Sin pena ni gloria, trascurren las precampañas electorales: repetición de lugares comunes, propuestas abstractas de programas, proyectos del deber ser de la política sin asideros respecto de su viabilidad, saturación de todos los medios de difusión posibles, desde los tradicionales hasta las novedosas formas electrónicas que se “innovan” diariamente. Toca también decir que ya nos tienen hasta la madre con su mercantilización de lo político, con unidades a toda costa y supuestos consensos prefabricados que publicitan unanimidad donde no la hay, con falsos debates entre ideas que son casi iguales; con todo ello, estamos en el limbo, esperando que algún día por venir, esos tanques políticos, con poca sustancia como para convertirse en think tanks, nos lleven a la gloria de la esperanza futura. Pero es otro el destino que nos alcanza. Se parece más al infierno que a la esperanza.
Dominada por la ambigüedad, la época de las precampañas no logra convencer sobre las bondades de una reforma política que se hizo con buenas intenciones, pero que continuamente se desborda por la tentación publicitaria. ¿A alguien le queda claro si estos momentos preelectorales tienen como destinatarios a los propios partidos políticos? Las frases aceleradas al final de los spots “esta propaganda está destinada a los militantes de ‘tal’ partido”, no logran esconder que el blanco de la spotización política somos todos-as ¿Se podría decir con sensatez que durante este periodo ha mejorado la democracia interna de los institutos políticos? Ni uno solo de los partidos tiene un padrón interno que sea fiable, pues la volatilidad del electorado hace imposible ya el identificar una base social militante, y los simpatizantes no garantizan fidelidad. El formato de partido es inoperante para los fines democratizadores del sistema político.
Por ello, aparte del PRI, cuya maquinaria electoral de unanimidades evita cualquier consulta extra partidista, cada vez más se recurre a las encuestas entre población abierta; es claro que para Acción Nacional y para las izquierdas, el momento preelectoral es el de apelar a todo el electorado y no solamente a quienes se identifiquen con un partido. Pero la hebra común que anuda al conjunto del sistema de partidos es la del dinero, sea para mantener aceitadas las fibras corporativas de cada instituto, sea para financiar sofisticados y cada vez más costosos mecanismos de consulta, que permitan llegar a todo el electorado en disputa. Democracia S.A. busca clientes, no ciudadanos demandantes de derechos. Donde manda el dinero no gobierna la democracia y esta ambigüedad entre precampañas y campañas electorales, presagia una prolongación del limbo político que padecemos. Aún las izquierdas, críticas de la mercantilización del mundo político, se ven invadidas por este sopor enfadoso del dinero.
Las (pre)campañas parecen negar el infierno. Invadidos por el discurso políticamente correcto, (pre)candidatos y partidos evitan entrar al fondo de los problemas derivados de la mediocridad del desempeño económico del modelo depredador, insostenible, orientado a la exportación; no señalan críticas certeras al protagonismo perverso del sistema financiero mundial; temen incrementar temores sociales, por lo que evaden el tema de la violencia estructural y su secuela de muertes (casi 13 mil asesinatos –producto de supuestos enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado- de enero a septiembre del año pasado, con lo que suman casi 56 mil homicidios durante el actual gobierno federal). Casi ninguno de ellos cree que se pueda hacer algo diferente a la estrategia militar y policial actual; son extremadamente prudentes frente a los responsables de las crisis de justicia, económica y civilizatoria que padecemos. Empero, evadir el conflicto es desconocer el infierno de la corrupción y la impunidad que supuestamente se proponen combatir.
jueves, 12 de enero de 2012
viernes, 6 de enero de 2012
CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE RÉGIMEN
Audaz, la propuesta de una nueva Constitución y de cambio de régimen en México, del Diputado panista Javier Corral. El agotamiento de la institución presidencial, el débil sistema de partidos y el entrampamiento de relaciones creativas entre los poderes republicanos, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no corresponden con los avances democráticos mostrados por el país en el ámbito de las elecciones confiables, la consolidación de la alternancia que campea en todos los órdenes de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta los municipios, pasando por los gobiernos estatales; una sociedad civil más activa y demandante de nuevos formatos de participación ciudadana, tanto como de un mejor desempeño económico más equitativo, con mejor rendición de cuentas y con acceso responsable a la información y a los medios de comunicación. La Constitución actual no puede resolver esas paradojas.
Corral propone resolver esos entuertos mediante un nuevo ordenamiento constitucional, vía la instauración de un régimen parlamentario capaz de dar cuenta de la pluralidad y diversidad política alcanzada. Una nueva legalidad que siente las bases para saber y poder compartir el poder, por lo que Corral pone especial atención en el gobierno de coalición como fórmula integradora del amplio abanico político existente en México. Su apuesta enfatiza el cambio de régimen político, como primer paso para lograr un cambio de Constitución, pero hacen falta consideraciones sobre lo que representa una Constituyente, como renovación del pacto social en todos los órdenes de la vida institucional, así como de los procesos de consulta y participación ciudadana que la condicionan. El riesgo de confundir una reforma política de amplios alcances y la instauración de una nueva Constitución, puede limitar ese debate tan trascendental a los mismos actores desgastados: los partidos políticos, a pretender hacer desde arriba los cambios, a fortalecer la partidocracia.
Habrá que preguntarse si estamos a tiempo siquiera de emplazar tal debate entre todos los partidos y sus candidatos, pues se trata de una convocatoria a la soberanía popular que podría tener una singular oportunidad de auscultar qué tan aceptada o sentida es la demanda de una nueva Constitución por la población general. Hay demasiados factores que conspiran contra esa renovación y está demasiado lejos de la buena voluntad lo que tendría que ser una convocatoria desde abajo a una Constituyente. El Informe Latinobarómetro 2011, muestra que México es el país menos satisfecho con la democracia, con un 23% frente a un 72% en Uruguay. Entre 2010 y 2011, el apoyo a ese régimen en México bajó de un 49% a un 40%. El 55% de los mexicanos está de acuerdo en que la democracia, aún con problemas, es el mejor sistema de gobierno, penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala (49%)
Los partidos siguen en el sótano de la confianza popular, aunque los congresos o parlamentos mejoran su posición en América Latina. Pero la tentación autoritaria aumenta: en México sólo el 53% en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar, arriba tan sólo de Paraguay, 52% y Guatemala, 40%. En Costa Rica el 90% no apoyaría un gobierno militar. Estamos en el penúltimo lugar en cuanto a expectativas que el Estado pueda resolver el problema de la delincuencia, con un 39%; Guatemala: 27%. México es uno de los países donde los ciudadanos menos cumplen con la ley; aunque estamos por encima de la media latinoamericana en la exigencia de derechos, somos de los más bajos en reconocer obligaciones y deberes. No tenemos un contexto propicio para crear una nueva Constitución, pero el hecho de que sólo el 22% perciba que se gobierna para el bien de todo el pueblo, acerca la urgencia de alcanzar lo aparentemente imposible.
Corral propone resolver esos entuertos mediante un nuevo ordenamiento constitucional, vía la instauración de un régimen parlamentario capaz de dar cuenta de la pluralidad y diversidad política alcanzada. Una nueva legalidad que siente las bases para saber y poder compartir el poder, por lo que Corral pone especial atención en el gobierno de coalición como fórmula integradora del amplio abanico político existente en México. Su apuesta enfatiza el cambio de régimen político, como primer paso para lograr un cambio de Constitución, pero hacen falta consideraciones sobre lo que representa una Constituyente, como renovación del pacto social en todos los órdenes de la vida institucional, así como de los procesos de consulta y participación ciudadana que la condicionan. El riesgo de confundir una reforma política de amplios alcances y la instauración de una nueva Constitución, puede limitar ese debate tan trascendental a los mismos actores desgastados: los partidos políticos, a pretender hacer desde arriba los cambios, a fortalecer la partidocracia.
Habrá que preguntarse si estamos a tiempo siquiera de emplazar tal debate entre todos los partidos y sus candidatos, pues se trata de una convocatoria a la soberanía popular que podría tener una singular oportunidad de auscultar qué tan aceptada o sentida es la demanda de una nueva Constitución por la población general. Hay demasiados factores que conspiran contra esa renovación y está demasiado lejos de la buena voluntad lo que tendría que ser una convocatoria desde abajo a una Constituyente. El Informe Latinobarómetro 2011, muestra que México es el país menos satisfecho con la democracia, con un 23% frente a un 72% en Uruguay. Entre 2010 y 2011, el apoyo a ese régimen en México bajó de un 49% a un 40%. El 55% de los mexicanos está de acuerdo en que la democracia, aún con problemas, es el mejor sistema de gobierno, penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala (49%)
Los partidos siguen en el sótano de la confianza popular, aunque los congresos o parlamentos mejoran su posición en América Latina. Pero la tentación autoritaria aumenta: en México sólo el 53% en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar, arriba tan sólo de Paraguay, 52% y Guatemala, 40%. En Costa Rica el 90% no apoyaría un gobierno militar. Estamos en el penúltimo lugar en cuanto a expectativas que el Estado pueda resolver el problema de la delincuencia, con un 39%; Guatemala: 27%. México es uno de los países donde los ciudadanos menos cumplen con la ley; aunque estamos por encima de la media latinoamericana en la exigencia de derechos, somos de los más bajos en reconocer obligaciones y deberes. No tenemos un contexto propicio para crear una nueva Constitución, pero el hecho de que sólo el 22% perciba que se gobierna para el bien de todo el pueblo, acerca la urgencia de alcanzar lo aparentemente imposible.
sábado, 3 de diciembre de 2011
PARTIDOCRACIA, PELIGRO PARA MÉXICO
Se identifica el regreso del PRI a Los Pinos como un peligro para México; sin embargo, el problema no reside únicamente en ese partido, sino en el sistema político que cobija una sórdida lucha entre la mayoría de los institutos políticos por el poder interno y público: la “Ley de hierro de la oligarquía” que propusiera el politólogo Robert Michels, en 1911, ilustró tendencias contradictorias respecto de la democracia, principio inspirador de las prácticas y funciones de los partidos políticos, como la burocratización profesional de los dirigentes, especialización requerida por la toma de decisiones más rápidas y complejas; por las exigencias de una eficiencia electoral que menosprecia la democratización interna de los partidos, en aras de distribuir el poder entre los grupos que mejor posicionan la influencia partidaria; por la fuerza de la democracia elitista, que confía en la racionalidad de los líderes e infantiliza a sus militantes.
Entre los riesgos de regresión autoritaria que representa el sistema de partidos como oligarquía de hierro, es cierto que el PRI reúne varios de ellos. Pero no es el único. Al tricolor se le achaca que sus cargos públicos no rinden cuentas, como destaca el caso de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, donde están en juego más de 32 mil millones de pesos, cuyo manejo y destino no es transparente. ¿No se podría decir lo mismo sobre el caso de Acción Nacional? En despecho de su expulsión de ese partido, Manuel Espino recordó algunos casos de corrupción entre funcionarios federales y municipales: Cesar Nava y Germán Martínez, dos ex presidentes nacionales del PAN, son casos de corrupción documentados en los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, manos negras y el de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, que revelan pistas esclarecedoras que documentan la corrupción de varios panistas.
Las prácticas de mayoriteo y uso corporativo del voto, han sido típicamente priístas, pero son abrazadas con activa pasión por los blanquiazules. La Sra. Elba Esther Gordillo, no obstante su militancia priista fue factor estratégico para que ganaran tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en sus respectivas elecciones presidenciales. Así como se criticó el acarreo para la unción-designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, se podría criticar el pacto que hizo Ernesto Cordero con una de las centrales supuestamente priista pero que entra a la subasta de votos por posiciones de poder, como es el caso de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que ofreció cerca de un millón de votos al panista que representa la continuidad con el gobierno de Felipe Calderón.
Los temores mayores sobre el regreso del autoritarismo, camuflado bajo el manto de institucionalidad democrática, residen en los vínculos implícitos o explícitos entre los poderes fácticos: mediáticos, de las jerarquías eclesiásticas y crimen organizado, con el sistema político. Señaladamente se evidencia que la candidatura de Enrique Peña Nieto es producto de estrategias de poder diseñadas desde el duopolio televisivo, a través de lo cual el PRI ha cooptado y subordinado una buena parte de organismos electorales, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y varios Árbitros electorales locales, como se mostró en el caso del Estado de México. Además, la supuesta connivencia priista con el crimen organizado en las elecciones michoacanas, jaquea preocupantemente la democratización del país. Sin embargo, aparte de honrosas excepciones, como la de Javier Corral, Acción Nacional ha coincidido con la telebancada Verde-priista en retrocesos respecto del Derecho de Información. Igualmente, eso que llamamos PRIAN, ha impulsado legislaciones conservadoras de defensa de la vida, en 18 entidades del país. Esa partidocracia si amenaza la democracia.
Entre los riesgos de regresión autoritaria que representa el sistema de partidos como oligarquía de hierro, es cierto que el PRI reúne varios de ellos. Pero no es el único. Al tricolor se le achaca que sus cargos públicos no rinden cuentas, como destaca el caso de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, donde están en juego más de 32 mil millones de pesos, cuyo manejo y destino no es transparente. ¿No se podría decir lo mismo sobre el caso de Acción Nacional? En despecho de su expulsión de ese partido, Manuel Espino recordó algunos casos de corrupción entre funcionarios federales y municipales: Cesar Nava y Germán Martínez, dos ex presidentes nacionales del PAN, son casos de corrupción documentados en los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, manos negras y el de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, que revelan pistas esclarecedoras que documentan la corrupción de varios panistas.
Las prácticas de mayoriteo y uso corporativo del voto, han sido típicamente priístas, pero son abrazadas con activa pasión por los blanquiazules. La Sra. Elba Esther Gordillo, no obstante su militancia priista fue factor estratégico para que ganaran tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en sus respectivas elecciones presidenciales. Así como se criticó el acarreo para la unción-designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, se podría criticar el pacto que hizo Ernesto Cordero con una de las centrales supuestamente priista pero que entra a la subasta de votos por posiciones de poder, como es el caso de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que ofreció cerca de un millón de votos al panista que representa la continuidad con el gobierno de Felipe Calderón.
Los temores mayores sobre el regreso del autoritarismo, camuflado bajo el manto de institucionalidad democrática, residen en los vínculos implícitos o explícitos entre los poderes fácticos: mediáticos, de las jerarquías eclesiásticas y crimen organizado, con el sistema político. Señaladamente se evidencia que la candidatura de Enrique Peña Nieto es producto de estrategias de poder diseñadas desde el duopolio televisivo, a través de lo cual el PRI ha cooptado y subordinado una buena parte de organismos electorales, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y varios Árbitros electorales locales, como se mostró en el caso del Estado de México. Además, la supuesta connivencia priista con el crimen organizado en las elecciones michoacanas, jaquea preocupantemente la democratización del país. Sin embargo, aparte de honrosas excepciones, como la de Javier Corral, Acción Nacional ha coincidido con la telebancada Verde-priista en retrocesos respecto del Derecho de Información. Igualmente, eso que llamamos PRIAN, ha impulsado legislaciones conservadoras de defensa de la vida, en 18 entidades del país. Esa partidocracia si amenaza la democracia.
viernes, 25 de noviembre de 2011
CANDIDATURAS Y PROYECTOS POLÍTICOS
No cabe duda, fue un acierto definir una candidatura de unidad desde la izquierda. Usando un método poco ortodoxo, como las encuestas, para resolver las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, esta candidatura se posicionó adelante respecto de los procesos de elección-selección que están llevando a cabo los otros partidos. Así lo deja ver la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a seguir intentando obtener la candidatura del tricolor. En un amplio desplegado que publicó recientemente el Senador del PRI, deja ver que ante la dura competencia electoral de 2012 hay que preservar la “unidad” a toda costa del partido. Claramente se refiere al acicate que representa AMLO como candidato de unidad para la izquierda, pero también en su escrito se puede leer entre líneas que la disciplina partidaria requiere dejar a un lado la competencia por la candidatura, si ello representa confrontación y desgaste entre los contendientes.
Para Beltrones, “la política sólo vale la pena cuando es la vía para transformar las ideas en propuestas y las propuestas en acciones. Primero el programa y luego el candidato.” Sus tres propuestas que ya son ejes fundamentales de un “Programa para México”, que podría retomar el Revolucionario Institucional, son: La reforma del régimen político, un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo pacto social. En ellas, el Senador priista empeñó sus esfuerzos: una reforma política que tuviera como pivote la conformación de un gobierno de coalición; un proyecto económico que sin renunciar a la globalización introdujera medidas correctivas de la desigualdad y un pacto social renovado que abriera al PRI frente al empuje de la sociedad civil. Se trata de un proyecto político que quería sintonizar a su partido con las grandes líneas de discusión que hoy tienen en su centro la seguridad, la paz y la lucha contra la violencia.
Si Ebrard le aportó elementos de la izquierda “progresista” al proyecto político de AMLO y le acercó al centro para recuperar una franja del electorado a la que no llegaba el Movimiento de Renovación Nacional (morena), en el caso de Beltrones no es claro cuál será su legado para el proyecto político de Enrique Peña Nieto. Manlio Fabio no se integra tampoco en el equipo de campaña del que con seguridad será el candidato único de “unidad” del priismo, sino que se dedicará desde otras trincheras a promover las tres propuestas que configuró durante este periodo de aspiraciones por la candidatura presidencial. La unanimidad a toda costa huele mal; el tufo que deja es el del partido maniobrero de la disciplina vertical, de las componendas internas y de las dificultades para renovarse a partir de la diversidad de sus tendencias y proyectos políticos.
El PRI mostró el cobre con la convocatoria para elegir su candidato presidencial, la cual entregó al IFE media hora antes de que venciera el plazo fijado por el árbitro electoral. De esa manera se evitó que las diferencias se ventilaran públicamente. Ahora falta saber lo que pasará con las diferencias internas de Acción Nacional, si serán capaces de llegar a la unidad sin heridas ni rupturas, si sabrán incorporar lo positivo de los proyectos políticos de los contendientes. Quizá la soberbia del creciente poderío tricolor en el mapa nacional encegueció a ese partido, al creer que el carro completo implica una suerte de pensamiento único, como garantía de la unidad. Cualquier proyecto político necesita actualmente integrar la diversidad en sus procesos unitarios, pues tanto las tendencias regionales se expresan de manera heterogénea, como las discusiones políticas requieren de pluralidad y de aceptación de distintos caminos para construir un proyecto político verdaderamente nacional.
Para Beltrones, “la política sólo vale la pena cuando es la vía para transformar las ideas en propuestas y las propuestas en acciones. Primero el programa y luego el candidato.” Sus tres propuestas que ya son ejes fundamentales de un “Programa para México”, que podría retomar el Revolucionario Institucional, son: La reforma del régimen político, un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo pacto social. En ellas, el Senador priista empeñó sus esfuerzos: una reforma política que tuviera como pivote la conformación de un gobierno de coalición; un proyecto económico que sin renunciar a la globalización introdujera medidas correctivas de la desigualdad y un pacto social renovado que abriera al PRI frente al empuje de la sociedad civil. Se trata de un proyecto político que quería sintonizar a su partido con las grandes líneas de discusión que hoy tienen en su centro la seguridad, la paz y la lucha contra la violencia.
Si Ebrard le aportó elementos de la izquierda “progresista” al proyecto político de AMLO y le acercó al centro para recuperar una franja del electorado a la que no llegaba el Movimiento de Renovación Nacional (morena), en el caso de Beltrones no es claro cuál será su legado para el proyecto político de Enrique Peña Nieto. Manlio Fabio no se integra tampoco en el equipo de campaña del que con seguridad será el candidato único de “unidad” del priismo, sino que se dedicará desde otras trincheras a promover las tres propuestas que configuró durante este periodo de aspiraciones por la candidatura presidencial. La unanimidad a toda costa huele mal; el tufo que deja es el del partido maniobrero de la disciplina vertical, de las componendas internas y de las dificultades para renovarse a partir de la diversidad de sus tendencias y proyectos políticos.
El PRI mostró el cobre con la convocatoria para elegir su candidato presidencial, la cual entregó al IFE media hora antes de que venciera el plazo fijado por el árbitro electoral. De esa manera se evitó que las diferencias se ventilaran públicamente. Ahora falta saber lo que pasará con las diferencias internas de Acción Nacional, si serán capaces de llegar a la unidad sin heridas ni rupturas, si sabrán incorporar lo positivo de los proyectos políticos de los contendientes. Quizá la soberbia del creciente poderío tricolor en el mapa nacional encegueció a ese partido, al creer que el carro completo implica una suerte de pensamiento único, como garantía de la unidad. Cualquier proyecto político necesita actualmente integrar la diversidad en sus procesos unitarios, pues tanto las tendencias regionales se expresan de manera heterogénea, como las discusiones políticas requieren de pluralidad y de aceptación de distintos caminos para construir un proyecto político verdaderamente nacional.
viernes, 11 de noviembre de 2011
CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN
Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
CONVERGENCIA Y GOBIERNO DE COALICIÓN
Por los caminos más variados, pero todos los partidos buscan en primer lugar la convergencia entre las distintas tendencias que los conforman, en torno de una candidatura presidencial. Ya lo que suceda con candidaturas para las diputaciones y senadurías que se elijan, será cuestión de negociar cuotas de poder al seno de cada partido y entre ellos y los poderes a los que apelen. Nótese que las convergencias marchan por un camino para la elección de candidatos a la Presidencia y que, para el resto de candidaturas, operan mecanismos más bien subordinados a lo que marque la selección del candidato presidencial, donde ya no rige la búsqueda de convergencias en un programa de gobierno, sino los acomodos entre las tendencias partidarias internas, las cuales se disputan el resto del pastel a elegir. Los métodos aquí utilizados frecuentemente se alejan de los principios democráticos más elementales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
Convergencia significa apuntar en una misma dirección, y eso lo han entendido los partidos que pretenden postular candidato-a a la elección presidencial. El PRI aprendió bien la lección en 2006 y ha evitado mostrar fisuras en su proceso eleccionario. Acción Nacional, busca resistir los embates que encierra su condición de partido en el gobierno, causados por la influencia del Ejecutivo Federal en la nominación de su candidato a la Presidencia del país, a través de una contienda abierta a los medios, aunque cerrada en la exigencia de fidelidades internas incondicionales de los militantes dentro de cada corriente panista. El PRD y la coalición que quizá lo acompañe en la elección presidencial, buscan una candidatura convergente de izquierda mediante las encuestas a población abierta. Hay grandes expectativas sobre los resultados, pero tanto Andrés Manuel López Obrador, como Marcelo Ebrard han manifestado que aceptarán los resultados, luego de consultar cada uno su casa encuestadora contratada.
Con sus altibajos, la convergencia va, pero cada partido tendrá que restañar las heridas que deje su contienda interna. En la hipótesis de que todos los precandidatos se someten a los acuerdos eleccionarios pactados, la selección de candidatos divide inevitablemente a ganadores y perdedores. Aquí es donde entra el toma y daca entre las distintas tendencias, alrededor de los diferentes puestos de elección popular: diputaciones y senadurías. Donde varían las presiones derivadas del pago de lealtades a quienes respaldaron al candidato nominado y, sobre todo, donde varían las tradiciones de negociación entre las tendencias internas de cada partido o de las coaliciones partidarias. Mientras el PRI ha logrado amplios márgenes de negociación basados en su disciplina, ahora anclada en la mayoría de gobiernos estatales, municipales y en el Congreso de la Unión, en el PAN se acentúa la competencia por la menor disponibilidad de huesos a repartir.
Mención aparte merecen el PRD y los partidos coaligados en la candidatura presidencial de izquierda. En la medida que disminuye la población gobernada por estos partidos en las regiones del país, y el gobierno del DF se convierte en la joya de la corona, se exacerban los pleitos entre sus diversas corrientes internas. Ante lo cual será más difícil restañar las heridas dejadas por la “elección interna” de su candidato presidencial. Tiene razón Marcelo Ebrard en señalar que gane quien gane la presidencia de la República, urge que desde ahora se acuerde formar un gobierno de coalición, pues de triunfar el candidato de la izquierda, éste necesitará de acuerdos firmes para garantizar gobernabilidad democrática. Pero aún con el elevado abtencionismo que se espera, la elección será muy competida y todos los partidos necesitarán también coaligarse para poder gobernar. Máxime que el Congreso de la Unión será un mosaico de fortalezas y debilidades partidarias regionales.
lunes, 7 de noviembre de 2011
REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA
Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional.
Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional.
Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.
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