. La dramática brecha que separa a representantes y representados no es más que la expresión corrupta de la lucha por el poder estatal.
No obstante la pertinencia de los motivos antiestatales, cabe preguntarse si el espíritu libertario de la crítica anarquista que acompaña a estas rebeliones ofrece una salida radical frente a los conflictos que emergen. Enfrentar los problemas sistémicos de nuestras complejas sociedades, requiere de un antipoder con una estrategia para desmantelar al Estado opresor desde un enfoque anticapitalista, pero hacen falta puentes entre las experiencias microsociales de la asamblea, que puede vivir sin Estado desde formatos de democracia directa, y la organización de un poder público en el que podrían coexistir la delegación propia de la democracia representativa, el impulso de la participación ciudadana en todos los asuntos públicos, incluida la gestión del modelo económico y de desarrollo y la recreación de la democracia comunitaria de los pueblos originarios. Los poderes fácticos, el regreso del Estado fuerte regulador dominan nuestras vidas. Democracia real ¡ya!, exigen los españoles indignados. El demos puro necesita de estrategias antipoder para lograrla.

LA REVOLUCIÓN DE LOS INDIGNADOS

2011-05-20T18:57:00.000-05:00

El desencanto con la política, los partidos y el gobierno está dando sorpresas que nos invitan a reflexionar sobre la indignación que vivimos en México. Se trata ahora de jóvenes españoles, de los que acá llamamos ninis, pero que han creado todo un abanico de protestas sociales para denunciar la ineficacia del supuesto régimen democrático para atender las demandas sociales, en primer lugar contra una clase política que no representa a la mayoría y particularmente a los afectados por la crisis económica, contra la banca como causante de la mercantilización de la vida misma, contra la corrupción de una buena parte de la gestión pública. Un movimiento iniciado por jóvenes, pero también desocupados, jubilados y población de todas las edades, que también están “hasta el culo”, para decir a la española el hasta la madre mexicano.
El campamento montado por los manifestantes en la céntrica y emblemática Puerta del Sol en Madrid, pero también extendido por las ciudades ibéricas más grandes, se radicaliza a unos días de las elecciones municipales y regionales españolas. Dicen los indignados que la especulación financiera que beneficia a los bancos cuenta con el beneplácito de la clase gobernante, mientras que un asunto central vital para la democracia es combatir la desigualdad, pues el desempleo en ese país alcanza la peor cifra de su historia reciente: el desempleo abarca al 21.3% de la población, con más de 4.9 millones de desocupados. Entre los jóvenes se calcula que hay 40 por ciento de ellos desocupados, la mayoría sin beneficios de pago por paro. Además, la inseguridad abarca cada vez más espacios de la vida del español medio, pues el recorte de la política social aunado a la precariedad laboral crea incertidumbre y angustia en la vida cotidiana.
De acuerdo con una nota de El Universal, de México (18-05-2011), este movimiento erige: “Una plataforma apolítica llamada Democracia Real ¡Ya! [que] consiguió sacar a la calle a miles de personas, sobre todo jóvenes, en todo el país sin más ideario que hacer oír su voz en contra del desempleo, la precariedad, los recortes sociales, los bancos y la clase política en general.”. Los indignados aún no tienen un conjunto de demandas articuladas que plantear. Pero más de cien mil personas debaten intensamente lo que toca hacer en las redes sociales. Sobre todo, el campamento madrileño se convirtió en una ágora donde se reúnen pequeños grupos, donde se circulan manifiestos diversos y se discuten ideas sobre el quehacer frente a cartelones pegados a la pared. La indignación es contra una democracia expropiada por representantes separados del ciudadano, contra la voracidad de los bancos, contra los partidos opositores y del gobierno.
Que difícil resulta encauzar la indignación en México. Cuantos obstáculos hay que brincar para poder hacer reformas incluyentes, consultadas de cara a la ciudadanía, que sean pertinentes y oportunas. El secuestro de la representación ciudadana por la partidocracia impide que tengamos una reforma político-electoral que empiece a operar antes de las elecciones de 2012. Tendremos que esperar seis años más para restar poder a esa partidocracia que impide incluso que los tres consejeros electorales del IFE que faltan para completar al Consejo General sean nombrados. Una larga espera para que podamos siquiera tener candidaturas independientes que rompan el monopolio de la representación. Los legisladores tendrán que discutir al vapor la Ley de Seguridad Nacional, sin que hayan sido suficientemente oídas las demandas emanadas de marchas y agrupaciones en contra de la actual estrategia contra el crimen organizado. Entre la Democracia Real ¡Ya! Y la revolución de los indignados que crece en el mundo, estamos rezagados en el México apático.

DEL SILENCIO A LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

2011-05-12T08:11:00.000-05:00

Las varias marchas por la paz con justicia que se dieron en distintas ciudades del país y significativamente en algunas zonas indígenas, particularmente las zapatistas, expresaron el hartazgo contra la violencia implicada en la estrategia gubernamental para combatir al crimen organizado, interpelaron a los criminales al relacionarlos con el no más sangre, ya basta, estamos hasta la madre también de su violencia, y propiciaron una nueva narrativa pública del conflicto: ni odio ni venganza pueden fundamentar una solución de fondo a la violencia; necesitamos reinventar el amor por el y la otra, en la copasión, la autoestima y la exigencia inaplazable de justicia como valor civilizatorio; la impunidad y la corrupción se combaten también de abajo hacia arriba; el silencio marca el principio de la escucha, el paso de la reflexión contenida a la expresión de una voz crítica, hasta el grito de dolor.

Como todo movimiento social fundador de esperanzas compartidas por darle otro manejo al conflicto, esta fase de lucha contra la violencia abre un caudal de preguntas, para muchas de las cuales no vislumbramos respuestas estructuradas. ¿Cómo darle alcance nacional al movimiento por paz con justicia? El discurso de Javier Sicilia ha calado en buena medida porque da rostro al dolor obligado a permanecer en el anonimato. Necesitamos reconstruir la antropología de la muerte desde la vida, una que atraiga a las madres dolidas por sus familiares asesinados, a los hijos-as que perdieron a sus padres, a quienes desconsolados por la muerte cercana aún no encuentran la paz y desconfían de esa ley de ojo por ojo y diente por diente, que nos puede dejar ciegos y chimuelos a todos, como dice Sicilia. Necesitamos documentar, ubicar, localizar en todo el país el rostro de la injusticia para preparar la manera de superarla.

¿Es prometedor el pacto nacional de Ciudad Juárez que se anuncia? Fue impresionantemente positiva la convergencia lograda por la convocatoria alrededor de Javier Sicilia. Una amplia gama de organismos ciudadanos se aglutinan en torno de la demanda de paz con justicia. Así se constató en las marchas que hubo el fin de semana pasado, donde convergieron organizaciones ya conformadas contra la escalada de violencia vivida en el país durante los cinco años recientes, con organismos pacifistas, por la defensa de derechos humanos, movimientos vecinales y personas sin organización pero con esperanzas y preocupaciones compartidas. Sin llegar a constituir un movimiento antisistémico, también unió el desencanto frente al sistema político y de partidos y la autoconfianza ciudadana. Pero, la coyuntura política a un año de las elecciones presidenciales hace pensar en el resurgimiento de fortalezas cívicas sociales necesitadas, sin embargo, de una deliberación política ávida de soluciones de fondo.

¿Se puede ganar poder ciudadano en el marco de las limitadas reformas político-electoral y a la Ley de Seguridad que debate el Congreso de la Unión? No fue casual que en todas las marchas surgiera ésta pregunta. Si no se aclaran las diferencias entre seguridad nacional, que está a cargo del Ejército y seguridad pública, que está a cargo de un sistema policíaco vigilado y controlado bajo formatos de consejos que incluyan ciudadanos, no se pondrán las condiciones que propicien un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado fundado sobre la militarización de la seguridad. Si no se procesa un concepto de seguridad integral, a la vez humana, democrática y ciudadana, no se podrán poner las bases institucionales para cambiar de estrategia. Aún con las limitaciones de una reforma político-electoral que no es de Estado, también se necesita cambiar la interlocución entre ciudadanos y poderes constituidos. El compás de silencio da paso a la deliberación política.

VOCES CONTRA REFORMAS FALLIDAS

2011-05-12T08:09:00.000-05:00

Ante el entrampamiento de las reformas política y de la Ley de Seguridad, causado por un diseño obsoleto del sistema político y por prácticas patrimonialistas y clientelares que sustentan a la partidocracia, se alzan voces que demandan urgentemente retomar un sentido de transformación estructural del Estado. Son voces críticas del atorón legislativo, que emanan de un cada vez más amplio tejido de organizaciones sociales, muchas de ellas emergidas al calor de la violencia e inseguridad que nos agobia. También hay voces críticas en el Congreso de la Unión, que son sensibles a los reclamos de reformas profundas en materia de política y seguridad. Esas voces revalorizan la política como eje de actuación colectiva razonada frente al conflicto y como medio para ganar calidad democrática: apego al Estado de derecho; rendición de cuentas; exigencia de responsabilidades del poder público. Corrupción e impunidad torpedean cualquier intento reformador.

Aunque abortaron las maniobras políticas de una fracción del PRI por reformar la Ley de Seguridad aprobada en 2005, ese proyecto de reforma expresa varios contenidos esperados por un electorado ávido de reforzar un Estado autoritario que comparta, entre un presidencialismo reforzado y las Fuerzas Armadas, las llaves de solución contra violencia e inseguridad. La militarización del combate al crimen organizado, sin una estrategia integral para enfrentarlo, daría argumentos para mantener al Ejército en las calles, minimizar el impacto sobre derechos humanos, someter las garantías individuales a los imperativos de escenarios de guerra, o a criminalizar los movimientos sociales al endilgarles ser fuente de violencia y de alteración del orden establecido. Además, la doctrina de seguridad que subyacía en ese proyecto de reforma, se sometía al diseño norteamericano de estrategias militarizadas nacionales conducidas desde Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado, de acuerdo con la Patriotic Act, decretada después del 11 de septiembre de 2001.

Un amplio conjunto de manifestaciones públicas asociadas con la marcha convocada por el escritor Javier Sicilia, levantarán voces que articulan el malestar con la propuesta de sentidos civilizatorios nuevos, que reclaman transformaciones estructurales del Estado: una estrategia integrada y coherente de combate a la delincuencia organizada; hacernos visibles como víctimas con rostro tanto de los desaciertos de la política gubernamental como de los criminales; exigir comunicación entre representantes y representados para lograr paz y justicia con derechos humanos garantizados y calidad democrática. Gracias a las gestiones del Diputado Javier Corral, Presidente de la Comisión de Gobernación, habrá un plazo de 90 días para realizar consultas en torno a la Ley de Seguridad. Para que haya un trabajo coordinado entre todas las comisiones del Congreso de la Unión involucradas con esta reforma, se necesitará también receptividad en todos los poderes frente a las demandas planteadas por la movilización nacional que toma nuevos bríos.

En torno de la torpedeada reforma política, hay voces ciudadanas que insisten en retomar públicamente esta discusión. Ciertamente, el Senado aprobó varias medidas que contribuyen a un mejor desempeño del sistema político y de partidos, como las candidaturas independientes, la reelección de Diputados y Senadores, la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley, la preferencia de iniciativas legislativas presidenciales, sin embargo se dejaron de lado medidas que proponían una transformación profunda del sistema político, como el mandato revocatorio, la integración de formas de consulta participativa o la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Frente a la congeladora priista, hay voces que proponen ampliar el periodo de discusión de la Cámara baja. Para lograrlo, se hacen llegar estas voces mediante Twiter a todos los diputados federales, presión personalizada a esos diputados en cada entidad del país, así como a los Congresos locales. Son voces nacionales portadoras de reformas estructurales.

TEMACA NO ESTÁ SOLO

2011-04-01T05:05:00.000-06:00

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tres poblaciones afectadas por la construcción de una represa que las inundaría, luchan contra la imposición de un modelo depredador que excluye a los más débiles del sistema de decisiones sobre las políticas públicas que supuestamente son del interés general. Desde el gobierno, se plantea una falsa disyuntiva, o se hace la represa en el lugar escogido por las burocracias federal y estatal, que administran el agua, para resolver las necesidades de agua de núcleos urbanos que sin duda tienen derecho a ser abastecidos, o se reproduce un déficit del vital líquido que terminaría por afectar hasta el agotamiento otros recursos acuíferos de la región, principalmente Chapala. Sin embargo, las decisiones técnicas esconden toda una estrategia de dominio y control que beneficia al sector empresarial vinculado con la industria de la construcción, frente al cual la inmensa mayoría de las poblaciones afectadas ha ido escalonando sus demandas hasta llegar al impedimento de la construcción de la represa.
Lo que está en juego dentro de ese conflicto, es la política gubernamental excluyente de los afectados al no reconocerles capacidad de argumentación técnica para construir la represa en otro lugar, que no implique expulsar población de su hábitat, pero sobre todo la incapacidad para conducir políticas públicas que rompan con el colonialismo interno y externo de las supuestas estrategias de desarrollo. Ninguno de los tres pueblos afectados son los responsables de las dificultades de abasto de agua a los núcleos urbanos, como tampoco son responsables de las ineficiencias de los organismos operadores del servicio de agua en las ciudades, ni de la falta de cultura en el uso del líquido, pues si se evitaran las fugas en las redes, se sanearan las finanzas y se educara en una cultura de sustentabilidad, se podría recuperar hasta un 40 por ciento del volumen disponible de agua en las ciudades; no se necesitarían represas más que para el mediano plazo.
Colonialismo interno, pues la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado con la obra de la represa pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra.
Colonialismo externo, pues los países del Sur son víctimas de una estrategia mundial que extrae de ellos minerales, energéticos, recursos biodiversos, a la par que los países centrales y sus aliados locales se apropian in situ de recursos naturales renovables y no renovables. El modelo extractivista depredador, se finca sobre el despojo de los más débiles. La lucha de Temaca se enfrenta a ese doble colonialismo desde un proceso social organizado en el que esas poblaciones no están solas. Esa lucha se enmarca en resistencias e impedimentos contra un modelo de complicidades entre dinero y gobiernos que incluso modifica el marco legal, que criminaliza la protesta social. Temaca forma parte de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua; exige respeto a la integridad de sus derechos y libertades, distender el conflicto mediante el diálogo entre autoridades y afectados, cancelar formatos represivos. No está solo Temaca.

DE GUERRAS PERDIDAS A DEMOCRACIAS FALLIDAS

2011-03-25T21:43:00.001-06:00

Los tiempos de guerra que vivimos en México a raíz de la estrategia definida desde la Presidencia de la República, por más que se haya querido suavizar o negar la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón al inicio de su mandato, acechan los procesos electorales y la idea misma de la democracia. Aunque éste Régimen cuente con la mayoría de los indicadores reconocidos internacionalmente como un Estado Fallido, el análisis que propone este libro sobre un conjunto de entidades azotadas por la violencia y la inseguridad causadas por el crimen organizado y por las erróneas estrategias seguidas para combatirlo, deja ver las fallas institucionales cuyo impacto resquebraja la escala de los gobiernos locales, del sistema de partidos que los sustentan y de los procesos electorales que sostienen frágiles logros de la alternancia y la democratización del sistema político mexicano. Malos presagios para las elecciones locales que restan antes de la elección presidencial de 2012, particularmente la del Estado de México; mayores indicadores de incertidumbre e inseguridad que enmarcarán la competencia por la presidencia del país.
En sus “Apuntes sobre las guerras”, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política (12-03-2011), que escribe el Sup Marcos a Luis Villoro, se afirma que: “Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social” Lo más grave es que se trata tanto del Estado como de la democracia fallida. Esta guerra no es la prolongación de la política por otros medios, como lo señalara el Barón Von Clausewits, quien quisiera dignificar los conflictos interestatales que llevan al enfrentamiento armado típico de las guerras convencionales; se trata de una guerra instrumental con fines politiqueros, técnicamente equivocada, pues el Ejército mexicano y las policías de distinto orden no luchan contra fuerzas regulares cuya aniquilación puedan lograr tropas y medios convencionales de guerra.

Después de las conflagraciones mundiales, las guerras localizadas “temáticas” son en realidad la prolongación de los negocios por los medios que sean necesarios, sin importar si se trata de daños colaterales, o de reprimir a una minoría ridícula; en todo caso, hay implicaciones dominadas por el poder mundial de las trasnacionales y por nuestra ubicación por el poder estadounidense. La carta a Luis Villoro del Sup, se pregunta: “¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra ‘local’? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y ‘delincuentes’ -la ‘guerra contra la delincuencia organizada’ es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece”

Esta guerra es además la disputa entre esos complejos intereses geopolíticos estadounidenses y su alianza con el gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por el control de bases territoriales de apoyo que el crimen organizado viene restando al Estado nacional. Los cárteles tienen estrategias propias para obtener respaldos sociales y cierto éxito en su legitimación. Usan el mismo lenguaje de la violencia: individual, simbólica y “estructural”. Los procesos electorales locales anuncian lo complejo de la coyuntura para elegir Presidente en 2012, pero también alertan sobre la urgencia de no subordinar a esa fecha lo que se puede hacer ya.

REFORMA POLÍTICA DE SEGUNDO PISO

2011-03-18T20:09:00.000-06:00

La teoría elitista de la democracia, muestra fracaso tras fracaso. Sus puntos de partida no reconocen la capacidad del sujeto para construir formas eficaces de gobierno; ya ni siquiera los poderes fácticos entregan toda su confianza a los supuestos poseedores de la razón y del saber gobernar, la tecnocracia y los políticos profesionales. Desde esa teoría, la participación ciudadana puede abrir canales caóticos ya que la soberanía popular no necesariamente lleva a resultados racionales, pues hay momentos en que el pueblo impone su voluntad desde creencias o incluso supercherías que arriesgan, si no es que condenan los valores democráticos. Sin embargo, la soberanía popular debe de ser fruto de un proceso de formación de la voluntad general, lo cual implica modos racionales plurales para autorizar el ejercicio del poder mediante cuerpos representativos que operan y provienen de racionalidades diversas. Para ello, es preciso contar con un diseño institucional que revalorice la relación entre sociedad civil y sociedad política, de manera que acerque la mayor cantidad y calidad de decisiones en torno de todo el ámbito de lo público, lo cual desafía los alcances del proceso de reforma política que lamentablemente se acota al rito electoral.

No hemos logrado siquiera una reforma político-electoral de primer piso, pues la brecha entre soberanía popular y las normas electorales que podrían sustentar la democracia representativa, desemboca necesariamente en la frustración, las promesas de gobierno incumplidas y el desencanto político. Ante la tensión entre Estado administrativo y la creciente complejidad social, se impone el formato de una democracia como gobierno de las minorías activas, a las que se intenta legitimar como las únicas capaces de imprimir una elección racional sobre actividades y funciones de las instituciones. Desde esa perspectiva, la democracia debe tender entonces a una inclusión gradual y selectiva de esos grupos activos dentro del sistema de representación. No obstante, la democracia representativa elitista es ampliamente cuestionada y son crecientes las demandas sociales por ampliarla. El apego a la legalidad implicada en el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la exigencia de un desempeño responsable de los funcionarios electos, tendientes a erradicar la corrupción y la impunidad representan demandas que elevan la calidad de la democracia, aunque sea en su dimensión representativa. Pero más allá de este primer piso están las reformas que demanda la participación ciudadana; la llamada democracia participativa.

El Pleno del Congreso del Estado autorizó en febrero pasado la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, “para fortalecer la participación de la sociedad en actividades cívicas, sociales, políticas y culturales, y en especial impulsar la divulgación de la cultura electoral” se trata de promover la participación ciudadana “en temas coyunturales, mismos que se relacionan con una democracia participativa en la que los ciudadanos no sólo se limiten a elegir a las personas que los representen, sino que participen de una manera continua en la toma de decisiones, para lograr el desarrollo integral de la sociedad por medio de instrumentos como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular.” Avanzar en una reforma de segundo piso, puede ampliar la calidad de nuestra vida democrática sin duda e, incluso, se podrían profundizar o retomar las reformas de primer piso que no han sido cumplidas. La consulta convocada antes de este acuerdo sobre democracia participativa, por el Diputado local Carlos Briseño, a la par de diversos intentos pasados y actuales por implementar el presupuesto participativo, aunque sea desde arriba, como fue el caso de Guadalajara antes y ahora el de Tlajomulco, abonan en la dirección de la necesaria reforma política de segundo piso.

DERECHOS HUMANOS, AVANCES Y DEUDAS

2011-03-11T20:15:00.000-06:00

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 8 de marzo, la reforma constitucional más ambiciosa desde que se legisla en materia de Derechos Humanos. Son muchos los avances que ella representa, aunque quedan pendientes de integrar a la Constitución mexicana otras varias dimensiones que refuercen la universalidad y la actualidad asociada con una cultura democrática y equitativa en esa materia, que a su vez se apegue a las particularidades de nuestro país. Entre las cualidades que configuran el debate contemporáneo sobre Derechos humanos, destaca la idea de integralidad; entre los organismos civiles internacionales, tanto como en los organismos especializados en esta materia dentro de Naciones Unidas, se discuten Derechos de Tercera Generación: aquellos que vinculan de manera horizontal y simultánea, los logros de los derechos económicos, sociales y culturales (los DESC’s), con el Derecho a la Vida. Se quieren unir los derechos individuales con los colectivos y con valores culturales civilizatorios, que reconocen una tensión permanente entre su carácter universal y las particularidades étnicas y grupales que las sociedades contemporáneas exigen, por lo cual incluso se afirma que estos Derechos de Tercera Generación implican reconocer un derecho a la diferencia.

Reivindicar la diversidad no significa en modo alguno camuflar como legítima la inequidad o la desigualdad. En todo caso, la integralidad de los Derechos Humanos sitúa a la persona, en su ciudadanía, en el centro de su interés, pero desde el reconocimiento de culturas que diferencian a esas personas como sujetos de derechos particulares. Esta reforma constitucional en comento implicó sustituir la palabra persona por la de individuo, lo cual es un avance, pero dejó intactos los muy pendientes por cumplir derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas que encerraban los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que no se alcanzaron a reflejar en la reforma del Artículo Cuarto Constitucional en 1996. La reciente reforma constitucional no incluye la integralidad de los derechos sociales, respecto a una vida digna, con asistencia, seguridad social, salud, educación, en su carácter indisociable frente a los derechos económicos al trabajo, a una remuneración adecuada y suficiente. En la reforma “se contemplan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Principios por un lado, pero obligación orientada a la reparación, no tanto a la exigibilidad de derechos integrados.

Deudas pero también avances, pues con la reciente modificación de 11 artículos constitucionales, México sintoniza con la cultura universal de respeto y ampliación de Derechos Humanos. Se reforma el Capítulo 1 del Título Primero de la Constitución Política para denominarse: DE LOS DERECHOS Y SUS GARANTÍAS. Se precisa lo que significa un Estado de Emergencia, una clave para terminar con la ambigua idea de la guerra contra el narcotráfico; se reafirman los compromisos del gobierno mexicano con los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos. Se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que incluso se le dan competencias par investigar violaciones graves en esa materia, restando con ello las atribuciones que antes correspondían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aspecto preocupante, pues aún queda ambiguo el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por la CNDH. Además, aparece reivindicada la palabra preferencias sexuales como un conjunto de garantías a salvaguardar. La persecución de criminales sin respetar los derechos de la población, cuestionará las prácticas de policías y militares, la de Ministerios Públicos, jueces, gobernantes federales y locales. Pero, nos adeudan una reforma integral con derechos económicos, sociales y culturales exigibles.

REFORMA POLÍTICA SIN RUMBO

2011-02-25T10:05:00.000-06:00

A pesar del protagonismo partidista en la vida política del país, no se traslucen vínculos entre el sistema de partidos, la sociedad y el gobierno que sean prometedores de una democratización siquiera del régimen político, vamos ni siquiera mejoras en la vía electoral que propicien vida democrática. El proceso electoral del Estado de México evidencia limitaciones y debates no resueltos que sigue enfrentando el sistema político mexicano. La fragilidad de los consensos unitarios del PAN, que tiene una estructura partidaria unificada pero que no llega a establecer reglas suficientemente democráticas para la elección de su candidato presidencial; la unidad artificial del PRI, donde no todos se pliegan a la idea del candidato único y varios están al acecho del primer ataque contra el claro y definido candidato de unidad.

El peor de los escenarios lo tiene el campo de la izquierda partidaria, por su división en torno de las alianzas con Acción Nacional, por la cerrada competencia de liderazgos con fuertes arraigos entre las bases militantes del PRD, lo cual se mezcla con el impacto de la candidatura de López Obrador, que se viene construyendo desde hace prácticamente once años, al abrirse potencialmente la alternancia en el gobierno federal. Con una paciente organización de su electorado, que ya alcanza más de 40 mil comités de base en el país, con un hábil manejo de los intersticios abiertos por el pluralismo partidario de izquierda: el Partido del Trabajo y Convergencia, AMLO ha oscilado entre la creación de un contrapoder institucional y la estrategia independiente de la Presidencia Legítima, con lo cual ha logrado el proyecto de país con mayor arraigo de ese campo de izquierda.

En el centro del país se juega sin embargo el futuro próximo de ese sistema político bifronte: partidos unidos con capacidad para disciplinar las disidencias internas y liderazgos con rivalidades ya manifiestas en el campo de la izquierda partidaria. El Estado de México es un detonante geopolítico, porque quien conquiste la entidad con el mayor número de electores ganará el escalón más importante para llegar a la Presidencia de la República. Mientras el PRI gana cohesión interna alrededor del estado de su candidato presidencial, Acción Nacional muestra sus flancos débiles frente a un electorado mayoritariamente pobre que no atrae, pues no cuenta con líderes que hagan cambiar su imagen elitista, clasemediera. Evidentemente, la principal prueba es para el campo de la izquierda que llega sin un partido que convoque consensos, a punto de desmembrarse, polarizado entre la inacción electoral que incluso quisiera aplazar hasta 2018 la contienda presidencial, con Cuauhtémoc Cárdenas, y la prueba de fuerza entre Marcelo Ebrard y AMLO por conquistar el bastión geopolítico del México central.

El juego electoral de 2012 va, no obstante, más allá de la competencia por la presidencia del país. Alrededor del resto de puestos que se elegirán hay estrategias nuevas entre los competidores: la formación de organizaciones sociales civiles intermedias, con las que se pretende ganar una base de movilización que dé cabida a candidatos con proyectos personales no necesariamente coincidentes con las burocracias partidarias. Frente a ello, la reforma político-electoral no ofrece un rumbo para revalorizar las precampañas y democratizar la vida interna partidaria, es incapaz de regular poderes fácticos constituidos y menos a los ligados con el crimen organizado, no tiene propuestas viables para acotar la partidocracia, ni para reforzar la Presidencia por falta de una cultura parlamentaria; tampoco hay consensos gubernamentales en torno de los alcances de la reforma calderonista, ni candidaturas ciudadanas ni reformas de segundo piso con formatos participativos. Unas elecciones en tiempos de guerras internarco, interpartidarias, sin reforma político-electoral, incrementarán el desencanto.

AMISTAD CIUDADANA, LA ESPERANZA

2011-02-18T08:13:00.000-06:00

Sería pretencioso decir que la amistad entre los pueblos es el mejor antídoto contra la instrumentalización, generalmente operada mediáticamente, de la política y la diplomacia internacional a favor de los gobiernos en turno. En todo caso, suena más accesible, dada la heterogeneidad de la idea de pueblo, hablar de la esperanza en torno de la amistad ciudadana, esa que comparte valores de convivencia fundados sobre el reconocimiento de una condición de pares, que son portadores de derechos y que se vinculan libremente al identificar intereses comunes. Ello es algo profundo que vive gracias a la apertura hacia la interculturalidad como fuente de enriquecimiento de las relaciones humanas, por encima de las cambiantes y coyunturales relaciones intergubernamentales. Con esos amigos-as franceses-as he trabado, desde hace más de 30 años, una profunda y sostenida amistad, además de haber creado vínculos académicos que nutren mutuamente nuestras culturas ciudadanas. Por ello, me permito traducir una Carta abierta al gobierno francés, que hacen circular amigos esperanzados en que los problemas causados por el affaire Florence Cassez, no nublen la celebración del Año de México en Francia:

“La decisión de la justicia mexicana concerniente al juicio de Florence Cassez, desató desde hace algunos días en Francia, una serie de reacciones de la parte del gobierno, de los partidos políticos y de los medios de difusión, que han resultado un enorme fiasco. Asistimos a un potente ascenso de la polarización en la toma de posiciones, a partir de la declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores rehusando participar en las actividades previstas para el Año de México en Francia, y el llamado de Martine Aubry [Presidenta del Partido Socialista Francés y Alcalde de la ciudad de Lille, de donde es originaria la Sra. Cassez; y desde abril de 2010, Aubry es Presidenta de la Eurometrópolis Lille-Kortrijk-Tournai] demandando a las colectividades locales socialistas boicotear esas actividades y eliminar las que dependen de ellas. El 14 de febrero, al dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez, Nicolas Sarkozy tomó una fuerte responsabilidad. No se puede pedir a escritores, artistas, científicos franceses, como tampoco a los mexicanos, el aceptar ser utilizados como medio de presión en asuntos que dependen de la justicia y la diplomacia. No es aceptable para nosotros franceses, y tampoco para nuestros colegas mexicanos. Esta mezcla inadmisible de géneros desembocó en la decisión, lógica, de retirarse por parte del gobierno mexicano.

“El Año de México es un evento destinado al mejor conocimiento de ese país. En ningún caso, puede ser instrumentalizado por los gobiernos como medio de presión sobre un asunto que depende del Poder Judicial mexicano y de la diplomacia francesa. Reafirmamos nuestro apego a las relaciones científicas, culturales y humanas con nuestros asociados que siempre nos han acogido con respeto, atención y amistad, muchos de entre ellos escogieron hacer sus estudios en Francia y trabajar luego con nosotros.

“Demandamos al presidente de la República Francesa retractar su decisión de dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez y reafirmamos nuestra amistad con México.”

No se niega que existen problemas que deben de encontrar vías de solución propias, pero ni el descrédito de la justicia mexicana, que cuenta con evidencias que hacen dudar de la calidad de sus procesos judiciales, ni las ambiciones mediáticas del gobierno francés, que no solo litiga sino que declara inocente y absuelve a la Sra. Cassez a través de los medios de difusión, deberían de impedir las celebraciones que generosamente acordaron los representantes gubernamentales de los contribuyentes franceses, que en su mayoría son amigos-as de México, más allá de acciones ilegítimas de la justicia mexicana.

REDES SOCIALES Y PODER POLÍTICO

2011-02-11T06:45:00.000-06:00

Las redes sociales son decisivas en los procesos electorales, tanto como de la calidad del escrutinio permanente de toda actividad pública. La política profesional o la actuación gubernamental no pueden dejar al margen nuevas prácticas de ciudadanía que las redes suscitan; el ejercicio mismo del poder, está mediado por ellas y la constitución de la Sociedad Red, tiene sus fundamentos en el particular uso de Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación que aprovechan las redes sociales. Personaje o acontecimiento que no aparezca en ellas simplemente no existe para el otro. Su funcionamiento plantea desafíos inéditos al conocimiento de la sociedad, sus valores, creencias, emociones, intereses, sus sueños o sus esperanzas. A esas redes les encontramos potenciales nunca antes vistos: al crimen organizado, le facilita información de personas secuestrables, mientras que a la policía le ayuda en sus pesquisas; propician la acción –y a veces, la organización- colectiva en manifestaciones públicas inmediatas del descontento; nutren nuestras vidas cotidianas mediante la intensificación de relaciones interpersonales de amistad o grupos de interés común. Las redes tienen un impacto contundente sobre la construcción del espacio público que hacen individuos, actores colectivos e incluso representan ya un vehículo comunicacional privilegiado para organismos e instituciones.

Hay de redes a redes. La revista Time escogió a Mark Elliot Zuckerberg, creador de Facebook y no a Julian Assange -fundador de WikiLeaks-, como personaje del año de 2010, por razones eminentemente políticas; Facebook, según Time conecta a más de 500 millones de personas y mapea las relaciones sociales entre ellos; crea un nuevo sistema de intercambio de información y cambia “cómo todos vivimos nuestras vidas”. Los editores de Time no eligieron a Assange, aún si él y Zuckerberg son dos caras de la misma moneda: “Ambos expresan un deseo por la apertura y la transparencia. [pero] Mientras Assange ataca grandes instituciones y gobiernos a través de la transparencia involuntaria con el objetivo de quitarles poder, Zuckerberg permite a las personas intercambiar voluntariamente información con la idea de darles poder” y añaden: “Assange ve el mundo lleno de enemigos reales e imaginarios; Zuckerberg ve el mundo lleno de amigos potenciales. Ambos tienen un cierto desdén por la privacidad: en el caso de Assange porque él piensa que permite que florezca la maldad; en el caso de Zuckerberg, él lo ve como un anacronismo cultural, un impedimento para una conexión más eficiente y abierta entre la gente”.

Las diferencias entre Facebook y Wikileaks nos remiten de lleno a una discusión política sobre el sentido de la información, su frágil y heterogénea relación con el periodismo. Fundamentalmente, ambas redes tienen consecuencias sobre la estructura de poder. Zuckerberg aprovecha 7 principios básicos para la comunicación instantánea entre individuos: mensajes integrales, informales, inmediatos, personales, simples, mínimos y cortos. Facebook apuesta por la comunicación interpersonal en la que individuos y grupos de interés acuerdan implícitamente los alcances de sus acciones, pero ésta red no contempla validación alguna de la información más allá de la fiabilidad que despierte cada individuo o grupo que ahí se comunica. WikiLeaks, se sitúa en las antípodas, pues ésta red se concibe como un espacio de información sustentado sobre la responsabilidad periodística. Quienes generan la información comparten un código ético inspirado en la transparencia de la acción pública, desde una perspectiva que comparten voluntarios y periodistas profesionales comprometidos con el ejercicio del derecho a la información. Assange es perseguido por el impacto político de Wikileaks sobre el establishment; Facebook logra empoderar al individuo y sus redes, pero puede conducir a la antipolítica del proceso electoral. Faltaría un Wikileaks, red social de periodismo responsable, frente a la política mexicana.

VIOLENCIA Y MANEJO DEL CONFLICTO

2011-02-04T05:27:00.000-06:00

Fue sorprendente que a dos horas de aparecida la noticia sobre la violencia desatada por los narcos en Guadalajara, el martes pasado, en la página Web de Público-Milenio había unos 230 comentarios de los lectores sobre los lamentables sucesos. Opiniones, interpretaciones, llamados a la acción, exigencia de responsabilidades y toda una mezcla de sentimientos sumamente heterogéneos sobre la inseguridad, los riesgos, los cambios para mal, lo que perdimos frente a un pasado no tan peor, temores que asoman con esos conflictos. Las redes sociales, desde una perspectiva que rebasa a los medios de comunicación escritos o electrónicos, ya incluían en esos momentos una convocatoria para movilizarse al día siguiente con la consigna: “¡Más allá del miedo!, ¡No Más Sangre en Guadalajara!” Los gobiernos de los municipios metropolitanos, junto con el gobierno estatal, también trataron de responder con posiciones unificadas que llevaron a aceptar rápidamente el Mando Unificado de fuerzas policíacas.

La campaña No Más Sangre, iniciada por Rius, tiene el mérito de enarbolar una demanda legítima de paz y seguridad ciudadana. Pero quedan ambigüedades en cuanto a las conclusiones que podemos desprender para una actuación ciudadana que marque o influya las políticas gubernamentales frente al crimen organizado. Sin demérito de la ética pública que sustenta esta campaña, es válido preguntar sobre lo que ella ayuda en la definición de los roles a cumplir por la sociedad civil, el gobierno y la responsabilidad del narco en el derramamiento de sangre. A quién le habla esta campaña ¿al Presidente Calderón, los poderes ejecutivos locales y al Ejército, para que paren la guerra como estrategia equivocada? ¿Le habla esta campaña a los narcos para que ya no se maten entre ellos? La clave de lectura es que interpela al ciudadano común para que identifique una aspiración compartida y asuma activamente su parte.

Como sociedad y como Estado enfrentamos, empero, desafíos diferentes pero que no deben de estar contrapuestos. Se trata de revalorar la política como palanca de acción pública razonada para manejar el conflicto y la comprensión integral de las raíces que generan la violencia. Narcobloqueos y violencia desatada en Guadalajara envían señales políticas que orientan sus acciones criminales: se ejecutan el día del informe gubernamental, en obras emblemáticas de su administración, en instalaciones policíacas, en negocios privados, en nodos viales importantes; no hay asesinatos sino advertencias sobre la inconformidad causada por la colusión de cuadros policíacos con algún cártel. Juegos Panamericanos, candidatura presidencial del gobernador jalisciense, imposibilidad manifiesta para identificar y detener a los criminales, tentación para que se saque al Ejército a las calles, prolongación de la guerra calderonista. Todo se cimbra y entre la clase política están los perdedores.

La iniciativa pasa del lado de la sociedad civil, pues no podemos esperar del Estado, de la política fallida, que recomponga sus equívocos, que nos imponga como necesaria la cuota de los daños colaterales que implica esta guerra. Pero frente al chantaje narcoterrorista, no se pueden contraponer impunidad, corrupción, deshumanización, en el manejo del conflicto; menos aún podemos conceder valor pedagógico alguno a una política de premio y castigo, con legislaciones endurecidas contra el crimen organizado. Actuar ya y en todos los frentes conflictivos es la demanda ciudadana, pero necesita del Estado legítimo para ser eficiente y eficaz: terminar con la orientación exclusivamente policial y militar; apostar por una estrategia de inteligencia político-militar con fuerzas especiales, legítimo ejercicio de la violencia estatal, depuración del aparato judicial, independencia del Ministerio Público. Empezar ya con los cambios estructurales que combatan la violencia estructural. Someter el diagnóstico y las acciones emprendidas al escrutinio de un diálogo nacional, con rendición de cuentas: No Más Sangre

DESARROLLO: ABORDAJE INTEGRAL

2011-01-28T09:03:00.000-06:00

Es un lugar común decir que el combate al crimen organizado requiere de un enfoque integral; todos podríamos aceptar este señalamiento que hace José Narro, Rector de la UNAM, al referirse al fracaso de la sociedad, no exclusivamente del gobierno, que representan los casi 34 mil 500 ejecutados en lo que va del sexenio calderonista. No obstante, en su argumentación contra el fracaso de la perversa guerra que convoca el gobierno, o contra la inadecuada política contra el narco que encabezan Estados Unidos y la ONU, se encierra una conclusión que en el fondo reclama una estrategia integral de desarrollo, además de una estrategia particular contra el crimen organizado. Un enfoque multidimensional que significa toda una reestructuración social, capaz de ofrecer empleo, salario digno, educación a los jóvenes, formación de valores laicos, cívicos, como la solidaridad, la lealtad, la defensa de la libertad, de la tierra, de todos los seres vivos.

Si la guerra anticrimen encabezada por Washington y Naciones Unidas fracasó, particularmente su versión mexicana, lo que toca hacer ahora es encuadrar en qué consiste tal integralidad del desarrollo, en tanto condicionante de un enfoque integral contra el crimen organizado. Esta semana empezaron los trabajos de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por tres ex presidentes latinoamericanos: Fernando Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo de México y numerosas personalidades de otras partes del mundo, entre los que destacan los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Esta nueva Comisión tiene el riesgo de aislar una vez más la lucha anticrimen de los problemas del desarrollo, los cuales deberían de incluir la dimensión sociopolítica como palanca transformadora para enfrentar la crisis civilizatoria que subyace a la crisis de valores humanistas que invade a nuestras sociedades.

Los ex Presidentes de Brasil, Colombia y México muestran sobradamente que la consigna que animó a sus gobiernos: “más de lo mismo”, es la determinante del fracaso en los términos del desarrollo, pues bajo sus mandatos se incrementó la desigualdad social, aumentó la pobreza más que antes, se concentró el ingreso a niveles escandalosos (que se reprodujo bajo el gobierno de Lula), y con la excepción de Brasil que cuenta con una política exterior autónoma, en Colombia se impuso un plan militarista y policíaco conducido por Estados Unidos, que luego se reproduciría en México dentro de la Iniciativa Mérida. Al grado que el gobierno mexicano se apegó con toda ortodoxia a la táctica de guerra, desde el arribo al poder de Felipe Calderón, pues con todas las fisuras que abrió su falta de legitimidad el Ejército se convirtió en el salvavidas del régimen y la guerra en su fuente de combate contra la inseguridad.

Entre diálogos nacionales sin escuchas, desmoronamientos de instituciones por falta de acuerdos políticos básicos para recuperarlas y reformarlas, en medio de una crisis de gobernabilidad causada por la impunidad de los poderes fácticos, tanto del crimen organizado, como del poder empresarial, al que ni siquiera se regula en el ámbito fiscal –pues las grandes empresas eluden pagar impuestos, lo que equivale a un 20 por ciento del PIB- lo que falta es una estrategia integral del desarrollo. Mauricio de María y Campos, resalta las dificultades para revitalizar al mercado interno: “En México nuestra imaginación política-empresarial-laboral parece estar entrampada. Realizamos ajustes anuales por inflación a un salario mínimo inaplicable, temerosos por los efectos inflacionarios de llegar a 58 pesos diarios, cuando debiera ser de 220.6 para satisfacer las necesidades materiales de una familia promedio de 4 y de 280 para cumplir con las constitucionales”. Un salario remunerador digno sería el mejor cañonazo contra la reproducción del sicariato entre los jóvenes.

JUAN PABLO ROSELL, TE EXTRAÑAMOS

2011-01-14T01:01:00.000-06:00

Rafael del Barco, seudónimo con el que escribía en Público-Milenio sus deliciosas columnas “el caldero” y “Del Fogón a la Mesa”, en el suplemento Ocio, sobre cultura gastronómica, recetas de cocina, junto con impresiones muy atinadas sobre los restaurantes que visitaba acompañado de Mercedes, su mujer (hoy podemos decir que es Cristina Romo, su verdadero amor-pareja), decía con la modestia y la guasa que lo caracterizaban, que tenía unos cuatro lectores con quienes estaba muy agradecido. Quién sabe por cuantos se multiplicaban en realidad esos lectores, pero fui uno de entre ellos. Decidí dedicarle esta columna porque lo vi unos días antes de que falleciera y entonces platicamos sobre la probable, entonces, desaparición de su columna “el caldero”, además claro de la siempre buena plática que tenía. Escogió el 12 de diciembre para despedirse de sus lectores; no sabíamos que sería tan definitivo ese adios.

Nos dice Jaime García Elías que Juan Pablo “se inició en el periodismo en el diario capitalino ‘La Prensa’. Llegó a Guadalajara hace más de 40 años para hacerse cargo de las oficinas de la Agencia Amex. Participó en la fundación de ‘El Diario de Guadalajara’ y ‘Siglo 21 (hoy “Público”), donde hizo escuela por su pulcritud profesional y por su don de gentes.” Jaime Barrera, Director de Público-Milenio, recordó que Rafael del Barco “fue fundador y colaborador del periódico Siglo 21, donde no sólo escribió su columna gastronómica, sino que fungió como un ombudsman interno, de esta actividad se derivó su colaboración en la redacción del Libro de estilo del desaparecido diario.”

Un hombre talentoso que fue un sabio de la vida, alguien que encarnó individualmente eso que hoy buscamos con afán: el buen vivir. Mi primer contacto con él fue como paciente, pues entre otras de sus virtudes era un reconocido homeópata que además te ayudaba a reconocer cuál medicamento te convenía para que no dependieras de él.

Previendo extrañarlo, el 12 de diciembre escribí a Jaime Barrera, Director de Público,: “Me entristeció leer este domingo que Rafael del Barco dijo adiós a sus lectores. En ‘Ya con esta me despido...’ el gran calderero nos dice que ya cumplió un ciclo, pues todo por servir se acaba. Sin embargo, como lector dominical de la siempre agradable y sugerente columna de Rafael del Barco y de su entrañable Mercedes, he recortado y guardado muchas recetas de las propuestas, he gozado del buen humor y capacidad de disfrute de la vida cotidiana, mi aprecio por la cultura y la antropología de la comida mexicana ha crecido, he podido ser mucho más selectivo y exigente al escoger algún buen restaurante. No veo por qué todas esas aportaciones se tengan que acabar; aún el ciclo está abierto para quienes esperamos disfrutar del Caldero. Además, una de las columnas que ha singularizado al periódico Público-Milenio es la de Rafael del Barco. Desde Siglo 21, antecedente de este Diario, hemos tenido la fortuna de contar con sabrosos textos que aderezan ese periodismo del goce que tan bien le sale al calderero. Estimado Jaime Barrera ¿cómo le podemos hacer para convencer a Rafael de Barco para que siga aportándonos su sabrosa escritura? Estimado Rafael del Barco ¿no le podrás hacer como el buen músico que toca y toca, aunque diga ‘ya con esta me despido’ Abrazos para ambos, en la esperanza de que encuentren una buena receta para que los lectores podamos seguir gozando de "el caldero".

En la posada de Público-Milenio todavía hablé con Jaime Barrera sobre el posible regreso de Juan Pablo… aunque se apagó el caldero, nos queda el sabor a vida que él trasmitió, y los legados que nos descubra Cristina Romo, su compañera del alma.

POSTALES NAVIDEÑAS CONTRASTADAS

2010-12-24T19:19:00.000-06:00

Difícil encontrar asideros para la esperanza de tiempos renovados de paz con justicia, equidad y solidaridad humana. Pesa mucho más la parte negativa de la balanza, pero nos urge potenciar y maximizar lo poco positivo que nos ofrece 2010. Ante incertidumbres, desencantos, inseguridad y violencia que nos invaden día a día, nos toca cultivar un optimismo razonado que nos haga asumir responsablemente nuestra actuación individual y en la vida colectiva a la que tenemos acceso. Aunque las instituciones públicas escapan de control, aumentan nuestras exigencias ciudadanas sobre ellas; ahí están los activos más esperanzadores con que contamos.

Postales mundiales. A pesar de nuestra impotencia frente al entorno global de la crisis, eminentemente financiera, que no cesa, la ubicación y definición de los problemas por parte de organismos de la sociedad civil (OSC) y de la comunidad científica e intelectual crítica, favorece contrapesos y alternativas informadas. Así lo vimos en la Cumbre del Cambio Climático en Cancún (diciembre, 2010), donde las instituciones internacionales y gubernamentales no pudieron ir más allá de los exiguos acuerdos de Copenhagen, mientras que las OSC consensuaron la agenda que podría hacer viable el futuro de la humanidad. También en Cancún, en febrero de 2010, los Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno reunidos sin la tutela de potencia extranjera alguna, deciden constituir la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, una aspiración acariciada e impulsada por las OSC, que mucho podrá ayudar a la construcción autónoma de nuestra región.

Postales mexicanas. La tragedia de San Martín Texmelucan corrobora la irresponsabilidad de Pemex en la falta de mantenimiento de la red de oleoductos y de soluciones de fondo para su conflictiva ubicación en medio de poblados y la corrupción en el manejo de los recursos de la paraestatal. Sin embargo, al igual que el drama acontecido el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, la organización ciudadana es la que saca coraje de la amarga experiencia al convertirse en guardián de los intereses de todos. Otra postal: la liberación del Jefe Diego, detona hipótesis encontradas frente a las cuales nos sentimos impotentes para conocer la verdad. Si su secuestro fue resultado de un canje por Nacho Coronel, quien todavía vive supuestamente gracias a un espectacular montaje de su asesinato; o si fue producto de ambiciones millonarias del crimen organizado, o si fue secuestrado por una guerrilla con proyecto transformador global, son hipótesis que no se descartan sino que acrecentan la capacidad investigadora de la prensa la exigencia de información veraz y comprobable.

Postal de amargos contrastes. Dos mujeres se deciden a actuar para exigir justicia frente al asesinato de familiares. Una de ellas, emprende una investigación financiada por su cuenta y llega hasta la detención y esperemos encarcelamiento de los culpables. Otra de ellas, se arma de valor civil y denuncia con pruebas contundentes el asesinato de su hija en Chihuahua, pero jueces corruptos liberan al presunto asesino, quien confabula el asesinato de su denunciante y de varios familiares. Frente a tales nexos con el crimen organizado, la indignación social crece y se organiza.

Postales luminosas. Entre lo más positivo de 2010 destaca la elevación a rango constitucional de las Acciones Colectivas, lo que permitirá una agregación de demandas individuales que comparten un problema común, lo cual podría facilitar la impartición de justicia a favor de grupos organizados. Asimismo, la organización social crece frente al autoritarismo y la arbitrariedad de los poderes fácticos, como fue el caso de la oposición exitosa a la Licitación 21, que impidió acrecentar el poder de Televisa y grupos asociados en la obtención fraudulenta de espacios Radioeléctricos. Dos cosas buenas que deja 2010.

2012, ESCENARIOS PREELECTORALES

2010-12-17T12:55:00.000-06:00

Prematuras de cara al calendario oficial de las elecciones presidenciales, se despliegan con mayor visibilidad las agendas públicas que manifiestan lo actores del poder político. Un PRI que fortalece sus espacios de unidad y que recupera su estilo corporativista con Elba Esther Gordillo, la aliada estratégica para ganar elecciones, busca afanosamente unidad de sus tendencias y el voto corporativo, para capitalizar su ascenso y triunfos electorales en la mayoría de regiones del país. Un PAN que muestra también cierta capacidad unitaria a pesar de sus retrocesos electorales, campo fértil de disputas, pues hay menos huesos que repartir, a pesar de la intromisión permanente del Presidente Calderón en la contienda electoral. Sectores del PRD y de Acción Nacional dubitatitivos frente a pros y contras de las alianzas regionales, e incluso ante la candidatura presidencial. Un PRD dividido en sus alianzas con el polo de izquierda, a la vez que enfrentado internamente en torno de una candidatura de unidad que pudiera encabezar Marcelo Ebrard. Y un peje que construye su candidatura presidencial desde 2006, cuya capacidad de convocatoria creciente, cimbra a toda la estructura de partidos.

Aunque estos hechos cobran estatuto de normalidad, hay muchas variables nuevas que obligan a pensar en la complejidad del escenario. Los imaginarios sociopolíticos se decantan bajo tres modalidades: la continuidad de la derecha neoliberal en el poder, que reedita la alianza de poderes fácticos en el “PRIAN”, independientemente de quien ocupe la silla presidencial; la opción recargada de liberalismo social que promueve entusiastamente Carlos Salinas de Gortari, buscando renovar discursos y prácticas del PRI; y, la configuración de una opción de orden post-neoliberal, con una marcada agenda redistributiva, de justicia social, fortalecimiento de la potencia publica estatal y de su contrapeso: la democracia participativa. Algunos llaman a esto neopopulismo, con fines despectivos, pero lo nuevo de ese escenario es que las propias categorías de pueblo y popular las están modelando sujetos que escapan al monopolio de representación partidaria.

Previsiblemente, los zapatistas condenarán el carácter estatista de los procesos electorales, descalificarán el negro historial que ensombrece a todos los posibles candidatos y, en este caso atinadamente, se concentrarán en reforzar los poderes locales que resisten dignamente contra la beligerancia neoliberal que no cesa, a pesar del acta de defunción que se le achaca a ese modelo un día si y otro también. No se perciben convergencias entre el abstencionismo que convoca el zapatismo, el creciente hastío causado por el sistema político y de partidos expresado por la mayoría de electores que no acuden a las urnas, y el novísimo fenómeno de anulación testimonial del voto, que crecerá sin duda por la continuidad de la protesta que imprime la Asamblea Nacional Ciudadana.

Hasta ahora, precampañas y pronunciamientos previos a la elección presidencial mistifican el carisma del liderazgo, en las razones y racionalidades que encarna El Candidato. Sin embargo, se niega con ello la oportunidad de construir debates nacionales que sitúen y dimensionen los problemas a enfrentar: la peligrosa ilegalidad del IFE, pues al posponer el nombramiento de tres consejeros hasta 2011, debido al reparto de cuotas entre PRI y PAN, se vulnera la autoridad electoral; la narcoviolencia, el papel constitucional deseable para el Ejército; el cambio de modelo económico para enfrentar y salir de la crisis, con una renta petrolera disminuida y sin un techo fiscal que sustituya ese déficit. Necesitamos, ciertamente, una cultura cívica republicana para darle un sentido político estratégico a esas discusiones. La iniciativa no vendrá del carisma racional de los candidatos, o de ex presidentes ocurrentes, sino de expresiones colectivas de y desde una ciudadanía participativa con aspiraciones democráticas.

WIKILEAKS: ATACAR AL MENSAJERO

2010-12-10T13:08:00.000-06:00

Vieja táctica mediática, no cuestionar la veracidad de la información sino criticar el hecho de su ilegítima difusión. Eliminar al mensajero significaría retomar el control de la información para beneficio de los poderes fácticos, pero las redes del ciberespacio donde hay millones de fuentes autónomas que la producen no son controlables; cada nodo de la red es el mensajero y cada uno de ellos es además cambiante, flexible, reemplazable, por sujetos cuya existencia escapa a la otrora capacidad de silenciar que tuvieron poderes fácticos y constituidos frente a los medios tradicionales. WikiLeaks, lanza desafíos fundamentales para la era cibernética que nos envuelve globalmente: derechos y libertades de acceso y uso responsable de información; exigencias de transparencia y rendición de cuentas, como consecuencia de hechos conocidos-denunciados-demandados.

WikiLeaks ha polarizado. Para unos, representa un periodismo de nuevo tipo que consigue información pública y privada desconocida, pero que se maneja responsablemente al borrar nombres y otras pistas de identificación, que puedan violar la privacidad, sólo se difunden documentos sobre hechos pasados, excluyendo datos que hagan peligrar planes u operaciones presentes y futuras. Un presupuesto anual de unos 300 millones de euros, 5 empleados permanentes, 800 colaboradores ocasionales y miles de voluntarios distribuidos en el mundo, le permiten a esta red incluso corroborar la información en sus fuentes originales. Ello le ha valido premios otorgados por The Economist, o por Amnistía Internacional. Para otros, se trata de una oscura organización por falta de transparencia en sus financiamientos, porque no da a conocer información relevante de manera organizada sino que entrega lugares comunes y nada nuevo que no se pueda obtener mediante los mecanismos de acceso a la información que garantizan los gobiernos de los países centrales, especialmente Estados Unidos.

Lo cierto es que todos y cada uno de los gobiernos que aparecen en los documentos difundidos por WikiLeaks se sienten interpelados y, conciente o inconcientemente, integran los temas en sus agendas de comunicación. Asimismo, el mundo mediático dirige su mirada a esa red con intencionalidades editoriales propias, lo cual repercute en mayores exigencias comunicativas de los destinatarios de sus mensajes: desde quienes claman por asesinar a Julian Assange, como mensajero, hasta quienes defienden activamente las libertades que entraña WikiLeaks. Los lemas de esta organización, disponibles en su página Web que se sostiene a pesar del ataque sistemático de aparatos de inteligencia cibernética de los países centrales, expresan los valores libertarios que la fundan: libertad de palabra; abrimos gobiernos; cada organización descansa sobre una montaña de secretos; llegó el momento de abrir los archivos; la información quiere ser libre; ahora la justicia está en tus manos; el Big Brother observa, nosotros también; revelamos información…

No es casual que el Partido de los Piratas de Suecia (10% de votos en las elecciones europeas de 2008) dé acogida a esta red para actuar en contra de la privatización, del ocultamiento de información, de la impunidad gubernamental y privada. Tampoco es casual que millones de cibernautas hagan suya la causa de WikiLeaks, al atacar el sistema informático del banco suizo que se negó a abrir una cuenta donde Julian Assange pretendía situar recursos para financiar su defensa jurídica, o que atacaran el sistema de PayPal, por no aceptar donaciones para WikiLeaks. Para Manuel Castells: “El drama no ha hecho más que empezar. Una organización de comunicación libre, basada en el trabajo voluntario de periodistas y tecnólogos, como depositaria y transmisora de quienes quieren revelar anónimamente los secretos de un mundo podrido, enfrentada a aquellos que no se avergüenzan de las atrocidades que cometen pero sí se alarman de que sus fechorías sean conocidas por quienes los elegimos y les pagamos.”

ORGANISMOS PÚBLICOS SIN AUTONOMÍA

2010-11-26T05:17:00.000-06:00

En el marco de la renovación de la mitad del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), María Emma Valadez Cruz, Alberto Bayardo Pérez Arce y Francisco Javier Pérez Chagollán, Consejeros activos, renunciaron a su consejería, e Imelda Orozco Mares y Paola Lazo Corvera, consejeras salientes, apoyaron esa decisión, pues consideran que la CEDHJ no cumple con su rol de Organismo Público Autónomo, debido a:
- La pérdida de fuerza y legitimidad de la Institución, pues la elección de su actual titular en junio del 2007, fue cuestionada por falta de transparencia; se hizo a puerta cerrada, sin consulta ciudadana previa y sin perfil claramente definido del Ombudsman. Además se agredió entonces a la ciudadanía que pretendía atestiguar el proceso.
- Como Organismo Público Autónomo para la protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos, la CEDHJ confunde su función con la de intermediación silenciosa y la gestión de indemnizaciones, como si fuera un área de conciliación, sin contribuir a la función pública sistemática que impida la reiterada violación de los derechos humanos.
- la CEDHJ y parte de su Consejo cerraron toda posibilidad de discusión de asuntos polémicos, vinculados con los derechos sexuales: la interrupción legal del embarazo, o el reconocimiento legal a las uniones conyugales entre personas del mismo sexo, que en una sociedad democrática demandarían una discusión abierta, plural e incluyente, que impediría modificaciones al Art. 4to de la Constitución del Estado y el artículo 228 del Código Penal para el Estado de Jalisco.
- La restricción del acceso a la información respecto del trabajo interno de la Comisión, tanto para Consejeros como para la ciudadanía en general, ya que se dejó de presentar un informe detallado por parte del presidente de la CEDHJ sobre asuntos de relevancia. Y se limitó la participación del Consejo en resoluciones o recomendaciones emitidas por la Comisión; los consejeros se enteraban a través de los medios de comunicación de las posturas y resoluciones de la CEDHJ.
- La suplencia irregular de una consejera, mediante elección realizada sin haber obtenido previamente la aceptación de su renuncia por el Congreso local y en medio de presiones directas a Consejeros para obtener sus votos a favor; la Consejera Paola Lazo no pudo tomar el puesto vacante, aunque había sido nombrada suplente por el Congreso de Jalisco, lo cual además hacía valer la equidad de genero en la integración del Consejo ciudadano establecida en la Ley de la CEDHJ, hasta que interpuso un amparo, que ganó.
- El abuso del principio democrático para la toma de decisiones en las sesiones del Consejo, en donde la regla de la mayoría permitió y hasta justificó formas de exclusión y discriminación, evitando discusiones abiertas y con base en argumentos, como se puede constatar en las actas de las sesiones del Consejo.
Los consejeros afirman que “el presidente de la CEDHJ ha maniobrado de tal manera que el Consejo dejó de serlo en los hechos, pues él Ombudsman reconoció en la sesión ordinaria 274 del Consejo Ciudadano, que se reúne con integrantes del mismo que le son afines, en espacios ajenos al propio Consejo; así, ya no existe la posibilidad de una verdadera y sana discusión democrática.” Privan colaboraciones con algunas organizaciones de la sociedad civil y no con otras, sin que se den a conocer los criterios seguidos por la presidencia de la Comisión. Además, la influencia desmedida de los poderes fácticos de la jerarquía católica sobre la CEDHJ impide la discusión plena y abierta sobre derechos humanos. Se estrecha el espacio para constituir organismos públicos auténticamente autónomos.

LA SOCIEDAD DEL NO TRABAJO

2010-11-19T05:50:00.000-06:00

Otro nombre de la crisis es la incapacidad del capitalismo en sus distintas versiones para generar trabajo; incluso en el campo que se reclama socialista se puede constatar creación de empleos, pero aún en experiencias relativamente exitosas como la china no se ha creado una sociedad con derecho al trabajo. La idea prevaleciente sobre desarrollo pretende lograr la estabilidad macroeconómica financiera, como base de sustentación del mercado. No hemos superado esa centralidad de los indicadores mercantiles que confunde crecimiento con desarrollo, o competitividad con productividad sin que definamos como sociedad el sentido de la producción; tampoco hemos superado el atavismo económico que cifra su sobrevivencia en la exportación al mercado mundial, sin cuidar la transferencia del valor que proviene del trabajo hacia otra parte, antes de dirigir ese valor hacia donde se necesita internamente. Además, la economía financiera especulativa premia al capital y castiga al trabajo.

Las políticas económicas y sociales que previamente se habían reservado para los países “en desarrollo”, ahora se impulsan en prácticamente todo el mundo. Los llamados ajustes estructurales, destinados a la reestructuración productiva orientada a la exportación, la desregulación de los mercados por la vía de la liberalización comercial y el incremento de la privatización, se acompañaron de formas para subordinar al trabajo mediante un concepto sesgado de flexibilidad laboral, que favorece a los empleadores y que cada vez más deja al garete a quienes buscan empleo. Contratos por hora o por tareas específicas, en periodos restringidos que no causen derechos laborales, tienden a precarizar el empleo, hacen descansar sobre los individuos los riesgos derivados del desempleo y de la inseguridad social. Problemas de los que se desentiende un Estado que está abandonando su responsabilidad social, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica en función de los intereses que representa la organización financiera.

Se calcula que el tamaño de la economía financiera es cien veces mayor que el de la economía real, que está respaldada en la producción de bienes y servicios. La crisis financiera actual aumenta esta brecha hasta niveles que son insostenibles. Pero las políticas para enfrentar estas graves limitaciones se siguen mostrando ineficaces, particularmente en lo que hace al trabajo. A éste se le ubica como el principal factor con potencial inflacionario y el que representa el mayor costo si se reconocen íntegramente sus derechos laborales, pues el derecho al trabajo abarca todo el periodo de vida de una persona. El trabajo es el gran perdedor de la actual crisis civilizatoria. Lo que en la jerga económica se conoce como programas procíclicos, que buscan “crecer” gracias al mayor control de las variables macroeconómicas financieras, o de programas anticíclicos que pretenden reanimar la actividad económica mediante el fomento y la regulación estatal reforzada, ninguno favorece al trabajo.

El mayor índice de desempleo en la historia reciente de Estados Unidos, que roza el 10 por ciento, no ha podido descender significativamente, a pesar de la inversión pública inusitada, principalmente en el sector de la construcción. Los países europeos más golpeados por la crisis financiera, como España y Grecia, no abaten tampoco su alto desempleo a pesar de que también implementan políticas anticíclicas. Y, México, campeón de políticas procíclicas, enfrenta un panorama que bien puede caracterizarse como típico de una sociedad del no trabajo. Ni se generan empleos suficientes, ni aún menos se crean trabajos como derechos básicos de ciudadanía. La sociedad de los ninis, no solo se refiere a los 7 millones de jóvenes sin perspectiva de futuro, sino parece ser consustancial al modelo económico por el que se ha optado, que niega y excluye el derecho básico al trabajo como fundamento principal de ciudadanía.

REVOLUCIÓN SOCIAL PACÍFICA

2010-11-12T05:20:00.000-06:00

La revolución, palabra cargada de ambigüedad en la historia y en su significado presente. Para unos fue la oportunidad transformadora radical de injusticias opresoras, para otros la oportunidad de encumbramiento de un grupo generalmente producto de una coalición política formada por intereses heterogéneos, algunos de ellos incluso contrapuestos al origen del movimiento revolucionario. La socióloga Theda Skocpol ofrece una de las reflexiones más elaboradas sobre este concepto en su libro Las revoluciones sociales en el mundo moderno (1994), donde argumenta que esos acontecimientos únicos provienen de transformaciones fundamentales rápidas del Estado y la estructura social de clases que se hace desde abajo. Cambio político, transformación socioeconómica estructural y participación de masas, caracterizan a una veintena de revoluciones sociales que se han producido ¡en los últimos trescientos años!.

El caso mexicano es una de esas veinte revoluciones en el mundo moderno, la primera del siglo XX, pero su fuerza y originalidad tienen aristas inexploradas, a pesar de los ríos de tinta que han corrido para interpretarla. Aristas que no han sido abordadas suficientemente este año de celebraciones centenarias, que además no convirtieron en conmemoración nacional el suceso fundador de nuestra vida social contemporánea. Una historiografía cargada hacia los regímenes nacionalistas revolucionarios, construyó una versión que metió juntos ángeles y demonios con la finalidad expresa de instrumentar la herencia revolucionaria al servició del régimen de partido, el cual perversamente la institucionalizó. Otra interpretación, la hacen tecnócratas y conservadores quienes confinaron la revolución de carácter social exclusivamente a su dimensión político-electoral, enterrando en el olvido la radicalidad de las transformaciones exigidas por el cambio revolucionario. Otros, partidarios de la modernización, ven al pasado como lastre, digamos los salinistas, y los que se quedan con Francisco Madero, desechan a Villa y Zapata, digamos los panistas.

Estigmatizada por la violencia que conlleva, descalificada por la deformación de sus propósitos originales, la revolución social tiende actualmente al desprestigio. Sin embargo, las condiciones que la generan siguen vigentes: el incremento dramático de la desigualdad que trae consigo la globalización capitalista; la polarización política que revive autoritarismos que violan derechos y excluyen mayorías del desarrollo; el fracaso relativo de revoluciones (auto) limitadas al ámbito político electoral, como la mayoría de las revoluciones políticas de la esfera ex soviética, y de transiciones democráticas acotadas al sistema político, que aplazan indefinidamente los cambios estructurales que demandan justicia social; un balance de fuerzas internacionales en tiempos de crisis, que es propicio para la organización del descontento traducido en demandas de transformaciones mundiales radicales, que apelan incluso al viejo paradigma de revolución mundial. Pero, la revolución social despierta temores, la mayor parte de ellos por el carácter político militar que las sustentaba.

El carácter pacífico que toman las revoluciones sociales al final del siglo pasado combate esos temores. Nuevamente, la originalidad del caso mexicano representado en lo que algunos llamaron la primera revolución postcomunista del Siglo XXI, por el movimiento neozapatista, despertó ciertas esperanzas. Este movimiento se alejó del proyecto de la toma del poder por la vía armada, y hasta se deslindó del paradigma revolucionario, pues adoptaron la rebeldía y la lucha por la dignidad como programa de acción local-nacional y constituye una referencia global. Empero, la idea revolucionaria que inicia por el asalto armado al poder estatal persiste. El Centro de Estudios de los Movimientos Armados, detectó 43 movimientos guerrilleros en los últimos 13 años en México y la tentación por vincular narco y guerrilla se presenta ocasionalmente. Latinoamérica en su conjunto ofrece una perspectiva de revolución pacífica que opera en torno a elecciones; lamentablemente, el ideal de revolución democrática-pacífica que constituiría otro paradigma original en México, está por ahora bloqueado.

CRECE LA DERECHA ESTADOUNIDENSE

2010-11-05T05:26:00.000-06:00

Las elecciones intermedias en Estados Unidos interesan fundamentalmente a su ciudadanía, pero tienen impactos internacionales y particularmente en México donde llaman nuestra atención. Internamente, representan una suerte de Plebiscito sobre la gestión demócrata del Presidente Obama, además, prefiguran fuerzas y programas políticos que se debatirán durante los dos próximos años cuando sean las elecciones presidenciales. La incertidumbre invade la posible reelección del primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Al mundo le inquieta el peso que tendrá la agenda doméstica, de cara a los asuntos internacionales en los que Estados Unidos participa como potencia global, pues la beligerancia electoral mostrada por su nueva-vieja derecha, mantendrá ocupada a la Casa Blanca en la negociación de su proyecto de gobierno. Desde México, nos interesa la eternamente inconclusa reforma migratoria, pero también la cultura político-electoral triunfante: la empresarialización de la política, el Estado regulador desdibujado, el conservadurismo de base religiosa.

Obama y los Demócratas sufrieron una doble derrota en estas elecciones intermedias. El programa de recuperación económica no ha mostrado resultados sensibles y el coletazo de la crisis financiera creada por el gobierno anterior está golpeando a la administración actual; un desempleo que casi alcanza el 10 por ciento, aunado al tiempo que tarda el fomento de inversión pública promotora del empleo en mostrar sus resultados, frustró al electorado deseoso de pruebas de recuperación inmediatas. A esa frustración se unió un voto de castigo, liderado por la derecha republicana, contra la reforma de cuidados de salud que convenció a empresas aseguradoras y a trabajadores sindicalizados, pero que incomodó a clases medias vinculadas con jugosos negocios alrededor de la salud, además del argumento falaz pero convincente de los temerosos del migrante, al argumentar que esa reforma lo beneficia aunque no pague impuestos. Está documentado que ni los indocumentados escapan al fisco.

Derrota en la Cámara de Representantes, donde los Demócratas bajan de 255 a 185 integrantes; derrota en los gobiernos estatales, donde los Republicanos ganan 24 de los 37 gobernadores electos recientemente. Triunfo pírrico en el Senado, donde los Demócratas apenas mantienen una frágil mayoría. Un ganador: el Tea Party, la derecha republicana recalcitrante que toma su nombre del Motín del Té, un movimiento que se oponía al aumento de impuestos en la víspera de la Independencia de la Unión Americana, gana un amplio porcentaje de Representantes y obtiene triunfos en estados clave para el sistema de los grandes electores que definirán la elección presidencial de 2012. Aunque el Tea Party no cuenta con un liderazgo carismático capaz de contender contra la reelección de Obama, ya prefigura un programa político: abolir al Estado regulador; recorte de impuestos, porque aumentan el déficit; conservadurismo religioso como base identitaria.

El discurso anti-inmigrante y racista, parte nodal de ese movimiento, dividió al voto latino y de minorías nacionales, pues ganó al inmigrante que sufre el síndrome de la puerta cerrada; el que una vez integrado se opone a la obtención de ciudadanía por otros: Susana Martínez, primera mujer de origen hispano se reafirma como gobernadora en Nuevo México; Brian Sandoval, primer gobernante hispano en Nevada; Jan Brewer, gobernadora de Arizona, se convierte en paradigma anti-inmigrante con su Ley SB1070; Nikki Haley, de origen asiático es electa gobernadora en Carolina del Sur; Marco Rubio, cubano americano, es electo Senador por Florida. En Oklahoma, los republicanos ganan que el inglés sea lengua oficial, que se prohíba la Ley Islámica de la Sharia. Así, la Reforma Migratoria queda fuera de la agenda legislativa; Latinoamérica pierde interés y la política exterior queda apresada por la descarnada batalla de la agenda doméstica estadounidense. Lo peor, la derecha conservadora gana terreno electoral para 2012… ¿cómo en México?

PARADIGMAS SOBRE DESARROLLO ANTE LA CRISIS

2010-10-29T23:30:00.000-05:00

Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos ante una conjunción y simultaneidad de varias crisis en una. A la par de la crisis financiera originada en mantener la estabilidad macroeconómica financiera a toda costa, persiste una crisis ambiental que se origina en un modelo depredador de recursos renovables y no renovables, principalmente energéticos de origen fósil; se amplían las amenazas de hambruna en países y regiones con economías y agriculturas vulnerables, y los riesgos naturales y urbano-industriales impactan mortalmente a sectores y zonas pobres tanto del norte como del sur del mundo.

Esa triple crisis: financiera, ambiental, energética, que tiene un carácter global y sistémico, representa una crisis de civilización que desvaloriza a la persona y que impide asegurar una estrategia de desarrollo viable, equitativa, incluyente y justa para la humanidad toda. La guerra, el complejo militar-industrial, la violencia generada por el crimen organizado y las estrategias unilaterales militarizadas para combatirlo, se reafirman como dinámicos negocios para los países centrales, las trasnacionales de la muerte y sus aliados nacionales. El caos, la destrucción y muerte que crean produce una era de incertidumbre para el futuro de la humanidad.

Ésta compleja crisis ha golpeado también a los paradigmas socioeconómicos y políticos dominantes, frente a su mostrada incapacidad de generar desarrollo con calidad de vida sustentable, con educación, trabajo, seguridad social y bienestar. Ciertamente, hay una crisis de paradigmas de los modelos de desarrollo, desde una doble perspectiva: por el déficit social que constatamos en su historia y por su incapacidad para dar respuestas viables, confiables, convincentes, para salir o siquiera para enfrentar mínimamente esta crisis global y sistémica.

Desde el origen de la crisis bursátil-financiera de 1994 hasta la triple macro crisis combinada de 2008, se registra una debacle de las propuestas económicas neoclásicas que identificamos con el neoliberalismo. A la par que las estrategias para enfrentar la crisis abren registros contradictorios; por una parte, el pensamiento único trata de imponer sus recetas de “más de lo mismo” y por otra se hacen intentos de reformas al modelo de desarrollo, pero que son insuficientes ante la dimensión estructural de la crisis.

México es un ejemplo de la ortodoxia neoliberal para gestionar la crisis. En este caso, la continuidad con los paradigmas del Consenso de Washington, tanto en su versión original de 1989, como en la versión recargada diez años después, ofrece supuestamente, la mejor manera de enfrentar la época crítica que vive la humanidad. Una buena parte de Latinoamérica sigue esas recetas, pero simultáneamente desde ella emergen críticas a los paradigmas dominantes; algunos intelectuales críticos ubican en esta región el nacimiento de paradigmas de corte post-neoliberal, dado el refuerzo de las capacidades reguladoras del Estado, la recuperación de la agenda de justicia, redistribución del ingreso y de transformaciones radicales en el modelo de desarrollo.

Hay también intentos por construir paradigmas diametralmente opuestos al dominante. Desde la ecología política se propone una crítica demoledora del capitalismo mediante el paradigma de “crecimiento cero”, o de decremento razonado de la producción; “vivir mejor con menos”, una suerte de contra-modelo de desarrollo que es divisa del movimiento ecologista. Sin embargo, en los países periféricos ese paradigma puede significar la legitimación de su atraso y la mistificación de la pobreza.

Otros paradigmas alternativos emergen desde el movimiento social altermundialista. En sus resistencias contra la depredación capitalista, el calentamiento global, la imposición del modelo minero-extractivista, la construcción de represas para la generación de electricidad, o la dotación privilegiada de agua para la creciente industrialización y la agricultura. Evidentemente, necesitamos urgentemente otro paradigma de desarrollo que transforme la crisis en un Estado social del buen vivir.

Dos pruebas a la democracia

2010-10-22T07:47:00.001-05:00

Optimismo intuitivo es lo que siento frente a dos pruebas a las que se somete la democratización mexicana. Un desafío es profundizar los aspectos positivos que hicieron posible la caída de la llamada licitación 21, que entregaba una fracción importante del espectro radioeléctrico al consorcio coyuntural entre Televisa y Nextel, al cual le fue entregada esa franja en una cantidad casi treinta veces menor que lo pagado en otra licitación por una franja equivalente, por la empresa Telcel-Telmex. Se trata de concesiones de espacios radioeléctricos públicos, que son estratégicos para la trasmisión de datos, televisión digital y telefonía, ramas de actividad empresarial de punta en la constitución de todo el campo de la informática, del cual depende la puesta al día del país en lo tocante a la sociedad de la información.

La otra prueba que enfrenta la democracia mexicana es el relevo de tres Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo proceso de selección promete ser más adecuado que en anteriores ocasiones, en que la partidocracia se distribuía por cuotas de poder –basadas supuestamente sobre la fuerza electoral- tantos consejeros electorales como fuera posible negociar entre el PRI y Acción Nacional. Está en juego la calidad democrática que requiere el país, en hacer avanzar las discusiones pendientes sobre la reforma política y electoral, que en mucho pueden incidir en la estructuración de la autoridad electoral, el IFE, en su relación con el poder Judicial, con los poderes Ejecutivos federal y de los Estados federados, así como con los poderes mediáticos que no dejan de estar en el centro del interés por reformar las campañas electorales y por su potencial para hacer exigible el derecho a la información en materia electoral. Tres consejeros electorales que participarán en dos elecciones presidenciales nacionales: 2012 y 2018.

Ambas pruebas cuentan con activos positivos en las voces y demandas, que se han levantado desde la sociedad civil, las cuales se han coordinado con algunos representantes electos y con asociaciones profesionales especializadas en el campo de la información y la comunicación. Mi intuición optimista se fundamenta en el trabajo que hace la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), en la documentación del complejo entramado técnico, social, político y cultural vinculado con los derechos que están en juego en torno a la comunicación, la informática, el papel regulador del Estado en asuntos de interés público, la transparencia en las licitaciones y la exigencia de cuentas al gobierno, que es responsable de administrar y otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico. Una vez rota la alianza Televisa-Nextel, la AMEDI seguirá responsablemente el proceso de licitación que se reponga para otorgar la nueva concesión.

Merece un reconocimiento especial el papel de bisagra jugado por el Diputado de la Nación –subrayo su carácter nacional, porque supera su pertenencia partidaria- Javier Corral, quien fue el Presidente fundador de la AMEDI, asociación hoy presidida por el destacado investigador Raúl Trejo Delarbre, y hoy preside la Comisión de gobernación que será la encargada del proceso de selección de los tres nuevos consejeros del IFE. En este proceso, Javier Corral prometió encabezar los esfuerzos por hacer de esta selección de consejeros una muestra de calidad democrática. En ello coinciden varias organizaciones sociales entre las que destacan el Comité Conciudadano y el Colectivo por la Transparencia, quienes plantean 10 puntos concretos que se necesitan para que, habiendo perfiles de personas que podrían cumplir con el papel de árbitros electorales independientes, sensibles a las demandas democratizadoras del país, la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, realice un proceso transparente, incluyente y abierto a la sociedad.

LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y ALTERNANCIA EN 2012

2010-10-15T07:46:00.000-05:00

Carlos Salinas llegó al gobierno en medio de una doble crisis, de legalidad, pues no sustentó su triunfo en la imparcialidad que caracteriza a las instituciones del Estado de derecho, recordemos la quema del material electoral para evitar que se comprobara el fraude en su elección. También su gobierno nació sumido en una crisis de legitimidad, pues el fraude perpetuado en 1988 fue documentado y se generó una pérdida de credibilidad en los procesos electorales, las instituciones encargadas de organizar los comicios, en el gobierno emanado de la imposición y en el conjunto del sistema político y de partidos, que fueron incapaces de reconocer y respetar la voluntad popular. Todavía cargamos con los estigmas del desencanto frente esas instituciones y sigue aumentando la abstención y una corriente que anula concientemente su voto.

No obstante esa doble limitación, la genialidad política del ex Presidente Salinas –cuya perversidad confirmamos día con día- le permitió recomponer esa doble crisis a su favor durante sus dos primeros años de gobierno. Considerado como un político pragmático capaz de transformar la adversidad, sin poner reparo alguno en los medios para obtener sus fines, Carlos Salinas apostó por un proyecto de país ortodoxamente apegado al Consenso de Washington, nacido en 1989, cuyos puntos fundamentales aplicó religiosamente a lo largo y ancho de su mandato presidencial. Él mismo, formado en las doctrinas liberales ofrecidas por universidades estadounidenses, fue un discípulo destacado de la llamada Reaganomics y de las políticas neoliberales aplicadas por Margaret Thatcher, la Dama de Hierro de la Gran Bretaña.

La operación de ese su proyecto estuvo a cargo de una coalición política que reunió a ambiciosos tecnócratas que se erigieron en una clase política con vocación para gobernar durante 25 años –como lo afirmara en esa época Ángel Gurría, actualmente Secretario General de la OCDE. Una coalición política que hizo alianzas con los poderes fácticos de la empresa, los medios de comunicación, que negoció espacios de poder con el narcotráfico y las iglesias. Además, esa coalición buscó alianzas con sectores populares que necesitaba el PRI para renovar su base social y así emprender la (contra) reforma agraria y superar la propia herencia corporativa del sindicalismo real y potencial opositor a las reformas emprendidas. Finalmente, el Programa Nacional de Solidaridad fue el instrumento más eficaz para ganar una base social en disputa, particularmente por una izquierda sensible a las demandas de los afectados por el salinismo.

Bajo el manto de una nueva doctrina, el Liberalismo Social, se profundizó la influencia de esa coalición política encabezada por Salinas, al grado que persisten continuidades con las transformaciones neoliberales que se siguen operando en el país, independientemente del partido u orden de gobierno que se trate: privatización, liberalización a ultranza, apertura total e indiscriminada con el impulso del libre comercio (el TLCAN, que representó el cabildeo más caro que haya emprendido gobierno alguno en Estados Unidos) La estabilidad macroeconómica reducida al sector financiero que supedita al trabajo. Son todas ellas iniciativas que inició, depuró o sofisticó el salinismo. Inclusive, actualmente vemos otras continuidades, como el fraude electoral de 2006, que implicó alianzas con la Mtra. Gordillo que operó Salinas con la complicidad del Grupo Atlacomulco. Así se explica que el ex Presidente Salinas haya equiparado alternancia y democratización en 2012, en su intervención durante la celebración de los 20 años del IFE. Se comprende que el llamado PRI-AN no garantiza una fiel continuidad con el proyecto que sigue encabezando Carlos Salinas y su coalición política que está más viva que nunca. ¿La alternancia priista sabrá recomponer legalidad y legitimidad en el contexto de la profunda crisis actual?

10 TESIS SOBRE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

2010-10-01T10:58:00.000-05:00

Noam Chomsky, destacado lingüista del Massachusets Institute of Technology, plantea 10 tesis sobre la manipulación mediática de la opinión en las sociedades contemporáneas. Los intentos manipuladores del gobierno jalisciense del conflicto en torno al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pueden ilustrarlas.

1- La estrategia de la distracción. El montaje teatral de la entrega personal de los cheques por funcionarios del Ejecutivo estatal, que corresponden por derecho al presupuesto universitario, pretendió distraer la atención del público hacia la idea de que el gobierno si cumple, pero es la U de G la que no destina la inversión a la creación de una mayor oferta educativa, sino al barril sin fondo que representa el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, ese montaje creo confusión pública, pues los cheques tienen un destino etiquetado y no se pueden destinar a construir preparatorias o a reponer el mobiliario.

2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. El gobernador jalisciense se esmera en presentar una solución falaz: “mientras la U de G, no destituya a su ‘jefe político’ y lo obligue a rendir cuentas, no merece disponer de su presupuesto, pues no se sabe a dónde van tantos millones de pesos…” Más allá de reconocer el derecho universitario a contar con un presupuesto digno, el gobierno estatal crea problemas de carácter político que son ilegales y que no toman en cuenta el autogobierno universitario y sus avances en materia de transparencia.

3- La estrategia de la gradualidad. Poner dificultades de manera gradual y creciente a la gestión del presupuesto universitario, por parte de Emilio González, busca debilitar la educación pública, laica y gratuita, al desconocer que sin una estrategia educativa sostenida no hay progreso posible para el estado y la nación, ni un pensamiento crítico frente a la exclusión y la injusticia.

4- La estrategia de diferir. El gobierno de Emilio impulsa una medida “dolorosa pero necesaria”, al castigar a toda la comunidad universitaria por su complicidad con el despilfarro cultural. No obstante, diferir la solución del conflicto de fondo entre la autonomía universitaria y los poderes públicos, para garantizar la educación pública, tiene consecuencias negativas que se esconden sistemáticamente.

5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La incapacidad gubernamental para impulsar un debate público razonado sobre el conflicto, muestra que se opta por infantilizar al ciudadano. Pesa más el argumento de autoridad que la convicción con base en el pensamiento reflexivo antidogmático.

6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Los recursos histriónicos de Emilio, transformaron el regalo de las calaveras en amenaza de muerte hacia él y su familia, causando un corto circuito en el análisis racional, y finalmente del sentido crítico de los individuos. Sigo a Chomsky: ello abre “la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…”

7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Las afinidades entre los Emilios: González y Ascárraga, por la (in)cultura del entretenimiento, hacen creer que deja más beneficios invertir en telenovelas o banalidades que invertir en educación.

8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La renuencia del gobernador jalisciense al diálogo respetuoso lo hace incapaz de reconocer interlocutores con capacidad de raciocinio y de cuestionamiento. Prefiere gastar 15 millones de dólares en espectáculos mediocres a impulsar la educacion.

9- Reforzar la autoculpabilidad. El individuo es culpable de su propia desgracia; su educación, preferentemente privada, soluciona sus culpas.

10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación neurobiológica del individuo y la psicología aplicada sin ética humana, instrumentalizan al conocimiento en función del poder desafecto del control público.

AUTONOMÍA Y CRISIS DE CIVILIZACIÓN

2010-09-24T08:47:00.000-05:00

Un déficit que enfrenta el sistema político mexicano es el respeto y afirmación de los organismos públicos autónomos y particularmente de la autonomía universitaria. Contrasta la celebración de los 100 años de la UNAM, con la desaseada operación política del conflicto por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara que hace el gobierno jalisciense. En nada contribuye Emilio González a impulsar la independencia frente a los poderes públicos e incluso respecto a los grupos de poder político, con el manoseo de la información, con acusaciones y descalificaciones ausentes de pruebas contundentes. El gobernador desenfoca el problema que se debería de afrontar: el rol de la universidad pública en la transformación de nuestras sociedades, la generación del conocimiento y la cultura que nos permita enfrentar la crisis de civilización cuyas manifestaciones complejas, multidimensionales, y sus posibles respuestas, se abordan en las actividades sustantivas de la universidad.

La UNAM celebra sus 100 años poniendo sobre la mesa los grandes temas nacionales en los que su labor educativa puede actuar positivamente. Si la crisis de civilización se manifiesta en la imposibilidad de dar certidumbre frente al caos bancario-bursátil-financiero, o frente a la crisis ambiental-alimentaria y la depredación causada por el modelo energético, desde la universidad pública se debe de trabajar en el diagnóstico de estos diversos problemas y en la imaginación de alternativas para encontrar soluciones de fondo. El rector José Narro, señaló que sólo si se evita que en la educación se impongan criterios de mercado y sólo si el gobierno se compromete con una inversión mayor al 0.7 % del PIB a la educación superior y 0.4 % a la investigación que destina actualmente, se podrán superar las limitaciones. Lo cual implica replantear el modelo de desarrollo económico del país.

Los grandes enemigos a vencer son la pobreza y la exclusión, en la cual destacan los siete millones de jóvenes ninis que no cuentan con políticas públicas apropiadas, cifra escandalosa que aportó el Rector de la UNAM hace unas semanas. Pero sólo un pensamiento crítico, apartado de cualquier dogmatismo y de toda forma de autoritarismo del mercado, de carácter cívico y laico, es el que sirve para enfrentar esa crisis de civilización. Ese es el campo de la educación, la ciencia y la tecnología, de la creación, preservación y difusión de la cultura comprometida con valores de innovación constante y de convivencia. También la y lo político es motivo de esta celebración centenaria. En su intervención ante el Congreso de la Unión, el Rector Narro, reiteró: “el desafío de México no solo es crecer en la economía sino también mejorar la dignidad de los que nada tienen, edificar un verdadero desarrollo humano para todos.”

La universidad preserva valores civilizatorios como la justicia, el pensar en formatos cívicos incluyentes, que consideran el largo plazo, y la revalorización de la política, la exigencia a los partidos políticos y al gobierno de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar socialmente, y no sólo desde las instituciones constituidas, los grandes problemas de inseguridad y banalización de la vida que nos agobian. La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a 16 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellos al destacado lingüista Noam Chomsky, quienes ubicaron el contexto mundial que enfrenta la universidad pública y sus contribuciones para la paz, la convivencia fraternal y solidaria. Aprender la importancia de la autonomía también en el plano internacional, la gran apuesta que hacen Brasil o India por el sector educativo, científico y tecnológico, en el que invierten el tres por ciento del PIB, quedan como altas miras para la UNAM. Gran visión que está lamentablemente ausente en el regateo presupuestal que hace el gobierno de Jalisco.

POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO

2010-09-03T08:44:00.000-05:00

A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.

Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.

El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.

Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.

POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO

2010-09-03T05:40:00.000-05:00

ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO: LAS ELECCIONES

2010-06-18T06:53:00.000-05:00

Hay que ver con atención lo que suceda este próximo domingo en las elecciones colombianas. Con su relativa distancia, la elección presidencial en ese país representa varios focos de interés respecto a lo que pueda suceder en nuestras elecciones presidenciales de 2012. Se ha abusado sobre la supuesta colombianización de México, pues al homologar ambos casos sólo se toma en cuenta el creciente protagonismo del narco en la vida política, su influencia en las instituciones, y el aumento inusitado de la intervención estadounidense sobre el Plan Colombia, que se supone erróneamente igual a la Iniciativa Mérida, como dos estrategias de la política exterior estadounidense que militarizan el combate al narcotráfico, e imponen las doctrinas de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, sin ser abismales, hay diferencias que es imprescindible comprender.

El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.

En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.

Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?

BLINDAJE ELECTORAL VULNERADO

2010-06-11T12:21:00.000-05:00

Pesan signos ominosos sobre los procesos electorales que viven 14 entidades mexicanas. El caso más extremo, San Juan de Copala, municipio autónomo de Oaxaca, no pudo recibir la ayuda llevada por la Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jakkola, llamada así en honor a las dos personas asesinadas durante la emboscada que sufrió un primer grupo que intentó ingresar a la zona, el pasado 27 de abril. La nueva Caravana, llevaba 30 toneladas de víveres a los 700 pobladores que están sitiados por una organización impulsada por el gobierno oaxaqueño que encabeza Ulises Ruiz, la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), la cual ha sido señalada por organismos defensores de derechos humanos como presunta responsable del asesinato de Bety y Jyri.

Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”

En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?

Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.

LEGITIMIDAD CUESTIONADA

2010-06-04T12:27:00.000-05:00

A la memoria de Jorge Cereceda, chileno-mexicano de alma socialista

La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.

Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.

Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.

Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.

EL DOC ALONSO, TODO HUMANIDAD*

2010-05-28T05:29:00.003-05:00

Firma como Jorge Alonso, pues si le añade Sánchez podría confundirse su primer apellido como nombre de pila, así que nos hemos acostumbrado a llamarle Doc Alonso. Le va bien eso de Doc, pues fue de los primeros de su generación en obtener un flamante doctorado en Antropología Social. También le podríamos decir Docto Alonso, pues sus conocimientos son siempre los más contemporáneos en torno de sus intereses; aunque no es un intelectual que fortifique su ego en una torre de marfil, ajena a la discusión de sus permanentes descubrimientos e incursiones, sobre todo alrededor de la antropología política. Su comunidad académica y quienes estamos cerca de él nos beneficiamos de su curiosidad y de sus pasiones por el saber y por vincular ese conocimiento con la acción social. Siempre busca pertinencia frente a su realidad inmediata desde una posición ética inquebrantable.

Es muy atinado rendirle homenaje a este hombre que es todo humanidad y por ello es de felicitar la iniciativa que toma el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, por hacérselo. Aunque es bien difícil decir en la estrechez de un pequeño texto algo que haga justicia a alguien tan intenso en su pensar y quehacer, además durante tantos años de acucioso y muy productivo trabajo. Me declaro incapaz de ofrecer una imagen ni siquiera abreviada de su currículo, por ello solo diré algo sobre lo que el Doc Alonso representa en mi vida, pues me considero privilegiado por su amistad y por afanes comunes que nos han unido.

Del “maestrillo”, como se conoce al jesuita en formación que da clases en el Instituto de Ciencias, me queda el recuerdo de sus clases sobre literatura universal y de ética, un profesor apasionado que trasmitía energía, que no supe apreciar cabalmente hasta años recientes. Supe del Doc Alonso tiempo después cuando en un trabajo que combinaba investigación y acción, leímos sus trabajos sobre los movimientos sociales urbanos y sobre teoría del Estado, los cuales nos obligaron a leer varios de los autores que por primera vez oíamos citados en sus trabajos. Supe también de él, cuando renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no con una carta sino mediante la factura de un libro de más de 300 páginas en las que razonó sobre las mejores vías para construir el socialismo en México. Vías que no transitaba el partido al que renunció.

Tenía referencias del antropólogo político que era un devorador de libros que documentaban los debates más recientes, que formaba equipos de investigadores sobre temas de frontera en el conocimiento social, que había sido formado por ilustres antropólogos como Ángel Palerm, junto con otros destacados colegas suyos como Andrés Fábregas y Guillermo de la Peña, entre otros. Fui conociendo y acercándome a sus pasiones por la vigencia del marxismo, por los procesos electorales, por la teoría del Estado, por la necesaria y urgente transformación social de México, por la rigurosa formación de doctores/as. Luego, ya cerca de él descubrí otro filón de humanidad en su aguda observación de la biografía, como la infaltable historia de vida de Efraín González Luna, que no solo interpeló al panismo por su menosprecio a la doctrina de uno de sus fundadores, sino que además aportó reflexiones para la política mexicana en su conjunto. O la biografía de Rubén Aguilar (padre), que documenta la formación de las élites en México.

Esa toda humanidad del Doc Alonso, la percibo en sus preocupaciones sobre el devenir de la iglesia católica, en su papel de consejero electoral en Jalisco, en el colega ejemplar ante la academia, la investigación, la vida plena, la crítica implacable ahora bañada de ternura humanidad.

* Discurso preparado para el homenaje que le rinde el Departamento de de Estudios Sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara (28/05/2010).

OTROS DESAPARECIDOS

2010-05-21T13:17:00.000-05:00

Sin querer minimizar la todavía inexplicable desaparición de Diego Fernández de Cevallos, hay un conjunto de sucesos que llevan a pensar en la privación forzada de la libertad, como fenómeno social, político y jurídico. Entre las innumerables opiniones que ha despertado este lamentable acontecimiento, me llamó la atención la posición asumida por Doña Rosario Ibarra de Piedra: “Para nosotros, integrantes del Comité ¡Eureka! de familiares de desaparecidos políticos, el hecho es cruel, sean su origen y su finalidad los que sean. Nosotros, con preciso conocimiento del delito de desaparición forzada de personas, catalogado como crimen de lesa humanidad, comprendemos perfectamente lo que ello significa en el ámbito familiar, y algunos, no pocos, llevamos en las almas un sedimento de dolor inmenso.” (El Universal, 20-05-2010) Hay enormes diferencias entre un compromiso ético humanamente asumido y la oleada oportunista que abarca al gobierno, al panismo, a casi todos los partidos, que están propiciando una andanada mistificadora de un personaje particularmente polémico en su actuación pública.

Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.

Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.

No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.

ATENTADO CONTRA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO

2010-05-07T05:39:00.000-05:00

Los hechos: una Caravana de Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui de Oaxaca, fue emboscada por un grupo de encapuchados, el 27 de abril pasado; murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés; resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia, periodistas de la revista Contralínea, de la prensa alternativa. Hay varios desaparecidos. La Caravana era apoyada por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca (APPO). San Juan Copala es asediado, desde el surgimiento del municipio autónomo, por grupos paramilitares que presuntamente actúan con el patrocinio del gobierno de Oaxaca. Dos locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, fueron asesinadas en 2008. En 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.

Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.

El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.

Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.

ELECCIONES Y LEGISLACIÓN ¿INCOMPATIBLES?

2010-04-30T05:48:00.000-05:00

Contrariamente a los propósitos de un sistema político del que se esperan leyes adecuadas para el interés general, las jerarquías partidarias entorpecen aquellas iniciativas de legislación que puedan alterar sus estrategias electorales. Así, las dirigencias partidistas de Acción Nacional, del PRI y del Partido Verde, hacen incompatibles las coyunturas electorales, que son particularmente intensas en los estados del país este año, con procesos legislativos que puedan cuestionar o significar un desgaste en su búsqueda de alianzas con los poderes fácticos regionales o nacionales; entre éstos últimos, particularmente los poderes mediáticos. Sinsentidos de la política partidaria que abonan su desprestigio y alientan al desapego ciudadano, ya no solamente del momento de la votación sino que también, y ahí está otro gran riesgo de retroceso antidemocrático, que apagan o decepcionan el interés general por participar en los asuntos públicos.

De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.

Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.

Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.

LEY DE MEDIOS: IMPULSAR LA REFORMA

2010-04-23T22:06:00.000-05:00

Las comisiones legislativas en el Congreso de la Unión, debaten el proyecto para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, y el dictamen podrá ser votado próximamente en ambas cámaras. Culmina así un largo proceso de consulta y debates públicos que se intensificó durante los dos últimos años, cuyos resultados constituyen legítimas aspiraciones para democratizar las relaciones entre sociedad y Estado en México. Una feliz combinación entre un trabajo legislativo que fue capaz de recoger las opiniones de técnicos y profesionales del ramo, así como producto de los aportes de organismos sociales, amplios y especializados, que están interesados en contar con una legislación adecuada a las necesidades de comunicación y producción audiovisual en el marco del Estado de Derecho.

En contraste con esa amplia actividad, los propietarios de los medios de comunicación jugaron papeles desiguales. El duopolio televisivo, acostumbrado a imponer sus normas mediante el cabildeo ante los poderes constituidos, impuso compromisos políticos con algunos representantes “populares”, cuyas campañas apoyó en las elecciones legislativas de julio de 2009, con quienes conformó la llamada “telebancada”. Simultáneamente, ejerció su poder de chantaje frente al conjunto del Poder Legislativo, al que amenazó con subterfugios de no dar visibilidad a sus futuras campañas electorales y de boicotear las aspiraciones individuales a candidaturas futuras; chantaje que surtió efecto entre las filas de varios partidos, pues quienes pretendían un futuro electoral visible y difundido por el duopolio televisivo, y sus cadenas mediáticas, se plegaron a defender esos intereses.

Entre la multiplicidad de medios de comunicación que están emergiendo, y en buena parte entre la prensa escrita, se registraron también posiciones muy favorables al contenido de las reformas que incluye este proyecto, aunque sin el entusiasmo necesario requerido por un proyecto de ley que no está suficientemente apuntalado en una clara mayoría legislativa. Particularmente el PRI y algunos legisladores de otros partidos, comprometidos con los poderes mediáticos, han sido renuentes a aprobar el conjunto de la iniciativa de ley. Por ello, la Asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI), presidida por Raúl Trejo Delarbre, destacado profesional investigador de los medios, está insistiendo por todas las vías posibles que estemos alertas como ciudadanos/as ante los debates legislativos y el dictamen de ley que resulte. Se han difundido los pronunciamientos de la AMEDI, apoyados por su propia membresía, un amplio grupo de profesionales de la comunicación y por organizaciones sociales que se sienten involucradas o que tienen demandas democratizadoras generales.

Esta nueva ley es un factor básico para que la reforma política propicie mayores condiciones de equidad en la competencia electoral, al regular la influencia de los poderes fácticos y al concebir la comunicación política en el marco del fortalecimiento del derecho a la información. Así, habría mayores exigencias de calidad en la utilización de los sesenta minutos diarios que corresponden al Estado en los medios. Esta ley, garantizaría la transparencia en la administración pública de los recursos audiovisuales y del espacio radioeléctrico, mediante licitaciones obligadas para la renovación y obtención de concesiones privadas, la regulación de la inversión extranjera, el fomento de radios comunitarias y concesiones de medios públicos; fortalece la Ley de “acciones colectivas”, al reconocer la organización y defensa de consumidores; reglamenta los servicios audiovisuales combinados; racionaliza tarifas acabando con el redondeo; crea un organismo público autónomo, capaz de regular mercados e iniciativas ciudadanas. Además, esta iniciativa complementaría la ley antimonopolio, cuyas pretendidas reformas el Artículo 28 Constitucional, propician equidad en la competencia privada. Este proyecto, haría medios permeables de cara al ciudadano, al garantizar el derecho de réplica. Como Público-Milenio, único medio en México que desde su origen cuenta con un defensor del lector, que es ejemplar.

LEY DE MEDIOS: ENCAUZAR EL DEBATE

2010-04-16T12:29:00.000-05:00

Es alentador que el Congreso de la Unión esté retomando el debate sobre una iniciativa de ley en materia de medios y telecomunicaciones, pues en consultas realizadas entre 2007 y 2008, se comprometió con los actores involucrados a elaborar un proyecto de iniciativa que incorporara los criterios de la Corte en la sentencia contra la inconstitucionalidad de la denominada “ley Televisa”. Aunque han pasado casi dos años, recientemente surgieron dos iniciativas que pretenden una legislación integral en esa materia, que es condición para la democratización de la información y la comunicación, para un justo y equitativo desarrollo de las empresas que intervienen en ese ramo, en un contexto de libertad y diversidad cultural, y para una sana convivencia entre intereses públicos, representados en el Estado, e intereses privados. En la Legislatura federal pasada, Acción Nacional no aprovechó su mayoría para aprobar una legislación integral en medios y telecomunicaciones.

Carlos Sotelo, senador perredista, presentó en diciembre de 2008, el proyecto original de la reforma, el cual retiró por la falta de acuerdo en el PRD, pues su propuesta contenía modificaciones en el tema de competencia, que contravenían las disposiciones de la Suprema Corte. Un año después, el 8 de diciembre de 2009, el senador Sotelo, en acuerdo con el PRI, formuló una nueva propuesta que retomaba aspectos de la reforma original, como el fortalecimiento de los medios públicos y los medios comunitarios, pero se dejo seducir entonces por el Senador Manlio Fabio Beltrones y la “telebancada” (legisladores afines a los poderes mediáticos), que defendían las prórrogas de concesiones sin licitación alguna y el otorgamiento de canales de FM a operadores de AM (las “combos”). Este 8 de abril, diferencias interpartidarias impidieron que la iniciativa se discutiera en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Simultáneamente, en esta misma fecha, fue presentada otra iniciativa por el diputado Javier Corral y, en la Cámara de Senadores, por el senador Gustavo Madero, ambos de Acción Nacional, pero con el respaldo de 56 senadores y 180 diputados de cuatro partidos políticos, sin el PRI, que ahora tiene mayoría en ambas Cámaras. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), anteriormente presidida por Javier Corral, participó en la ideación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que sustituiría a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Según la AMEDI: “Con esa iniciativa se pretende impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.”

En 252 artículos agrupados en 13 títulos, esa iniciativa propone sustituir a la actual Cofetel por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, asegurándole mayor independencia y capacidad profesional. Crearía Registros Público de Telecomunicaciones y de Usuarios, con reglas precisas para la inversión extranjera (autorizando hasta el 25% en radiodifusión), regularía la interconexión entre empresas que prestan el mismo servicio. Reforzaría la licitación pública para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, añadiendo la figura de concesiones de uso público para los medios públicos o de Estado y reconocería el interés social de los medios comunitarios. Regularía ingresos por venta de publicidad en medios públicos, así como la oferta de difusión de otros servicios de telecomunicaciones. Se propone que en la televisión y la radio haya al menos 50% de contenidos de producción nacional. Al menos 20% de ellos deberían ser producciones independientes. Habría fondos estatales para estimular la producción audiovisual. El tiempo del Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión queda en 60 minutos diarios. Los medios concesionados tendrían la obligación de difundir sus códigos de ética, atender requerimientos de sus audiencias, y garantizar derecho de réplica. Entre lo más destacable.

Carlos Sotelo y Javier Corral decidieron, atinadamente, trasladar el debate público que habían convenido, de sus respectivas iniciativas, hacia las comisiones del Congreso de la Unión. Esperemos que el PRI sea sensible al interés general y no al de la “telebancada”.

ACCIONES COLECTIVAS Y REFORMA POLÍTICA

2010-03-26T04:57:00.000-06:00

El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados, en San Lázaro aprobó adicionar la figura de “Acciones Colectivas” al Artículo 17 Constitucional. Casi un año después, la Cámara baja podrá aprobar próximamente en definitiva la minuta que, ya aceptada por el Senado, añade el siguiente párrafo: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.” No se ha dado suficiente atención al trascendental cambio que conlleva esta reforma constitucional, pues en este caso se reconoce un papel constructivo a la participación ciudadana en los asuntos públicos que le afectan. Y al reconocer la manera de gestión colectiva, la impartición y procuración de justicia se vuelve más expedita y eficaz al permitir la protección jurídica de intereses y derechos colectivos.

Durante los debates legislativos iniciales el Consejo Coordinador Empresarial cabildeó una propuesta que acotaba las Acciones Colectivas a tres campos muy concretos: la protección al consumidor, los usuarios de servicios financieros y la protección del ambiente, ámbitos de acción pública que habían sido construidos por movimientos sociales esparcidos por toda la geografía mexicana, pero cuyas demandas no alcanzaban a ser procesadas por jueces y tribunales que se enfrentaban a miles de expedientes, a los que se pretendía dar una respuesta individual. Así, se negó justicia a potentes y valerosas asociaciones de consumidores, o a demandas y temas en que se organizó el Barzón, primero los afectados por los altos réditos en el campo, luego los poseedores de viviendas encarecidas hasta las nubes por el crédito tan elevado que impuso la banca, y luego los endeudados por tarjetas de crédito cuyos consumos no pudieron respaldar debido a los intereses leoninos impuestos por la avaricia de la banca comercial, o diversos movimientos ecologistas.

En complicidad con el sector empresarial, algunos diputados propusieron canalizar esas miles de demandas hacia los organismos públicos supuestamente autónomos, como la Procuraduría Federal en Defensa del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); órganos administrativos con los que se quiso suplantar la participación colectiva y fortalecer el poder corporativo del Estado, para tratar de llegar a un arreglo finalmente individual del conflicto. Es de reconocer que los diputados de la anterior legislatura federal fueron sensibles a las demandas de los propios movimientos de consumidores, de usuarios de servicios financieros y del movimiento ecologista, quienes plantearon la necesidad de que se enriqueciera la figura de las Acciones Colectivas, como sujetos de derecho en todos los asuntos de carácter público y, particularmente, el evitar la corporativización de sus demandas ante los organismos administrativos mencionados.

Finalmente, la reforma propuesta da carácter constitucional a toda acción colectiva que se procese por vías pacíficas, para el reconocimiento de derechos e intereses colectivos; su texto supone complementar otras leyes, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de reglamentar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) o la legislación relativa a la protección ambiental. Además, de aprobarse esa reforma, el desafío será la legislación secundaria que entraña, la cual deberá de ser discutida por las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal. Las demandas de participación ciudadana corresponden con las demandas por democratizar al país y esta reforma tendrá un impacto relevante en la reforma política, pues las Acciones Colectivas arriban irremediablemente a ese terreno. Sea Plebiscito, Referéndum o Iniciativa Ciudadana, la acción colectiva podría contar con más medios para conquistar derechos y defender los intereses ciudadanos.

LA REFORMA QUE FALTA

2010-03-19T05:56:00.000-06:00

Previsiblemente, la reforma política en curso no dejará satisfecho a nadie. Cada uno de los actores que la promueven acentúa aquellos aspectos que favorecen una coyuntura que les dé poder, lo que termina por fortalecer al régimen partidocrático que nos agobia; brilla por su ausencia un proyecto político incluyente con visión de Estado nacional en el que quepamos todos/as, y la democracia propicie el buen vivir. Pensada y operada de arriba hacia abajo, esta reforma nace muerta; lejos de consultas ciudadanas sistemáticas, los cambios propuestos ni se conocen ni entusiasman; permanecen como asuntos de especialistas y políticos profesionales.

Falta una reforma que destrabe los obstáculos que impone la partidocracia, la cual está impedida para reformarse a sí misma, con una nueva ley de partidos que garantice prácticas democráticas en sus procesos internos, sus precampañas y campañas, una ley que redefina su financiamiento a partir de votos obtenidos y con partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que dé atribuciones al IFAI como órgano garante. Una ley que impida a los partidos elaborar el orden de prelatura de los diputados plurinominales, dejando al elector la posibilidad de ordenar con su voto esa lista.

Faltan también dos medidas simultáneas que apuntalen la reforma política: una ley de medios que impida la mercantilización de la política y la ingerencia de los poderes fácticos en el proceso electoral y, paralelamente, la revisión del Artículo 130 constitucional, de manera que se refuerce el carácter laico del Estado, evitando cualquier resabio de anticlericalismo, pero reforzando los impedimentos para que cualquier jerarquía eclesial se convierta en legisladora de facto. La legislación antiaborto conseguida en 17 entidades del país muestra el sesgo religioso que han tomado los debates parlamentarios al respecto. Al igual que nuevos modus operandi iglesia-Estado en la mayoría de regiones del país.

Se necesita una reforma que fortalezca al voto ciudadano, que equilibre representación y delegación de poder en representantes populares, de manera que se logre rendición de cuentas y transparencia de la función pública. Aquí cabrían las candidaturas independientes, la revocación de mandato y los diversos formatos de democracia semidirecta como el Plebiscito, la Iniciativa Popular y el Referéndum. Formatos que exigen el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos, e incluso cumplir con la demanda de un solo organismo nacional encargado de las elecciones en todo el país.

La falta de incidencia democrática en asuntos económicos se ha dejado de lado en las diversas reformas político-electorales; sin embargo, la regulación del mercado, la necesaria política industrial y la participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y evaluación pública del Plan Nacional de Desarrollo, es una tarea inevitable para que haya una virtuosa construcción democrática. Únicamente la participación ciudadana podría reconducir el modelo de estabilidad macroeconómica a toda costa, hacia un modelo de redistribución del ingreso, por la equidad y la justicia social. Lo cual requiere concebir las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y de reestructuración productiva bajo formatos democráticos participativos.

Es alarmantemente notable la ausencia de planteamientos, en todas las reformas políticas hasta hoy practicadas en México, de la cuestión indígena y de sus aportes a la democracia comunitaria. Indudablemente que los usos y costumbres necesitan de diálogos creativos con las formas democráticas representativas y participativas. Para lograrlo, hace falta incluir a las y los indios en la concepción e implementación de la reforma política. La creación de un Estado plurinacional de carácter multicultural iluminaría el debate sobre las autonomías regionales y la nueva conformación que dé cabida al indígena en los espacios de representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Ésta reforma política siempre ha faltado.

LA GENERACIÓN DEL NO PERO SI

2010-03-05T01:37:00.000-06:00

A los firmantes del desplegado “No a la generación del No”, objeto de una amplia campaña publicitaria, se les escapa que a diferencia de la falta de colaboración que ha caracterizado al sistema de partidos en México, donde ciertamente se han obstruido entre ellos para definir una agenda legislativa que convoque a los intereses nacionales, existen otras expresiones sociales desde donde se combina la oposición a medidas legislativas y gubernamentales contrarias al interés general, con la capacidad propositiva que busca salidas para los problemas planteados y que intenta construir consensos de abajo hacia arriba. No me parece criticable el protagonismo de quienes convocaron y firmaron esta iniciativa, pues al ser figuras públicas reconocidas están en su derecho de impulsar sus puntos de vista. Lo que me parece limitado es que su discurso se dirija prioritariamente al poder constituido y débilmente al ciudadano que dicen interpelar.

Desde organizaciones que se reclaman ciudadanas, se procesan bajo lógicas diferentes las tensiones entre oposición y consenso. Y esta reforma pretenciosamente llamada política ha merecido un No pero si, en varios sentidos. El deterioro de la capacidad de reforma legislativa durante los últimos trece años corresponde al poder concentrado por la partidocracia, la cual está cada vez más aislada de sus representados; su desprestigio responde al aprovechamiento irresponsable del erario y al monopolio de la representación popular. También ha contribuido la erosión de la institución presidencial que no ha sabido remontar Acción Nacional, como partido de la alternancia. Insuficientemente acotado, el poder unipersonal metaconstitucional del presidencialismo heredado del antiguo régimen, se suma al sistema de partidos plural, con fuerte influencia priista, que tampoco asume responsabilidad en las negociaciones entre poderes autónomos.

A esa doble limitación, la que impone la partidocracia y la que produjo un presidencialismo ambiguo en la relación con su partido, aunada a la falta de una cultura parlamentaria para formar consensos básicos, se sumó el paralelismo extra constitucional bajo el que actúan los poderes fácticos. Asociando poder de cabildeo y ejercicio de influencia sobre la opinión pública, los medios electrónicos han impedido que prospere una ley de medios favorecedora de una cultura democrática. Paralelamente, la jerarquía eclesial, principalmente la católica, se ha convertido en gran legislador y factor limitante del carácter laico del Estado, lo que obstaculiza la deliberación informada que necesita el espacio público. Es imposible, entonces, una reforma política que no contemple reformas legislativas simultáneas que erradiquen la partidocracia, que actualicen la institución presidencial, que sometan al interés público el papel de los medios electrónicos en las elecciones y el fomento a la participación ciudadana, y una legislación acorde al carácter laico del Estado.

Los diez puntos de la reforma propuesta por Felipe Calderón que ahora se discuten, se complementan y sobre todo se desdibujan, buscaban acertadamente influir sobre el empoderamiento del voto, para así estimular la competencia partidaria; fortalecer diversos mecanismos de participación ciudadana en la legislación y rediseñar las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, es cierto, la “generación del No” impone mayor empoderamiento de la partidocracia, lo que la convierte en el principal obstáculo por rehusar reformarse a si misma ¿cómo negarse a perder privilegios sin una fuerza que la obligue a cambiar? Hay una voz del No a esas reformas aisladas pero Si, a una reforma integral que pugne porque haya rendición de cuentas con consecuencias legales para los funcionarios electos, porque se fortalezcan todos los formatos de participación ciudadana como la iniciativa legislativa, la revocación de mandato, porque se legisle el papel de los partidos, se reduzca su financiamiento, porque haya legislación democrática para los medios y fortalecimiento del Estado laico.

AUTONOMÍA LATINOAMERICANA: DESAFÍOS PARA MÉXICO

2010-02-26T05:36:00.001-06:00

Ciertamente, la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELC), acordada esta semana en Cancún, tiene implicaciones históricas. Por primera vez en su historia independiente, los países de esta región deciden crear un organismo propio, sin tutelas de metrópoli alguna, como lo han sido: la Cumbre de las Américas, impulsada por Estados Unidos, que en los hechos orienta también la Organización de Estados Americanos; la Cumbre Iberoamericana, que fomenta España; la Cumbre Europa-Latinoamérica y Caribe, que impulsa la Unión Europea. Ésta búsqueda de autonomía latinoamericana tiene sus antecedentes más cercanos en el Grupo de Río, un espacio de diálogo y concertación política intergubernamental, que recientemente integró a Cuba, a instancias de México, con lo que se convirtió en el espacio propio más incluyente de la región y, desde diciembre de 2008, la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, que reunió a todos los mandatarios de Latinoamérica y el Caribe, sin la presencia de Estados Unidos.

Un primer desafío para esta comunidad es su definición frente a Estados Unidos. Aquí se entrecruzan dos discursos gubernamentales: el de crear contrapesos frente a los espacios dominados por la potencia del Norte, y el de complementación sea desde la incondicionalidad, o desde el fortalecimiento de capacidades negociadoras ante las situaciones asimétricas que representan las relaciones con Estados Unidos. Si México asume éste último discurso, tendrá que definir su posición ante los organismos panamericanos liderados por Estados Unidos; particularmente, reconocer las ambigüedades que atraviesan a la OEA, cuyo Secretario no fue el candidato de Washington, quien rompió el veto contra Cuba; una organización antes ineficaz durante las guerras en Centroamérica, cómplice en la guerra de las Malvinas y pieza clave para reactivar el tratado Interamericano de Asistencia Recíproca después del 11 de septiembre.

La CELC, enfrentará tres temas estratégicos en las relaciones interamericanas: transformar la doctrina securitaria militarizada estadounidense, con ideas que actualicen la antigua propuesta canadiense de seguridad humana, sin que equivalgan a la “seguridad democrática” difundida por el gobierno colombiano; hacer avanzar una política que supere las limitaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente influida por el sesgo estadounidense; y trascender la Carta Democrática Iberoamericana, del mero certificado de buena conducta otorgado por Estados Unidos, hacia una carta que reconozca la pluralidad democrática representativa, participativa y comunitaria, como ya lo recoge la Constitución boliviana. En la agenda del desarrollo, es riesgoso para el gobierno mexicano el significado de la autonomía económica, si ésta equivale a incrementar tratados de libre comercio, no tanto acercarse a formatos comunitarios con reciprocidad, gradualidad y selectividad en la apertura comercial, y menos apuntalar vías que apunten hacia la creación de alternativas al neoliberalismo.

México tendrá que comprender las amenazas que asediarán a la nueva comunidad latinoamericana. Mantenerse firme frente a las divisiones que pueden causar gobiernos afines a su proyecto económico, que son además incondicionales de Estados Unidos; grupo de países que se ve incrementado con Chile, Costa Rica, Panamá, que pasaron recientemente por elecciones presidenciales ganadas por la derecha, además de Colombia, Perú y cuando se integre Honduras. El gobierno mexicano, tendrá que reforzar el diálogo y la concertación político-diplomática, ante las rivalidades que despierta el suramericanismo, cuyo liderazgo disputan Brasil y Venezuela, reconocer la originalidad de las experiencias de Bolivia y Ecuador, así como sostener su oposición al bloqueo estadounidense contra Cuba. Simultáneamente, abrir y reforzar canales de comunicación entre organismos sociales que se han constituido en oposición y resistencia frente a la integración neoliberal, para evitar que el desencanto político haga abandonar esta esperanzadora comunidad, dejándola como una costosa e ineficaz instancia retórica más.

DESPISTES POLÍTICOS

2010-02-19T05:44:00.000-06:00

Ya desde finales de 2008, el PRI había propuesto la revocación de mandato como una de las formas de la llamada democracia semidirecta. Ahora, otra vez, se propone revocar el mandato al presidente, secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, ediles, así como a asambleístas y jefes delegacionales del DF, cuando hayan cometido ilícitos, actos deshonestos o de negligencia. Propuesta hecha a contrapelo del “decálogo” de reforma política presentado por Felipe Calderón, suena a despiste en varios sentidos. Al igual que la iniciativa de reforma político-electoral presidencial, la revocación de mandato no aparece estructurada con otras reformas que garanticen articulación y coherencia en términos de una reforma constitucional integrada. Los priistas tampoco incluyen un paquete que contenga los otros formatos típicos de esa democracia semidirecta: el Plebiscito, el Referendo y la Iniciativa Popular. Además, la propuesta priista se acota a una suerte de juicio político adelantado, o de suspensión del fuero, para los funcionarios electos, pues no hay la posibilidad de empoderar el voto por falta de rendición de cuentas, o por falta de calidad del desempeño gubernamental.

Esta iniciativa priista suena a despiste, porque en el fondo responde a dos factores perversos: empoderar al Poder Legislativo a costa de debilitar al Ejecutivo federal, pues la mayoría con que cuenta el tricolor en el Congreso de la Unión le garantiza que sus legisladores no se tiren a los pies y que defiendan también sus posiciones mayoritarias en estados y municipios, y por otra parte, presentar en esta coyuntura la revocación de mandato suena a reacción contra la propuesta calderonista en general y de reelección en lo particular, ya que el PRI teme que su maquinaria electoral se anquilose si las diversas fracciones copan los puestos a elegir, lo cual frenaría la circulación de sus cuadros jóvenes; al fin que la llamada reelección cruzada, conocida coloquialmente como el fenómeno chapulín -candidatos que brincan de una posición a otra en cada elección-, asegura que la burocracia dirigente del partido se mantenga en los puestos clave. Mañosamente, el PRI quisiera eliminar del debate parlamentario las propuestas de Calderón referidas a la Iniciativa Ciudadana, al Referendo o al fortalecimiento del poder de veto del Ejecutivo, o su refuerzo mediante la presentación de iniciativas presidenciales legislativas preferentes al inicio del periodo legislativo ordinario. Como todavía no reconquistan la presidencia, se dan el lujo de torpedearla.

Inspirada en la Common Law, (recall o deposición), la revocación es un mecanismo que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público. Ésta medida podría revalorizar el Artículo 39 Constitucional, en el cual se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirarle confianza. La revocación podría tener nobles alcances si ella no se redujera a la judicialización de la política, pues existe el riesgo de balcanización si da cabida a demandas de destitución que escondieran juicios políticos sesgados; y una condición ineludible para la eficacia democrática de la revocación, es que tanto esta medida como cualquier reforma política de fondo que se proponga, no puede dejar de lado la regulación de los poderes fácticos del dinero (incluido el narco), los medios de comunicación y las jerarquías eclesiales, que tienen el poder de convocatoria y eventualmente de manipulación del electorado para orientar el sentido de la legislación, esto es si no se hace una reforma adecuada de la ley de partidos, el fortalecimiento del carácter laico del Estado y a la ley de medios, principalmente, para impedir que haya sesgos antidemocráticos. Esos poderes cuentan con recursos para reunir el 15 por ciento de votantes del padrón electoral que requeriría la revocación del mandato. Para despistarlo.

PARTIDOCRACIA CONTRA DEMOCRACIA EFECTIVA

2010-02-05T06:51:00.000-06:00

La Presidencia de la República relanza el debate sobre su iniciativa de reforma política electoral, subrayando que se trata de favorecer el status de ciudadanía, por su disociación de la política y de los políticos, y porque se quieren transformar las relaciones entre los poderes de la Unión, de manera más equilibrada y productiva. No le faltan razones objetivas al Presidente Calderón para proponer diez cambios que en sí son importantes, si se toma cada uno por separado, pero que les falta articularse en un conjunto coherente. No obstante, lo más adverso que enfrenta esa propuesta de reforma es la oposición del sistema partidocrático, del cual el propio Felipe Calderón se ha visto beneficiado. Es la partidocracia la que ha separado a representantes y representados, la que ha deteriorado el sentido de ciudadanía de los organismos públicos autónomos y la que ha entregado las llaves de la democracia a los poderes fácticos.

No es banal ni despreciable que Calderón apele al fortalecimiento de lo ciudadano en la escena pública, pues entre 2006 y 2009, la cantidad de votos nulos aumentaron en el país en un casi 45 por ciento (en Jalisco más del 54 por ciento), mientras el abstencionismo se sigue incrementando. El diagnóstico presentado en la reforma calderonista recoge demandas ciudadanas por mayor participación, nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes; gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas transparentes del uso de recursos públicos. El principal obstáculo para lograrlo, sin embargo, es la partidocracia y para eliminarla se necesita reformar, en primera instancia, la legislación relativa a los partidos políticos para regular su responsabilidad, tanto en sus mecanismos internos de funcionamiento democrático, como en lo que hace a la mercantilización y privatización que han hecho de la política.

Es inquietante que la iniciativa presidencial de reforma no se plantee esta dificultad, pues más que preocuparse por dar coherencia a los 10 puntos que ésta se propone modificar, la partidocracia hará los desarreglos necesarios para reproducir su poderío. Así, la reelección consecutiva por un máximo de doce años de alcaldes, jefes delegacionales, y legisladores federales, que en principio podría servir para premiar o castigar a quien tenga buen o mal desempeño público, respectivamente, podrá ser pervertida por la persistencia de camarillas y fracciones partidarias que se aseguren un voto duro, si no es modificado el esquema de financiamiento, de manera que limite el negocio en que se han convertido los partidos como maquinarias electorales. Negocio en contubernio con intereses mediáticos que desbordaron inclusive la reforma electoral de 2008, que intentó apuntalar un modelo no mercantilizado de propaganda electoral.

Así como hace falta una ley de partidos que regule su financiamiento y una actualización de la ley de medios que limite el poderío del duopolio televisivo, la reforma electoral necesita un proyecto más articulado de modificaciones a la institución presidencial y al conjunto de relaciones entre los poderes de la Unión. Tema que necesita mucho más espacio para su análisis, pero del cual pongo un ejemplo. A todas luces parece necesario mantener la figura de diputados plurinominales, pero la reforma calderonista no argumenta suficientemente por qué reducirlos a 140 en lugar de 200, y solamente se propone empoderar al votante para que éste defina el orden de prelación en los candidatos/as a Senador –la Cámara alta también se reduce a tres Senadores por entidad, bajo nuevos y complicados cálculos; se deja así en manos de la partidocracia un botín, aunque ahora menor, para que defina el orden en la lista de sus candidatos/as. Empero, veremos que también esta medida será torpedeada por la partidocracia.

ENTRE ESTAFADORES TE VEAS

2010-01-29T11:23:00.000-06:00

Es lamentable la falta de altura política que tiene el debate sobre la reforma política electoral enviada al Senado por Felipe Calderón en diciembre pasado. Empezando por el propio Presidente Calderón que parece tirarse a los pies, pues sus recientes declaraciones que califican de fraudulentos a partidos y legisladores, exacerban su desencuentro con el Poder Legislativo y con todos los partidos de oposición; lo único que está logrando con ello es que su iniciativa sea desechada en la Cámara alta. Se pueden adivinar algunos objetivos en la propuesta de reforma calderonista: primero, el fortalecimiento del Presidencialismo, mediante los intentos por acotar la actividad parlamentaria cuando el Poder Ejecutivo envía sus iniciativas, pues la reforma propuesta fortalece la capacidad de veto presidencial, exige mayor agilidad al Congreso de la Unión en sus debates e invita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar iniciativas legislativas propias.

En segundo lugar, otro objetivo subyacente en ese proyecto legislativo de Calderón es aceitar los mecanismos de legitimidad presidencial, del sistema político y de partidos, frente a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En los 10 puntos contenidos en su iniciativa, destacan preocupaciones compartidas por ciudadanos/as sin partido en torno al desapego entre representantes y representados, así como por actualizar la legislación electoral en un marco en el que contrasta un creciente abstencionismo, aparejado con una manifestación organizada del voto nulo, y elecciones altamente competidas cuyos resultados dejan insatisfacción e incertidumbre. Sin embargo, la propia ilegitimidad del gobierno calderonista, resultante de un proceso electoral fuertemente cuestionado, le deja sin autoridad moral para sustentar la autenticidad de su llamado a esa ciudadanía inconforme. Se trata además de una Presidencia del país que no consultó a la nación antes de lanzar su iniciativa y que solamente apela como interlocutores a “notables”.

La maquinaria partidista que acertadamente criticó Calderón, se ve amenazada por el carácter supuestamente autoritario de su propuesta. Pero, su inconsistencia y desarticulación interna, aunada a la debilidad de sus interlocutores, convirtieron esa iniciativa en papel mojado. Cada uno de los 10 puntos de la reforma propuesta tienen potencialidades y limitaciones, que si se discuten aisladamente no pueden presentar una oferta legislativa convincente. Así, un Presidente sin proyecto de Reforma de Estado y un sistema partidocrático negado a perder canonjías, produjo un contexto que dinamita una oportunidad histórica de transformar radicalmente la legislación electoral y ordenamientos legales conexos, en torno de la cultura política de participación ciudadana, transparencia con derecho a la información, rendición de cuentas, defensa y promoción de derechos humanos, procuración oportuna y eficaz de justicia. Se tiene que ir más lejos que la reforma de la institución presidencialista y la relación entre representantes y representados.

Quienes estafan a la ciudadanía -aunque aquí no se puede descalificar a todos los representantes electos como estafadores-, están incapacitados para cumplir con esa reforma electoral estructurada con la urgente reforma de Estado. En los foros de debate convocados por el Senado en torno de la reforma calderonista propuesta, lo que destaca es la falta de voluntad de los representantes electos para avanzar hacia una mejor legislación que apunte, aunque sea gradualmente, a la transformación de un Estado abierto y convocante a la participación ciudadana y dispuesto a someterse al escrutinio y sobre todo al mandato ciudadano. Aquella consigna zapatista de “mandar obedeciendo”, no es retórica, pero ante la incapacidad de los representantes electos para estructurar los cambios requeridos, que son de época, de Estado, y no simplemente cambios cosméticos, se fortalece una nueva-vieja idea: la de un pacto constituyente pacífico que integre y estructure una sociedad democrática y participativa. Que excluya a estafadores/as.

SOLIDARIDAD CON HAITÍ

2010-01-15T06:27:00.000-06:00

Dice la sabiduría popular: “al perro más flaco, se le cargan más las pulgas”. Así lo muestran las tragedias originadas por una mala convivencia entre nuestras sociedades y los desastres naturales. El país más pobre de América, situado en un Caribe convulsionado irremediablemente por su geografía, está cada vez más debilitado para enfrentar los riesgos naturales. Pero, más cruel aún ha sido su conflictiva historia, la que arrojó a su muy inmensa mayoría a la pobreza, la inseguridad, la exclusión y la vida desprotegida. El olvido de los pobres por sus clases pudientes, aunado al desencuentro de la comunidad internacional por una resolución de fondo, contra dictaduras y autoritarismos reinantes en distintos momentos, no pudo disimularse por las operaciones de paz impulsadas por Naciones Unidas. La llegada a esa isla de Cascos Azules, inspirada en el polémico concepto de Ingerencia Humanitaria, acentuó la dimensión militar del conflicto sin contribuir radicalmente a la democratización haitiana.

El primer país latinoamericano en declarar su independencia, en 1804, se alejó de Francia, pero los mulatos francófonos suplantaron a los colonizadores y los negros hablantes de creole siguieron oprimidos y discriminados desde entonces. Un reportaje de BBC Mundo habla de la combinación de cinco crisis que azotan a Haití;
1) La inestabilidad política y la violencia, herencia de crueles dictaduras que tiñeron de sangre por casi doscientos años a esta pequeña porción de la Hispaniola, segunda isla en tamaño del Caribe, cuya mayor parte ocupa República Dominicana. Entre 1957 y 1986, las dictaduras de François Duvalier y luego de su hijo Jean Claude, apodado “Baby Doc”, coronan el autoritarismo que sería combatido hasta 1990 en que Jean Bertrand Aristide se convierte en el primer presidente electo democráticamente. Derrocado un año después, por fuerzas ligadas al antiguo régimen, la experiencia de Aristide, emergida desde un movimiento católico de base, se intento continuar entre 1994 y 2004, alternando con René Preval, actual presidente haitiano desde 2006. Prevalece la polarización política y la violencia cotidiana.
2) Pobreza, analfabetismo e inequidad conspiran permanentemente contra la estabilidad política. Internamente desgarrado por pandillas y diversos grupos del crimen organizado, Haití, es objeto de la intervención humanitaria desde 2004. Permanecen, sin embargo, los problemas estructurales: siete de cada 10 habitantes son pobres, que viven con menos de US$2 al día; 56% dispone menos de un dólar. Haití ocupa la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano. Sólo el 52,9% de la población está alfabetizada; se calcula que un haitiano no vivirá más de 60 años. Tres de cada 10 personas tienen acceso al sistema de salud. 2,2% de la población adulta vive con VIH/sida; Haití está entre los 30 países con mayor tasa de prevalencia en el mundo. Los mulatos francófonos, el 1% de la población, son dueños de casi la mitad de las riquezas.
3) Dependencia de la cooperación internacional, para la importación de alimentos pues la producción propia sólo abastece el 46% de las necesidades. Hay frecuentes disturbios ocasionados por la escasez y el alza de precios. Aunque se ha cancelado la mayor parte de deuda, 60% del presupuesto nacional se alimenta de recursos externos.
4) Entre 2001 y marzo de 2007, los desastres naturales dejaron más de 18,000 muertos y 132,000 personas sin hogar. 6.4 millones de personas resultaron afectadas. En 2008 se perdió el 60% de las cosechas por los embates de cuatro tormentas tropicales durante tres semanas.
5) Tres cuartas partes de la demanda energética se satisface con la madera. La mitad del país está erosionada. La superficie forestal hoy es apenas menos del 2%.
Superar esas crisis requiere nuestra firme solidaridad con el pueblo haitiano.

2010: CENTENARIO, BICENTENARIO, CONSTITUYENTE

2010-01-08T23:02:00.000-06:00

Una de las conclusiones más relevantes que deja 2009, es la necesidad de contar con elementos de fondo para solucionar la crisis que enfrenta nuestro país. Con el peor desempeño económico de los 75 últimos años, México tuvo la tasa negativa más acentuada de Latinoamérica; una de las peores del mundo. Violencia, inseguridad, patología del miedo, crecieron vertiginosamente. Desencanto con el sistema político y de partidos, hundimiento de la legitimidad de la inmensa mayoría de representantes, prepotencia de los llamados poderes fácticos en la vida pública nacional, signaron unas elecciones intermedias que si bien convocaron a casi la mitad de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, una parte importante de los votantes lanzó un mensaje de alerta sobre las urgencias que agobian al sistema político, a través de la anulación conciente del voto. Cerca del 6 por ciento del total de votos emitidos.

Algunos planteamos que 2010 tiene un valor emblemático, cuya lectura por los actores sociales y políticos del país es heterogénea. Ello tiene que ver, por un lado con la concepción de la historia y el peso de dos aniversarios fundadores de la actual nación mexicana: la Independencia y la Revolución. Por otro lado, esta conmemoración tiene relación con las aspiraciones que llevan a actuar en el presente; unos interpretan esta fecha emblemática como oportunidad para revivir la capacidad de movilización de ese ente ahora tan polimorfo que es el Pueblo: hacer oír el grito de los excluidos; otros, quisieran que esta fecha se registrara como una suerte de borrón y cuenta nueva, que en todo caso permita nuevos logros para la industria turística, con una renovación escenográfica de los símbolos históricos, pero sin cuestionamiento alguno sobre los orígenes de ambos conflictos.

El gran historiador Luis González y Gonzalez, planteaba que había tres tipos de seudohistoria y una historia de carne y hueso. La “seudohistoria de bronce”, se dedica a exaltar las figuras protagónicas de la historia, como si sólo héroes y heroínas marcaran los acontecimientos. La “seudohistoria de antiguallas” recoge anécdotas y hechos aparentemente significativos, pero se endiosa con los documentos y la sofisticación con que cada historiador los presente. La “seudohistoria computarizada”, es la que enfatiza los aspectos cuantitativos, generalmente asociados con la economía y las cuentas, la gráfica y la estadística como fin en si mismas. Pero esa historia que hacemos las personas de carne y hueso, solo se logra con oficio y capacidad de interpretación desde una escala humana de valores. La historia no es patrimonio de especialistas, pues ella da identidad y sirve de guía para actuar en el presente y dar sentido de futuro a la acción social.

En este 2010, necesitamos entonces hacer y reconocernos en una historia que nos implica. Hacer monumentos, remodelar y conservar el patrimonio arquitectónico es necesario, pero insuficiente para dar un proyección a ese pasado que condiciona nuestro presente. Por ello, la conmemoración de la Independencia y de la Revolución necesita tanto del historiador especialista que la reconstruya y la interprete, como de una reflexión colectiva, que dinamice y le dé sentido incluyente, que sea capaz de aprender del drama de la violencia encerrada en la cerrazón de la clase dirigente y de los pudientes que la alimentan, así como de los poderes fácticos que la manipulan impunemente, sean narcotraficantes o jerarcas eclesiales o poderes materialistas incontrolados. Algunos propusimos que 2010 podría marcar el inicio de un proceso pacífico constituyente. 14 años después de iniciada la Independencia, 7 años después de la Revolución, se pudo fundar un pacto constitucional ¿Por qué no iniciamos por reconocer esta potencialidad emblemática de 2010, imaginando la Constitución General que necesitamos?

PÓLVORA MOJADA

2009-12-18T05:04:00.000-06:00

A Diego Petersen, por los caminos compartidos

Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.

La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.

Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.

Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.

Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.

RETROCESOS LEGISLATIVOS

2009-12-10T13:07:00.000-06:00

La cultura parlamentaria brilla por su ausencia en el Congreso de la Unión, tanto como en el Congreso local jalisciense. Dos muestras recientes ilustran que las leyes se hacen al vapor, sin sustento en consultas públicas, e insuficientemente discutidas sobre bases técnicas relacionadas con las materias que discuten los Diputados y Senadores. A cada legislación se le pueden encontrar motivos de negociaciones políticas, cada vez más ligadas con la mercantilización de la democracia a favor de los poderes fácticos: esos que nadie ha elegido pero que deciden en los hechos buena parte de los asuntos públicos. Muchas de las leyes que aprueban nuestros congresos pretenden también aumentar los privilegios de representantes y de autoridades electas que buscan, paradójicamente, relajar o debilitar el alcance de cierta legislación que les obliga a rendir cuentas, ser más transparentes en su actividad pública o en la información que generan y, por supuesto, en la auto asignación de recursos públicos.

Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.

CIUDADANÍAS EXTRATERRITORIALES

2009-12-04T06:33:00.000-06:00

Uno de los temas tratados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición de 2009, es el de las exigencias transformadoras que plantean las migraciones internacionales a la condición tradicional de ciudadanía. Esta supone la adscripción a un territorio y a una gama de derechos propios del ciudadano, pero la intensidad y masividad de las migraciones desborda las atribuciones que hasta ahora se conceden al Estado nacional, tanto en el lugar de residencia, cuando se trata de migraciones de retorno, como del lugar de acogida. La exigencia ahora planteada tiene implicaciones extraterritoriales, pues el migrante lleva consigo demandas de ciudadanía ahí donde viva y trabaje sea temporalmente, sea definitivamente cuando decide emigrar, y también sigue contando con la herencia de sus derechos adquiridos en su lugar de nacimiento.

El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.

Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.

Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.

MURO CONTRA DERECHOS HUMANOS

2009-11-13T21:31:00.000-06:00

Dos factores fueron decisivos para la caída del Muro de Berlín: la Gladsnost, demanda de transparencia, y la Perestroika, exigencia de reestructuración del modelo productivo; opacidad e injusticia quebraron al supuesto socialismo de Estado, que se burocratizó y alejó de la sociedad. Dos demandas que se expresan en una aspiración que hoy se sintetiza en los indisociables derechos económicos, sociales y culturales, cuya defensa y promoción ha cobrado centralidad en nuestras sociedades contemporáneas. El Estado mexicano erigió un muro contra los derechos humanos (DDHH), al imponerles una visión estrecha concebida como instrumento de manipulación política. Nuestra debilidad democrática, manifiesta en la persistente violencia política de las instituciones contra el Estado de derecho, impuso que se enfatizara la defensa de los derechos políticos, individuales y colectivos, en la figura del Ombudsman pero, simultáneamente, se relegó una concepción integral de los derechos humanos desde la visión estatal. No sin resistencias, crecieron los organismos defensores de una visión social integral de esos derechos. Paralelamente, aumentaron creencias desinformadas interesadas en descalificarlos: defienden la impunidad de los criminales; obstaculizan la eficacia de la mano dura; están contra la vida, por el libertinaje; amenazan la paz y la estabilidad.

Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el gobierno de Carlos Salinas y luego con la dirección de José Luis Soberanes, el muro producto de la visión estrecha e instrumental de los DDHH, se impuso como medio para que los poderes políticos y públicos, regionales y nacionales, evitaran la supervisión y vigilancia en torno a sus reiteradas violaciones en materia de derechos. Cortadas con el mismo patrón nacieron comisiones en los estados del país en las que, no obstante las buenas intenciones de ciudadanos/as que formaron su consejo directivo, fenecieron bajo la componenda y el engaño; las recomendaciones emanadas de prácticamente todas las comisiones estatales, incluida la CNDH, presentaron deficiencias por su falta de oportunidad, sin contundencia y sin seguimiento sistemático de sus aunque limitadas propias recomendaciones. Mediante prácticas clientelares frente a poderes constituidos o fácticos, se mintió y se engañó sobre el estado real de los DDHH en el país, en los estados. Debilidad ética de los responsables de tales comisiones, que dio pie a que los antivalores negadores de derechos pretendieran legitimarse ante la opinión pública.

Asfixiada por la opacidad, sin rendir cuentas de su presupuesto, sin ser sometida a evaluaciones de su desempeño, la CNDH reforzó su carácter de botín para las negociaciones partidocráticas, en complicidad con poderes instituidos deseosos de escapar del escrutinio sobre sus violaciones sistemáticas de los derechos más elementales. Al darle voz protagónica al miedo a la libertad y al reforzar la impunidad se devaluó la gestión pública de los DDHH. Por ello, una gran cantidad de organismos sociales comprometidos con la defensa de esos derechos consideran un agravio que los Senadores del PRI y del PAN hayan optado por la continuidad de las prácticas contrarias al derecho que implantó Soberanes, al elegir a su delfín, Raúl Plasencia Villanueva como Titular de la CNDH. Sobre él pesan deudas heredadas por omisiones de su antecesor, en las cuales Plasencia contribuyó como Primer Visitador en esa institución: represión en Oaxaca; conflicto de Atenco; impunidad de culpables en la matanza de Acteal; falta de esclarecimiento de la tortura y tratos crueles en Guadalajara, con motivo de la marcha contra la Cumbre Eurolatinoamericana; pederastia; atentados contra los derechos reproductivos de las mujeres. Crece el muro. Con este nombramiento se cancela la posibilidad de una Comisión de Estado autónoma, profesional, eficaz, oportuna y fuertemente comprometida con la defensa de las víctimas y de los derechos humanos integrales de todos y todas.

DECISIONES CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2009-11-06T05:43:00.000-06:00

Nuestra vida política presenta una disputa permanente en torno al poder de decisión sobre los asuntos públicos. México es un caso donde predominan las decisiones verticales que no se consultan suficientemente entre la ciudadanía y que, además, se concentran en las instituciones de los tres poderes gubernamentales. Sesgo verticalista que se acentúa por el papel que juegan los partidos políticos en la negociación de las cuotas de poder, afianzadas en las decisiones relativas a la esfera pública, para favorecer tal o cual fracción o grupo político partidario.

El gobernador Emilio González, busca afanosamente recuperar el poder perdido por el Ejecutivo estatal. Propone reformas a la Constitución local que le regresen al gobernador la facultad de proponer a magistrados del Poder Judicial ante el Congreso del Estado, y la desaparición del Consejo de la Judicatura, de manera que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) retome sus atribuciones, pues la Judicatura “no ha cumplido de forma oportuna con sus obligaciones”. En medio del desencuentro entre el Presidente del STJE, Celso Rodríguez, que encabeza también el Consejo de la Judicatura, y los cuatro Magistrados Consejeros, quienes piden juicio político en su contra, en el fondo se debate el poder de decisión entre el Ejecutivo y la autonomía de un organismo público que, lamentablemente, no supo articular los intereses legítimos de los profesionales del Derecho ni a una ciudadanía sedienta de Jueces que procuren justicia eficazmente.

Otras propuestas del gobernador jalisciense son contrastantes. Una es plausible: modificar la fórmula para calcular el dinero que se otorga a los partidos políticos, de manera que se reduzcan en un 43% esos recursos públicos, pues al haberse ajustado la legislación local a la federal, los partidos recibieron en 2009 incrementos mayores al 500 por ciento en su financiamiento público. 2010 no es año electoral, por lo que parece atinado reducir del 65 al 35 por ciento del salario mínimo por cada elector inscrito en el Padrón. Fórmula que algunos propusimos se calculara en función del número de votos válidos obtenidos por cada partido, que expresa mejor el desempeño partidario. Pero nuestra opinión ciudadana no tiene poder para influir en las decisiones gubernamentales. Otra propuesta del gobernador es que no se suspenda el pago de la tenencia vehicular, a pesar de una extensa demanda en su contra que incluye el reclamo a Felipe Calderón por no haber cumplido con la promesa electoral de suprimirla. No se analizaron medidas como la tomada por el gobierno de Querétaro que ya no cobrará ese impuesto en 2010. La ciudadanía es ignorada una vez más.

En áreas públicas donde habría que instituir o ampliar la participación ciudadana, no se tienen propuestas de reforma constitucional local. Dos botones de muestra: la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío y, en general, la planeación del transporte público, particularmente de la Fase II del Macrobús. Aunque nuestra legislación local prevé que obras de gran magnitud cuenten con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que supone consultas a la población afectada por esas obras y no obstante que la legislación ambiental pide que se haga manifestación del impacto que esas obras tendrán sobre su entorno, ni siquiera esas medidas de racionalidad pública ya vigentes se cumplen. Análisis calificados y posiciones ciudadanas dan argumentos sólidos que cuestionan la pertinencia de construir en El Bajío la Villa Panamericana. Igualmente, la planeación del transporte público en Guadalajara es motivo de conflictos entre las empresas “camioneras”, los habitantes de las zonas por donde pasan los macrobuses y los intereses del conjunto de la ciudadanía. No contamos lamentablemente con espacios de consulta ciudadana donde se diriman esos intereses encontrados.

MÉXICO COMO PROBLEMA DE CAJA

2009-10-30T14:01:00.000-06:00

A la memoria del Negro Guerrero

Estamos atados, como país, por la tozudez gubernamental comprometida con la reproducción de un modelo socioeconómico y sociopolítico fracasado, del que la mayoría de países del mundo toman distancia. Un modelo orientado a la exportación industrial de bienes y servicios, sustentado en la obtención a toda costa de estabilidad macroeconómica, aunque ésta se acote al sistema financiero y al control de las finanzas gubernamentales. En eso están empeñados también los poderes de facto que operan legalmente y la inmensa mayoría del sistema político y de partidos nacionales y regionales. Atadura al modelo que se acentúa por un financiamiento público que está pensado como problema de caja, de haberes y deberes monetarios, fieles a estrategias concentradoras del ingreso y al impulso de capitales exportadores, pero que se contrapone con un proyecto de país incluyente capaz de superar la crisis actual.

Varios países han entendido que, ante esta crítica coyuntura, toca fortalecer la potencia pública redistributiva con proyección social. Que se necesita rectificar la estrategia de financiamiento público orientada hacia los grandes capitales, y que se necesita dar cabida a otras iniciativas colectivas de pequeña escala que están mostrando ser más eficientes y eficaces que esos grandes negocios sedientos de subvenciones y privilegios fiscales. Así lo muestra la reciente premio Nobel de Economía Elinor Ostrom. Paradójicamente, esta proyección social necesita de un Estado fuerte, pues la redistribución del ingreso implica compartir responsabilidades fiscales, en el marco de un pacto social nacional y regional asociado a un proyecto de país. No una negociación de suma cero, como se lo propone el actual sistema político y de partidos, sino un juego de suma creativa en el que todos/as ganamos, aunque ello implique ceder privilegios por todas las partes.

Reconocer que el modelo actual fracasó y que la mentalidad de contador es insuficiente –pues no podemos prescindir de ella-, podría llevarnos hacia un escenario de búsqueda y afirmación de otro país distinto al que tenemos. La actual reforma fiscal está pavimentando el camino para que en 2010, con toda su carga emblemática de libertad y justicia social, haya una explosividad social en la que converja el peso de la crisis. Algunos partidos y diputados varios, se muestran sensibles ante la conflictividad social exacerbada por el irrestricto apego gubernamental a este modelo, favorecedor del gran capital y depredador de todas las dimensiones que comprometen nuestro futuro.

Necesitamos trascender la idea que el impuesto al consumo, el IVA, es democrático porque pagan más quienes más consumen, mientras que el Impuesto sobre la Renta, inhibe la inversión capitalista al disminuir desproporcionadamente las ganancias. Los asalariados somos tratados como rentistas y a pesar de ello seguimos siendo la principal fuente de captación de ingresos fiscales en el ISR. Las grandes fortunas no pagan impuestos y la voluntad política gubernamental es seguir favoreciéndolas. Se impone el narco como modelo económico (aunque le hayan jalado las orejas al Subsecretario de la SAGARPA por decirlo): atención privilegiada a las señales del mercado; negocios sin subsidios públicos contables; Estado regulador ausente.

La evasión fiscal de los ricos y de la economía informal que esconde dinero negro proveniente del crimen organizado, pudiera ser la principal fuente de captación fiscal, pero el deterioro del sistema político con sus intocables cínicos salarios, con la falta de rendición de cuentas sobre un desempeño público que dilapida el erario, impiden que las prioridades se discutan socialmente. Así, nos quedamos sin proyecto de país, sin posible calidad de vida, sin salud ni educación ni programa científico-tecnológico; con muchos pobres. Sin ver hacia el mercado interno; sin consultas sociales sobre el país que deseamos.

LEGITIMIDAD Y CONFIANZA; OTRA PRUEBA

2009-10-16T16:14:00.002-05:00

Por sobradas razones, la sociedad mexicana atraviesa por una era de desconfianza en lo que respecta a la vitalidad y fuerza que corresponde a los organismos públicos autónomos (OPA’s). Se cuestiona, crecientemente, la legitimidad con que se toman las decisiones por parte de las instituciones responsables de elegir a los consejeros de tales organismos, supuestamente autónomos de los poderes constituidos, y particularmente de los poderes fácticos que gobiernan este país. No se ejercen los contrapesos frente a esos poderes ni se vigila adecuadamente el desempeño de instituciones, funcionarios y las políticas públicas relacionadas con el apego al derecho, para lo cual los OPA’s cuentan con atribuciones constitucionales. Situación determinada por la manera en que se nombran los consejeros y principalmente quienes encabezan esos organismos, pues se impone la negociación de cuotas de poder entre los partidos, bajo criterios patrimonialistas y clientelistas.
El caso de las consejeras que se nombraron en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es la muestra más reciente que alimenta la desconfianza ciudadana de cara al papel cada vez más subordinado de estos organismos frente a los poderes constituidos. Es inquietante también que para lo que se usa la autonomía sea para defender aumentos presupuestales desmedidos, sin tomar en cuenta la austeridad requerida por el país en momentos críticos como el que vivimos. Así, los consejeros del IFE y del INEGI cumplieron con las lealtades exigidas por quienes los eligieron bajo compromisos patrimonialistas: incrementaron más que cualquier otro organismo público un presupuesto que beneficia a los partidos políticos, y aumentaron sueldos y plazas en esas instituciones que terminan por constituirse en jugosos botines que dan empleos “dorados” a los aliados del poder en turno.
Una prueba en torno a la legitimidad y confianza que podrían recuperar los OPA’s, es la elección-designación del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera limitación es que no se hace una evaluación del desempeño del titular saliente, en términos de una rendición de cuentas que tenga consecuencias legales y administrativas. Aunque las atribuciones constitucionales de estos organismos son claras, no se cuenta con un proyecto institucional que pueda enriquecerse con los aciertos logrados y con los mecanismos correctivos necesarios para evitar las fallas registradas. La actual CNDH no se caracterizó por su autonomía frente a los poderes constituidos, ni supo evitar las presiones de los poderes fácticos, como los grandes empresarios, particularmente de los medios electrónicos, y de la jerarquía católica; tampoco incidió sustantivamente contra el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, ni actúo oportunamente contra la criminalización de los movimientos sociales opositores al régimen.
A pesar de las patentes limitaciones de las consultas convocadas por el Senado de la República para la elección-designación del nuevo titular de la CNDH, se levantan voces calificadas y adhesiones de organismos civiles con diversas candidaturas. Ante la multiplicidad de propuestas que surgen, es imperativo privilegiar aquellos criterios que fundamenten la autonomía intelectual, la experiencia en tan sensible campo, evaluado negativamente por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la honestidad comprobada, aunada a la capacidad del proyecto presentado por los candidatos para revalorizar una agenda integral de derechos humanos que incluya sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Destacan dos candidatos que reúnen ampliamente todos los requisitos: Guadalupe Morfín Otero y Emilio Álvarez Icaza. Su buen desempeño en responsabilidades directamente ligadas con la promoción y defensa de derechos humanos, en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente; su valiente defensa de la autonomía frente a los abusos del poder, prometen recuperar legitimidad y confianza.

CIUDAD RURAL SUSTENTABLE

2009-09-25T06:00:00.000-05:00

Dentro de la estrategia de Ciudades Rurales Sustentables del gobierno de Chiapas, se anuncia que la población de once comunidades del municipio de Ostuacán, entre ellas Juan del Grijalva, sepultada por un tsunami de lodo hace unos meses, se trasladarán en breve a su nuevo hogar, la Ciudad Rural Sustentable "Nuevo Juan del Grijalva", donde pasarán “de una realidad sin servicios básicos, sin escuela y sin actividades productivas para su desarrollo a un lugar donde contarán con actividades productivas que les garantiza alimentación e ingreso digno, todos los servicios básicos y conectividad vía telefonía local, celular e Internet.” Magdy Martínez, coordinador de la ONU en México, afirmó a finales de julio pasado, luego de ser cuestionado sobre si este tipo de ciudades podrían ser el ejemplo mundial, que "hay que vivir el traslado de las comunidades que hoy por hoy todavía están dispersas que están en los campos, si se proyecta como un modelo que podría tener éxito, tengo que decir que habiendo comprobado cuantas veces un proyecto de estas características han fracasado creo que aquí estamos cerca del éxito". La clave de este proyecto es que convierte la política social en política de empleo y que genera la oferta concentrada de servicios de base urbana.

El drama que viven las localidades dispersas en México es el aislamiento aunado a la imposibilidad de contar con servicios urbanos. Con las Ciudades Rurales, de las cuales Nuevo Juan del Grijalva se propone como prototipo, se enfrentan los problemas relativos a la difícil situación de vida de los chiapanecos, frente a la dispersión en que viven los más de 268 mil 500 habitantes en 14 mil 587 localidades, con menos de cien habitantes. Los contrastes entre concentración y dispersión poblacional en el país dan idea de la magnitud del desafío, pues de acuerdo con el conteo de población de 2005, existen en el país 187 938 localidades, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2 500 habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100 mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes. 83 161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión de las localidades y la atomización de parte de la población rural. El 96.6% de las localidades tiene menos de 100 habitantes.

Mientras que en las localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del país, en el otro extremo, en las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3 por ciento. Desde que apareció la planeación regional en México se soñó en formatos voluntaristas para concentrar la población en el territorio y así hacer “rentable” la oferta de servicios. En Nuevo Juan de Grijalva se constituye una experiencia piloto que sin embargo no podrá ser reproducida como una propuesta de concentración poblacional viable, pues el ámbito rural está condicionado por el arraigo a la tierra y a la propiedad que asegure su explotación agropecuaria. Aunque sea acertado concebir esta concentración poblacional como parte de una política de empleo, la fuerza de la globalización impone la desigualdad en el desarrollo rural: por una parte la concentración de tierra y la expulsión de población dispersa, pues entre 2000 y 2005 hubo 11 453 localidades menos; pero por otro lado, se mantiene dispersa a la inmensa mayoría de habitantes en localidades cada vez más pequeñas por el abandono implicado en las migraciones internas e internacionales.

SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES DESDE LATINOAMÉRICA

2009-09-18T07:32:00.000-05:00

Del 31 de agosto al 4 de septiembre pasado, se llevó a cabo el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). La convocatoria de unos 5 mil participantes de la mayor parte de los países de la región, la más amplia de su historia, vino a romper una suerte de estigma que había impedido la realización de congresos de ALAS en Argentina, desde que hace 58 años se realizara el primero de ellos en Buenos Aires, en 1951. La decana organización de sociólogos de América Latina, se reencontró con su historia, en la continuidad de las discusiones con que nació, pues hay disyuntivas y paradojas del pensamiento social que permanecen, pero sobre todo se encontró ante el desafío de dar sentido a su historia con un horizonte de sentido social transformador.

En su devenir, esta asociación ha enfrentado permanentemente el dilema entre institucionalizarse para reafirmar y potenciar sus logros, dentro de una cierta estabilidad que garantice mayor organicidad y eficacia en su incidencia sobre la transformación social, y por otra parte, la de mantenerse como un espacio de convergencia con mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a las incertidumbres de nuestra cambiante realidad social. La ALAS se divide permanentemente entre optar exclusivamente por una comunidad científica y gremial formada entre pares, o constituirse en un movimiento social intelectual, pero parte de su originalidad se reconoce en afrontar creativamente este dilema, haciendo actividades en ambos sentidos. Hay un desgarre original en esta Asociación que lo explica, pues desde los 50 se debaten los límites entre una “filosofía social” más preocupada por el modelo interpretativo y una visión más apegada al dato fruto de la investigación sobre el terreno. Unos eran los sociólogos de Cátedra y otros eran los “hechólogos”.

Durante los últimos diez años, ALAS se ha decantado al optar por convertirse en un movimiento intelectual permanente, que no existe solamente en el momento de los congresos, pero que impulsa el debate teórico y metodológico implicado en el pensamiento crítico de manera sistemática, entre su comunidad científica y su organización gremial y particularmente universitaria. Sociólogos y científicos sociales, de ambos géneros, encuentran cada vez más limitado su mercado de trabajo y enfrentan además la paradoja de su interpretación crítica de la realidad social, opuesta a la imposición de criterios mercantiles o de utilitarismo político de sus conocimientos.

Pero, ante la complejidad de las sociedades latinoamericanas, hoy tan visible en el amplio campo que tenemos para criticar, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa nos ofrece su visión sobre la teoría crítica como “aquella que no reduce «la realidad» a lo que existe. La realidad, como quiera que se la conciba, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe.”

Durante estas cuatro últimas décadas, la sociología y las ciencias sociales buscan nuevos paradigmas acordes con desafíos de transformación y recuperación social. Desde nuestra región, se participa en discusiones mundiales y formulación de teorías de la acción social, adecuadas a nuestro entorno local y nacional, que penetren el entramado cultural, axiológico y científico de las ciencias sociales, alejadas del empirismo y el pragmatismo dominante en las ciencias anglo-euro-sajonas. Ni hechólogos fascinados con el dato, ni intérpretes aislados del actor social, sino pensadores/as críticos.

III INFORME, PARA BIEN Y PARA MAL

2009-08-28T01:13:00.000-05:00

Para bien, el Informe presidencial perdió su carácter ritualista: aplaudir el presidencialismo concentrador del poder que elevaba la impunidad a rango constitucional. Sin rendir cuentas, ese poder metaconstitucional del Presidente sembró falsas expectativas en un proyecto de nación confiado a una sola persona, por supuestas mostradas capacidades para operar pactos políticos nacionales, por supuestas legitimidades para representar a la nación hacia adentro y hacia fuera, por saber usar inteligentemente los márgenes discrecionales de poder en las instituciones gubernamentales. El Señor Presidente podía mantener la “paz social” y, al mismo tiempo, ser el factótum de la seguridad, el experto en estrategias económicas adaptadas y adaptables al entorno internacional. El infaltable “mensaje político”, era traducible inmediatamente en mensajes publicitarios que enunciaban logros favorecedores del mando unipersonal más fuerte del país, y que también anunciaban las principales medidas a seguir durante el año subsiguiente.

Para mal, el Informe presidencial deja de interpelar a la nación. No es que antes lo hubiera hecho, pues los medios electrónicos no lograron sustituir al “pueblo de México”. Inclusive, nos dimos cuenta que esos medios, en manos de una parte de los poderes que de facto gobiernan al país, solamente están interesados en difundir mensajes que organicen la información a su favor, sin importarles la manera ciudadana de procesar los mensajes presidenciales recibidos, ni menos aún están interesados en procesar y regresar los mensajes que emergen desde la ciudadanía hacia la Presidencia de la República y sus instituciones. Ciertamente, tenemos un presidencialismo más acotado que antes y mayor autonomía entre los poderes republicanos, pero el sistema político y de partidos han sido incapaces de diseñar dispositivos de comunicación social y todavía menos de concebir e institucionalizar formatos de participación social que consulten, trasmitan, comuniquen, los muy vapuleados Sentimientos de la Nación, Morelos dixit.

Para bien, la disminución del protagonismo presidencialista dio mayor visibilidad a los otros poderes y hasta registramos momentos de dignificación del Poder Legislativo, cuando este interpeló de manera aguda, documentada, los informes presidenciales. Paralelamente al debilitamiento del presidencialismo, hubo mejoras en la concepción y negociación de la agenda legislativa y hemos convivido con algo que era impensable bajo el régimen de partido de Estado, en eso que llamamos gobiernos divididos, donde el Ejecutivo federal está obligado a razonar sus iniciativas de ley con fuerzas diferentes a las de su partido político. Además, aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores pierde fuerza, las relaciones entre el Presidente y los gobernadores estatales se reformula constantemente. Ya no hay los hombres fuertes, como delegados políticos del presidente en los estados de la Federación.

Pero, para mal, la debilidad presidencial se refugia en el fortalecimiento del Presidente como jefe de partido que ante el déficit de cultura parlamentaria y la separación creciente entre representantes y representados, privilegia la negociación discrecional de cuotas de poder sobre el presupuesto y sobre los organismos públicos autónomos que, como lo denunció el proceso electoral reciente, fortalecen a la partidocracia y la convierten en solitaria interlocutora de la política presidencial. Seguimos faltos de un diálogo directo entre el Presidente y los legisladores; si el mensaje político hacía visible el proyecto de país presidencial, continuamos silenciados sin poder expresar nuestra evaluación del desempeño gubernamental, sin que éste nos rinda cuentas. ¿Cómo decirle a Felipe Calderón que su aferramiento al modelo neoliberal orientado a la exportación fracasó? Una economía que decrecerá un 10% este año, que no fortalece empleo ni poder adquisitivo del salario, que militariza la seguridad, que criminaliza la protesta social y que confunde autonomía entre poderes con complicidad en asuntos de justicia ¿cómo interpelar esa “información”?

ACTEAL: PERCEPCIONES DISÍMBOLAS

2009-08-21T01:19:00.000-05:00

Como sociedad, tenemos distorsionada nuestra percepción sobre la relevancia de los acontecimientos que influyen definitivamente en nuestras vidas, aunque parcialmente hay grupos que buscan dar un sentido a sus percepciones, particularmente sobre la dimensión de la crisis actual, quienes además imaginan posibles acciones para cambiar aquello que se percibe como negativo. Me llamó la atención al leer la edición electrónica de un diario nacional, que mientras una foto de la Señora Obama, bajando del avión presidencial en shorts luciendo sus largas piernas, suscitó 36 comentarios de los lectores, la noticia sobre las actividades de los indígenas inculpados en la matanza de Acteal, polémicamente liberados, tan solo suscitaron dos comentarios.

La evasión frente a los problemas nos impide tener una percepción atinada sobre la realidad que nos aqueja. No obstante, gracias a los intentos por comunicar una interpretación documentada y sensata de los acontecimientos, encontramos también otras miradas, otras percepciones, que apelan a nuestra capacidad de razonamiento. Es el caso del comunicado emitido por varios organismos defensores de los derechos humanos, el sistema de universidades jesuitas en México y diversas personalidades públicas, que llaman la atención sobre la pérdida de sentido de justicia, pues “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal.”

En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa “decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad”. La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN “confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.”

Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el Estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces Procurador General, ni sobre el entonces Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.

MITOS NORTEAMERICANOS

2009-08-14T01:19:00.000-05:00

La descafeinada reunión de líderes norteamericanos, concluida el lunes pasado en Guadalajara, no aportó resultados plausibles, pero acrecentó la mitología del Ser Norteamericano. Mitos que mayoritariamente no son inocentes y están inmersos en afanosas búsquedas de legitimidad. Realcemos algunos de ellos:

Somos una comunidad. Lo que no es sostenible por los choques de nuestras historias, nuestros desencuentros y divergencias culturales, mostradas desde nuestros orígenes como naciones independientes, se ha tratado de paliar por una comunidad artificial basada en formatos contractuales inventados y manejados por los poderes dominantes de Estados Unidos, Canadá y México. Se ha impuesto la idea práctica de que nos va mejor juntos, pero sin el sustento de una comunidad imaginada, querida, cultivada. Contra ese mito, hay una visión de comunidad sociopolítica que paradójicamente ha impulsado la imposición comunitaria de los gobiernos. Con vínculos horizontales y en diálogo con los pueblos originarios, surge nuestra Norteamérica social.

La integración nos trae prosperidad. Aunque imaginarios, los mitos tienen referencias ancladas en nuestras experiencias. Así, la integración silenciosa de Norteamérica hizo surgir mercados sobre los que se sobrepusieron redes sociales, principalmente ligadas con la migración internacional, mucho antes que la integración voluntarista concebida con el TLCAN reglamentara esos flujos y diseñara un mercado norteamericano para el beneficio de las clases más poderosas de los tres países. Más de 15 años de ese Tratado muestran que la doctrina del supuesto libre comercio no trajo consigo más empleos, mejores ingresos y mayor calidad de vida para la mayoría mexicana; fracaso que acentúa la crisis mundial actual, frente a la cual empieza a tambalearse otro mito: la perfectibilidad del TLCAN, mediante revisiones parciales, o incluso mediante su renegociación, pues lo que ahora identifican organizaciones sociales, en contra de ese mito, es la reformulación de las relaciones económico-comerciales norteamericanas bajo un paradigma post-neoliberal.

Hay un esquema de seguridad norteamericano. El mito que iguala la seguridad estadounidense con la seguridad norteamericana se ha impuesto. Desde una concepción que privilegia la seguridad doméstica aislacionista y la militarización del combate al enemigo externo, sea terrorista o narcotraficante, Washington ha impuesto sus parámetros en la idea de seguridad norteamericana. Aunque había expectativas en torno del gobierno Obama, por su propuesta de campaña sobre la elaboración de nuevos principios de política exterior, basados en la combinación de un poder suave-inteligente con el clásico poder duro, lo que impera es la supremacía de lo militar para el manejo del conflicto. El smart-soft power que aportaría comprensión de las complejas raíces de todo tipo de conflictos brilla por su ausencia. En contraste, el mito securitario otorga financiamiento al Plan Mérida y los gobiernos estadounidense y canadiense insisten en la criminalización de las migraciones internacionales.

Los norteamericanos compartimos valores democráticos liberales. En abstracto, los tres países norteamericanos tenemos elecciones periódicas, pacíficas y justas para legitimar el relevo gubernamental. En la práctica, más allá de las contradicciones electorales de cada país, en todos ellos se reproducen los problemas derivados de las democracias liberales representativas en cuanto a la limitación de derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanía, sin que se pueda identificar una aportación “norteamericana” que camine hacia mayor equidad, disminución de la concentración del ingreso, e incluso disminución eficaz de la pobreza, pues también en el Norte crecen los problemas relativos al empobrecimiento social. La Carta Democrática Interamericana no asegura la vigencia de derechos humanos básicos, de manera ostensible en México, a causa de su violación por parte de militares que están en “guerra” contra el narco, y la integración comercial no reconoce la asimetría mexicana, por lo que no hay políticas compensatorias que la contrarresten.
No se vive de mitos, pero como joden las relaciones norteamericanas.

CUESTIONADA SEGURIDAD NORTEAMERICANA

2009-08-07T14:23:00.003-05:00

Aún no se conoce públicamente la agenda de la reunión que tendrán los Presidentes de Estados Unidos y México, además del Primer Ministro de Canadá, en Guadalajara los próximos 9 y 10 de agosto. Aunque esa reunión no ha sido formalizada como una más de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se hacen periódicamente desde su fundación en 2005, hay temas tratados en esas reuniones, relacionados con la integración de esta región, así como de la agenda bilateral particularmente de las relaciones mexicano-estadounidenses, que son ineludibles. Asimismo, no podrán dejarse de lado las relaciones interamericanas que el nuevo gobierno de Barack Obama pretende construir hacia América Latina, pues la integración de América del Norte prefigura los temas privilegiados para Estados Unidos: la integración comercial como punta de lanza económica, la seguridad como asunto doméstico estadounidense, la democracia y los derechos humanos, desde la visión unilateral del vecino del Norte.

Es la primera reunión, no oficializada, de la ASPAN en la que participa el gobierno Obama, quien durante su campaña prometió (febrero de 2008) que durante su gobierno las reuniones con los mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar.” Promesa incumplida, pues la participación ofrecida no se concretizó en preparación alguna de esta reunión a la que hayan sido invitadas organizaciones sociales. Esta primera reunión trinacional enfrenta, además, una coyuntura particular en el plano económico, pues la peor crisis mundial desde 1929 fue afrontada sin ortodoxia neoliberal por el nuevo presidente estadounidense desde un refuerzo de la potencia pública del Estado para regular las ineficiencias del capitalismo y proteger las pérdidas de las empresas locomotoras de su economía.

Ese capitalismo regulado, aunado a las presiones neoproteccionistas de los sindicatos, propias de la plataforma del Partido Demócrata, hizo que la administración Obama propusiera la renegociación del TLCAN, con miras a elevar las exigencias de las llamadas cláusulas “verde”, por el cuidado ambiental y “azul” por las restricciones a la contratación de mujeres y niños, por debajo de la legislación laboral vigente. Los llamados Acuerdos paralelos, que introdujera el gobierno de Bill Clinton para condicionar la aprobación del TLCAN en 1994, ahora son parte de la promesa electoral de Obama para evitar que se creen empleos fuera de Estados Unidos, ante el creciente desempleo interno que genera la crisis mundial. Renegociación a la que se opone el gobierno de Felipe Calderón, porque sigue aferrado a los moldes del libre comercio basado sobre el modelo exportador y de la estabilidad macroeconómica, financiera, a toda costa.

La integración de América del Norte también significa mayor nivel de coordinación entre organizaciones sociales de los tres países involucrados. Desde esas redes se está proponiendo una renegociación del TLCAN con una agenda social, que vincule los temas del desarrollo económico con los de la seguridad. No se puede renegociar el tratado de libre comercio sin cuestionar el financiamiento del combate al narcotráfico, su militarización, la creación de la Iniciativa Mérida al estilo del Plan Colombia, cuyo gobierno recientemente acordó otorgar siete bases militares al Pentágono. No se puede dejar de lado la urgencia del pacto migratorio, ni las necesidades de seguridad alimentaria para los países golpeados por la apertura indiscriminada del sector agropecuario. La seguridad energética es otro tema ineludible, pues el modelo depredador que está agotando los recursos no renovables es insostenible. Prioritariamente, la seguridad democrática regional demanda un enérgico pronunciamiento de los tres gobernantes norteamericanos sobre el reestablecimiento del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras.

CUESTIONADA PROSPERIDAD NORTEAMERICANA

2009-07-31T14:34:00.001-05:00

Si alguien cree que la reunión de presidentes de los tres países de América del Norte, el 9 y 10 de agosto próximos en Guadalajara, no tiene relación con nuestras vidas cotidianas y con el futuro inmediato que éstas tomen, se equivoca. Para que la economía estadounidense se convirtiera en la máquina de arrastre más poderosa del mundo, necesitó primero subordinar a su principal socio comercial, Canadá, y luego, con la experiencia relativamente exitosa que significó el tratado de libre comercio con ese país, el gobierno estadounidense involucró a México en un tratado similar entre los tres países de América del Norte. En el TLCAN, Washington hizo una apuesta por la seguridad energética, al obligar a sus dos vecinos, que eran además sus dos principales proveedores de petróleo, a abastecer su siempre creciente demanda del energético.

La apuesta de la “diplomacia comercial” del Coloso del norte, fue también por dinamizar sus intercambios comerciales; con el TLCAN vendió más mercaderías manufacturadas que produce con menores costos, gracias en buena parte al bajo pago que se hace a migrantes documentados e indocumentados, y compró mercancías a bajo costo en todo el mundo, pero principalmente a sus dos socios norteamericanos a quienes obligó a entrar en el marco de productividad y competitividad de economías exportadoras cuya vanguardia lleva por mucho Estados Unidos. Así sucedió también con los servicios, particularmente los financieros; con las actividades agropecuarias y con cuanta actividad entró al TLCAN. A diez años de haber firmado ese tratado, los estrategas del libre comercio reconocían que les había sido favorable, pero la competencia con unas pujantes economías asiáticas y con la Unión Europea, además de la emergencia de China, como potencia económica, hizo que la diplomacia comercial estadounidense afinara su “alianza” norteamericana.

En 2005, los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox y George W. Bush, y el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, firmaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en Waco, Texas. En las reuniones anuales de esta Alianza, se han decantado los objetivos perseguidos principalmente por Estados Unidos. Se entiende la prosperidad como la ampliación del modelo económico basado sobre los principios neoliberales de la estabilidad macroeconómica a toda costa, notablemente del sector financiero; como la profundización del modelo exportador y privatizador, en lo que destacó el puntual cumplimiento del gobierno y de los empresarios exportadores mexicanos.

A pesar de que en México no prosperó el empleo con el TLCAN, aunque si progresaron las empresas oligopólicas exportadoras, se hundieron miles de pequeñas, medianas y microempresas no exportadoras. Sin embargo, la ASPAN impulsa una suerte de TLCAN-Plus, pero ahora apoyado en decisiones vinculantes entre los tres Ejecutivos norteamericanos, que no se someten a sus poderes legislativos respectivos y que acuerdan con las cúpulas empresariales de los tres países, de manera protagónica con el Consejo para la Competitividad de Norteamérica (NACC, por sus siglas en inglés), representada por 10 grandes empresarios de cada país.

La prosperidad también supone la participación social en la ASPAN, pero esta Alianza no ha mostrado capacidad de escucha. Frente a esa participación simulada, un vigoroso movimiento altermundista cuestiona las raíces neoliberales del modelo que propugna la ASPAN y propone varias medidas que podrían favorecer a México: la renegociación del TLCAN, particularmente en la sustitución del capítulo agropecuario por un acuerdo de cooperación y complementación para el desarrollo agroalimentario y rural de América del Norte; la renegociación del capítulo energético del TLCAN, con miras hacia una nueva matriz energética sustentable. Así como transparencia y rendición de cuentas en negociaciones y acuerdos tomados en las reuniones de la ASPAN, como la que habrá próximamente en Guadalajara.

2010, EL GRITO DEL HARTAZGO

2009-07-24T14:40:00.000-05:00

Ni partidos políticos, ni gobiernos, muestran sensibilidad en torno de la dimensión de la crisis; la sorpresa que traerá consigo el emblemático 2010 se anuncia en el grito del hartazgo, que no quieren escuchar. Las elecciones pasadas empezaron a trasmitir ese hartazgo y la manifiesta incapacidad del sistema de partidos para sacar lecciones del abstencionismo político, del voto nulo, del voto de castigo que fue también el voto con esperanza en cambios drásticos de las políticas públicas, se muestra en los conflictos internos por los que atraviesan el PAN y el PRD, tanto como en la falta de un programa de gobierno sustancialmente diferente del PRI, que parece embebido en su triunfo electoral. Como era de esperarse, la carrera por la candidatura presidencial nubla el horizonte de la vida política nacional. Mientras la Presidencia de la República busca afanosamente reproducir su modelo de operación política y sobre todo, la continuidad a toda costa del modelo económico orientado a la exportación, las fracciones de todos los partidos afinan sus estrategias para seguir beneficiándose del sistema partidocrático.

Ana Lilia Pérez, ofrece un panorama: “2010: la depresión que viene”, en el que recoge opiniones expertas sobre el negro futuro económico: pérdida del poder adquisitivo por el incremento real del 49 por ciento de la canasta básica (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados) Se perderán en promedio 1 millón de empleos formales este año. Cada día, casi 2 mil 800 mexicanos pierden su empleo. En la industria del transporte, el desempleo llega al 21.1 por ciento. La remuneración promedio para los trabajadores que aún tienen empleo, se contrae severamente. La moneda se devaluó en más del 50 por ciento en el mercado cambiario con respecto del dólar, al pasar de 9.94 pesos por dólar el 8 de agosto de 2008 a 15.35 pesos por dólar el 11 de marzo de 2009; aunque el peso comenzó a ganar terreno lentamente, su depreciación se ha mantenido en más del 40 por ciento.

El Banco de México, estima que la caída del PIB será del menos 10 por ciento, en 2009, el peor desempeño de Latinoamérica. Sin medidas anticíclicas, la crisis impedirá que millones de mexicanos puedan mejorar su calidad de vida. Incluso los que tienen ingresos regulares, pueden caer en la pobreza, y para los millones en pobreza extrema, su situación se agravará aún más. Durante 2010, la posición fiscal del país se verá aún más deteriorada ante la dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera. Como consecuencia directa de la crisis económica y el desempleo en Estados Unidos, en mayo pasado México registró la caída del 19.8 por ciento en el envío de remesas –la principal fuente de divisas después del petróleo. Además, los ahorros de los migrantes cayeron en promedio de 4 mil 600 dólares en 2007 a 3 mil 500 dólares en 2008, y a 2 mil 500 dólares en 2009. Al mes de mayo, la cartera vencida por tarjetas de crédito sumaba 33 mil millones de pesos (MDP). La de crédito a la vivienda, 300 mil MDP; la cartera de crédito al consumo, 426 mil MDP

Felipe Garrido, proyecta un libro “EL GRITO: repensar el país”, que se propone: “2010 debe propiciar el análisis, la crítica y el planteamiento de respuestas. Como nunca antes, la ocasión es propicia no para la celebración, sino para la reflexión, el diagnóstico y el diseño de nuevos derroteros. ¿Dónde hemos tropezado? ¿Por qué no hemos sido capaces de darnos el país que queremos tener? ¿Qué nos hace falta para construirlo? ¿Tendremos la energía, el talento, los saberes necesarios para lograrlo?”

DEL HARTAZGO A LA ACCIÓN POSITIVA

2009-07-10T14:41:00.000-05:00

Hay mensajes cruzados en los resultados del reciente proceso electoral: la abstención fue menor que la esperada; hubo un voto que combinó la esperanza en un gobierno dividido como oportunidad para encontrar salidas a la crisis y un voto de castigo a los gobiernos en turno de Acción Nacional, así como a sus legisladores por su mal desempeño tanto en los asuntos de interés nacional, como en los más cotidianos de sus políticas públicas. Asimismo, se registró la novedad del voto nulo en todo el país, aunque en menor proporción que lo calculado y sobre todo, a lo requerido por la deseada crítica a la partidocracia.

Las reacciones postelectorales fueron las esperadas. El Presidente Calderón asumió los resultados desfavorables para su partido y ofreció llegar a acuerdos con la mayoría priista, pero insistió en la imprescindible continuidad de la estabilidad macroeconómica lograda, sin decir que tal estabilidad solo beneficia al sector financiero. Prácticamente sacó así la política económica y el la continuidad con la ortodoxia neoliberal que asegura el Banco de México del debate legislativo. Tanto Calderón, como la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, confirmaron su disposición a convivir bajo el esquema del gobierno dividido, y también dieron cuenta del voto nulo. Ambos hablaron de la –otra vez- urgente reforma del Estado y de la ampliación de canales propicios para la “democracia participativa”.

Aunque suena positivo que las principales figuras del debate político hayan tomado nota del hartazgo causado por la partidocracia, el desafío representado por empoderar el voto y, simultáneamente, desempoderar al sistema de partidos, está lleno de obstáculos. Acción Nacional, está enfrascado en saldar cuentas internas a raíz de la derrota electoral más grave que ha sufrido en su trayectoria de gobierno, de manera que ahora son incapaces de hacer una lectura sobre las razones del castigo propinado y menos aún su responsabilidad frente al voto nulo, pues no entienden la crítica a la partidocracia ni los cambios que ella demanda, máxime en una situación de debilidad relativa que disminuye su capacidad para impulsar reformas y beneficiarse de ellas. Su capacidad para participar en la distribución del reparto de cuotas de poder disminuyó drásticamente.

El PAN está tan dolido que por ahora sus dirigencias partidarias y sus gobiernos, tratan de repartir culpas al de enfrente de cara a la derrota. El dirigente nacional de ese partido no dudó en renunciar frente a los resultados adversos de los cuales es directamente responsable, sin embargo, en Jalisco hay una manifiesta incapacidad de autocrítica, tanto en la dirección del blanquiazul como en su gobierno estatal. Aunque constataron que las campañas sucias se revierten en su contra, guardaron tanto lodo que éste les impide ver lo que toca hacer frente al mensaje de castigo y ni siquiera se preocupan del voto nulo. Situación similar atraviesan el PRD y el PT, pues parece preocuparles únicamente si la rentable estructura partidaria se deteriora, pero no los electores ni las manifestaciones que censuraron la partidocracia.

El Partido Verde hizo una campaña pragmática frente a la crisis, proponiendo medidas populacheras frente a la inseguridad, la salud y la educación. Además de constituirse en la cuarta fuerza electoral, coló una buena docena de “diputados Televisa”. Existe el riesgo que al igual que el PANAL, sus alianzas con el PRI perviertan la agenda legislativa y empoderen aún más la partidocracia. Se dificulta el camino para lograr las demandas implícitas del “anulismo”: empoderar el voto, desempoderar la partidocracia, rescatar el carácter ciudadano de los organismos públicos autónomos, vincular democráticamente economía y política. Pero, estas acciones positivas ahora cuentan con miles de voluntades para organizarse permanentemente para alcanzarlas.

VOTO NULO VÁLIDO

2009-07-03T19:42:00.003-05:00

Contra pronósticos adversos y descalificaciones, el voto nulo logró posicionarse como una opción válida a considerar en la jornada electoral del 5 de julio próximo. Su legalidad y legitimidad pasó la prueba, sin que ello quiera decir que haya homogeneidad en las intenciones que sostienen quienes anularán su boleta, como tampoco hay unanimidad respecto al programa a seguir después del próximo domingo; o incluso si se necesita pensar un programa o si con la anulación del voto el mensaje de censura y de inconformidad frente al sistema partidocrático es suficiente. Habrá quienes todavía ven esperanza en algún partido o candidato por el que votarán, y que anularán el resto de opciones; otros/as anularán todos sus votos; habrá algunos/as que esperarán una toma de conciencia que lleve a los partidos a reformarse en una nueva reforma electoral. Pero habrá quienes conciben la anulación del voto como el inicio de un largo proceso organizativo que propicie reformas de fondo de largo alcance.
La Asamblea Nacional por el Voto Nulo, celebrada en la capital del país el pasado 30 de junio, empieza a dibujar una respuesta frente a las interrogantes abiertas por las discusiones sostenidas por 42 organizaciones en el país promotoras de la anulación. Hay un diagnóstico que compartieron estas organizaciones: 1) No se ha empoderado suficientemente el voto, no contamos con un sistema de “premios y castigos” para obligar a quienes delegamos la representación de nuestros intereses a que nos consulten, ni a que nos rindan cuentas, ni a que haya consecuencias que lleve a tribunales a quienes incumplen con su mandato; 2) La partidocracia es incapaz de proponer y menos aún de procesar las reformas constitucionales necesarias para democratizar al país, generar derechos de ciudadanía y afrontar socialmente el impacto nacional de la crisis global; 3) No hay quien vigile y controle a la partidocracia y como ella está impedida para auto-reformarse, es suicida seguirla legitimando electoralmente.
Entre las conclusiones y acuerdos tomados en esta Asamblea Nacional destaca la demanda por una real democracia participativa y la necesidad de un programa mínimo de acción que respalde los formatos participativos demandados. La idea de empoderar el voto incluyó revocación del mandato, referéndum, plebiscito, valor jurídico al voto nulo e iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, reducción del financiamiento a partidos, entre otros. No logró consenso la reelección en ninguno de los niveles, pues las heridas abiertas por el descrédito de los políticos lo impidieron. Empero, es un buen inicio, que le da proyección concreta para el futuro inmediato a un movimiento que ha surgido al calor de la creatividad, espontaneidad y lucidez, principalmente de jóvenes, frente a un ambiente adverso mediático y sociológico que los descalifica.
Además de varias actividades a realizarse el día de las elecciones, la Asamblea Nacional acordó reunirse en Guadalajara el próximo 18 de julio para evaluar el impacto del voto nulo, enriquecer y afinar el programa de acción. Percibo cuatro temas en esas futuras discusiones: 1) Otros medios para empoderar el voto, como instrumento de exigibilidad de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales; 2) desempoderar la partidocracia, quitándole decisiones unilaterales que refuercen sus cotos de poder, como las diputaciones plurinominales y reforzando el control de la Auditoria Superior de la Federación, con mejoras en transparencia, rendición de cuentas y normas para establecer los sueldos de todos los funcionarios públicos; 3) Fortalecer a los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, terminando con el sistema de cuotas partidarias en sus direcciones y simplificando su funcionamiento; 4) Debatir los alcances de la reforma del Estado y el posible camino hacia una Constituyente pacífica en 2010. Anular el voto entraña validar una esperanza de futuro.

ABSTENCIONISMO Y VOTO DE CENSURA

2009-06-19T14:51:00.000-05:00

Ambos comparten el rechazo y el hartazgo frente al desencanto producido por un sistema electoral de supuesta inspiración liberal representativa, que delega la defensa de intereses en personas para gobernar y legislar que, sin embargo, no han cumplido con ese cometido. El desprestigio del sistema electoral y de partidos ha llegado a niveles intolerables para poder legitimar a una democracia que se precie de serlo. El grado de abstención, el más grande de los últimos 30 años, aunado a la opción voluntaria por anular el voto como muestra de censura al sistema partidocrático que domina la vida electoral mexicana, puede generar una desconfianza mayúscula en el sistema electoral, y en una crisis de confianza en la democracia liberal representativa, si el sistema político permanece insensible ante estas señales de máxima alerta.

Un estudio del Instituto Federal Electoral sobre abstencionismo en México, refiere que en las elecciones federales intermedias de 1985, la abstención fue de 49.3%; en 1991, de 39.7%; en 1997, del 42.3%; 2003, 58.8% ¡Para el 5 de julio se estima será de entre 65 y 70 por ciento! El abstencionismo puede ser comprendido desde tres perspectivas: técnica, política y sociológica. La abstención técnica o forzosa se refiere a obstáculos de la participación asociados a enfermedad, o a defectos del padrón de electores –el cual no está actualizado ni suficientemente depurado, por lo que algunos calculan que el padrón esta inflado en un 20%. La abstención sociológica se configura a partir del aislamiento geográfico por problemas de accesibilidad a las casillas, asociados al aislamiento social en el que algunos grupos están marginados del sistema, así como del abstencionismo derivado del desinterés político. Este abstencionismo es pasivo, contrario al tercer tipo, el abstencionismo político, para el cual abstenerse representa un vehículo para expresar implícitamente un descontento con el sistema y/o sus actores.

Hartazgo del sistema de partidos, del sistema político, del partido en el poder, falta de motivaciones por sentimientos de impotencia, falta de educación cívica, indiferencia, han contado para explicar el abstencionismo; pero la principal variable que lo determina y aún más en esta coyuntura en que la economía mexicana decrecerá un 5.8% y se perderán un millón de empleos durante 2009, es el deterioro de las condiciones de vida y la constatación que las elecciones no aportan soluciones para modificar ese deterioro en la vida cotidiana de los millones de personas que se abstienen. La tesis doctoral en Ciencias Sociales, de Óscar Jiménez Morales, muestra que hay una relación directa entre los votantes que habitan en las zonas de la ciudad más empobrecidas y excluidas y los más altos niveles de abstención. En la zona metropolitana de Guadalajara, las secciones donde el abstencionismo supera el promedio nacional, todas están en los barrios más pobres de los municipios que la conforman.

En las próximas elecciones, podríamos calcular que la suma entre el 65% de abstencionistas y los votos anulados oscilará entre un 75 y un 80% del padrón electoral, escandalosa proporción de ciudadanos/as que no estarán representados por el actual sistema de partidos. Altos niveles de abstencionismo en el pasado generaron reformas electorales, igualmente, la anulación del voto en 1970, escribiendo en la boleta la consigna “libertad a Presos Políticos” y en 1976 “Reforma Electoral Democrática” (RED), propiciaron reformas políticas limitadas aunque positivas. Ahora, a diferencia de esas reformas de arriba hacia abajo, puede nacer una reforma de abajo hacia arriba. Algunos proponemos escribir CP 2010 en la boleta este 5 de julio, para conmemorar Bicentenario independiente y Centenario revolucionario, con el inicio de una Constituyente Pacífica. Abstencionistas -sociológicos y políticos-, “anulistas”, pueden converger en esta histórica tarea.

DESPUÉS DEL VOTO DE CENSURA-RECHAZO

2009-06-12T14:52:00.000-05:00

Sorprende la heterogeneidad de posiciones que emergen en torno a la anulación del voto. Pero, es importante decantar las manifestaciones recientes de connotados personajes que se han pronunciado públicamente al respecto, frente a las posiciones originales que se manifestaron por anular el voto, tanto como una forma de censura y rechazo al sistema partidocrático, como una forma de organizar el descontento antes, durante y después del proceso electoral. Hay en lo general dos posiciones que se diferencian entre si: la que se circunscribe a la coyuntura electoral y la que se propone conformar un programa de acción postelectoral. La inmensa mayoría de quienes recientemente hicieron pública su intención de anular el voto es coyunturalista: desde el “Así No”, que propone Dulce María Sauri, hasta la sospechosa inconformidad de panistas que tampoco se vieron beneficiados por la distribución de cotos de poder electoral, pasando por ex funcionarios del régimen foxista, que pueden esconder cálculos perversos para que la anulación del voto favorezca el voto duro panista, o hasta un revanchismo que fortalezca al voto duro priista.

Sin negar que la entrada de estos personajes causa confusión sobre el potencial crítico de anular el voto para censurar-rechazar la partidocracia, la clave para diferenciar oportunistas y ciudadanos auténticos, está en el qué se propone para después del 5 de julio, en el cómo organizar el descontento y transformar el hartazgo producido en un vasto movimiento social autogestionario, que sepa sostener las demandas democratizadoras que le dan origen y hacer un manejo colectivo responsable que discuta y dé sustancia a demandas sociales sobre los cambios requeridos para que entre todos enfrentemos la gestión de la crisis actual, los cuales implican tanto la reforma político-electoral, como a la reforma del Estado y por lo tanto de la Constitución General de la República. Ese complejo trasfondo tiene el voto de censura-rechazo, mediante la anulación de la boleta electoral.

Entre quienes piensan que el hartazgo contra la partidocracia no termina el 5 de julio, se identifican dos niveles de demandas: reformar la legitimidad-legalidad electoral del sistema de partidos y reformar la legitimidad-confianza en el Estado nacional. Hay un consenso virtual sobre la reforma política que terminaría con la partidocracia: empoderar el voto mediante la reelección de algunos cargos de elección popular; establecer la posible revocación del mandato a medio término de la gestión legislativa y gubernamental, además de la reglamentación del Plebiscito y el Referéndum; terminar con las diputaciones plurinominales para que los partidos no se repartan cuotas de poder, sino que ganen con votos cada diputación; volver al esquema de dos Senadores por estado, elegidos por el voto mayoritario; rediscutir el financiamiento público a los partidos; acotar el Fuero constitucional que gozan los funcionarios públicos para que el juicio político proceda en su actuación publica.

En el nivel de la legitimidad-confianza, se trata de profundizar lo que ya vienen haciendo muchas organizaciones sociales: vigilar la función pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas; velar por la autonomía de los organismos públicos especializados en elecciones, transparencia, información, derechos humanos, defensa del consumidor, ambiente, salud y desarrollo urbano. Reforma radical de la procuración e impartición de justicia; incremento, en suma, de la participación ciudadana en todos los ámbitos del poder público bajo formatos colegiados. Elaboración colectiva del plan nacional y de la política económica, con nuevos equilibrios entre representación y delegación del poder en regiones y órdenes de gobierno. Federalismo fiscal eficaz. Políticas de seguridad humana articuladas con la seguridad pública.
No se dejarán de plantear estas demandas después del 5 de julio, pero para entonces con la certeza de que la partidocracia nunca podrá resolverlas.

LA DESCONFIANZA ORGANIZADA

2009-06-05T14:54:00.000-05:00

Los procesos electorales han procurado sobreponer la legitimidad en dos sentidos: uno, como procedimiento legal que proviene de la legalidad y otro, que se fundamenta en la confianza. La primera acepción de legitimidad es fácilmente comprensible, a través de las instituciones que aseguran la elección periódica de gobiernos representativos y democráticos cuyos resultados sean sancionados por la ley. La confianza, segunda acepción, es algo mucho más complejo. En México, hemos avanzado con las reformas electorales, aunque sin alcanzar plenamente certidumbre en la legitimidad jurídico-electoral; pero nuestras carencias son aún mayores en la obtención de confianza, pues ella supone una ampliación cualitativa de la legitimidad procedimental al añadirle una dimensión moral: ¿la democracia lo hace bien y para el bien de todos/as?; también supone continuidad temporal, en cuanto concede delegar en la democracia capacidades para manejar el futuro ¿ofrece salidas a la crisis?; la confianza representa también un “ahorro institucional”, pues solamente hacemos periódicamente verificaciones y pruebas ¿confiamos cotidianamente en la autoridad?.

Legitimidad procedimental y confianza, han estado sin embargo disociadas en la historia. Teóricamente, han crecido los procedimientos legítimos de la democracia electoral con la inclusión de formas directas, como el Plebiscito o el Referéndum, y participativas, como los consejos “ciudadanos”, en distintos ámbitos de la gestión y las políticas públicas, así como mediante la afinación de controles de los representantes por parte de los representados, como la rendición de cuentas con consecuencias jurídico-políticas contra la corrupción, o el Referéndum revocatorio, que empoderan el voto ciudadano. Las reformas electorales mexicanas no han alcanzado varias de esas cualidades esperables de una democracia electoral, como constatamos con el fracaso de la llamada “Reforma del Estado”, que el sistema de partidos limitó al ámbito meramente electoral y del régimen político.

Si ello es grave por limitar el proceso democratizador en nuestro país, más grave aún es el déficit de confianza en la democracia ofrecida por el actual sistema partidocrático. Esta coyuntural electoral, evidencia entonces una doble disociación, pues ni maduramos la legitimidad procedimental, ni alcanzamos la confiabilidad necesaria para esperar que la democracia electoral ofrezca soluciones al malestar social. Ante tal disociación, paralelamente emergen en la historia toda una sobreposición de prácticas colectivas, de cuestionamientos, de contrapoderes sociales informales e inclusive instituciones, como los organismos públicos autónomos en México, que están “destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza” (Pierre Rosanvallon: La contra-democracia. La política en la era de la desconfianza, de quien tomé las ideas que parafraseo en esta opinión)

Paradójicamente, la democratización depende ahora de la sensibilidad pública que logre despertar la desconfianza organizada. Rosanvallon, identifica tres fuentes que alimentan la desconfianza: uno, el manejo de los riesgos y las incertidumbres producidas por la industria, las tecnologías peligrosas, los conflictos ambientales; dos, el imposible manejo científico racional de la macroeconomía, sus efectos cotidianos y la impredictibilidad crónica del futuro; tres, la pulverización de las bases materiales para establecer confianza social, pues el recelo aumenta por falta de confianza y desconocimiento del prójimo y fuertemente de los gobernantes.

La desconfianza organizada con potencial democratizador reside, especialmente en esta coyuntura electoral, en la anulación del voto. Además del rechazo a la oferta partidocrática, esta “novena opción”, que desconfía de la capacidad (auto)reformadora de los ocho partidos contendientes, conforma un movimiento que propone una nueva legitimidad procedimental necesaria para recuperar el poder del voto ciudadano, pero simultáneamente, se propone combatir la desconfianza social mediante el impulso de formatos socialmente apropiados de democracia directa y participativa que incidan tanto en el régimen político-electoral, como en la gestión social de la economía, la ciencia y formas justas y equitativas de convivencia social.

ANULAR TIENE SENTIDO CRÍTICO

2009-05-29T14:47:00.000-05:00

Crece la ola anulista. Entran al debate sobre su legalidad, su legitimidad y su eficacia -términos que politizan el tema-, diversas figuras públicas, periodistas y las opiniones a favor y en contra en los medios que cuentan con espacios para sus receptores. Entre las críticas sesgadas, hay descalificaciones que apuntan a la criminalización, que desorientan y desinforman intencionadamente y hasta presiones extralegales que intentan acallar la opción anuladora del voto. No obstante, cada vez queda más claro que las molestias causadas por el anulismo, reflejan que la crítica buscada está dando en el blanco: la denuncia del actual sistema de partidos, por su incapacidad para cumplir con los criterios mínimos siquiera de una democracia representativa. El secuestro de la participación social en los asuntos públicos por la partidocracia imperante; su incapacidad para reformarse y, entonces, su imposibilidad para reformar al país, y aún más para operar una salida democrática ante la compleja crisis nacional-global que vivimos.

Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?

El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.

David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.

No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.

LIMPIEZA SOCIAL Y COMUNIDADES DE MUERTE

2009-05-22T14:55:00.000-05:00

Ante el deterioro de los términos de convivencia, del estado de Derecho, se incrementa la ansiedad social frente al riesgo de sufrir en carne propia la violencia, así como la rabia que genera la impotencia causada por la falta de justicia. Ello abona el terreno extremo de la muerte, como lo enarbolan los partidarios de la pena capital, o el de tomarse la justicia en manos particulares sin ahorrarse medio alguno que lleve a alcanzar los fines. Además de la cuestionable eficacia de la pena de muerte para disminuir la criminalidad y de la emergencia de grupos “civiles”, parapoliciales o paramilitares, que operan al margen de la ley para hacer justicia ahí donde el Estado no puede llegar, hay algunas medidas que incrementan las posibilidades de violencia criminal, aunque se disfracen con mantos de legalidad.

Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.

El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».

Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.

CONTINGENCIA SANITARIA Y VOTO ANULADO

2009-05-15T18:39:00.000-05:00

Este aciago periodo de contingencia sanitaria nos deja varias conclusiones remarcables. La primera y más positiva: podemos afrontar grandes problemas de manera coordinada en todo el país, podemos medir el riesgo que presenta para la salud una epidemia generada por un virus desconocido. Frente a ello, mostramos nuestra disposición a sacrificar cuestiones secundarias para lograr aspectos fundamentales. También confirmamos en esta coyuntura, que hay una creciente demanda de información razonada y crítica, transparente, con actitudes exigentes sobre criterios de veracidad que contribuyan a la serenidad social. Sabemos derrotar miedos y paranoias que confunden e inmovilizan. Somos parte activa de la solución y de nuestras acciones depende que se alcancen los objetivos deseados, pero concluimos que la acción individual y colectiva está condicionada por las instituciones públicas y por las políticas de Estado con que afrontamos la adversidad.

La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.

También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.

La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.

PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009