Carlos Salinas llegó al gobierno en medio de una doble crisis, de legalidad, pues no sustentó su triunfo en la imparcialidad que caracteriza a las instituciones del Estado de derecho, recordemos la quema del material electoral para evitar que se comprobara el fraude en su elección. También su gobierno nació sumido en una crisis de legitimidad, pues el fraude perpetuado en 1988 fue documentado y se generó una pérdida de credibilidad en los procesos electorales, las instituciones encargadas de organizar los comicios, en el gobierno emanado de la imposición y en el conjunto del sistema político y de partidos, que fueron incapaces de reconocer y respetar la voluntad popular. Todavía cargamos con los estigmas del desencanto frente esas instituciones y sigue aumentando la abstención y una corriente que anula concientemente su voto.
No obstante esa doble limitación, la genialidad política del ex Presidente Salinas –cuya perversidad confirmamos día con día- le permitió recomponer esa doble crisis a su favor durante sus dos primeros años de gobierno. Considerado como un político pragmático capaz de transformar la adversidad, sin poner reparo alguno en los medios para obtener sus fines, Carlos Salinas apostó por un proyecto de país ortodoxamente apegado al Consenso de Washington, nacido en 1989, cuyos puntos fundamentales aplicó religiosamente a lo largo y ancho de su mandato presidencial. Él mismo, formado en las doctrinas liberales ofrecidas por universidades estadounidenses, fue un discípulo destacado de la llamada Reaganomics y de las políticas neoliberales aplicadas por Margaret Thatcher, la Dama de Hierro de la Gran Bretaña.
La operación de ese su proyecto estuvo a cargo de una coalición política que reunió a ambiciosos tecnócratas que se erigieron en una clase política con vocación para gobernar durante 25 años –como lo afirmara en esa época Ángel Gurría, actualmente Secretario General de la OCDE. Una coalición política que hizo alianzas con los poderes fácticos de la empresa, los medios de comunicación, que negoció espacios de poder con el narcotráfico y las iglesias. Además, esa coalición buscó alianzas con sectores populares que necesitaba el PRI para renovar su base social y así emprender la (contra) reforma agraria y superar la propia herencia corporativa del sindicalismo real y potencial opositor a las reformas emprendidas. Finalmente, el Programa Nacional de Solidaridad fue el instrumento más eficaz para ganar una base social en disputa, particularmente por una izquierda sensible a las demandas de los afectados por el salinismo.
Bajo el manto de una nueva doctrina, el Liberalismo Social, se profundizó la influencia de esa coalición política encabezada por Salinas, al grado que persisten continuidades con las transformaciones neoliberales que se siguen operando en el país, independientemente del partido u orden de gobierno que se trate: privatización, liberalización a ultranza, apertura total e indiscriminada con el impulso del libre comercio (el TLCAN, que representó el cabildeo más caro que haya emprendido gobierno alguno en Estados Unidos) La estabilidad macroeconómica reducida al sector financiero que supedita al trabajo. Son todas ellas iniciativas que inició, depuró o sofisticó el salinismo. Inclusive, actualmente vemos otras continuidades, como el fraude electoral de 2006, que implicó alianzas con la Mtra. Gordillo que operó Salinas con la complicidad del Grupo Atlacomulco. Así se explica que el ex Presidente Salinas haya equiparado alternancia y democratización en 2012, en su intervención durante la celebración de los 20 años del IFE. Se comprende que el llamado PRI-AN no garantiza una fiel continuidad con el proyecto que sigue encabezando Carlos Salinas y su coalición política que está más viva que nunca. ¿La alternancia priista sabrá recomponer legalidad y legitimidad en el contexto de la profunda crisis actual?
viernes, 15 de octubre de 2010
viernes, 1 de octubre de 2010
10 TESIS SOBRE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
Noam Chomsky, destacado lingüista del Massachusets Institute of Technology, plantea 10 tesis sobre la manipulación mediática de la opinión en las sociedades contemporáneas. Los intentos manipuladores del gobierno jalisciense del conflicto en torno al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pueden ilustrarlas.
1- La estrategia de la distracción. El montaje teatral de la entrega personal de los cheques por funcionarios del Ejecutivo estatal, que corresponden por derecho al presupuesto universitario, pretendió distraer la atención del público hacia la idea de que el gobierno si cumple, pero es la U de G la que no destina la inversión a la creación de una mayor oferta educativa, sino al barril sin fondo que representa el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, ese montaje creo confusión pública, pues los cheques tienen un destino etiquetado y no se pueden destinar a construir preparatorias o a reponer el mobiliario.
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. El gobernador jalisciense se esmera en presentar una solución falaz: “mientras la U de G, no destituya a su ‘jefe político’ y lo obligue a rendir cuentas, no merece disponer de su presupuesto, pues no se sabe a dónde van tantos millones de pesos…” Más allá de reconocer el derecho universitario a contar con un presupuesto digno, el gobierno estatal crea problemas de carácter político que son ilegales y que no toman en cuenta el autogobierno universitario y sus avances en materia de transparencia.
3- La estrategia de la gradualidad. Poner dificultades de manera gradual y creciente a la gestión del presupuesto universitario, por parte de Emilio González, busca debilitar la educación pública, laica y gratuita, al desconocer que sin una estrategia educativa sostenida no hay progreso posible para el estado y la nación, ni un pensamiento crítico frente a la exclusión y la injusticia.
4- La estrategia de diferir. El gobierno de Emilio impulsa una medida “dolorosa pero necesaria”, al castigar a toda la comunidad universitaria por su complicidad con el despilfarro cultural. No obstante, diferir la solución del conflicto de fondo entre la autonomía universitaria y los poderes públicos, para garantizar la educación pública, tiene consecuencias negativas que se esconden sistemáticamente.
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La incapacidad gubernamental para impulsar un debate público razonado sobre el conflicto, muestra que se opta por infantilizar al ciudadano. Pesa más el argumento de autoridad que la convicción con base en el pensamiento reflexivo antidogmático.
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Los recursos histriónicos de Emilio, transformaron el regalo de las calaveras en amenaza de muerte hacia él y su familia, causando un corto circuito en el análisis racional, y finalmente del sentido crítico de los individuos. Sigo a Chomsky: ello abre “la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…”
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Las afinidades entre los Emilios: González y Ascárraga, por la (in)cultura del entretenimiento, hacen creer que deja más beneficios invertir en telenovelas o banalidades que invertir en educación.
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La renuencia del gobernador jalisciense al diálogo respetuoso lo hace incapaz de reconocer interlocutores con capacidad de raciocinio y de cuestionamiento. Prefiere gastar 15 millones de dólares en espectáculos mediocres a impulsar la educacion.
9- Reforzar la autoculpabilidad. El individuo es culpable de su propia desgracia; su educación, preferentemente privada, soluciona sus culpas.
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación neurobiológica del individuo y la psicología aplicada sin ética humana, instrumentalizan al conocimiento en función del poder desafecto del control público.
1- La estrategia de la distracción. El montaje teatral de la entrega personal de los cheques por funcionarios del Ejecutivo estatal, que corresponden por derecho al presupuesto universitario, pretendió distraer la atención del público hacia la idea de que el gobierno si cumple, pero es la U de G la que no destina la inversión a la creación de una mayor oferta educativa, sino al barril sin fondo que representa el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, ese montaje creo confusión pública, pues los cheques tienen un destino etiquetado y no se pueden destinar a construir preparatorias o a reponer el mobiliario.
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. El gobernador jalisciense se esmera en presentar una solución falaz: “mientras la U de G, no destituya a su ‘jefe político’ y lo obligue a rendir cuentas, no merece disponer de su presupuesto, pues no se sabe a dónde van tantos millones de pesos…” Más allá de reconocer el derecho universitario a contar con un presupuesto digno, el gobierno estatal crea problemas de carácter político que son ilegales y que no toman en cuenta el autogobierno universitario y sus avances en materia de transparencia.
3- La estrategia de la gradualidad. Poner dificultades de manera gradual y creciente a la gestión del presupuesto universitario, por parte de Emilio González, busca debilitar la educación pública, laica y gratuita, al desconocer que sin una estrategia educativa sostenida no hay progreso posible para el estado y la nación, ni un pensamiento crítico frente a la exclusión y la injusticia.
4- La estrategia de diferir. El gobierno de Emilio impulsa una medida “dolorosa pero necesaria”, al castigar a toda la comunidad universitaria por su complicidad con el despilfarro cultural. No obstante, diferir la solución del conflicto de fondo entre la autonomía universitaria y los poderes públicos, para garantizar la educación pública, tiene consecuencias negativas que se esconden sistemáticamente.
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La incapacidad gubernamental para impulsar un debate público razonado sobre el conflicto, muestra que se opta por infantilizar al ciudadano. Pesa más el argumento de autoridad que la convicción con base en el pensamiento reflexivo antidogmático.
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Los recursos histriónicos de Emilio, transformaron el regalo de las calaveras en amenaza de muerte hacia él y su familia, causando un corto circuito en el análisis racional, y finalmente del sentido crítico de los individuos. Sigo a Chomsky: ello abre “la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…”
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Las afinidades entre los Emilios: González y Ascárraga, por la (in)cultura del entretenimiento, hacen creer que deja más beneficios invertir en telenovelas o banalidades que invertir en educación.
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. La renuencia del gobernador jalisciense al diálogo respetuoso lo hace incapaz de reconocer interlocutores con capacidad de raciocinio y de cuestionamiento. Prefiere gastar 15 millones de dólares en espectáculos mediocres a impulsar la educacion.
9- Reforzar la autoculpabilidad. El individuo es culpable de su propia desgracia; su educación, preferentemente privada, soluciona sus culpas.
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación neurobiológica del individuo y la psicología aplicada sin ética humana, instrumentalizan al conocimiento en función del poder desafecto del control público.
viernes, 24 de septiembre de 2010
AUTONOMÍA Y CRISIS DE CIVILIZACIÓN
Un déficit que enfrenta el sistema político mexicano es el respeto y afirmación de los organismos públicos autónomos y particularmente de la autonomía universitaria. Contrasta la celebración de los 100 años de la UNAM, con la desaseada operación política del conflicto por el presupuesto de la Universidad de Guadalajara que hace el gobierno jalisciense. En nada contribuye Emilio González a impulsar la independencia frente a los poderes públicos e incluso respecto a los grupos de poder político, con el manoseo de la información, con acusaciones y descalificaciones ausentes de pruebas contundentes. El gobernador desenfoca el problema que se debería de afrontar: el rol de la universidad pública en la transformación de nuestras sociedades, la generación del conocimiento y la cultura que nos permita enfrentar la crisis de civilización cuyas manifestaciones complejas, multidimensionales, y sus posibles respuestas, se abordan en las actividades sustantivas de la universidad.
La UNAM celebra sus 100 años poniendo sobre la mesa los grandes temas nacionales en los que su labor educativa puede actuar positivamente. Si la crisis de civilización se manifiesta en la imposibilidad de dar certidumbre frente al caos bancario-bursátil-financiero, o frente a la crisis ambiental-alimentaria y la depredación causada por el modelo energético, desde la universidad pública se debe de trabajar en el diagnóstico de estos diversos problemas y en la imaginación de alternativas para encontrar soluciones de fondo. El rector José Narro, señaló que sólo si se evita que en la educación se impongan criterios de mercado y sólo si el gobierno se compromete con una inversión mayor al 0.7 % del PIB a la educación superior y 0.4 % a la investigación que destina actualmente, se podrán superar las limitaciones. Lo cual implica replantear el modelo de desarrollo económico del país.
Los grandes enemigos a vencer son la pobreza y la exclusión, en la cual destacan los siete millones de jóvenes ninis que no cuentan con políticas públicas apropiadas, cifra escandalosa que aportó el Rector de la UNAM hace unas semanas. Pero sólo un pensamiento crítico, apartado de cualquier dogmatismo y de toda forma de autoritarismo del mercado, de carácter cívico y laico, es el que sirve para enfrentar esa crisis de civilización. Ese es el campo de la educación, la ciencia y la tecnología, de la creación, preservación y difusión de la cultura comprometida con valores de innovación constante y de convivencia. También la y lo político es motivo de esta celebración centenaria. En su intervención ante el Congreso de la Unión, el Rector Narro, reiteró: “el desafío de México no solo es crecer en la economía sino también mejorar la dignidad de los que nada tienen, edificar un verdadero desarrollo humano para todos.”
La universidad preserva valores civilizatorios como la justicia, el pensar en formatos cívicos incluyentes, que consideran el largo plazo, y la revalorización de la política, la exigencia a los partidos políticos y al gobierno de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar socialmente, y no sólo desde las instituciones constituidas, los grandes problemas de inseguridad y banalización de la vida que nos agobian. La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a 16 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellos al destacado lingüista Noam Chomsky, quienes ubicaron el contexto mundial que enfrenta la universidad pública y sus contribuciones para la paz, la convivencia fraternal y solidaria. Aprender la importancia de la autonomía también en el plano internacional, la gran apuesta que hacen Brasil o India por el sector educativo, científico y tecnológico, en el que invierten el tres por ciento del PIB, quedan como altas miras para la UNAM. Gran visión que está lamentablemente ausente en el regateo presupuestal que hace el gobierno de Jalisco.
La UNAM celebra sus 100 años poniendo sobre la mesa los grandes temas nacionales en los que su labor educativa puede actuar positivamente. Si la crisis de civilización se manifiesta en la imposibilidad de dar certidumbre frente al caos bancario-bursátil-financiero, o frente a la crisis ambiental-alimentaria y la depredación causada por el modelo energético, desde la universidad pública se debe de trabajar en el diagnóstico de estos diversos problemas y en la imaginación de alternativas para encontrar soluciones de fondo. El rector José Narro, señaló que sólo si se evita que en la educación se impongan criterios de mercado y sólo si el gobierno se compromete con una inversión mayor al 0.7 % del PIB a la educación superior y 0.4 % a la investigación que destina actualmente, se podrán superar las limitaciones. Lo cual implica replantear el modelo de desarrollo económico del país.
Los grandes enemigos a vencer son la pobreza y la exclusión, en la cual destacan los siete millones de jóvenes ninis que no cuentan con políticas públicas apropiadas, cifra escandalosa que aportó el Rector de la UNAM hace unas semanas. Pero sólo un pensamiento crítico, apartado de cualquier dogmatismo y de toda forma de autoritarismo del mercado, de carácter cívico y laico, es el que sirve para enfrentar esa crisis de civilización. Ese es el campo de la educación, la ciencia y la tecnología, de la creación, preservación y difusión de la cultura comprometida con valores de innovación constante y de convivencia. También la y lo político es motivo de esta celebración centenaria. En su intervención ante el Congreso de la Unión, el Rector Narro, reiteró: “el desafío de México no solo es crecer en la economía sino también mejorar la dignidad de los que nada tienen, edificar un verdadero desarrollo humano para todos.”
La universidad preserva valores civilizatorios como la justicia, el pensar en formatos cívicos incluyentes, que consideran el largo plazo, y la revalorización de la política, la exigencia a los partidos políticos y al gobierno de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar socialmente, y no sólo desde las instituciones constituidas, los grandes problemas de inseguridad y banalización de la vida que nos agobian. La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a 16 personalidades nacionales y extranjeras, entre ellos al destacado lingüista Noam Chomsky, quienes ubicaron el contexto mundial que enfrenta la universidad pública y sus contribuciones para la paz, la convivencia fraternal y solidaria. Aprender la importancia de la autonomía también en el plano internacional, la gran apuesta que hacen Brasil o India por el sector educativo, científico y tecnológico, en el que invierten el tres por ciento del PIB, quedan como altas miras para la UNAM. Gran visión que está lamentablemente ausente en el regateo presupuestal que hace el gobierno de Jalisco.
viernes, 3 de septiembre de 2010
POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO
A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
POLÍTICA FALLIDA Y DERRUMBE DEL ESTADO
A 4 años de gobierno, Felipe Calderón enfrenta el riesgo de pasar de una política fallida al derrumbe del Estado. El deterioro de la política como manejo razonado del conflicto, causado por la militarización del combate al crimen organizado sin un fortalecimiento paralelo del vínculo entre política interna y política exterior, entre políticas sectoriales y regionales, pone al país al borde, no del Estado fallido, sino del derrumbe del Estado. El epicentro de las fuerzas destructoras se ubica en la falta de una estrategia democrática de seguridad y de respuestas desarticuladas frente al impacto nacional de la crisis mundial. Entre una Iniciativa Mérida, cuyo diseño está subordinado a la visión militarista estadounidense de su seguridad nacional, la simulación de diálogo para enfrentar colectivamente los grandes problemas nacionales y una precaria política anticrisis, la viabilidad misma del país está en juego.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
Fue bueno poner fin al ritual presidencialista con la entrega por escrito del Informe presidencial al Congreso de la Unión, pero sigue alejándose la posible rendición de cuentas, con consecuencias vinculatorias, para el Ejecutivo federal. Se pospone indefinidamente el diálogo entre los poderes de la Unión, lo que evita robustecer una cultura parlamentaria auténtica. Se ha privatizado y partidizado el diálogo del Presidente con la sociedad. Ahora el Informe apela al poder de los medios electrónicos, los cuales se caracterizan por la información vertical sin posible respuesta de quien recibe el mensaje presidencial. A 4 años se acentúan los desafíos de hacer viable un país democrático, con capacidad para enfrentar la crisis, garantizar una inserción mundial del país con autonomía y soberanía alimentaria, energética y con política industrial, que en conjunto posibiliten un país sustentable, impulsor del empleo, la redistribución del ingreso, prioritariamente productivo y resistente frente al auge del libre comercio.
El gobierno federal es incapaz, sin embargo, de revalorizar la política y fortalecer al Estado como síntesis del interés social. La política es fallida porque ha desmembrado las necesarias reformas en cambios secundarios desvinculados de un proyecto nacional coherente. De las 23 iniciativas legislativas enviadas por el Ejecutivo, la inmensa mayoría pretenden mejorar la gerencia pública, pero el décalogo presidencial de reforma político-electoral, único intento de transformación del sistema político, fue abortada por la partidocracia que se vio amenazada de perder prebendas y torpedeada por el futurismo del 2012, que condiciona cualquier reforma. Política fallida porque se sigue impulsando un pacto social sesgado hacia ciertos sectores empresariales que forman parte de poderes fácticos con capacidad de chantaje al autodefinirse como los fieles de la balanza de la gobernabilidad democrática. En ellos se estrella la viabilidad de las reformas estructurales: fiscal, laboral, energética.
Es la esquizofrenia entre esa política económica sesgada y la débil política social, lo que está derrumbando un posible pacto social, llevándose de corbata al Estado. El desencanto de la política y de las burocracias profesionales que monopolizan partes sustanciales de ella, crea desconfianza en las capacidades reformistas transformadoras del gobierno, acrecienta el desánimo ciudadano y amplifica las sensaciones de impotencia e inseguridad frente a lo público. Política fallida, porque los eslabones entre Estado y sociedad están fracturados; el caso de 4 años de debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el asedio contra el IFAI, la privatización extrema de las comunicaciones, el golpeteo contra las iniciativas sindicales deseosas y con proyectos de participación en las empresas, imposibilitan un pacto social incluyente apegado a la diversidad étnica, cultural, ambiental de las regiones mexicanas. A 4 años de gobierno estamos en riesgo de lamentar que después del bicentenario independista y centenario revolucionario, nos estemos quedando sin país.
viernes, 18 de junio de 2010
ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO: LAS ELECCIONES
Hay que ver con atención lo que suceda este próximo domingo en las elecciones colombianas. Con su relativa distancia, la elección presidencial en ese país representa varios focos de interés respecto a lo que pueda suceder en nuestras elecciones presidenciales de 2012. Se ha abusado sobre la supuesta colombianización de México, pues al homologar ambos casos sólo se toma en cuenta el creciente protagonismo del narco en la vida política, su influencia en las instituciones, y el aumento inusitado de la intervención estadounidense sobre el Plan Colombia, que se supone erróneamente igual a la Iniciativa Mérida, como dos estrategias de la política exterior estadounidense que militarizan el combate al narcotráfico, e imponen las doctrinas de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, sin ser abismales, hay diferencias que es imprescindible comprender.
El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.
En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.
Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?
El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.
En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.
Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?
viernes, 11 de junio de 2010
BLINDAJE ELECTORAL VULNERADO
Pesan signos ominosos sobre los procesos electorales que viven 14 entidades mexicanas. El caso más extremo, San Juan de Copala, municipio autónomo de Oaxaca, no pudo recibir la ayuda llevada por la Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jakkola, llamada así en honor a las dos personas asesinadas durante la emboscada que sufrió un primer grupo que intentó ingresar a la zona, el pasado 27 de abril. La nueva Caravana, llevaba 30 toneladas de víveres a los 700 pobladores que están sitiados por una organización impulsada por el gobierno oaxaqueño que encabeza Ulises Ruiz, la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), la cual ha sido señalada por organismos defensores de derechos humanos como presunta responsable del asesinato de Bety y Jyri.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
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