Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
viernes, 11 de noviembre de 2011
CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN
Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
lunes, 7 de noviembre de 2011
REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA
Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional.
Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional.
Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.
viernes, 4 de noviembre de 2011
DEMOCRACIA PARCA
Dan ganas de hacerle su calavera a la democracia. Son muchos los motivos. Llegaremos a las elecciones de 2012 en medio de la violencia, el abuso del poder, la corrupción galopante del Estado y la sociedad que impulsa el mercantilismo; no tendremos una reforma política a la altura de las circunstancias tan apremiantes que exigen una revalorización del voto ciudadano, ni habrá mejoras cualitativas en la rendición de cuentas, ni avanzará el compromiso con la responsabilidad de los funcionarios sobre su desempeño público. Tampoco nos pondremos en sintonía con los formatos exigentes de democracia participativa que rigen ya en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, ni retomaremos las discusiones sobre la democracia comunitaria relacionada con los indígenas, sus autonomías regionales y la creación de un país enriquecido por diálogos interculturales.
La clase política nos propondrá aplazar respuestas contundentes a la crisis civilizatoria que enfrentamos; los empresarios monopolistas y transnacionalizados, seguirán alejando al mercado de la democracia con sus manotazos extralegales que les aseguran mantenerse como poderes fácticos. Nuestra parca democracia se desgrana mientras el país se desangra: “Los criminales ignoran el sufrimiento –han perdido cualquier sentido de lo humano y por eso asesinan con tanto horror y desprecio–. Pero también la política lo ignora. No está en su vocabulario, no tiene cabida en sus estadísticas que, a semejanza de los asesinatos de los criminales, borran el nombre de los muertos para volverlos números.” Palabras de Javier Sicilia el 1º de noviembre bajo el Ángel de la Independencia, del DF. Se dimensiona, no obstante el desánimo, de mejor manera el desafío que enfrentamos los y las mexicanas. La demanda por la paz con justicia y dignidad, junto con un movimiento social que no ceja en sus luchas, sitúan el tema ético en primer plano.
El cambio de valores y actitudes es la palanca que nos permitirá transformar la política, como servicio para la mejor convivencia y para el manejo públicamente razonado de nuestros conflictos. Aspiración democrática que, sin embargo, no encuentra el espacio social de convergencia entre quienes luchan por ella. En pleno despegue de la campaña electoral de 2012, ciertamente se decantan las propuestas derivadas de una agenda de izquierda frente a dos opciones que son más de lo mismo; aunque haya matices entre la continuidad panista y el regreso del tricolor a los Pinos, sus diferencias son secundarias. Pero hay riesgos: si no se alcanza la convergencia entre el programa de izquierda que representan Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard; si los candidatos del Pri y de Acción Nacional se obstinan en convencer que pueden ganar la guerra antinarco y mantener la misma estrategia económica.
Parca democracia en cuanto a su precaria institucionalización, pues a quienes corresponde sostenerla muestran innumerables limitaciones. Aunque la reforma constitucional sobre Derechos Humanos es la joya de la corona legislativa, el Congreso de la Unión no se caracteriza por su arrojo democrático: ni reforma política sustantiva, ni legislación sobre seguridad nacional que marque un nuevo derrotero para enfrentar atinadamente la violencia sin vulnerar los derechos de ciudadanía. Ni siquiera ha podido regularizar la situación del IFE la actual Legislatura, pues la Cámara de Diputados no ha elegido a los tres consejeros que falta reponer dentro del órgano electoral. A ello se suma que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falló negativamente contra la solicitud presentada por 30 ciudadanos, quienes ven vulnerado su derecho a votar libremente dada la parcialidad de un Consejo General del IFE incompleto. A esta democracia, institucional, se la cargó la parca.
La clase política nos propondrá aplazar respuestas contundentes a la crisis civilizatoria que enfrentamos; los empresarios monopolistas y transnacionalizados, seguirán alejando al mercado de la democracia con sus manotazos extralegales que les aseguran mantenerse como poderes fácticos. Nuestra parca democracia se desgrana mientras el país se desangra: “Los criminales ignoran el sufrimiento –han perdido cualquier sentido de lo humano y por eso asesinan con tanto horror y desprecio–. Pero también la política lo ignora. No está en su vocabulario, no tiene cabida en sus estadísticas que, a semejanza de los asesinatos de los criminales, borran el nombre de los muertos para volverlos números.” Palabras de Javier Sicilia el 1º de noviembre bajo el Ángel de la Independencia, del DF. Se dimensiona, no obstante el desánimo, de mejor manera el desafío que enfrentamos los y las mexicanas. La demanda por la paz con justicia y dignidad, junto con un movimiento social que no ceja en sus luchas, sitúan el tema ético en primer plano.
El cambio de valores y actitudes es la palanca que nos permitirá transformar la política, como servicio para la mejor convivencia y para el manejo públicamente razonado de nuestros conflictos. Aspiración democrática que, sin embargo, no encuentra el espacio social de convergencia entre quienes luchan por ella. En pleno despegue de la campaña electoral de 2012, ciertamente se decantan las propuestas derivadas de una agenda de izquierda frente a dos opciones que son más de lo mismo; aunque haya matices entre la continuidad panista y el regreso del tricolor a los Pinos, sus diferencias son secundarias. Pero hay riesgos: si no se alcanza la convergencia entre el programa de izquierda que representan Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard; si los candidatos del Pri y de Acción Nacional se obstinan en convencer que pueden ganar la guerra antinarco y mantener la misma estrategia económica.
Parca democracia en cuanto a su precaria institucionalización, pues a quienes corresponde sostenerla muestran innumerables limitaciones. Aunque la reforma constitucional sobre Derechos Humanos es la joya de la corona legislativa, el Congreso de la Unión no se caracteriza por su arrojo democrático: ni reforma política sustantiva, ni legislación sobre seguridad nacional que marque un nuevo derrotero para enfrentar atinadamente la violencia sin vulnerar los derechos de ciudadanía. Ni siquiera ha podido regularizar la situación del IFE la actual Legislatura, pues la Cámara de Diputados no ha elegido a los tres consejeros que falta reponer dentro del órgano electoral. A ello se suma que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falló negativamente contra la solicitud presentada por 30 ciudadanos, quienes ven vulnerado su derecho a votar libremente dada la parcialidad de un Consejo General del IFE incompleto. A esta democracia, institucional, se la cargó la parca.
viernes, 28 de octubre de 2011
ANTIDEMOCRACIA PARTIDARIA
La democracia empieza en casa pero los partidos políticos son los primeros en quebrantar este principio. Cada uno a su manera enfrenta duras luchas fraccionales -frecuentemente facciosas-, por el poder que concentran los institutos políticos, en donde la democracia interna se cuestiona. No atinan un método democrático para elegir-seleccionar-designar sus candidatos a puestos de elección popular, debido a la mercantilización de la política que convierte al gobierno y a los partidos mismos en un modus vivendi vinculado con el dinero. Un botín en disputa es el presupuesto público del que gozan, cada vez más cuantioso pero cada vez menos transparente. “El financiamiento público que de 2000 a 2010 han recibido los tres principales partidos políticos en el país -PRI, PAN y PRD- asciende a más de 22 mil 760 millones de pesos […] dicha cifra supera el presupuesto destinado este 2011 para carreteras” (Eleccionpresidencialmexico2012.com)
El manejo financiero interno de los partidos es un misterio, no se sabe cuántos empleados tienen ni que sueldo se les fija, ni siquiera se sabe si ellos tienen las prestaciones laborales de ley. Al inicio de esta semana, los siete partidos “nacionales” que reciben financiamiento público, se opusieron a brindar información al respecto, ante una petición del diario El Universal. Consideran que su información es confidencial y aunque los partidos son de interés público, no son sujetos obligados para dar información por la Ley de Transparencia. Sospechosamente, no siguen en casa lo que demandan de las instituciones públicas. El presupuesto que nutre sus maquinarias electorales, destinado a la operación de los organismos políticos en 2012, pasará de dos mil 568 millones, recibidos en 2006 a 3 mil 370 millones que tendrán disponibles en 2012. Partidos S.A. representa una franquicia que conspira contra la democracia.
Esa mercantilización torpedea su democracia interna también en lo que hace al método para elegir a sus candidatos. Es cuestionable que si el objetivo de cualquier partido es la construcción y preservación de la democracia que pregonan, aquella que funda el ciudadano con su voto, no rija esa condición básica para la toma de decisiones. El caso del candidato presidencial muestra cómo se exacerban conductas autoritarias y luchas facciosas por el poder. Cada vez más alejados del pueblo al que apelan para obtener su voto, ni empoderan esa figura elemental en su vida interna, ni someten los métodos de selección seguidos a la fiscalización del órgano electoral. Desconfían de sus propios padrones electorales, pues sus bases sociales son volátiles y la militancia decrece una vez que pasan las elecciones en turno. La figura del adherente es insuficiente y los mecanismos para delegar el voto de sus agremiados en convenciones no convence internamente.
Paradójicamente, los partidos tienen en la ciudadanización un desafío. Entre las elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir el candidato, las convenciones con delegados mandatados por los órganos partidarios internos y en esta coyuntura especialmente las encuestas como las propone el PRD, se procura tomar el pulso de la sensibilidad ciudadana, pero ésta suerte de elecciones primarias causan descontento. En todos los casos, los partidos están obligados a dar certidumbre sobre el carácter democrático del momento preelectoral que viven, a través de un padrón interno confiable, del aseguramiento de condiciones equitativas en sus contiendas y de la definición de reglas comúnmente aceptadas entre todas las fracciones que legítimamente aspiren a obtener candidaturas. El cochinero que se adjudica al PRD en estos procesos, no es muy distinto de las dificultades atravesadas por el PAN para reconocer su militancia y la adopción del dedazo para designar sus candidatos, o de las dificultades priistas para dar cabida a todos los aspirantes.
El manejo financiero interno de los partidos es un misterio, no se sabe cuántos empleados tienen ni que sueldo se les fija, ni siquiera se sabe si ellos tienen las prestaciones laborales de ley. Al inicio de esta semana, los siete partidos “nacionales” que reciben financiamiento público, se opusieron a brindar información al respecto, ante una petición del diario El Universal. Consideran que su información es confidencial y aunque los partidos son de interés público, no son sujetos obligados para dar información por la Ley de Transparencia. Sospechosamente, no siguen en casa lo que demandan de las instituciones públicas. El presupuesto que nutre sus maquinarias electorales, destinado a la operación de los organismos políticos en 2012, pasará de dos mil 568 millones, recibidos en 2006 a 3 mil 370 millones que tendrán disponibles en 2012. Partidos S.A. representa una franquicia que conspira contra la democracia.
Esa mercantilización torpedea su democracia interna también en lo que hace al método para elegir a sus candidatos. Es cuestionable que si el objetivo de cualquier partido es la construcción y preservación de la democracia que pregonan, aquella que funda el ciudadano con su voto, no rija esa condición básica para la toma de decisiones. El caso del candidato presidencial muestra cómo se exacerban conductas autoritarias y luchas facciosas por el poder. Cada vez más alejados del pueblo al que apelan para obtener su voto, ni empoderan esa figura elemental en su vida interna, ni someten los métodos de selección seguidos a la fiscalización del órgano electoral. Desconfían de sus propios padrones electorales, pues sus bases sociales son volátiles y la militancia decrece una vez que pasan las elecciones en turno. La figura del adherente es insuficiente y los mecanismos para delegar el voto de sus agremiados en convenciones no convence internamente.
Paradójicamente, los partidos tienen en la ciudadanización un desafío. Entre las elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir el candidato, las convenciones con delegados mandatados por los órganos partidarios internos y en esta coyuntura especialmente las encuestas como las propone el PRD, se procura tomar el pulso de la sensibilidad ciudadana, pero ésta suerte de elecciones primarias causan descontento. En todos los casos, los partidos están obligados a dar certidumbre sobre el carácter democrático del momento preelectoral que viven, a través de un padrón interno confiable, del aseguramiento de condiciones equitativas en sus contiendas y de la definición de reglas comúnmente aceptadas entre todas las fracciones que legítimamente aspiren a obtener candidaturas. El cochinero que se adjudica al PRD en estos procesos, no es muy distinto de las dificultades atravesadas por el PAN para reconocer su militancia y la adopción del dedazo para designar sus candidatos, o de las dificultades priistas para dar cabida a todos los aspirantes.
viernes, 21 de octubre de 2011
CAMBIO GLOBAL DE VALORES
Antes que nada, la indignación mostrada este 15 de octubre en casi un millar de ciudades de todos los continentes, sacude los valores más caros al capitalismo: el poder del dinero; la impunidad frente a sus efectos depredadores sobre toda forma de vida; la cosificación de las personas sin importar su destino; la subordinación de lo público y sus instituciones a los intereses de ese 1% de la oligarquía mundial, lo cual se simboliza en la ocupación de Wall Street. No es casual que desde ahí se detonó un movimiento global novedoso en sus alcances, aunque inspirado en un contexto mundial de heterogéneas inconformidades: el zapatismo, sus bases locales y sus Encuentros Intergalácticos por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; los altermundistas que persiguen las reuniones ejecutivas de los ricos: el G-8, el G-20, la OMC, el FMI o el Banco Mundial. Una década de intentos anuales de 10 Foros Sociales Mundiales por vincular pensamiento y acción global-local; las rebeliones norafricanas, los indignados españoles y movimientos similares al sur de Europa, pasando por Israel. Valores colectivos por su osadía; construcción de valores distintos.
De la novedad pasamos al asombro por los logros fundadores de un movimiento que ya es imparable, aunque no esté exento de incertidumbres respecto de su horizonte de acción. Vandana Shiva, activista hindú, planteó sintéticamente el desafío asumido: “necesitamos transformar el G-8 en el G-7,000’000,000”, es decir en el grupo de la humanidad toda. Lo que el 1% oligárquico no puede hacer es soñar con un proyecto civilizatorio así de incluyente. Y, los millones de microacciones directas que inspiran los indignados llaman a crear esos valores globales de convivencia para poder exigirlos. Entre esa dimensión humana y los motivos locales-nacionales-mundiales que dan pie a cada movimiento, están cuestionados todos los valores de la modernidad que nunca se cumplieron: la libertad, la igualdad, la solidaridad.
En Nueva York, está prohibido el uso de megáfonos en manifestaciones; oradores del movimiento e intelectuales reconocidos internacionalmente amplifican sus palabras a través de los que les escuchan y repiten sincronizadamente cada frase de sus discursos. Cientos de voces unificadas posibilitan la escucha de todos los participantes. Una manifestante porta un cartel: “me importas”, que expresa un valor cementante de solidaridades que niega el capitalismo. “Mis sueños no caben en sus urnas”, decía otro cartel en Xalapa, Veracruz. Se cuartean los valores democráticos liberales y los procesos electorales que sustentan la separación entre ejecutantes y decisores.
Indignados y rebeldes jaquean democracias, gobiernos y corrupciones en las coyunturas en que nacen. Desde Tunez hasta Estados Unidos, se cuestiona la democracia realmente existente. Los indignados legitiman asambleas participativas, educadoras, y se fijan al lugar que ocupan. Luchan simultáneamente por posiciones simbólicas ocupadas y movimientos que se expanden. Wall Street, la plaza Sintagma en Atenas, o la Puerta del Sol madrileña son focos desde donde se expanden las asambleas a los barrios, a la vida cotidiana. “Democracia real ya”, significa batallar por nuevas legitimidades que se erigen sobre la negación de lo inaceptable: que no se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias, a costa del desempleo, la pérdida de seguridad social, o del fin de las pensiones. Que el Estado no prolongue y normalice la exclusión del 99% de la humanidad, ni que los rituales seudo democráticos sustituyan las voces plurales de todos-as. Sin programa ni modelo preconstituido, estos movimientos inventan el día a día fundando valores globales. Unir la diversidad, localizar o aterrizar los valores globales en valores locales, instituir nuevas prácticas individuales y públicas de regulación social sin perder la fuerza inventiva utópica; valores que abren el universo de lo potencial.
De la novedad pasamos al asombro por los logros fundadores de un movimiento que ya es imparable, aunque no esté exento de incertidumbres respecto de su horizonte de acción. Vandana Shiva, activista hindú, planteó sintéticamente el desafío asumido: “necesitamos transformar el G-8 en el G-7,000’000,000”, es decir en el grupo de la humanidad toda. Lo que el 1% oligárquico no puede hacer es soñar con un proyecto civilizatorio así de incluyente. Y, los millones de microacciones directas que inspiran los indignados llaman a crear esos valores globales de convivencia para poder exigirlos. Entre esa dimensión humana y los motivos locales-nacionales-mundiales que dan pie a cada movimiento, están cuestionados todos los valores de la modernidad que nunca se cumplieron: la libertad, la igualdad, la solidaridad.
En Nueva York, está prohibido el uso de megáfonos en manifestaciones; oradores del movimiento e intelectuales reconocidos internacionalmente amplifican sus palabras a través de los que les escuchan y repiten sincronizadamente cada frase de sus discursos. Cientos de voces unificadas posibilitan la escucha de todos los participantes. Una manifestante porta un cartel: “me importas”, que expresa un valor cementante de solidaridades que niega el capitalismo. “Mis sueños no caben en sus urnas”, decía otro cartel en Xalapa, Veracruz. Se cuartean los valores democráticos liberales y los procesos electorales que sustentan la separación entre ejecutantes y decisores.
Indignados y rebeldes jaquean democracias, gobiernos y corrupciones en las coyunturas en que nacen. Desde Tunez hasta Estados Unidos, se cuestiona la democracia realmente existente. Los indignados legitiman asambleas participativas, educadoras, y se fijan al lugar que ocupan. Luchan simultáneamente por posiciones simbólicas ocupadas y movimientos que se expanden. Wall Street, la plaza Sintagma en Atenas, o la Puerta del Sol madrileña son focos desde donde se expanden las asambleas a los barrios, a la vida cotidiana. “Democracia real ya”, significa batallar por nuevas legitimidades que se erigen sobre la negación de lo inaceptable: que no se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias, a costa del desempleo, la pérdida de seguridad social, o del fin de las pensiones. Que el Estado no prolongue y normalice la exclusión del 99% de la humanidad, ni que los rituales seudo democráticos sustituyan las voces plurales de todos-as. Sin programa ni modelo preconstituido, estos movimientos inventan el día a día fundando valores globales. Unir la diversidad, localizar o aterrizar los valores globales en valores locales, instituir nuevas prácticas individuales y públicas de regulación social sin perder la fuerza inventiva utópica; valores que abren el universo de lo potencial.
miércoles, 5 de octubre de 2011
REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA
Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.
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