La Presidencia de la República relanza el debate sobre su iniciativa de reforma política electoral, subrayando que se trata de favorecer el status de ciudadanía, por su disociación de la política y de los políticos, y porque se quieren transformar las relaciones entre los poderes de la Unión, de manera más equilibrada y productiva. No le faltan razones objetivas al Presidente Calderón para proponer diez cambios que en sí son importantes, si se toma cada uno por separado, pero que les falta articularse en un conjunto coherente. No obstante, lo más adverso que enfrenta esa propuesta de reforma es la oposición del sistema partidocrático, del cual el propio Felipe Calderón se ha visto beneficiado. Es la partidocracia la que ha separado a representantes y representados, la que ha deteriorado el sentido de ciudadanía de los organismos públicos autónomos y la que ha entregado las llaves de la democracia a los poderes fácticos.
No es banal ni despreciable que Calderón apele al fortalecimiento de lo ciudadano en la escena pública, pues entre 2006 y 2009, la cantidad de votos nulos aumentaron en el país en un casi 45 por ciento (en Jalisco más del 54 por ciento), mientras el abstencionismo se sigue incrementando. El diagnóstico presentado en la reforma calderonista recoge demandas ciudadanas por mayor participación, nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes; gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas transparentes del uso de recursos públicos. El principal obstáculo para lograrlo, sin embargo, es la partidocracia y para eliminarla se necesita reformar, en primera instancia, la legislación relativa a los partidos políticos para regular su responsabilidad, tanto en sus mecanismos internos de funcionamiento democrático, como en lo que hace a la mercantilización y privatización que han hecho de la política.
Es inquietante que la iniciativa presidencial de reforma no se plantee esta dificultad, pues más que preocuparse por dar coherencia a los 10 puntos que ésta se propone modificar, la partidocracia hará los desarreglos necesarios para reproducir su poderío. Así, la reelección consecutiva por un máximo de doce años de alcaldes, jefes delegacionales, y legisladores federales, que en principio podría servir para premiar o castigar a quien tenga buen o mal desempeño público, respectivamente, podrá ser pervertida por la persistencia de camarillas y fracciones partidarias que se aseguren un voto duro, si no es modificado el esquema de financiamiento, de manera que limite el negocio en que se han convertido los partidos como maquinarias electorales. Negocio en contubernio con intereses mediáticos que desbordaron inclusive la reforma electoral de 2008, que intentó apuntalar un modelo no mercantilizado de propaganda electoral.
Así como hace falta una ley de partidos que regule su financiamiento y una actualización de la ley de medios que limite el poderío del duopolio televisivo, la reforma electoral necesita un proyecto más articulado de modificaciones a la institución presidencial y al conjunto de relaciones entre los poderes de la Unión. Tema que necesita mucho más espacio para su análisis, pero del cual pongo un ejemplo. A todas luces parece necesario mantener la figura de diputados plurinominales, pero la reforma calderonista no argumenta suficientemente por qué reducirlos a 140 en lugar de 200, y solamente se propone empoderar al votante para que éste defina el orden de prelación en los candidatos/as a Senador –la Cámara alta también se reduce a tres Senadores por entidad, bajo nuevos y complicados cálculos; se deja así en manos de la partidocracia un botín, aunque ahora menor, para que defina el orden en la lista de sus candidatos/as. Empero, veremos que también esta medida será torpedeada por la partidocracia.
viernes, 5 de febrero de 2010
viernes, 29 de enero de 2010
ENTRE ESTAFADORES TE VEAS
Es lamentable la falta de altura política que tiene el debate sobre la reforma política electoral enviada al Senado por Felipe Calderón en diciembre pasado. Empezando por el propio Presidente Calderón que parece tirarse a los pies, pues sus recientes declaraciones que califican de fraudulentos a partidos y legisladores, exacerban su desencuentro con el Poder Legislativo y con todos los partidos de oposición; lo único que está logrando con ello es que su iniciativa sea desechada en la Cámara alta. Se pueden adivinar algunos objetivos en la propuesta de reforma calderonista: primero, el fortalecimiento del Presidencialismo, mediante los intentos por acotar la actividad parlamentaria cuando el Poder Ejecutivo envía sus iniciativas, pues la reforma propuesta fortalece la capacidad de veto presidencial, exige mayor agilidad al Congreso de la Unión en sus debates e invita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar iniciativas legislativas propias.
En segundo lugar, otro objetivo subyacente en ese proyecto legislativo de Calderón es aceitar los mecanismos de legitimidad presidencial, del sistema político y de partidos, frente a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En los 10 puntos contenidos en su iniciativa, destacan preocupaciones compartidas por ciudadanos/as sin partido en torno al desapego entre representantes y representados, así como por actualizar la legislación electoral en un marco en el que contrasta un creciente abstencionismo, aparejado con una manifestación organizada del voto nulo, y elecciones altamente competidas cuyos resultados dejan insatisfacción e incertidumbre. Sin embargo, la propia ilegitimidad del gobierno calderonista, resultante de un proceso electoral fuertemente cuestionado, le deja sin autoridad moral para sustentar la autenticidad de su llamado a esa ciudadanía inconforme. Se trata además de una Presidencia del país que no consultó a la nación antes de lanzar su iniciativa y que solamente apela como interlocutores a “notables”.
La maquinaria partidista que acertadamente criticó Calderón, se ve amenazada por el carácter supuestamente autoritario de su propuesta. Pero, su inconsistencia y desarticulación interna, aunada a la debilidad de sus interlocutores, convirtieron esa iniciativa en papel mojado. Cada uno de los 10 puntos de la reforma propuesta tienen potencialidades y limitaciones, que si se discuten aisladamente no pueden presentar una oferta legislativa convincente. Así, un Presidente sin proyecto de Reforma de Estado y un sistema partidocrático negado a perder canonjías, produjo un contexto que dinamita una oportunidad histórica de transformar radicalmente la legislación electoral y ordenamientos legales conexos, en torno de la cultura política de participación ciudadana, transparencia con derecho a la información, rendición de cuentas, defensa y promoción de derechos humanos, procuración oportuna y eficaz de justicia. Se tiene que ir más lejos que la reforma de la institución presidencialista y la relación entre representantes y representados.
Quienes estafan a la ciudadanía -aunque aquí no se puede descalificar a todos los representantes electos como estafadores-, están incapacitados para cumplir con esa reforma electoral estructurada con la urgente reforma de Estado. En los foros de debate convocados por el Senado en torno de la reforma calderonista propuesta, lo que destaca es la falta de voluntad de los representantes electos para avanzar hacia una mejor legislación que apunte, aunque sea gradualmente, a la transformación de un Estado abierto y convocante a la participación ciudadana y dispuesto a someterse al escrutinio y sobre todo al mandato ciudadano. Aquella consigna zapatista de “mandar obedeciendo”, no es retórica, pero ante la incapacidad de los representantes electos para estructurar los cambios requeridos, que son de época, de Estado, y no simplemente cambios cosméticos, se fortalece una nueva-vieja idea: la de un pacto constituyente pacífico que integre y estructure una sociedad democrática y participativa. Que excluya a estafadores/as.
En segundo lugar, otro objetivo subyacente en ese proyecto legislativo de Calderón es aceitar los mecanismos de legitimidad presidencial, del sistema político y de partidos, frente a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En los 10 puntos contenidos en su iniciativa, destacan preocupaciones compartidas por ciudadanos/as sin partido en torno al desapego entre representantes y representados, así como por actualizar la legislación electoral en un marco en el que contrasta un creciente abstencionismo, aparejado con una manifestación organizada del voto nulo, y elecciones altamente competidas cuyos resultados dejan insatisfacción e incertidumbre. Sin embargo, la propia ilegitimidad del gobierno calderonista, resultante de un proceso electoral fuertemente cuestionado, le deja sin autoridad moral para sustentar la autenticidad de su llamado a esa ciudadanía inconforme. Se trata además de una Presidencia del país que no consultó a la nación antes de lanzar su iniciativa y que solamente apela como interlocutores a “notables”.
La maquinaria partidista que acertadamente criticó Calderón, se ve amenazada por el carácter supuestamente autoritario de su propuesta. Pero, su inconsistencia y desarticulación interna, aunada a la debilidad de sus interlocutores, convirtieron esa iniciativa en papel mojado. Cada uno de los 10 puntos de la reforma propuesta tienen potencialidades y limitaciones, que si se discuten aisladamente no pueden presentar una oferta legislativa convincente. Así, un Presidente sin proyecto de Reforma de Estado y un sistema partidocrático negado a perder canonjías, produjo un contexto que dinamita una oportunidad histórica de transformar radicalmente la legislación electoral y ordenamientos legales conexos, en torno de la cultura política de participación ciudadana, transparencia con derecho a la información, rendición de cuentas, defensa y promoción de derechos humanos, procuración oportuna y eficaz de justicia. Se tiene que ir más lejos que la reforma de la institución presidencialista y la relación entre representantes y representados.
Quienes estafan a la ciudadanía -aunque aquí no se puede descalificar a todos los representantes electos como estafadores-, están incapacitados para cumplir con esa reforma electoral estructurada con la urgente reforma de Estado. En los foros de debate convocados por el Senado en torno de la reforma calderonista propuesta, lo que destaca es la falta de voluntad de los representantes electos para avanzar hacia una mejor legislación que apunte, aunque sea gradualmente, a la transformación de un Estado abierto y convocante a la participación ciudadana y dispuesto a someterse al escrutinio y sobre todo al mandato ciudadano. Aquella consigna zapatista de “mandar obedeciendo”, no es retórica, pero ante la incapacidad de los representantes electos para estructurar los cambios requeridos, que son de época, de Estado, y no simplemente cambios cosméticos, se fortalece una nueva-vieja idea: la de un pacto constituyente pacífico que integre y estructure una sociedad democrática y participativa. Que excluya a estafadores/as.
viernes, 15 de enero de 2010
SOLIDARIDAD CON HAITÍ
Dice la sabiduría popular: “al perro más flaco, se le cargan más las pulgas”. Así lo muestran las tragedias originadas por una mala convivencia entre nuestras sociedades y los desastres naturales. El país más pobre de América, situado en un Caribe convulsionado irremediablemente por su geografía, está cada vez más debilitado para enfrentar los riesgos naturales. Pero, más cruel aún ha sido su conflictiva historia, la que arrojó a su muy inmensa mayoría a la pobreza, la inseguridad, la exclusión y la vida desprotegida. El olvido de los pobres por sus clases pudientes, aunado al desencuentro de la comunidad internacional por una resolución de fondo, contra dictaduras y autoritarismos reinantes en distintos momentos, no pudo disimularse por las operaciones de paz impulsadas por Naciones Unidas. La llegada a esa isla de Cascos Azules, inspirada en el polémico concepto de Ingerencia Humanitaria, acentuó la dimensión militar del conflicto sin contribuir radicalmente a la democratización haitiana.
El primer país latinoamericano en declarar su independencia, en 1804, se alejó de Francia, pero los mulatos francófonos suplantaron a los colonizadores y los negros hablantes de creole siguieron oprimidos y discriminados desde entonces. Un reportaje de BBC Mundo habla de la combinación de cinco crisis que azotan a Haití;
1) La inestabilidad política y la violencia, herencia de crueles dictaduras que tiñeron de sangre por casi doscientos años a esta pequeña porción de la Hispaniola, segunda isla en tamaño del Caribe, cuya mayor parte ocupa República Dominicana. Entre 1957 y 1986, las dictaduras de François Duvalier y luego de su hijo Jean Claude, apodado “Baby Doc”, coronan el autoritarismo que sería combatido hasta 1990 en que Jean Bertrand Aristide se convierte en el primer presidente electo democráticamente. Derrocado un año después, por fuerzas ligadas al antiguo régimen, la experiencia de Aristide, emergida desde un movimiento católico de base, se intento continuar entre 1994 y 2004, alternando con René Preval, actual presidente haitiano desde 2006. Prevalece la polarización política y la violencia cotidiana.
2) Pobreza, analfabetismo e inequidad conspiran permanentemente contra la estabilidad política. Internamente desgarrado por pandillas y diversos grupos del crimen organizado, Haití, es objeto de la intervención humanitaria desde 2004. Permanecen, sin embargo, los problemas estructurales: siete de cada 10 habitantes son pobres, que viven con menos de US$2 al día; 56% dispone menos de un dólar. Haití ocupa la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano. Sólo el 52,9% de la población está alfabetizada; se calcula que un haitiano no vivirá más de 60 años. Tres de cada 10 personas tienen acceso al sistema de salud. 2,2% de la población adulta vive con VIH/sida; Haití está entre los 30 países con mayor tasa de prevalencia en el mundo. Los mulatos francófonos, el 1% de la población, son dueños de casi la mitad de las riquezas.
3) Dependencia de la cooperación internacional, para la importación de alimentos pues la producción propia sólo abastece el 46% de las necesidades. Hay frecuentes disturbios ocasionados por la escasez y el alza de precios. Aunque se ha cancelado la mayor parte de deuda, 60% del presupuesto nacional se alimenta de recursos externos.
4) Entre 2001 y marzo de 2007, los desastres naturales dejaron más de 18,000 muertos y 132,000 personas sin hogar. 6.4 millones de personas resultaron afectadas. En 2008 se perdió el 60% de las cosechas por los embates de cuatro tormentas tropicales durante tres semanas.
5) Tres cuartas partes de la demanda energética se satisface con la madera. La mitad del país está erosionada. La superficie forestal hoy es apenas menos del 2%.
Superar esas crisis requiere nuestra firme solidaridad con el pueblo haitiano.
El primer país latinoamericano en declarar su independencia, en 1804, se alejó de Francia, pero los mulatos francófonos suplantaron a los colonizadores y los negros hablantes de creole siguieron oprimidos y discriminados desde entonces. Un reportaje de BBC Mundo habla de la combinación de cinco crisis que azotan a Haití;
1) La inestabilidad política y la violencia, herencia de crueles dictaduras que tiñeron de sangre por casi doscientos años a esta pequeña porción de la Hispaniola, segunda isla en tamaño del Caribe, cuya mayor parte ocupa República Dominicana. Entre 1957 y 1986, las dictaduras de François Duvalier y luego de su hijo Jean Claude, apodado “Baby Doc”, coronan el autoritarismo que sería combatido hasta 1990 en que Jean Bertrand Aristide se convierte en el primer presidente electo democráticamente. Derrocado un año después, por fuerzas ligadas al antiguo régimen, la experiencia de Aristide, emergida desde un movimiento católico de base, se intento continuar entre 1994 y 2004, alternando con René Preval, actual presidente haitiano desde 2006. Prevalece la polarización política y la violencia cotidiana.
2) Pobreza, analfabetismo e inequidad conspiran permanentemente contra la estabilidad política. Internamente desgarrado por pandillas y diversos grupos del crimen organizado, Haití, es objeto de la intervención humanitaria desde 2004. Permanecen, sin embargo, los problemas estructurales: siete de cada 10 habitantes son pobres, que viven con menos de US$2 al día; 56% dispone menos de un dólar. Haití ocupa la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano. Sólo el 52,9% de la población está alfabetizada; se calcula que un haitiano no vivirá más de 60 años. Tres de cada 10 personas tienen acceso al sistema de salud. 2,2% de la población adulta vive con VIH/sida; Haití está entre los 30 países con mayor tasa de prevalencia en el mundo. Los mulatos francófonos, el 1% de la población, son dueños de casi la mitad de las riquezas.
3) Dependencia de la cooperación internacional, para la importación de alimentos pues la producción propia sólo abastece el 46% de las necesidades. Hay frecuentes disturbios ocasionados por la escasez y el alza de precios. Aunque se ha cancelado la mayor parte de deuda, 60% del presupuesto nacional se alimenta de recursos externos.
4) Entre 2001 y marzo de 2007, los desastres naturales dejaron más de 18,000 muertos y 132,000 personas sin hogar. 6.4 millones de personas resultaron afectadas. En 2008 se perdió el 60% de las cosechas por los embates de cuatro tormentas tropicales durante tres semanas.
5) Tres cuartas partes de la demanda energética se satisface con la madera. La mitad del país está erosionada. La superficie forestal hoy es apenas menos del 2%.
Superar esas crisis requiere nuestra firme solidaridad con el pueblo haitiano.
viernes, 8 de enero de 2010
2010: CENTENARIO, BICENTENARIO, CONSTITUYENTE
Una de las conclusiones más relevantes que deja 2009, es la necesidad de contar con elementos de fondo para solucionar la crisis que enfrenta nuestro país. Con el peor desempeño económico de los 75 últimos años, México tuvo la tasa negativa más acentuada de Latinoamérica; una de las peores del mundo. Violencia, inseguridad, patología del miedo, crecieron vertiginosamente. Desencanto con el sistema político y de partidos, hundimiento de la legitimidad de la inmensa mayoría de representantes, prepotencia de los llamados poderes fácticos en la vida pública nacional, signaron unas elecciones intermedias que si bien convocaron a casi la mitad de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, una parte importante de los votantes lanzó un mensaje de alerta sobre las urgencias que agobian al sistema político, a través de la anulación conciente del voto. Cerca del 6 por ciento del total de votos emitidos.
Algunos planteamos que 2010 tiene un valor emblemático, cuya lectura por los actores sociales y políticos del país es heterogénea. Ello tiene que ver, por un lado con la concepción de la historia y el peso de dos aniversarios fundadores de la actual nación mexicana: la Independencia y la Revolución. Por otro lado, esta conmemoración tiene relación con las aspiraciones que llevan a actuar en el presente; unos interpretan esta fecha emblemática como oportunidad para revivir la capacidad de movilización de ese ente ahora tan polimorfo que es el Pueblo: hacer oír el grito de los excluidos; otros, quisieran que esta fecha se registrara como una suerte de borrón y cuenta nueva, que en todo caso permita nuevos logros para la industria turística, con una renovación escenográfica de los símbolos históricos, pero sin cuestionamiento alguno sobre los orígenes de ambos conflictos.
El gran historiador Luis González y Gonzalez, planteaba que había tres tipos de seudohistoria y una historia de carne y hueso. La “seudohistoria de bronce”, se dedica a exaltar las figuras protagónicas de la historia, como si sólo héroes y heroínas marcaran los acontecimientos. La “seudohistoria de antiguallas” recoge anécdotas y hechos aparentemente significativos, pero se endiosa con los documentos y la sofisticación con que cada historiador los presente. La “seudohistoria computarizada”, es la que enfatiza los aspectos cuantitativos, generalmente asociados con la economía y las cuentas, la gráfica y la estadística como fin en si mismas. Pero esa historia que hacemos las personas de carne y hueso, solo se logra con oficio y capacidad de interpretación desde una escala humana de valores. La historia no es patrimonio de especialistas, pues ella da identidad y sirve de guía para actuar en el presente y dar sentido de futuro a la acción social.
En este 2010, necesitamos entonces hacer y reconocernos en una historia que nos implica. Hacer monumentos, remodelar y conservar el patrimonio arquitectónico es necesario, pero insuficiente para dar un proyección a ese pasado que condiciona nuestro presente. Por ello, la conmemoración de la Independencia y de la Revolución necesita tanto del historiador especialista que la reconstruya y la interprete, como de una reflexión colectiva, que dinamice y le dé sentido incluyente, que sea capaz de aprender del drama de la violencia encerrada en la cerrazón de la clase dirigente y de los pudientes que la alimentan, así como de los poderes fácticos que la manipulan impunemente, sean narcotraficantes o jerarcas eclesiales o poderes materialistas incontrolados. Algunos propusimos que 2010 podría marcar el inicio de un proceso pacífico constituyente. 14 años después de iniciada la Independencia, 7 años después de la Revolución, se pudo fundar un pacto constitucional ¿Por qué no iniciamos por reconocer esta potencialidad emblemática de 2010, imaginando la Constitución General que necesitamos?
Algunos planteamos que 2010 tiene un valor emblemático, cuya lectura por los actores sociales y políticos del país es heterogénea. Ello tiene que ver, por un lado con la concepción de la historia y el peso de dos aniversarios fundadores de la actual nación mexicana: la Independencia y la Revolución. Por otro lado, esta conmemoración tiene relación con las aspiraciones que llevan a actuar en el presente; unos interpretan esta fecha emblemática como oportunidad para revivir la capacidad de movilización de ese ente ahora tan polimorfo que es el Pueblo: hacer oír el grito de los excluidos; otros, quisieran que esta fecha se registrara como una suerte de borrón y cuenta nueva, que en todo caso permita nuevos logros para la industria turística, con una renovación escenográfica de los símbolos históricos, pero sin cuestionamiento alguno sobre los orígenes de ambos conflictos.
El gran historiador Luis González y Gonzalez, planteaba que había tres tipos de seudohistoria y una historia de carne y hueso. La “seudohistoria de bronce”, se dedica a exaltar las figuras protagónicas de la historia, como si sólo héroes y heroínas marcaran los acontecimientos. La “seudohistoria de antiguallas” recoge anécdotas y hechos aparentemente significativos, pero se endiosa con los documentos y la sofisticación con que cada historiador los presente. La “seudohistoria computarizada”, es la que enfatiza los aspectos cuantitativos, generalmente asociados con la economía y las cuentas, la gráfica y la estadística como fin en si mismas. Pero esa historia que hacemos las personas de carne y hueso, solo se logra con oficio y capacidad de interpretación desde una escala humana de valores. La historia no es patrimonio de especialistas, pues ella da identidad y sirve de guía para actuar en el presente y dar sentido de futuro a la acción social.
En este 2010, necesitamos entonces hacer y reconocernos en una historia que nos implica. Hacer monumentos, remodelar y conservar el patrimonio arquitectónico es necesario, pero insuficiente para dar un proyección a ese pasado que condiciona nuestro presente. Por ello, la conmemoración de la Independencia y de la Revolución necesita tanto del historiador especialista que la reconstruya y la interprete, como de una reflexión colectiva, que dinamice y le dé sentido incluyente, que sea capaz de aprender del drama de la violencia encerrada en la cerrazón de la clase dirigente y de los pudientes que la alimentan, así como de los poderes fácticos que la manipulan impunemente, sean narcotraficantes o jerarcas eclesiales o poderes materialistas incontrolados. Algunos propusimos que 2010 podría marcar el inicio de un proceso pacífico constituyente. 14 años después de iniciada la Independencia, 7 años después de la Revolución, se pudo fundar un pacto constitucional ¿Por qué no iniciamos por reconocer esta potencialidad emblemática de 2010, imaginando la Constitución General que necesitamos?
viernes, 18 de diciembre de 2009
PÓLVORA MOJADA
A Diego Petersen, por los caminos compartidos
Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.
La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.
Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.
Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.
Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.
Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.
La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.
Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.
Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.
Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.
jueves, 10 de diciembre de 2009
RETROCESOS LEGISLATIVOS
La cultura parlamentaria brilla por su ausencia en el Congreso de la Unión, tanto como en el Congreso local jalisciense. Dos muestras recientes ilustran que las leyes se hacen al vapor, sin sustento en consultas públicas, e insuficientemente discutidas sobre bases técnicas relacionadas con las materias que discuten los Diputados y Senadores. A cada legislación se le pueden encontrar motivos de negociaciones políticas, cada vez más ligadas con la mercantilización de la democracia a favor de los poderes fácticos: esos que nadie ha elegido pero que deciden en los hechos buena parte de los asuntos públicos. Muchas de las leyes que aprueban nuestros congresos pretenden también aumentar los privilegios de representantes y de autoridades electas que buscan, paradójicamente, relajar o debilitar el alcance de cierta legislación que les obliga a rendir cuentas, ser más transparentes en su actividad pública o en la información que generan y, por supuesto, en la auto asignación de recursos públicos.
Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
viernes, 4 de diciembre de 2009
CIUDADANÍAS EXTRATERRITORIALES
Uno de los temas tratados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición de 2009, es el de las exigencias transformadoras que plantean las migraciones internacionales a la condición tradicional de ciudadanía. Esta supone la adscripción a un territorio y a una gama de derechos propios del ciudadano, pero la intensidad y masividad de las migraciones desborda las atribuciones que hasta ahora se conceden al Estado nacional, tanto en el lugar de residencia, cuando se trata de migraciones de retorno, como del lugar de acogida. La exigencia ahora planteada tiene implicaciones extraterritoriales, pues el migrante lleva consigo demandas de ciudadanía ahí donde viva y trabaje sea temporalmente, sea definitivamente cuando decide emigrar, y también sigue contando con la herencia de sus derechos adquiridos en su lugar de nacimiento.
El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.
Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.
Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.
El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.
Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.
Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.
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