Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tres poblaciones afectadas por la construcción de una represa que las inundaría, luchan contra la imposición de un modelo depredador que excluye a los más débiles del sistema de decisiones sobre las políticas públicas que supuestamente son del interés general. Desde el gobierno, se plantea una falsa disyuntiva, o se hace la represa en el lugar escogido por las burocracias federal y estatal, que administran el agua, para resolver las necesidades de agua de núcleos urbanos que sin duda tienen derecho a ser abastecidos, o se reproduce un déficit del vital líquido que terminaría por afectar hasta el agotamiento otros recursos acuíferos de la región, principalmente Chapala. Sin embargo, las decisiones técnicas esconden toda una estrategia de dominio y control que beneficia al sector empresarial vinculado con la industria de la construcción, frente al cual la inmensa mayoría de las poblaciones afectadas ha ido escalonando sus demandas hasta llegar al impedimento de la construcción de la represa.
Lo que está en juego dentro de ese conflicto, es la política gubernamental excluyente de los afectados al no reconocerles capacidad de argumentación técnica para construir la represa en otro lugar, que no implique expulsar población de su hábitat, pero sobre todo la incapacidad para conducir políticas públicas que rompan con el colonialismo interno y externo de las supuestas estrategias de desarrollo. Ninguno de los tres pueblos afectados son los responsables de las dificultades de abasto de agua a los núcleos urbanos, como tampoco son responsables de las ineficiencias de los organismos operadores del servicio de agua en las ciudades, ni de la falta de cultura en el uso del líquido, pues si se evitaran las fugas en las redes, se sanearan las finanzas y se educara en una cultura de sustentabilidad, se podría recuperar hasta un 40 por ciento del volumen disponible de agua en las ciudades; no se necesitarían represas más que para el mediano plazo.
Colonialismo interno, pues la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado con la obra de la represa pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra.
Colonialismo externo, pues los países del Sur son víctimas de una estrategia mundial que extrae de ellos minerales, energéticos, recursos biodiversos, a la par que los países centrales y sus aliados locales se apropian in situ de recursos naturales renovables y no renovables. El modelo extractivista depredador, se finca sobre el despojo de los más débiles. La lucha de Temaca se enfrenta a ese doble colonialismo desde un proceso social organizado en el que esas poblaciones no están solas. Esa lucha se enmarca en resistencias e impedimentos contra un modelo de complicidades entre dinero y gobiernos que incluso modifica el marco legal, que criminaliza la protesta social. Temaca forma parte de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua; exige respeto a la integridad de sus derechos y libertades, distender el conflicto mediante el diálogo entre autoridades y afectados, cancelar formatos represivos. No está solo Temaca.
viernes, 1 de abril de 2011
viernes, 25 de marzo de 2011
DE GUERRAS PERDIDAS A DEMOCRACIAS FALLIDAS
Los tiempos de guerra que vivimos en México a raíz de la estrategia definida desde la Presidencia de la República, por más que se haya querido suavizar o negar la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón al inicio de su mandato, acechan los procesos electorales y la idea misma de la democracia. Aunque éste Régimen cuente con la mayoría de los indicadores reconocidos internacionalmente como un Estado Fallido, el análisis que propone este libro sobre un conjunto de entidades azotadas por la violencia y la inseguridad causadas por el crimen organizado y por las erróneas estrategias seguidas para combatirlo, deja ver las fallas institucionales cuyo impacto resquebraja la escala de los gobiernos locales, del sistema de partidos que los sustentan y de los procesos electorales que sostienen frágiles logros de la alternancia y la democratización del sistema político mexicano. Malos presagios para las elecciones locales que restan antes de la elección presidencial de 2012, particularmente la del Estado de México; mayores indicadores de incertidumbre e inseguridad que enmarcarán la competencia por la presidencia del país.
En sus “Apuntes sobre las guerras”, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política (12-03-2011), que escribe el Sup Marcos a Luis Villoro, se afirma que: “Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social” Lo más grave es que se trata tanto del Estado como de la democracia fallida. Esta guerra no es la prolongación de la política por otros medios, como lo señalara el Barón Von Clausewits, quien quisiera dignificar los conflictos interestatales que llevan al enfrentamiento armado típico de las guerras convencionales; se trata de una guerra instrumental con fines politiqueros, técnicamente equivocada, pues el Ejército mexicano y las policías de distinto orden no luchan contra fuerzas regulares cuya aniquilación puedan lograr tropas y medios convencionales de guerra.
Después de las conflagraciones mundiales, las guerras localizadas “temáticas” son en realidad la prolongación de los negocios por los medios que sean necesarios, sin importar si se trata de daños colaterales, o de reprimir a una minoría ridícula; en todo caso, hay implicaciones dominadas por el poder mundial de las trasnacionales y por nuestra ubicación por el poder estadounidense. La carta a Luis Villoro del Sup, se pregunta: “¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra ‘local’? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y ‘delincuentes’ -la ‘guerra contra la delincuencia organizada’ es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece”
Esta guerra es además la disputa entre esos complejos intereses geopolíticos estadounidenses y su alianza con el gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por el control de bases territoriales de apoyo que el crimen organizado viene restando al Estado nacional. Los cárteles tienen estrategias propias para obtener respaldos sociales y cierto éxito en su legitimación. Usan el mismo lenguaje de la violencia: individual, simbólica y “estructural”. Los procesos electorales locales anuncian lo complejo de la coyuntura para elegir Presidente en 2012, pero también alertan sobre la urgencia de no subordinar a esa fecha lo que se puede hacer ya.
En sus “Apuntes sobre las guerras”, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política (12-03-2011), que escribe el Sup Marcos a Luis Villoro, se afirma que: “Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social” Lo más grave es que se trata tanto del Estado como de la democracia fallida. Esta guerra no es la prolongación de la política por otros medios, como lo señalara el Barón Von Clausewits, quien quisiera dignificar los conflictos interestatales que llevan al enfrentamiento armado típico de las guerras convencionales; se trata de una guerra instrumental con fines politiqueros, técnicamente equivocada, pues el Ejército mexicano y las policías de distinto orden no luchan contra fuerzas regulares cuya aniquilación puedan lograr tropas y medios convencionales de guerra.
Después de las conflagraciones mundiales, las guerras localizadas “temáticas” son en realidad la prolongación de los negocios por los medios que sean necesarios, sin importar si se trata de daños colaterales, o de reprimir a una minoría ridícula; en todo caso, hay implicaciones dominadas por el poder mundial de las trasnacionales y por nuestra ubicación por el poder estadounidense. La carta a Luis Villoro del Sup, se pregunta: “¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra ‘local’? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y ‘delincuentes’ -la ‘guerra contra la delincuencia organizada’ es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece”
Esta guerra es además la disputa entre esos complejos intereses geopolíticos estadounidenses y su alianza con el gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por el control de bases territoriales de apoyo que el crimen organizado viene restando al Estado nacional. Los cárteles tienen estrategias propias para obtener respaldos sociales y cierto éxito en su legitimación. Usan el mismo lenguaje de la violencia: individual, simbólica y “estructural”. Los procesos electorales locales anuncian lo complejo de la coyuntura para elegir Presidente en 2012, pero también alertan sobre la urgencia de no subordinar a esa fecha lo que se puede hacer ya.
viernes, 18 de marzo de 2011
REFORMA POLÍTICA DE SEGUNDO PISO
La teoría elitista de la democracia, muestra fracaso tras fracaso. Sus puntos de partida no reconocen la capacidad del sujeto para construir formas eficaces de gobierno; ya ni siquiera los poderes fácticos entregan toda su confianza a los supuestos poseedores de la razón y del saber gobernar, la tecnocracia y los políticos profesionales. Desde esa teoría, la participación ciudadana puede abrir canales caóticos ya que la soberanía popular no necesariamente lleva a resultados racionales, pues hay momentos en que el pueblo impone su voluntad desde creencias o incluso supercherías que arriesgan, si no es que condenan los valores democráticos. Sin embargo, la soberanía popular debe de ser fruto de un proceso de formación de la voluntad general, lo cual implica modos racionales plurales para autorizar el ejercicio del poder mediante cuerpos representativos que operan y provienen de racionalidades diversas. Para ello, es preciso contar con un diseño institucional que revalorice la relación entre sociedad civil y sociedad política, de manera que acerque la mayor cantidad y calidad de decisiones en torno de todo el ámbito de lo público, lo cual desafía los alcances del proceso de reforma política que lamentablemente se acota al rito electoral.
No hemos logrado siquiera una reforma político-electoral de primer piso, pues la brecha entre soberanía popular y las normas electorales que podrían sustentar la democracia representativa, desemboca necesariamente en la frustración, las promesas de gobierno incumplidas y el desencanto político. Ante la tensión entre Estado administrativo y la creciente complejidad social, se impone el formato de una democracia como gobierno de las minorías activas, a las que se intenta legitimar como las únicas capaces de imprimir una elección racional sobre actividades y funciones de las instituciones. Desde esa perspectiva, la democracia debe tender entonces a una inclusión gradual y selectiva de esos grupos activos dentro del sistema de representación. No obstante, la democracia representativa elitista es ampliamente cuestionada y son crecientes las demandas sociales por ampliarla. El apego a la legalidad implicada en el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la exigencia de un desempeño responsable de los funcionarios electos, tendientes a erradicar la corrupción y la impunidad representan demandas que elevan la calidad de la democracia, aunque sea en su dimensión representativa. Pero más allá de este primer piso están las reformas que demanda la participación ciudadana; la llamada democracia participativa.
El Pleno del Congreso del Estado autorizó en febrero pasado la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, “para fortalecer la participación de la sociedad en actividades cívicas, sociales, políticas y culturales, y en especial impulsar la divulgación de la cultura electoral” se trata de promover la participación ciudadana “en temas coyunturales, mismos que se relacionan con una democracia participativa en la que los ciudadanos no sólo se limiten a elegir a las personas que los representen, sino que participen de una manera continua en la toma de decisiones, para lograr el desarrollo integral de la sociedad por medio de instrumentos como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular.” Avanzar en una reforma de segundo piso, puede ampliar la calidad de nuestra vida democrática sin duda e, incluso, se podrían profundizar o retomar las reformas de primer piso que no han sido cumplidas. La consulta convocada antes de este acuerdo sobre democracia participativa, por el Diputado local Carlos Briseño, a la par de diversos intentos pasados y actuales por implementar el presupuesto participativo, aunque sea desde arriba, como fue el caso de Guadalajara antes y ahora el de Tlajomulco, abonan en la dirección de la necesaria reforma política de segundo piso.
No hemos logrado siquiera una reforma político-electoral de primer piso, pues la brecha entre soberanía popular y las normas electorales que podrían sustentar la democracia representativa, desemboca necesariamente en la frustración, las promesas de gobierno incumplidas y el desencanto político. Ante la tensión entre Estado administrativo y la creciente complejidad social, se impone el formato de una democracia como gobierno de las minorías activas, a las que se intenta legitimar como las únicas capaces de imprimir una elección racional sobre actividades y funciones de las instituciones. Desde esa perspectiva, la democracia debe tender entonces a una inclusión gradual y selectiva de esos grupos activos dentro del sistema de representación. No obstante, la democracia representativa elitista es ampliamente cuestionada y son crecientes las demandas sociales por ampliarla. El apego a la legalidad implicada en el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la exigencia de un desempeño responsable de los funcionarios electos, tendientes a erradicar la corrupción y la impunidad representan demandas que elevan la calidad de la democracia, aunque sea en su dimensión representativa. Pero más allá de este primer piso están las reformas que demanda la participación ciudadana; la llamada democracia participativa.
El Pleno del Congreso del Estado autorizó en febrero pasado la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, “para fortalecer la participación de la sociedad en actividades cívicas, sociales, políticas y culturales, y en especial impulsar la divulgación de la cultura electoral” se trata de promover la participación ciudadana “en temas coyunturales, mismos que se relacionan con una democracia participativa en la que los ciudadanos no sólo se limiten a elegir a las personas que los representen, sino que participen de una manera continua en la toma de decisiones, para lograr el desarrollo integral de la sociedad por medio de instrumentos como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular.” Avanzar en una reforma de segundo piso, puede ampliar la calidad de nuestra vida democrática sin duda e, incluso, se podrían profundizar o retomar las reformas de primer piso que no han sido cumplidas. La consulta convocada antes de este acuerdo sobre democracia participativa, por el Diputado local Carlos Briseño, a la par de diversos intentos pasados y actuales por implementar el presupuesto participativo, aunque sea desde arriba, como fue el caso de Guadalajara antes y ahora el de Tlajomulco, abonan en la dirección de la necesaria reforma política de segundo piso.
viernes, 11 de marzo de 2011
DERECHOS HUMANOS, AVANCES Y DEUDAS
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 8 de marzo, la reforma constitucional más ambiciosa desde que se legisla en materia de Derechos Humanos. Son muchos los avances que ella representa, aunque quedan pendientes de integrar a la Constitución mexicana otras varias dimensiones que refuercen la universalidad y la actualidad asociada con una cultura democrática y equitativa en esa materia, que a su vez se apegue a las particularidades de nuestro país. Entre las cualidades que configuran el debate contemporáneo sobre Derechos humanos, destaca la idea de integralidad; entre los organismos civiles internacionales, tanto como en los organismos especializados en esta materia dentro de Naciones Unidas, se discuten Derechos de Tercera Generación: aquellos que vinculan de manera horizontal y simultánea, los logros de los derechos económicos, sociales y culturales (los DESC’s), con el Derecho a la Vida. Se quieren unir los derechos individuales con los colectivos y con valores culturales civilizatorios, que reconocen una tensión permanente entre su carácter universal y las particularidades étnicas y grupales que las sociedades contemporáneas exigen, por lo cual incluso se afirma que estos Derechos de Tercera Generación implican reconocer un derecho a la diferencia.
Reivindicar la diversidad no significa en modo alguno camuflar como legítima la inequidad o la desigualdad. En todo caso, la integralidad de los Derechos Humanos sitúa a la persona, en su ciudadanía, en el centro de su interés, pero desde el reconocimiento de culturas que diferencian a esas personas como sujetos de derechos particulares. Esta reforma constitucional en comento implicó sustituir la palabra persona por la de individuo, lo cual es un avance, pero dejó intactos los muy pendientes por cumplir derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas que encerraban los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que no se alcanzaron a reflejar en la reforma del Artículo Cuarto Constitucional en 1996. La reciente reforma constitucional no incluye la integralidad de los derechos sociales, respecto a una vida digna, con asistencia, seguridad social, salud, educación, en su carácter indisociable frente a los derechos económicos al trabajo, a una remuneración adecuada y suficiente. En la reforma “se contemplan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Principios por un lado, pero obligación orientada a la reparación, no tanto a la exigibilidad de derechos integrados.
Deudas pero también avances, pues con la reciente modificación de 11 artículos constitucionales, México sintoniza con la cultura universal de respeto y ampliación de Derechos Humanos. Se reforma el Capítulo 1 del Título Primero de la Constitución Política para denominarse: DE LOS DERECHOS Y SUS GARANTÍAS. Se precisa lo que significa un Estado de Emergencia, una clave para terminar con la ambigua idea de la guerra contra el narcotráfico; se reafirman los compromisos del gobierno mexicano con los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos. Se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que incluso se le dan competencias par investigar violaciones graves en esa materia, restando con ello las atribuciones que antes correspondían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aspecto preocupante, pues aún queda ambiguo el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por la CNDH. Además, aparece reivindicada la palabra preferencias sexuales como un conjunto de garantías a salvaguardar. La persecución de criminales sin respetar los derechos de la población, cuestionará las prácticas de policías y militares, la de Ministerios Públicos, jueces, gobernantes federales y locales. Pero, nos adeudan una reforma integral con derechos económicos, sociales y culturales exigibles.
Reivindicar la diversidad no significa en modo alguno camuflar como legítima la inequidad o la desigualdad. En todo caso, la integralidad de los Derechos Humanos sitúa a la persona, en su ciudadanía, en el centro de su interés, pero desde el reconocimiento de culturas que diferencian a esas personas como sujetos de derechos particulares. Esta reforma constitucional en comento implicó sustituir la palabra persona por la de individuo, lo cual es un avance, pero dejó intactos los muy pendientes por cumplir derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas que encerraban los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que no se alcanzaron a reflejar en la reforma del Artículo Cuarto Constitucional en 1996. La reciente reforma constitucional no incluye la integralidad de los derechos sociales, respecto a una vida digna, con asistencia, seguridad social, salud, educación, en su carácter indisociable frente a los derechos económicos al trabajo, a una remuneración adecuada y suficiente. En la reforma “se contemplan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Principios por un lado, pero obligación orientada a la reparación, no tanto a la exigibilidad de derechos integrados.
Deudas pero también avances, pues con la reciente modificación de 11 artículos constitucionales, México sintoniza con la cultura universal de respeto y ampliación de Derechos Humanos. Se reforma el Capítulo 1 del Título Primero de la Constitución Política para denominarse: DE LOS DERECHOS Y SUS GARANTÍAS. Se precisa lo que significa un Estado de Emergencia, una clave para terminar con la ambigua idea de la guerra contra el narcotráfico; se reafirman los compromisos del gobierno mexicano con los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos. Se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que incluso se le dan competencias par investigar violaciones graves en esa materia, restando con ello las atribuciones que antes correspondían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aspecto preocupante, pues aún queda ambiguo el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por la CNDH. Además, aparece reivindicada la palabra preferencias sexuales como un conjunto de garantías a salvaguardar. La persecución de criminales sin respetar los derechos de la población, cuestionará las prácticas de policías y militares, la de Ministerios Públicos, jueces, gobernantes federales y locales. Pero, nos adeudan una reforma integral con derechos económicos, sociales y culturales exigibles.
viernes, 25 de febrero de 2011
REFORMA POLÍTICA SIN RUMBO
A pesar del protagonismo partidista en la vida política del país, no se traslucen vínculos entre el sistema de partidos, la sociedad y el gobierno que sean prometedores de una democratización siquiera del régimen político, vamos ni siquiera mejoras en la vía electoral que propicien vida democrática. El proceso electoral del Estado de México evidencia limitaciones y debates no resueltos que sigue enfrentando el sistema político mexicano. La fragilidad de los consensos unitarios del PAN, que tiene una estructura partidaria unificada pero que no llega a establecer reglas suficientemente democráticas para la elección de su candidato presidencial; la unidad artificial del PRI, donde no todos se pliegan a la idea del candidato único y varios están al acecho del primer ataque contra el claro y definido candidato de unidad.
El peor de los escenarios lo tiene el campo de la izquierda partidaria, por su división en torno de las alianzas con Acción Nacional, por la cerrada competencia de liderazgos con fuertes arraigos entre las bases militantes del PRD, lo cual se mezcla con el impacto de la candidatura de López Obrador, que se viene construyendo desde hace prácticamente once años, al abrirse potencialmente la alternancia en el gobierno federal. Con una paciente organización de su electorado, que ya alcanza más de 40 mil comités de base en el país, con un hábil manejo de los intersticios abiertos por el pluralismo partidario de izquierda: el Partido del Trabajo y Convergencia, AMLO ha oscilado entre la creación de un contrapoder institucional y la estrategia independiente de la Presidencia Legítima, con lo cual ha logrado el proyecto de país con mayor arraigo de ese campo de izquierda.
En el centro del país se juega sin embargo el futuro próximo de ese sistema político bifronte: partidos unidos con capacidad para disciplinar las disidencias internas y liderazgos con rivalidades ya manifiestas en el campo de la izquierda partidaria. El Estado de México es un detonante geopolítico, porque quien conquiste la entidad con el mayor número de electores ganará el escalón más importante para llegar a la Presidencia de la República. Mientras el PRI gana cohesión interna alrededor del estado de su candidato presidencial, Acción Nacional muestra sus flancos débiles frente a un electorado mayoritariamente pobre que no atrae, pues no cuenta con líderes que hagan cambiar su imagen elitista, clasemediera. Evidentemente, la principal prueba es para el campo de la izquierda que llega sin un partido que convoque consensos, a punto de desmembrarse, polarizado entre la inacción electoral que incluso quisiera aplazar hasta 2018 la contienda presidencial, con Cuauhtémoc Cárdenas, y la prueba de fuerza entre Marcelo Ebrard y AMLO por conquistar el bastión geopolítico del México central.
El juego electoral de 2012 va, no obstante, más allá de la competencia por la presidencia del país. Alrededor del resto de puestos que se elegirán hay estrategias nuevas entre los competidores: la formación de organizaciones sociales civiles intermedias, con las que se pretende ganar una base de movilización que dé cabida a candidatos con proyectos personales no necesariamente coincidentes con las burocracias partidarias. Frente a ello, la reforma político-electoral no ofrece un rumbo para revalorizar las precampañas y democratizar la vida interna partidaria, es incapaz de regular poderes fácticos constituidos y menos a los ligados con el crimen organizado, no tiene propuestas viables para acotar la partidocracia, ni para reforzar la Presidencia por falta de una cultura parlamentaria; tampoco hay consensos gubernamentales en torno de los alcances de la reforma calderonista, ni candidaturas ciudadanas ni reformas de segundo piso con formatos participativos. Unas elecciones en tiempos de guerras internarco, interpartidarias, sin reforma político-electoral, incrementarán el desencanto.
El peor de los escenarios lo tiene el campo de la izquierda partidaria, por su división en torno de las alianzas con Acción Nacional, por la cerrada competencia de liderazgos con fuertes arraigos entre las bases militantes del PRD, lo cual se mezcla con el impacto de la candidatura de López Obrador, que se viene construyendo desde hace prácticamente once años, al abrirse potencialmente la alternancia en el gobierno federal. Con una paciente organización de su electorado, que ya alcanza más de 40 mil comités de base en el país, con un hábil manejo de los intersticios abiertos por el pluralismo partidario de izquierda: el Partido del Trabajo y Convergencia, AMLO ha oscilado entre la creación de un contrapoder institucional y la estrategia independiente de la Presidencia Legítima, con lo cual ha logrado el proyecto de país con mayor arraigo de ese campo de izquierda.
En el centro del país se juega sin embargo el futuro próximo de ese sistema político bifronte: partidos unidos con capacidad para disciplinar las disidencias internas y liderazgos con rivalidades ya manifiestas en el campo de la izquierda partidaria. El Estado de México es un detonante geopolítico, porque quien conquiste la entidad con el mayor número de electores ganará el escalón más importante para llegar a la Presidencia de la República. Mientras el PRI gana cohesión interna alrededor del estado de su candidato presidencial, Acción Nacional muestra sus flancos débiles frente a un electorado mayoritariamente pobre que no atrae, pues no cuenta con líderes que hagan cambiar su imagen elitista, clasemediera. Evidentemente, la principal prueba es para el campo de la izquierda que llega sin un partido que convoque consensos, a punto de desmembrarse, polarizado entre la inacción electoral que incluso quisiera aplazar hasta 2018 la contienda presidencial, con Cuauhtémoc Cárdenas, y la prueba de fuerza entre Marcelo Ebrard y AMLO por conquistar el bastión geopolítico del México central.
El juego electoral de 2012 va, no obstante, más allá de la competencia por la presidencia del país. Alrededor del resto de puestos que se elegirán hay estrategias nuevas entre los competidores: la formación de organizaciones sociales civiles intermedias, con las que se pretende ganar una base de movilización que dé cabida a candidatos con proyectos personales no necesariamente coincidentes con las burocracias partidarias. Frente a ello, la reforma político-electoral no ofrece un rumbo para revalorizar las precampañas y democratizar la vida interna partidaria, es incapaz de regular poderes fácticos constituidos y menos a los ligados con el crimen organizado, no tiene propuestas viables para acotar la partidocracia, ni para reforzar la Presidencia por falta de una cultura parlamentaria; tampoco hay consensos gubernamentales en torno de los alcances de la reforma calderonista, ni candidaturas ciudadanas ni reformas de segundo piso con formatos participativos. Unas elecciones en tiempos de guerras internarco, interpartidarias, sin reforma político-electoral, incrementarán el desencanto.
viernes, 18 de febrero de 2011
AMISTAD CIUDADANA, LA ESPERANZA
Sería pretencioso decir que la amistad entre los pueblos es el mejor antídoto contra la instrumentalización, generalmente operada mediáticamente, de la política y la diplomacia internacional a favor de los gobiernos en turno. En todo caso, suena más accesible, dada la heterogeneidad de la idea de pueblo, hablar de la esperanza en torno de la amistad ciudadana, esa que comparte valores de convivencia fundados sobre el reconocimiento de una condición de pares, que son portadores de derechos y que se vinculan libremente al identificar intereses comunes. Ello es algo profundo que vive gracias a la apertura hacia la interculturalidad como fuente de enriquecimiento de las relaciones humanas, por encima de las cambiantes y coyunturales relaciones intergubernamentales. Con esos amigos-as franceses-as he trabado, desde hace más de 30 años, una profunda y sostenida amistad, además de haber creado vínculos académicos que nutren mutuamente nuestras culturas ciudadanas. Por ello, me permito traducir una Carta abierta al gobierno francés, que hacen circular amigos esperanzados en que los problemas causados por el affaire Florence Cassez, no nublen la celebración del Año de México en Francia:
“La decisión de la justicia mexicana concerniente al juicio de Florence Cassez, desató desde hace algunos días en Francia, una serie de reacciones de la parte del gobierno, de los partidos políticos y de los medios de difusión, que han resultado un enorme fiasco. Asistimos a un potente ascenso de la polarización en la toma de posiciones, a partir de la declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores rehusando participar en las actividades previstas para el Año de México en Francia, y el llamado de Martine Aubry [Presidenta del Partido Socialista Francés y Alcalde de la ciudad de Lille, de donde es originaria la Sra. Cassez; y desde abril de 2010, Aubry es Presidenta de la Eurometrópolis Lille-Kortrijk-Tournai] demandando a las colectividades locales socialistas boicotear esas actividades y eliminar las que dependen de ellas. El 14 de febrero, al dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez, Nicolas Sarkozy tomó una fuerte responsabilidad. No se puede pedir a escritores, artistas, científicos franceses, como tampoco a los mexicanos, el aceptar ser utilizados como medio de presión en asuntos que dependen de la justicia y la diplomacia. No es aceptable para nosotros franceses, y tampoco para nuestros colegas mexicanos. Esta mezcla inadmisible de géneros desembocó en la decisión, lógica, de retirarse por parte del gobierno mexicano.
“El Año de México es un evento destinado al mejor conocimiento de ese país. En ningún caso, puede ser instrumentalizado por los gobiernos como medio de presión sobre un asunto que depende del Poder Judicial mexicano y de la diplomacia francesa. Reafirmamos nuestro apego a las relaciones científicas, culturales y humanas con nuestros asociados que siempre nos han acogido con respeto, atención y amistad, muchos de entre ellos escogieron hacer sus estudios en Francia y trabajar luego con nosotros.
“Demandamos al presidente de la República Francesa retractar su decisión de dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez y reafirmamos nuestra amistad con México.”
No se niega que existen problemas que deben de encontrar vías de solución propias, pero ni el descrédito de la justicia mexicana, que cuenta con evidencias que hacen dudar de la calidad de sus procesos judiciales, ni las ambiciones mediáticas del gobierno francés, que no solo litiga sino que declara inocente y absuelve a la Sra. Cassez a través de los medios de difusión, deberían de impedir las celebraciones que generosamente acordaron los representantes gubernamentales de los contribuyentes franceses, que en su mayoría son amigos-as de México, más allá de acciones ilegítimas de la justicia mexicana.
“La decisión de la justicia mexicana concerniente al juicio de Florence Cassez, desató desde hace algunos días en Francia, una serie de reacciones de la parte del gobierno, de los partidos políticos y de los medios de difusión, que han resultado un enorme fiasco. Asistimos a un potente ascenso de la polarización en la toma de posiciones, a partir de la declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores rehusando participar en las actividades previstas para el Año de México en Francia, y el llamado de Martine Aubry [Presidenta del Partido Socialista Francés y Alcalde de la ciudad de Lille, de donde es originaria la Sra. Cassez; y desde abril de 2010, Aubry es Presidenta de la Eurometrópolis Lille-Kortrijk-Tournai] demandando a las colectividades locales socialistas boicotear esas actividades y eliminar las que dependen de ellas. El 14 de febrero, al dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez, Nicolas Sarkozy tomó una fuerte responsabilidad. No se puede pedir a escritores, artistas, científicos franceses, como tampoco a los mexicanos, el aceptar ser utilizados como medio de presión en asuntos que dependen de la justicia y la diplomacia. No es aceptable para nosotros franceses, y tampoco para nuestros colegas mexicanos. Esta mezcla inadmisible de géneros desembocó en la decisión, lógica, de retirarse por parte del gobierno mexicano.
“El Año de México es un evento destinado al mejor conocimiento de ese país. En ningún caso, puede ser instrumentalizado por los gobiernos como medio de presión sobre un asunto que depende del Poder Judicial mexicano y de la diplomacia francesa. Reafirmamos nuestro apego a las relaciones científicas, culturales y humanas con nuestros asociados que siempre nos han acogido con respeto, atención y amistad, muchos de entre ellos escogieron hacer sus estudios en Francia y trabajar luego con nosotros.
“Demandamos al presidente de la República Francesa retractar su decisión de dedicar el Año de México en Francia a Florence Cassez y reafirmamos nuestra amistad con México.”
No se niega que existen problemas que deben de encontrar vías de solución propias, pero ni el descrédito de la justicia mexicana, que cuenta con evidencias que hacen dudar de la calidad de sus procesos judiciales, ni las ambiciones mediáticas del gobierno francés, que no solo litiga sino que declara inocente y absuelve a la Sra. Cassez a través de los medios de difusión, deberían de impedir las celebraciones que generosamente acordaron los representantes gubernamentales de los contribuyentes franceses, que en su mayoría son amigos-as de México, más allá de acciones ilegítimas de la justicia mexicana.
viernes, 11 de febrero de 2011
REDES SOCIALES Y PODER POLÍTICO
Las redes sociales son decisivas en los procesos electorales, tanto como de la calidad del escrutinio permanente de toda actividad pública. La política profesional o la actuación gubernamental no pueden dejar al margen nuevas prácticas de ciudadanía que las redes suscitan; el ejercicio mismo del poder, está mediado por ellas y la constitución de la Sociedad Red, tiene sus fundamentos en el particular uso de Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación que aprovechan las redes sociales. Personaje o acontecimiento que no aparezca en ellas simplemente no existe para el otro. Su funcionamiento plantea desafíos inéditos al conocimiento de la sociedad, sus valores, creencias, emociones, intereses, sus sueños o sus esperanzas. A esas redes les encontramos potenciales nunca antes vistos: al crimen organizado, le facilita información de personas secuestrables, mientras que a la policía le ayuda en sus pesquisas; propician la acción –y a veces, la organización- colectiva en manifestaciones públicas inmediatas del descontento; nutren nuestras vidas cotidianas mediante la intensificación de relaciones interpersonales de amistad o grupos de interés común. Las redes tienen un impacto contundente sobre la construcción del espacio público que hacen individuos, actores colectivos e incluso representan ya un vehículo comunicacional privilegiado para organismos e instituciones.
Hay de redes a redes. La revista Time escogió a Mark Elliot Zuckerberg, creador de Facebook y no a Julian Assange -fundador de WikiLeaks-, como personaje del año de 2010, por razones eminentemente políticas; Facebook, según Time conecta a más de 500 millones de personas y mapea las relaciones sociales entre ellos; crea un nuevo sistema de intercambio de información y cambia “cómo todos vivimos nuestras vidas”. Los editores de Time no eligieron a Assange, aún si él y Zuckerberg son dos caras de la misma moneda: “Ambos expresan un deseo por la apertura y la transparencia. [pero] Mientras Assange ataca grandes instituciones y gobiernos a través de la transparencia involuntaria con el objetivo de quitarles poder, Zuckerberg permite a las personas intercambiar voluntariamente información con la idea de darles poder” y añaden: “Assange ve el mundo lleno de enemigos reales e imaginarios; Zuckerberg ve el mundo lleno de amigos potenciales. Ambos tienen un cierto desdén por la privacidad: en el caso de Assange porque él piensa que permite que florezca la maldad; en el caso de Zuckerberg, él lo ve como un anacronismo cultural, un impedimento para una conexión más eficiente y abierta entre la gente”.
Las diferencias entre Facebook y Wikileaks nos remiten de lleno a una discusión política sobre el sentido de la información, su frágil y heterogénea relación con el periodismo. Fundamentalmente, ambas redes tienen consecuencias sobre la estructura de poder. Zuckerberg aprovecha 7 principios básicos para la comunicación instantánea entre individuos: mensajes integrales, informales, inmediatos, personales, simples, mínimos y cortos. Facebook apuesta por la comunicación interpersonal en la que individuos y grupos de interés acuerdan implícitamente los alcances de sus acciones, pero ésta red no contempla validación alguna de la información más allá de la fiabilidad que despierte cada individuo o grupo que ahí se comunica. WikiLeaks, se sitúa en las antípodas, pues ésta red se concibe como un espacio de información sustentado sobre la responsabilidad periodística. Quienes generan la información comparten un código ético inspirado en la transparencia de la acción pública, desde una perspectiva que comparten voluntarios y periodistas profesionales comprometidos con el ejercicio del derecho a la información. Assange es perseguido por el impacto político de Wikileaks sobre el establishment; Facebook logra empoderar al individuo y sus redes, pero puede conducir a la antipolítica del proceso electoral. Faltaría un Wikileaks, red social de periodismo responsable, frente a la política mexicana.
Hay de redes a redes. La revista Time escogió a Mark Elliot Zuckerberg, creador de Facebook y no a Julian Assange -fundador de WikiLeaks-, como personaje del año de 2010, por razones eminentemente políticas; Facebook, según Time conecta a más de 500 millones de personas y mapea las relaciones sociales entre ellos; crea un nuevo sistema de intercambio de información y cambia “cómo todos vivimos nuestras vidas”. Los editores de Time no eligieron a Assange, aún si él y Zuckerberg son dos caras de la misma moneda: “Ambos expresan un deseo por la apertura y la transparencia. [pero] Mientras Assange ataca grandes instituciones y gobiernos a través de la transparencia involuntaria con el objetivo de quitarles poder, Zuckerberg permite a las personas intercambiar voluntariamente información con la idea de darles poder” y añaden: “Assange ve el mundo lleno de enemigos reales e imaginarios; Zuckerberg ve el mundo lleno de amigos potenciales. Ambos tienen un cierto desdén por la privacidad: en el caso de Assange porque él piensa que permite que florezca la maldad; en el caso de Zuckerberg, él lo ve como un anacronismo cultural, un impedimento para una conexión más eficiente y abierta entre la gente”.
Las diferencias entre Facebook y Wikileaks nos remiten de lleno a una discusión política sobre el sentido de la información, su frágil y heterogénea relación con el periodismo. Fundamentalmente, ambas redes tienen consecuencias sobre la estructura de poder. Zuckerberg aprovecha 7 principios básicos para la comunicación instantánea entre individuos: mensajes integrales, informales, inmediatos, personales, simples, mínimos y cortos. Facebook apuesta por la comunicación interpersonal en la que individuos y grupos de interés acuerdan implícitamente los alcances de sus acciones, pero ésta red no contempla validación alguna de la información más allá de la fiabilidad que despierte cada individuo o grupo que ahí se comunica. WikiLeaks, se sitúa en las antípodas, pues ésta red se concibe como un espacio de información sustentado sobre la responsabilidad periodística. Quienes generan la información comparten un código ético inspirado en la transparencia de la acción pública, desde una perspectiva que comparten voluntarios y periodistas profesionales comprometidos con el ejercicio del derecho a la información. Assange es perseguido por el impacto político de Wikileaks sobre el establishment; Facebook logra empoderar al individuo y sus redes, pero puede conducir a la antipolítica del proceso electoral. Faltaría un Wikileaks, red social de periodismo responsable, frente a la política mexicana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
