Por sobradas razones, la sociedad mexicana atraviesa por una era de desconfianza en lo que respecta a la vitalidad y fuerza que corresponde a los organismos públicos autónomos (OPA’s). Se cuestiona, crecientemente, la legitimidad con que se toman las decisiones por parte de las instituciones responsables de elegir a los consejeros de tales organismos, supuestamente autónomos de los poderes constituidos, y particularmente de los poderes fácticos que gobiernan este país. No se ejercen los contrapesos frente a esos poderes ni se vigila adecuadamente el desempeño de instituciones, funcionarios y las políticas públicas relacionadas con el apego al derecho, para lo cual los OPA’s cuentan con atribuciones constitucionales. Situación determinada por la manera en que se nombran los consejeros y principalmente quienes encabezan esos organismos, pues se impone la negociación de cuotas de poder entre los partidos, bajo criterios patrimonialistas y clientelistas.
El caso de las consejeras que se nombraron en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es la muestra más reciente que alimenta la desconfianza ciudadana de cara al papel cada vez más subordinado de estos organismos frente a los poderes constituidos. Es inquietante también que para lo que se usa la autonomía sea para defender aumentos presupuestales desmedidos, sin tomar en cuenta la austeridad requerida por el país en momentos críticos como el que vivimos. Así, los consejeros del IFE y del INEGI cumplieron con las lealtades exigidas por quienes los eligieron bajo compromisos patrimonialistas: incrementaron más que cualquier otro organismo público un presupuesto que beneficia a los partidos políticos, y aumentaron sueldos y plazas en esas instituciones que terminan por constituirse en jugosos botines que dan empleos “dorados” a los aliados del poder en turno.
Una prueba en torno a la legitimidad y confianza que podrían recuperar los OPA’s, es la elección-designación del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera limitación es que no se hace una evaluación del desempeño del titular saliente, en términos de una rendición de cuentas que tenga consecuencias legales y administrativas. Aunque las atribuciones constitucionales de estos organismos son claras, no se cuenta con un proyecto institucional que pueda enriquecerse con los aciertos logrados y con los mecanismos correctivos necesarios para evitar las fallas registradas. La actual CNDH no se caracterizó por su autonomía frente a los poderes constituidos, ni supo evitar las presiones de los poderes fácticos, como los grandes empresarios, particularmente de los medios electrónicos, y de la jerarquía católica; tampoco incidió sustantivamente contra el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, ni actúo oportunamente contra la criminalización de los movimientos sociales opositores al régimen.
A pesar de las patentes limitaciones de las consultas convocadas por el Senado de la República para la elección-designación del nuevo titular de la CNDH, se levantan voces calificadas y adhesiones de organismos civiles con diversas candidaturas. Ante la multiplicidad de propuestas que surgen, es imperativo privilegiar aquellos criterios que fundamenten la autonomía intelectual, la experiencia en tan sensible campo, evaluado negativamente por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la honestidad comprobada, aunada a la capacidad del proyecto presentado por los candidatos para revalorizar una agenda integral de derechos humanos que incluya sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Destacan dos candidatos que reúnen ampliamente todos los requisitos: Guadalupe Morfín Otero y Emilio Álvarez Icaza. Su buen desempeño en responsabilidades directamente ligadas con la promoción y defensa de derechos humanos, en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente; su valiente defensa de la autonomía frente a los abusos del poder, prometen recuperar legitimidad y confianza.
viernes, 16 de octubre de 2009
viernes, 25 de septiembre de 2009
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE
Dentro de la estrategia de Ciudades Rurales Sustentables del gobierno de Chiapas, se anuncia que la población de once comunidades del municipio de Ostuacán, entre ellas Juan del Grijalva, sepultada por un tsunami de lodo hace unos meses, se trasladarán en breve a su nuevo hogar, la Ciudad Rural Sustentable "Nuevo Juan del Grijalva", donde pasarán “de una realidad sin servicios básicos, sin escuela y sin actividades productivas para su desarrollo a un lugar donde contarán con actividades productivas que les garantiza alimentación e ingreso digno, todos los servicios básicos y conectividad vía telefonía local, celular e Internet.” Magdy Martínez, coordinador de la ONU en México, afirmó a finales de julio pasado, luego de ser cuestionado sobre si este tipo de ciudades podrían ser el ejemplo mundial, que "hay que vivir el traslado de las comunidades que hoy por hoy todavía están dispersas que están en los campos, si se proyecta como un modelo que podría tener éxito, tengo que decir que habiendo comprobado cuantas veces un proyecto de estas características han fracasado creo que aquí estamos cerca del éxito". La clave de este proyecto es que convierte la política social en política de empleo y que genera la oferta concentrada de servicios de base urbana.
El drama que viven las localidades dispersas en México es el aislamiento aunado a la imposibilidad de contar con servicios urbanos. Con las Ciudades Rurales, de las cuales Nuevo Juan del Grijalva se propone como prototipo, se enfrentan los problemas relativos a la difícil situación de vida de los chiapanecos, frente a la dispersión en que viven los más de 268 mil 500 habitantes en 14 mil 587 localidades, con menos de cien habitantes. Los contrastes entre concentración y dispersión poblacional en el país dan idea de la magnitud del desafío, pues de acuerdo con el conteo de población de 2005, existen en el país 187 938 localidades, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2 500 habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100 mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes. 83 161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión de las localidades y la atomización de parte de la población rural. El 96.6% de las localidades tiene menos de 100 habitantes.
Mientras que en las localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del país, en el otro extremo, en las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3 por ciento. Desde que apareció la planeación regional en México se soñó en formatos voluntaristas para concentrar la población en el territorio y así hacer “rentable” la oferta de servicios. En Nuevo Juan de Grijalva se constituye una experiencia piloto que sin embargo no podrá ser reproducida como una propuesta de concentración poblacional viable, pues el ámbito rural está condicionado por el arraigo a la tierra y a la propiedad que asegure su explotación agropecuaria. Aunque sea acertado concebir esta concentración poblacional como parte de una política de empleo, la fuerza de la globalización impone la desigualdad en el desarrollo rural: por una parte la concentración de tierra y la expulsión de población dispersa, pues entre 2000 y 2005 hubo 11 453 localidades menos; pero por otro lado, se mantiene dispersa a la inmensa mayoría de habitantes en localidades cada vez más pequeñas por el abandono implicado en las migraciones internas e internacionales.
El drama que viven las localidades dispersas en México es el aislamiento aunado a la imposibilidad de contar con servicios urbanos. Con las Ciudades Rurales, de las cuales Nuevo Juan del Grijalva se propone como prototipo, se enfrentan los problemas relativos a la difícil situación de vida de los chiapanecos, frente a la dispersión en que viven los más de 268 mil 500 habitantes en 14 mil 587 localidades, con menos de cien habitantes. Los contrastes entre concentración y dispersión poblacional en el país dan idea de la magnitud del desafío, pues de acuerdo con el conteo de población de 2005, existen en el país 187 938 localidades, de las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2 500 habitantes; 2 640 entre 2 500 y 15 mil habitantes; 427 de 15 mil a 100 mil personas; 112 de 100 mil a un millón, y solamente once asentamientos superan el millón de habitantes. 83 161 localidades tienen solamente una o dos viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión de las localidades y la atomización de parte de la población rural. El 96.6% de las localidades tiene menos de 100 habitantes.
Mientras que en las localidades de menos de 2 500 habitantes vive el 23.5% del total de la población del país, en el otro extremo, en las localidades de 100 mil a un millón de habitantes reside el 34.6%, y en las de más de un millón lo hace el 14.3 por ciento. Desde que apareció la planeación regional en México se soñó en formatos voluntaristas para concentrar la población en el territorio y así hacer “rentable” la oferta de servicios. En Nuevo Juan de Grijalva se constituye una experiencia piloto que sin embargo no podrá ser reproducida como una propuesta de concentración poblacional viable, pues el ámbito rural está condicionado por el arraigo a la tierra y a la propiedad que asegure su explotación agropecuaria. Aunque sea acertado concebir esta concentración poblacional como parte de una política de empleo, la fuerza de la globalización impone la desigualdad en el desarrollo rural: por una parte la concentración de tierra y la expulsión de población dispersa, pues entre 2000 y 2005 hubo 11 453 localidades menos; pero por otro lado, se mantiene dispersa a la inmensa mayoría de habitantes en localidades cada vez más pequeñas por el abandono implicado en las migraciones internas e internacionales.
viernes, 18 de septiembre de 2009
SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES DESDE LATINOAMÉRICA
Del 31 de agosto al 4 de septiembre pasado, se llevó a cabo el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). La convocatoria de unos 5 mil participantes de la mayor parte de los países de la región, la más amplia de su historia, vino a romper una suerte de estigma que había impedido la realización de congresos de ALAS en Argentina, desde que hace 58 años se realizara el primero de ellos en Buenos Aires, en 1951. La decana organización de sociólogos de América Latina, se reencontró con su historia, en la continuidad de las discusiones con que nació, pues hay disyuntivas y paradojas del pensamiento social que permanecen, pero sobre todo se encontró ante el desafío de dar sentido a su historia con un horizonte de sentido social transformador.
En su devenir, esta asociación ha enfrentado permanentemente el dilema entre institucionalizarse para reafirmar y potenciar sus logros, dentro de una cierta estabilidad que garantice mayor organicidad y eficacia en su incidencia sobre la transformación social, y por otra parte, la de mantenerse como un espacio de convergencia con mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a las incertidumbres de nuestra cambiante realidad social. La ALAS se divide permanentemente entre optar exclusivamente por una comunidad científica y gremial formada entre pares, o constituirse en un movimiento social intelectual, pero parte de su originalidad se reconoce en afrontar creativamente este dilema, haciendo actividades en ambos sentidos. Hay un desgarre original en esta Asociación que lo explica, pues desde los 50 se debaten los límites entre una “filosofía social” más preocupada por el modelo interpretativo y una visión más apegada al dato fruto de la investigación sobre el terreno. Unos eran los sociólogos de Cátedra y otros eran los “hechólogos”.
Durante los últimos diez años, ALAS se ha decantado al optar por convertirse en un movimiento intelectual permanente, que no existe solamente en el momento de los congresos, pero que impulsa el debate teórico y metodológico implicado en el pensamiento crítico de manera sistemática, entre su comunidad científica y su organización gremial y particularmente universitaria. Sociólogos y científicos sociales, de ambos géneros, encuentran cada vez más limitado su mercado de trabajo y enfrentan además la paradoja de su interpretación crítica de la realidad social, opuesta a la imposición de criterios mercantiles o de utilitarismo político de sus conocimientos.
Pero, ante la complejidad de las sociedades latinoamericanas, hoy tan visible en el amplio campo que tenemos para criticar, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa nos ofrece su visión sobre la teoría crítica como “aquella que no reduce «la realidad» a lo que existe. La realidad, como quiera que se la conciba, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe.”
Durante estas cuatro últimas décadas, la sociología y las ciencias sociales buscan nuevos paradigmas acordes con desafíos de transformación y recuperación social. Desde nuestra región, se participa en discusiones mundiales y formulación de teorías de la acción social, adecuadas a nuestro entorno local y nacional, que penetren el entramado cultural, axiológico y científico de las ciencias sociales, alejadas del empirismo y el pragmatismo dominante en las ciencias anglo-euro-sajonas. Ni hechólogos fascinados con el dato, ni intérpretes aislados del actor social, sino pensadores/as críticos.
En su devenir, esta asociación ha enfrentado permanentemente el dilema entre institucionalizarse para reafirmar y potenciar sus logros, dentro de una cierta estabilidad que garantice mayor organicidad y eficacia en su incidencia sobre la transformación social, y por otra parte, la de mantenerse como un espacio de convergencia con mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a las incertidumbres de nuestra cambiante realidad social. La ALAS se divide permanentemente entre optar exclusivamente por una comunidad científica y gremial formada entre pares, o constituirse en un movimiento social intelectual, pero parte de su originalidad se reconoce en afrontar creativamente este dilema, haciendo actividades en ambos sentidos. Hay un desgarre original en esta Asociación que lo explica, pues desde los 50 se debaten los límites entre una “filosofía social” más preocupada por el modelo interpretativo y una visión más apegada al dato fruto de la investigación sobre el terreno. Unos eran los sociólogos de Cátedra y otros eran los “hechólogos”.
Durante los últimos diez años, ALAS se ha decantado al optar por convertirse en un movimiento intelectual permanente, que no existe solamente en el momento de los congresos, pero que impulsa el debate teórico y metodológico implicado en el pensamiento crítico de manera sistemática, entre su comunidad científica y su organización gremial y particularmente universitaria. Sociólogos y científicos sociales, de ambos géneros, encuentran cada vez más limitado su mercado de trabajo y enfrentan además la paradoja de su interpretación crítica de la realidad social, opuesta a la imposición de criterios mercantiles o de utilitarismo político de sus conocimientos.
Pero, ante la complejidad de las sociedades latinoamericanas, hoy tan visible en el amplio campo que tenemos para criticar, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa nos ofrece su visión sobre la teoría crítica como “aquella que no reduce «la realidad» a lo que existe. La realidad, como quiera que se la conciba, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades, siendo precisamente la tarea de la teoría crítica definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. El análisis crítico de lo que existe reposa sobre el presupuesto de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia, y que, por lo tanto, también hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe.”
Durante estas cuatro últimas décadas, la sociología y las ciencias sociales buscan nuevos paradigmas acordes con desafíos de transformación y recuperación social. Desde nuestra región, se participa en discusiones mundiales y formulación de teorías de la acción social, adecuadas a nuestro entorno local y nacional, que penetren el entramado cultural, axiológico y científico de las ciencias sociales, alejadas del empirismo y el pragmatismo dominante en las ciencias anglo-euro-sajonas. Ni hechólogos fascinados con el dato, ni intérpretes aislados del actor social, sino pensadores/as críticos.
viernes, 28 de agosto de 2009
III INFORME, PARA BIEN Y PARA MAL
Para bien, el Informe presidencial perdió su carácter ritualista: aplaudir el presidencialismo concentrador del poder que elevaba la impunidad a rango constitucional. Sin rendir cuentas, ese poder metaconstitucional del Presidente sembró falsas expectativas en un proyecto de nación confiado a una sola persona, por supuestas mostradas capacidades para operar pactos políticos nacionales, por supuestas legitimidades para representar a la nación hacia adentro y hacia fuera, por saber usar inteligentemente los márgenes discrecionales de poder en las instituciones gubernamentales. El Señor Presidente podía mantener la “paz social” y, al mismo tiempo, ser el factótum de la seguridad, el experto en estrategias económicas adaptadas y adaptables al entorno internacional. El infaltable “mensaje político”, era traducible inmediatamente en mensajes publicitarios que enunciaban logros favorecedores del mando unipersonal más fuerte del país, y que también anunciaban las principales medidas a seguir durante el año subsiguiente.
Para mal, el Informe presidencial deja de interpelar a la nación. No es que antes lo hubiera hecho, pues los medios electrónicos no lograron sustituir al “pueblo de México”. Inclusive, nos dimos cuenta que esos medios, en manos de una parte de los poderes que de facto gobiernan al país, solamente están interesados en difundir mensajes que organicen la información a su favor, sin importarles la manera ciudadana de procesar los mensajes presidenciales recibidos, ni menos aún están interesados en procesar y regresar los mensajes que emergen desde la ciudadanía hacia la Presidencia de la República y sus instituciones. Ciertamente, tenemos un presidencialismo más acotado que antes y mayor autonomía entre los poderes republicanos, pero el sistema político y de partidos han sido incapaces de diseñar dispositivos de comunicación social y todavía menos de concebir e institucionalizar formatos de participación social que consulten, trasmitan, comuniquen, los muy vapuleados Sentimientos de la Nación, Morelos dixit.
Para bien, la disminución del protagonismo presidencialista dio mayor visibilidad a los otros poderes y hasta registramos momentos de dignificación del Poder Legislativo, cuando este interpeló de manera aguda, documentada, los informes presidenciales. Paralelamente al debilitamiento del presidencialismo, hubo mejoras en la concepción y negociación de la agenda legislativa y hemos convivido con algo que era impensable bajo el régimen de partido de Estado, en eso que llamamos gobiernos divididos, donde el Ejecutivo federal está obligado a razonar sus iniciativas de ley con fuerzas diferentes a las de su partido político. Además, aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores pierde fuerza, las relaciones entre el Presidente y los gobernadores estatales se reformula constantemente. Ya no hay los hombres fuertes, como delegados políticos del presidente en los estados de la Federación.
Pero, para mal, la debilidad presidencial se refugia en el fortalecimiento del Presidente como jefe de partido que ante el déficit de cultura parlamentaria y la separación creciente entre representantes y representados, privilegia la negociación discrecional de cuotas de poder sobre el presupuesto y sobre los organismos públicos autónomos que, como lo denunció el proceso electoral reciente, fortalecen a la partidocracia y la convierten en solitaria interlocutora de la política presidencial. Seguimos faltos de un diálogo directo entre el Presidente y los legisladores; si el mensaje político hacía visible el proyecto de país presidencial, continuamos silenciados sin poder expresar nuestra evaluación del desempeño gubernamental, sin que éste nos rinda cuentas. ¿Cómo decirle a Felipe Calderón que su aferramiento al modelo neoliberal orientado a la exportación fracasó? Una economía que decrecerá un 10% este año, que no fortalece empleo ni poder adquisitivo del salario, que militariza la seguridad, que criminaliza la protesta social y que confunde autonomía entre poderes con complicidad en asuntos de justicia ¿cómo interpelar esa “información”?
Para mal, el Informe presidencial deja de interpelar a la nación. No es que antes lo hubiera hecho, pues los medios electrónicos no lograron sustituir al “pueblo de México”. Inclusive, nos dimos cuenta que esos medios, en manos de una parte de los poderes que de facto gobiernan al país, solamente están interesados en difundir mensajes que organicen la información a su favor, sin importarles la manera ciudadana de procesar los mensajes presidenciales recibidos, ni menos aún están interesados en procesar y regresar los mensajes que emergen desde la ciudadanía hacia la Presidencia de la República y sus instituciones. Ciertamente, tenemos un presidencialismo más acotado que antes y mayor autonomía entre los poderes republicanos, pero el sistema político y de partidos han sido incapaces de diseñar dispositivos de comunicación social y todavía menos de concebir e institucionalizar formatos de participación social que consulten, trasmitan, comuniquen, los muy vapuleados Sentimientos de la Nación, Morelos dixit.
Para bien, la disminución del protagonismo presidencialista dio mayor visibilidad a los otros poderes y hasta registramos momentos de dignificación del Poder Legislativo, cuando este interpeló de manera aguda, documentada, los informes presidenciales. Paralelamente al debilitamiento del presidencialismo, hubo mejoras en la concepción y negociación de la agenda legislativa y hemos convivido con algo que era impensable bajo el régimen de partido de Estado, en eso que llamamos gobiernos divididos, donde el Ejecutivo federal está obligado a razonar sus iniciativas de ley con fuerzas diferentes a las de su partido político. Además, aunque la Conferencia Nacional de Gobernadores pierde fuerza, las relaciones entre el Presidente y los gobernadores estatales se reformula constantemente. Ya no hay los hombres fuertes, como delegados políticos del presidente en los estados de la Federación.
Pero, para mal, la debilidad presidencial se refugia en el fortalecimiento del Presidente como jefe de partido que ante el déficit de cultura parlamentaria y la separación creciente entre representantes y representados, privilegia la negociación discrecional de cuotas de poder sobre el presupuesto y sobre los organismos públicos autónomos que, como lo denunció el proceso electoral reciente, fortalecen a la partidocracia y la convierten en solitaria interlocutora de la política presidencial. Seguimos faltos de un diálogo directo entre el Presidente y los legisladores; si el mensaje político hacía visible el proyecto de país presidencial, continuamos silenciados sin poder expresar nuestra evaluación del desempeño gubernamental, sin que éste nos rinda cuentas. ¿Cómo decirle a Felipe Calderón que su aferramiento al modelo neoliberal orientado a la exportación fracasó? Una economía que decrecerá un 10% este año, que no fortalece empleo ni poder adquisitivo del salario, que militariza la seguridad, que criminaliza la protesta social y que confunde autonomía entre poderes con complicidad en asuntos de justicia ¿cómo interpelar esa “información”?
viernes, 21 de agosto de 2009
ACTEAL: PERCEPCIONES DISÍMBOLAS
Como sociedad, tenemos distorsionada nuestra percepción sobre la relevancia de los acontecimientos que influyen definitivamente en nuestras vidas, aunque parcialmente hay grupos que buscan dar un sentido a sus percepciones, particularmente sobre la dimensión de la crisis actual, quienes además imaginan posibles acciones para cambiar aquello que se percibe como negativo. Me llamó la atención al leer la edición electrónica de un diario nacional, que mientras una foto de la Señora Obama, bajando del avión presidencial en shorts luciendo sus largas piernas, suscitó 36 comentarios de los lectores, la noticia sobre las actividades de los indígenas inculpados en la matanza de Acteal, polémicamente liberados, tan solo suscitaron dos comentarios.
La evasión frente a los problemas nos impide tener una percepción atinada sobre la realidad que nos aqueja. No obstante, gracias a los intentos por comunicar una interpretación documentada y sensata de los acontecimientos, encontramos también otras miradas, otras percepciones, que apelan a nuestra capacidad de razonamiento. Es el caso del comunicado emitido por varios organismos defensores de los derechos humanos, el sistema de universidades jesuitas en México y diversas personalidades públicas, que llaman la atención sobre la pérdida de sentido de justicia, pues “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal.”
En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa “decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad”. La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN “confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.”
Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el Estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces Procurador General, ni sobre el entonces Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.
La evasión frente a los problemas nos impide tener una percepción atinada sobre la realidad que nos aqueja. No obstante, gracias a los intentos por comunicar una interpretación documentada y sensata de los acontecimientos, encontramos también otras miradas, otras percepciones, que apelan a nuestra capacidad de razonamiento. Es el caso del comunicado emitido por varios organismos defensores de los derechos humanos, el sistema de universidades jesuitas en México y diversas personalidades públicas, que llaman la atención sobre la pérdida de sentido de justicia, pues “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal.”
En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa “decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad”. La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN “confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.”
Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el Estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces Procurador General, ni sobre el entonces Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.
viernes, 14 de agosto de 2009
MITOS NORTEAMERICANOS
La descafeinada reunión de líderes norteamericanos, concluida el lunes pasado en Guadalajara, no aportó resultados plausibles, pero acrecentó la mitología del Ser Norteamericano. Mitos que mayoritariamente no son inocentes y están inmersos en afanosas búsquedas de legitimidad. Realcemos algunos de ellos:
Somos una comunidad. Lo que no es sostenible por los choques de nuestras historias, nuestros desencuentros y divergencias culturales, mostradas desde nuestros orígenes como naciones independientes, se ha tratado de paliar por una comunidad artificial basada en formatos contractuales inventados y manejados por los poderes dominantes de Estados Unidos, Canadá y México. Se ha impuesto la idea práctica de que nos va mejor juntos, pero sin el sustento de una comunidad imaginada, querida, cultivada. Contra ese mito, hay una visión de comunidad sociopolítica que paradójicamente ha impulsado la imposición comunitaria de los gobiernos. Con vínculos horizontales y en diálogo con los pueblos originarios, surge nuestra Norteamérica social.
La integración nos trae prosperidad. Aunque imaginarios, los mitos tienen referencias ancladas en nuestras experiencias. Así, la integración silenciosa de Norteamérica hizo surgir mercados sobre los que se sobrepusieron redes sociales, principalmente ligadas con la migración internacional, mucho antes que la integración voluntarista concebida con el TLCAN reglamentara esos flujos y diseñara un mercado norteamericano para el beneficio de las clases más poderosas de los tres países. Más de 15 años de ese Tratado muestran que la doctrina del supuesto libre comercio no trajo consigo más empleos, mejores ingresos y mayor calidad de vida para la mayoría mexicana; fracaso que acentúa la crisis mundial actual, frente a la cual empieza a tambalearse otro mito: la perfectibilidad del TLCAN, mediante revisiones parciales, o incluso mediante su renegociación, pues lo que ahora identifican organizaciones sociales, en contra de ese mito, es la reformulación de las relaciones económico-comerciales norteamericanas bajo un paradigma post-neoliberal.
Hay un esquema de seguridad norteamericano. El mito que iguala la seguridad estadounidense con la seguridad norteamericana se ha impuesto. Desde una concepción que privilegia la seguridad doméstica aislacionista y la militarización del combate al enemigo externo, sea terrorista o narcotraficante, Washington ha impuesto sus parámetros en la idea de seguridad norteamericana. Aunque había expectativas en torno del gobierno Obama, por su propuesta de campaña sobre la elaboración de nuevos principios de política exterior, basados en la combinación de un poder suave-inteligente con el clásico poder duro, lo que impera es la supremacía de lo militar para el manejo del conflicto. El smart-soft power que aportaría comprensión de las complejas raíces de todo tipo de conflictos brilla por su ausencia. En contraste, el mito securitario otorga financiamiento al Plan Mérida y los gobiernos estadounidense y canadiense insisten en la criminalización de las migraciones internacionales.
Los norteamericanos compartimos valores democráticos liberales. En abstracto, los tres países norteamericanos tenemos elecciones periódicas, pacíficas y justas para legitimar el relevo gubernamental. En la práctica, más allá de las contradicciones electorales de cada país, en todos ellos se reproducen los problemas derivados de las democracias liberales representativas en cuanto a la limitación de derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanía, sin que se pueda identificar una aportación “norteamericana” que camine hacia mayor equidad, disminución de la concentración del ingreso, e incluso disminución eficaz de la pobreza, pues también en el Norte crecen los problemas relativos al empobrecimiento social. La Carta Democrática Interamericana no asegura la vigencia de derechos humanos básicos, de manera ostensible en México, a causa de su violación por parte de militares que están en “guerra” contra el narco, y la integración comercial no reconoce la asimetría mexicana, por lo que no hay políticas compensatorias que la contrarresten.
No se vive de mitos, pero como joden las relaciones norteamericanas.
Somos una comunidad. Lo que no es sostenible por los choques de nuestras historias, nuestros desencuentros y divergencias culturales, mostradas desde nuestros orígenes como naciones independientes, se ha tratado de paliar por una comunidad artificial basada en formatos contractuales inventados y manejados por los poderes dominantes de Estados Unidos, Canadá y México. Se ha impuesto la idea práctica de que nos va mejor juntos, pero sin el sustento de una comunidad imaginada, querida, cultivada. Contra ese mito, hay una visión de comunidad sociopolítica que paradójicamente ha impulsado la imposición comunitaria de los gobiernos. Con vínculos horizontales y en diálogo con los pueblos originarios, surge nuestra Norteamérica social.
La integración nos trae prosperidad. Aunque imaginarios, los mitos tienen referencias ancladas en nuestras experiencias. Así, la integración silenciosa de Norteamérica hizo surgir mercados sobre los que se sobrepusieron redes sociales, principalmente ligadas con la migración internacional, mucho antes que la integración voluntarista concebida con el TLCAN reglamentara esos flujos y diseñara un mercado norteamericano para el beneficio de las clases más poderosas de los tres países. Más de 15 años de ese Tratado muestran que la doctrina del supuesto libre comercio no trajo consigo más empleos, mejores ingresos y mayor calidad de vida para la mayoría mexicana; fracaso que acentúa la crisis mundial actual, frente a la cual empieza a tambalearse otro mito: la perfectibilidad del TLCAN, mediante revisiones parciales, o incluso mediante su renegociación, pues lo que ahora identifican organizaciones sociales, en contra de ese mito, es la reformulación de las relaciones económico-comerciales norteamericanas bajo un paradigma post-neoliberal.
Hay un esquema de seguridad norteamericano. El mito que iguala la seguridad estadounidense con la seguridad norteamericana se ha impuesto. Desde una concepción que privilegia la seguridad doméstica aislacionista y la militarización del combate al enemigo externo, sea terrorista o narcotraficante, Washington ha impuesto sus parámetros en la idea de seguridad norteamericana. Aunque había expectativas en torno del gobierno Obama, por su propuesta de campaña sobre la elaboración de nuevos principios de política exterior, basados en la combinación de un poder suave-inteligente con el clásico poder duro, lo que impera es la supremacía de lo militar para el manejo del conflicto. El smart-soft power que aportaría comprensión de las complejas raíces de todo tipo de conflictos brilla por su ausencia. En contraste, el mito securitario otorga financiamiento al Plan Mérida y los gobiernos estadounidense y canadiense insisten en la criminalización de las migraciones internacionales.
Los norteamericanos compartimos valores democráticos liberales. En abstracto, los tres países norteamericanos tenemos elecciones periódicas, pacíficas y justas para legitimar el relevo gubernamental. En la práctica, más allá de las contradicciones electorales de cada país, en todos ellos se reproducen los problemas derivados de las democracias liberales representativas en cuanto a la limitación de derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanía, sin que se pueda identificar una aportación “norteamericana” que camine hacia mayor equidad, disminución de la concentración del ingreso, e incluso disminución eficaz de la pobreza, pues también en el Norte crecen los problemas relativos al empobrecimiento social. La Carta Democrática Interamericana no asegura la vigencia de derechos humanos básicos, de manera ostensible en México, a causa de su violación por parte de militares que están en “guerra” contra el narco, y la integración comercial no reconoce la asimetría mexicana, por lo que no hay políticas compensatorias que la contrarresten.
No se vive de mitos, pero como joden las relaciones norteamericanas.
viernes, 7 de agosto de 2009
CUESTIONADA SEGURIDAD NORTEAMERICANA
Aún no se conoce públicamente la agenda de la reunión que tendrán los Presidentes de Estados Unidos y México, además del Primer Ministro de Canadá, en Guadalajara los próximos 9 y 10 de agosto. Aunque esa reunión no ha sido formalizada como una más de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se hacen periódicamente desde su fundación en 2005, hay temas tratados en esas reuniones, relacionados con la integración de esta región, así como de la agenda bilateral particularmente de las relaciones mexicano-estadounidenses, que son ineludibles. Asimismo, no podrán dejarse de lado las relaciones interamericanas que el nuevo gobierno de Barack Obama pretende construir hacia América Latina, pues la integración de América del Norte prefigura los temas privilegiados para Estados Unidos: la integración comercial como punta de lanza económica, la seguridad como asunto doméstico estadounidense, la democracia y los derechos humanos, desde la visión unilateral del vecino del Norte.
Es la primera reunión, no oficializada, de la ASPAN en la que participa el gobierno Obama, quien durante su campaña prometió (febrero de 2008) que durante su gobierno las reuniones con los mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar.” Promesa incumplida, pues la participación ofrecida no se concretizó en preparación alguna de esta reunión a la que hayan sido invitadas organizaciones sociales. Esta primera reunión trinacional enfrenta, además, una coyuntura particular en el plano económico, pues la peor crisis mundial desde 1929 fue afrontada sin ortodoxia neoliberal por el nuevo presidente estadounidense desde un refuerzo de la potencia pública del Estado para regular las ineficiencias del capitalismo y proteger las pérdidas de las empresas locomotoras de su economía.
Ese capitalismo regulado, aunado a las presiones neoproteccionistas de los sindicatos, propias de la plataforma del Partido Demócrata, hizo que la administración Obama propusiera la renegociación del TLCAN, con miras a elevar las exigencias de las llamadas cláusulas “verde”, por el cuidado ambiental y “azul” por las restricciones a la contratación de mujeres y niños, por debajo de la legislación laboral vigente. Los llamados Acuerdos paralelos, que introdujera el gobierno de Bill Clinton para condicionar la aprobación del TLCAN en 1994, ahora son parte de la promesa electoral de Obama para evitar que se creen empleos fuera de Estados Unidos, ante el creciente desempleo interno que genera la crisis mundial. Renegociación a la que se opone el gobierno de Felipe Calderón, porque sigue aferrado a los moldes del libre comercio basado sobre el modelo exportador y de la estabilidad macroeconómica, financiera, a toda costa.
La integración de América del Norte también significa mayor nivel de coordinación entre organizaciones sociales de los tres países involucrados. Desde esas redes se está proponiendo una renegociación del TLCAN con una agenda social, que vincule los temas del desarrollo económico con los de la seguridad. No se puede renegociar el tratado de libre comercio sin cuestionar el financiamiento del combate al narcotráfico, su militarización, la creación de la Iniciativa Mérida al estilo del Plan Colombia, cuyo gobierno recientemente acordó otorgar siete bases militares al Pentágono. No se puede dejar de lado la urgencia del pacto migratorio, ni las necesidades de seguridad alimentaria para los países golpeados por la apertura indiscriminada del sector agropecuario. La seguridad energética es otro tema ineludible, pues el modelo depredador que está agotando los recursos no renovables es insostenible. Prioritariamente, la seguridad democrática regional demanda un enérgico pronunciamiento de los tres gobernantes norteamericanos sobre el reestablecimiento del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras.
Es la primera reunión, no oficializada, de la ASPAN en la que participa el gobierno Obama, quien durante su campaña prometió (febrero de 2008) que durante su gobierno las reuniones con los mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar.” Promesa incumplida, pues la participación ofrecida no se concretizó en preparación alguna de esta reunión a la que hayan sido invitadas organizaciones sociales. Esta primera reunión trinacional enfrenta, además, una coyuntura particular en el plano económico, pues la peor crisis mundial desde 1929 fue afrontada sin ortodoxia neoliberal por el nuevo presidente estadounidense desde un refuerzo de la potencia pública del Estado para regular las ineficiencias del capitalismo y proteger las pérdidas de las empresas locomotoras de su economía.
Ese capitalismo regulado, aunado a las presiones neoproteccionistas de los sindicatos, propias de la plataforma del Partido Demócrata, hizo que la administración Obama propusiera la renegociación del TLCAN, con miras a elevar las exigencias de las llamadas cláusulas “verde”, por el cuidado ambiental y “azul” por las restricciones a la contratación de mujeres y niños, por debajo de la legislación laboral vigente. Los llamados Acuerdos paralelos, que introdujera el gobierno de Bill Clinton para condicionar la aprobación del TLCAN en 1994, ahora son parte de la promesa electoral de Obama para evitar que se creen empleos fuera de Estados Unidos, ante el creciente desempleo interno que genera la crisis mundial. Renegociación a la que se opone el gobierno de Felipe Calderón, porque sigue aferrado a los moldes del libre comercio basado sobre el modelo exportador y de la estabilidad macroeconómica, financiera, a toda costa.
La integración de América del Norte también significa mayor nivel de coordinación entre organizaciones sociales de los tres países involucrados. Desde esas redes se está proponiendo una renegociación del TLCAN con una agenda social, que vincule los temas del desarrollo económico con los de la seguridad. No se puede renegociar el tratado de libre comercio sin cuestionar el financiamiento del combate al narcotráfico, su militarización, la creación de la Iniciativa Mérida al estilo del Plan Colombia, cuyo gobierno recientemente acordó otorgar siete bases militares al Pentágono. No se puede dejar de lado la urgencia del pacto migratorio, ni las necesidades de seguridad alimentaria para los países golpeados por la apertura indiscriminada del sector agropecuario. La seguridad energética es otro tema ineludible, pues el modelo depredador que está agotando los recursos no renovables es insostenible. Prioritariamente, la seguridad democrática regional demanda un enérgico pronunciamiento de los tres gobernantes norteamericanos sobre el reestablecimiento del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras.
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