Mi solidaridad con los familiares de los 377 presos hondureños,
muertos por el fuego y la crueldad del sistema carcelario
Algunos piensan que el periodo en el que se prohíbe hacer campañas electorales, que durará hasta el primero de abril, implica un silencio heroico que por supuesto ningún partido ni sus candidatos respetará. La reforma política de 2007 concibe destinar estas fechas a la solución de controversias en candidaturas, la formulación de las plataformas partidistas, la consolidación de los equipos de campaña y no precisa, pero tampoco limita, los mecanismos de consulta que se den los institutos políticos y sus candidatos a puestos de elección popular. Fue acertado impedir el abuso de los tiempos de difusión concedidos al Estado en los medios electrónicos y el evitar que el dinero invadiera cualquier medio publicitario, de manera que no se garantizara la equidad del proceso electoral.
Aunque se agradece que las campañas duren 90 días, entre abril y junio, menos que antes, el periodo de “silencio” representa una buena oportunidad para que los partidos y sus fracciones pierdan el autismo al que los lleva su lucha interna por las candidaturas. Podrían ser tiempos para escuchar a la sociedad que quieren representar y para poner a prueba lo que hasta ahora han recogido como un programa viable a ejecutar o a legislar, de obtener el triunfo electoral. Si bien cada precandidato recorrió la circunscripción para la cual se pretende elegir, esa fase electoral acentuó una comunicación vertical que difundió lo que cada uno de ellos-as ofrece como atractivo para conquistar el voto; no es exagerado decir para colonizar el voto. Ahora se podría invertir esa verticalidad de la relación (pre)candidato-elector, por un diálogo en que se enfatiza la escucha. Se necesita humildad y sensibilidad para reconocer la voz del electorado y rectificar la plataforma que se propone.
El protagonismo cobrado por las campañas electorales, oscureció las funciones capitales del sistema político: legitimar las acciones en curso del partido en el gobierno y, en otro caso, denunciar en buena lid errores y limitaciones del gobierno desde la oposición. En un escenario nacional y local de gobiernos divididos, este periodo de silencio en las campañas podría propiciar que, partidos y candidatos, comuniquen sus diferencias con las acciones de gobierno y simultáneamente, formulen claramente lo que aportaría su programa electoral para una mejor gobernabilidad. A pesar del culto al poder unipersonal, que se deposita en las figuras a elegir, los partidos y sobre todo las coaliciones que ahora dominan en la escena electoral, están obligados a convencer de que puede haber sinergias creativas entre el candidato y la estructura partidaria que soporta la maquinaria electoral.
Enjuiciar gobiernos y legisladores actuales, o convencer mostrando logros gubernamentales, puede ser parte de una campaña contra la autocensura que erróneamente se interpreta como objetivo de la reforma política de 2007. En los hechos, este periodo está ayudando a que se comprendan mejor las potencialidades encerradas en cada candidato, como su capacidad para formar equipo y disposición a delegar responsabilidades entre sus actuales y futuros colaboradores. El elector así se hace con nuevos elementos para razonar su voto. Lo que falta es que partidos y candidatos procesen sus fallas, que ausculten las expectativas y críticas que tiene el electorado, a partir de la realidad política que se vive cotidianamente. Si queremos calidad democrática, con exigencia del imperio de la ley, rendición de cuentas y responsabilidad frente a la gestión pública, se requiere capacidad de escucha en candidatos y estructuras electorales. El desencanto y la indiferencia de cara al proceso electoral, cuya responsabilidad reside en ellos, son sus principales enemigos.
viernes, 17 de febrero de 2012
viernes, 10 de febrero de 2012
PRECAMPAÑAS, DÉFICIT DEMOCRÁTICO
Queda una sensación de que algo falta a nuestra cultura electoral para empujar la democratización de la vida pública y de las instituciones que la sustentan. Las precandidaturas siguieron tres caminos diferentes: el de la unanimidad artificial, se fundó sobre la disciplina partidaria, el borrón autoritario de las diferencias y el del incremento del voto corporativo, que instala el autismo partidista frente a un electorado que cifra sus esperanzas pasivamente en el retorno al pasado; otro camino fue el de apegarse a las encuestas como medio de definición de precandidatos, el cual depositó las expectativas de eficacia en la intención del voto que encierra en su intimidad la población abierta y no solo los militantes y simpatizantes del partido. El camino seguido por Acción Nacional fue el más heterodoxo, pues acudió tanto a la estructura partidista como a la población abierta.
La vía seguida por el PRI, deja una sensación ambigua. Aparentemente, da certidumbre a un electorado deseoso de estabilidad y confianza en la maquinaria electoral, pues ella viene mostrando su contundencia en las elecciones recientes por haber logrado un escenario de partido predominante que se encamina naturalmente hacia el regreso a los Pinos; con la mayoría de gobernadores, congresos locales, presidencias municipales, no podría ser de otra manera. En contraste, el electorado queda sometido al mero ejercicio del voto, la delegación del poder y la pasividad del día después de la jornada electoral. Cada votante, se espera sea arrastrado por el voto duro, organizado, pues aunque la población abierta no sea consultada para la toma de decisiones partidarias, de alguna manera muestra su respaldo y hasta simpatía por el estilo disciplinado bajo el que se configuran todas y cada una de las candidaturas.
Optar por las encuestas como “ayuda” para la selección de candidatos, deja la sensación de que hay una consulta que llama a la participación ciudadana, pero sólo deja una sensación participativa y no necesariamente se puede constatar hasta qué grado la intención del voto significa un compromiso que pueda estar sustentado en cierta reciprocidad entre el electorado y la estructura partidaria. No obstante, el PRD tiene a su favor que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, construyeron su campaña mediante un proyecto articulador de una base social de apoyo, la cual ha sido permanentemente convocada a su participación en la toma de decisiones, en lo concerniente a los ritmos y actividades vinculadas con la campaña electoral, como también en la formulación del programa de gobierno. Otro acierto en la definición del precandidato de las izquierdas fue el diseño de la encuesta, en la que se incluyeron 5 temas que implicaron un razonamiento del elector sobre el significado democrático del proceso electoral mismo.
Aunque Acción Nacional fue el partido que más se acercó a lo que podrían ser unas elecciones primarias, los métodos de consulta se ciñeron exclusivamente al momento de la emisión del voto el domingo 5 de febrero, jornada a la que se convocó a población abierta y no únicamente a la militancia. Sin embargo, la sensación posterior a esa jornada deja un mal sabor de boca, pues la capacidad para organizar la votación fue cuestionada por los hechos, ya que el PAN no tiene experiencia organizativa en ese terreno, lo que dejó a muchas personas interesadas sin participar. Asimismo, este proceso dejó en claro que la maquinaria electoral y los operadores políticos que la alimentan, son quienes protagonizan los resultados de una consulta sin duda bien intencionada, pero en los hechos cooptada por viejas prácticas de clientelismo e inducción del voto. Tres caminos que dejan en conjunto interrogantes y sensaciones deficitarias sobre la democracia que quisiéramos.
La vía seguida por el PRI, deja una sensación ambigua. Aparentemente, da certidumbre a un electorado deseoso de estabilidad y confianza en la maquinaria electoral, pues ella viene mostrando su contundencia en las elecciones recientes por haber logrado un escenario de partido predominante que se encamina naturalmente hacia el regreso a los Pinos; con la mayoría de gobernadores, congresos locales, presidencias municipales, no podría ser de otra manera. En contraste, el electorado queda sometido al mero ejercicio del voto, la delegación del poder y la pasividad del día después de la jornada electoral. Cada votante, se espera sea arrastrado por el voto duro, organizado, pues aunque la población abierta no sea consultada para la toma de decisiones partidarias, de alguna manera muestra su respaldo y hasta simpatía por el estilo disciplinado bajo el que se configuran todas y cada una de las candidaturas.
Optar por las encuestas como “ayuda” para la selección de candidatos, deja la sensación de que hay una consulta que llama a la participación ciudadana, pero sólo deja una sensación participativa y no necesariamente se puede constatar hasta qué grado la intención del voto significa un compromiso que pueda estar sustentado en cierta reciprocidad entre el electorado y la estructura partidaria. No obstante, el PRD tiene a su favor que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, construyeron su campaña mediante un proyecto articulador de una base social de apoyo, la cual ha sido permanentemente convocada a su participación en la toma de decisiones, en lo concerniente a los ritmos y actividades vinculadas con la campaña electoral, como también en la formulación del programa de gobierno. Otro acierto en la definición del precandidato de las izquierdas fue el diseño de la encuesta, en la que se incluyeron 5 temas que implicaron un razonamiento del elector sobre el significado democrático del proceso electoral mismo.
Aunque Acción Nacional fue el partido que más se acercó a lo que podrían ser unas elecciones primarias, los métodos de consulta se ciñeron exclusivamente al momento de la emisión del voto el domingo 5 de febrero, jornada a la que se convocó a población abierta y no únicamente a la militancia. Sin embargo, la sensación posterior a esa jornada deja un mal sabor de boca, pues la capacidad para organizar la votación fue cuestionada por los hechos, ya que el PAN no tiene experiencia organizativa en ese terreno, lo que dejó a muchas personas interesadas sin participar. Asimismo, este proceso dejó en claro que la maquinaria electoral y los operadores políticos que la alimentan, son quienes protagonizan los resultados de una consulta sin duda bien intencionada, pero en los hechos cooptada por viejas prácticas de clientelismo e inducción del voto. Tres caminos que dejan en conjunto interrogantes y sensaciones deficitarias sobre la democracia que quisiéramos.
viernes, 27 de enero de 2012
MADEJA DE PERVERSIDADES
Hay actualmente tantas manifestaciones perversas en los distintos ámbitos de la vida pública, desde lo local hasta lo global, que me viene la imagen de una madeja tan enredada que no se ve por dónde estirar el hilo. Para tratar de desenredarla propongo visualizar varios círculos que están anudados entre sí y cuya cerrazón hace extremadamente compleja su separación y, sobre todo, la superación del conflicto entrañado en la perversión del espacio público político al que esos círculos llevan. Traición a los principios en que dicen sustentarse, y complicidades que anidan irremediablemente engaños, conspiran contra la democracia como formato de una convivencia razonada, para vivir mejor juntos. Sin embargo, a cada círculo perverso corresponde una manera cívica-social de romper esa dinámica, que impide u obstaculiza el cumplimiento de los objetivos que conforman eso que llamamos bien común.
El círculo perverso de la impunidad. Varias muestras de la actual legislatura que conforma el Congreso local jalisciense; la más reciente: el temor a que aumente la exigibilidad de derechos humanos, de derechos de ciudadanía, evita a toda costa que se fortalezcan los organismos públicos autónomos. Con la reelección al estilo madruguete del Ombudsman jalisciense, se cancelaron posibilidades de hacer un balance público sobre sus cinco años de gestión, tanto como la posibilidad de discutir también públicamente el perfil idóneo para esa responsabilidad. El desprecio por la consulta abierta en uno de los temas relacionados con la calidad de la democracia, como son los derechos humanos, evidencia el deseo de impunidad por parte de los funcionarios públicos, pues hay una visión errada sobre lo que significa defender a la ciudadanía. Es molesto e inclusive impide la justicia “expedita”, el tener que respetar esos derechos, cuando además los derechos sociales, culturales, autosustentables, son absolutamente inviables de cumplir, según la concepción dominante entre los distintos órdenes de gobierno.
Impunidad también del Congreso local, que se expande hacia el derecho a la información y a la rendición de cuentas. La reforma a la Ley de Transparencia de Jalisco, recordemos, criminaliza a los peticionarios de información y les impide contar con información que se clasifica reservada de manera sesgada en el supuesto ordenamiento legal. Asimismo, la imposibilidad de fincar responsabilidades al Auditor Superior de Jalisco, Alonso Godoy, sentó precedentes perversos para el ejercicio de los cargos públicos, quienes deformaron la rendición de cuentas en un teatro de complicidades en el que se intercambiaron letras selladas por la impunidad: ‘tapo tu corrupción si tú tapas la mía’. Las organizaciones sociales tratan de desenredar esas madejas de perversidades relacionadas con los derechos humanos, el derecho de información y la exigencia de transparencia. Aunque por el momento no tienen éxito, sus aciertos ganan credibilidad y construyen memoria colectiva.
El círculo perverso de la inequidad y el racismo. En el ámbito nacional e internacional, el impacto de la crisis sobre la madre tierra y sobre los más excluidos y desvalidos, hace estragos. Sin embargo, la fuerza devastadora de la crisis parece no tener responsables aquí y allá. El dramático impacto de la sequía que azota al país, se olvida, es un fruto amargo de la apertura comercial indiscriminada que relegó el tema de la soberanía alimentaria al cajón de las demandas “premodernas” que impedían la entrada de México a la competencia de las grandes ligas. El hilo más débil, el de los pueblos indios, es la contracara del modelo extractivista y depredador por el que se ha optado desde las esferas del poder dominante. No obstante la discriminación que estos grupos sufren, ellos siguen dando testimonio viviente en el rescate de su dignidad, de su autonomía organizativa y su deseo de equidad.
El círculo perverso de la impunidad. Varias muestras de la actual legislatura que conforma el Congreso local jalisciense; la más reciente: el temor a que aumente la exigibilidad de derechos humanos, de derechos de ciudadanía, evita a toda costa que se fortalezcan los organismos públicos autónomos. Con la reelección al estilo madruguete del Ombudsman jalisciense, se cancelaron posibilidades de hacer un balance público sobre sus cinco años de gestión, tanto como la posibilidad de discutir también públicamente el perfil idóneo para esa responsabilidad. El desprecio por la consulta abierta en uno de los temas relacionados con la calidad de la democracia, como son los derechos humanos, evidencia el deseo de impunidad por parte de los funcionarios públicos, pues hay una visión errada sobre lo que significa defender a la ciudadanía. Es molesto e inclusive impide la justicia “expedita”, el tener que respetar esos derechos, cuando además los derechos sociales, culturales, autosustentables, son absolutamente inviables de cumplir, según la concepción dominante entre los distintos órdenes de gobierno.
Impunidad también del Congreso local, que se expande hacia el derecho a la información y a la rendición de cuentas. La reforma a la Ley de Transparencia de Jalisco, recordemos, criminaliza a los peticionarios de información y les impide contar con información que se clasifica reservada de manera sesgada en el supuesto ordenamiento legal. Asimismo, la imposibilidad de fincar responsabilidades al Auditor Superior de Jalisco, Alonso Godoy, sentó precedentes perversos para el ejercicio de los cargos públicos, quienes deformaron la rendición de cuentas en un teatro de complicidades en el que se intercambiaron letras selladas por la impunidad: ‘tapo tu corrupción si tú tapas la mía’. Las organizaciones sociales tratan de desenredar esas madejas de perversidades relacionadas con los derechos humanos, el derecho de información y la exigencia de transparencia. Aunque por el momento no tienen éxito, sus aciertos ganan credibilidad y construyen memoria colectiva.
El círculo perverso de la inequidad y el racismo. En el ámbito nacional e internacional, el impacto de la crisis sobre la madre tierra y sobre los más excluidos y desvalidos, hace estragos. Sin embargo, la fuerza devastadora de la crisis parece no tener responsables aquí y allá. El dramático impacto de la sequía que azota al país, se olvida, es un fruto amargo de la apertura comercial indiscriminada que relegó el tema de la soberanía alimentaria al cajón de las demandas “premodernas” que impedían la entrada de México a la competencia de las grandes ligas. El hilo más débil, el de los pueblos indios, es la contracara del modelo extractivista y depredador por el que se ha optado desde las esferas del poder dominante. No obstante la discriminación que estos grupos sufren, ellos siguen dando testimonio viviente en el rescate de su dignidad, de su autonomía organizativa y su deseo de equidad.
viernes, 20 de enero de 2012
SPOT-IDIOTIZACIÓN
Supuestamente pensada para generar mayores condiciones de equidad en la contienda electoral, la reforma política de 2007 no logra cumplir del todo esos objetivos. Su fracaso se debe en parte a la conflictiva coyuntura de 2006 que la inspiró, pues las elecciones presidenciales evidenciaron la inequidad registrada en los medios de comunicación electrónicos principalmente, pero en parte también la falta de pericia comunicativa por parte de los legisladores contribuyó a su fracaso. Aunque algunos legisladores panistas actuales se refieren a esa reforma como “fruto del rencor y el encono”, causado por López Obrador al haber perdido esas elecciones, otros legisladores dicen que a pesar de haber sido hecha sobre las rodillas y con “mala leche” (Porfirio Muñoz Ledo), pero todos concuerdan en que se necesita rehacer la ley electoral que fue modificada a raíz de la reforma de 2007. Lástima que la actual legislatura ya no podrá hacerlo.
Cada reforma político-electoral emprendida tiene un destinatario y se hace persiguiendo una estrategia favorable para el partido o la coalición política en el poder. La de 2007, identificó los problemas desde un diagnóstico acertado, pues la mercantilización de las campañas había corrido a cargo del erario administrado por los partidos políticos. Sin embargo, infringir el tope de gastos en publicidad no pudo ser combatido por una legislación en la que era más barato pagar la multa por esos excesos que atenerse al presupuesto aprobado para esos fines. Desde 2007 se prohíbe contratar publicidad, tanto por terceras personas como por partidos, para la propaganda electoral en radio y televisión, prohibición que desató fuertes polémicas sobre la libertad de expresión. Algunos intelectuales la cuestionaron por cercenar la libertad de mercado y con ello las libertades individuales, mientras que varios organismos apoyaron ampliar las atribuciones regulatorias del Estado sobre la propaganda electoral, además de sugerir una política comunicativa complementaria.
Los principales opositores a que los tiempos que el Estado dispone en los medios electrónicos de comunicación, se destinaran a partidos y candidatos, fueron los dueños de esas empresas. A regañadientes, estaciones de radio y televisión entregaron esos espacios a los partidos, pero dentro de un dulce envenenado, pues impusieron el formato del spot publicitario y mañosamente definieron unilateralmente su horario de difusión; incluso, en momentos estelares que interferían con espectáculos cuya audiencia terminó por reprobar la propaganda partidaria, como era de esperar. La spotización política trajo consigo el hartazgo y fomentó, contrariamente a los objetivos de equidad buscados, el desinterés por escuchar y conocer los mensajes de partidos y candidatos. Así como la repetición de un mensaje a lo largo del día puede incitar al consumidor a obtener un producto, los partidos-candidatos-mercancías machacan a la audiencia con propuestas vagas y reiterativas que ni informan ni convencen.
¿Cómo terminar con la spotización política? Indudablemente que el ahora completo Consejo General del IFE, debatirá este tema y en su momento nutrirá a los legisladores para la reforma que se haga al respecto. En lo inmediato, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre 12 debates temáticos que remplacen los spots es congruente con la superación del mercantilismo; un debate por semana en el que participen todos los candidatos en condiciones de equidad, de abril a junio de este año. Transformar así las campañas traería muchos beneficios a las audiencias de radio y televisión, pues ello ampliaría su capacidad de razonamiento al contrastar propuestas y programas de partidos y candidatos. Además, ese esquema podría reproducirse para todos los candidatos a elección popular. La condición es que el debate incluya audiencias participativas y que éstas tengan el derecho de apagar el aparato si la idiotización prevalece. Cosas que los spots impiden.
Cada reforma político-electoral emprendida tiene un destinatario y se hace persiguiendo una estrategia favorable para el partido o la coalición política en el poder. La de 2007, identificó los problemas desde un diagnóstico acertado, pues la mercantilización de las campañas había corrido a cargo del erario administrado por los partidos políticos. Sin embargo, infringir el tope de gastos en publicidad no pudo ser combatido por una legislación en la que era más barato pagar la multa por esos excesos que atenerse al presupuesto aprobado para esos fines. Desde 2007 se prohíbe contratar publicidad, tanto por terceras personas como por partidos, para la propaganda electoral en radio y televisión, prohibición que desató fuertes polémicas sobre la libertad de expresión. Algunos intelectuales la cuestionaron por cercenar la libertad de mercado y con ello las libertades individuales, mientras que varios organismos apoyaron ampliar las atribuciones regulatorias del Estado sobre la propaganda electoral, además de sugerir una política comunicativa complementaria.
Los principales opositores a que los tiempos que el Estado dispone en los medios electrónicos de comunicación, se destinaran a partidos y candidatos, fueron los dueños de esas empresas. A regañadientes, estaciones de radio y televisión entregaron esos espacios a los partidos, pero dentro de un dulce envenenado, pues impusieron el formato del spot publicitario y mañosamente definieron unilateralmente su horario de difusión; incluso, en momentos estelares que interferían con espectáculos cuya audiencia terminó por reprobar la propaganda partidaria, como era de esperar. La spotización política trajo consigo el hartazgo y fomentó, contrariamente a los objetivos de equidad buscados, el desinterés por escuchar y conocer los mensajes de partidos y candidatos. Así como la repetición de un mensaje a lo largo del día puede incitar al consumidor a obtener un producto, los partidos-candidatos-mercancías machacan a la audiencia con propuestas vagas y reiterativas que ni informan ni convencen.
¿Cómo terminar con la spotización política? Indudablemente que el ahora completo Consejo General del IFE, debatirá este tema y en su momento nutrirá a los legisladores para la reforma que se haga al respecto. En lo inmediato, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre 12 debates temáticos que remplacen los spots es congruente con la superación del mercantilismo; un debate por semana en el que participen todos los candidatos en condiciones de equidad, de abril a junio de este año. Transformar así las campañas traería muchos beneficios a las audiencias de radio y televisión, pues ello ampliaría su capacidad de razonamiento al contrastar propuestas y programas de partidos y candidatos. Además, ese esquema podría reproducirse para todos los candidatos a elección popular. La condición es que el debate incluya audiencias participativas y que éstas tengan el derecho de apagar el aparato si la idiotización prevalece. Cosas que los spots impiden.
jueves, 12 de enero de 2012
ENTRE EL LIMBO Y EL INFIERNO
Sin pena ni gloria, trascurren las precampañas electorales: repetición de lugares comunes, propuestas abstractas de programas, proyectos del deber ser de la política sin asideros respecto de su viabilidad, saturación de todos los medios de difusión posibles, desde los tradicionales hasta las novedosas formas electrónicas que se “innovan” diariamente. Toca también decir que ya nos tienen hasta la madre con su mercantilización de lo político, con unidades a toda costa y supuestos consensos prefabricados que publicitan unanimidad donde no la hay, con falsos debates entre ideas que son casi iguales; con todo ello, estamos en el limbo, esperando que algún día por venir, esos tanques políticos, con poca sustancia como para convertirse en think tanks, nos lleven a la gloria de la esperanza futura. Pero es otro el destino que nos alcanza. Se parece más al infierno que a la esperanza.
Dominada por la ambigüedad, la época de las precampañas no logra convencer sobre las bondades de una reforma política que se hizo con buenas intenciones, pero que continuamente se desborda por la tentación publicitaria. ¿A alguien le queda claro si estos momentos preelectorales tienen como destinatarios a los propios partidos políticos? Las frases aceleradas al final de los spots “esta propaganda está destinada a los militantes de ‘tal’ partido”, no logran esconder que el blanco de la spotización política somos todos-as ¿Se podría decir con sensatez que durante este periodo ha mejorado la democracia interna de los institutos políticos? Ni uno solo de los partidos tiene un padrón interno que sea fiable, pues la volatilidad del electorado hace imposible ya el identificar una base social militante, y los simpatizantes no garantizan fidelidad. El formato de partido es inoperante para los fines democratizadores del sistema político.
Por ello, aparte del PRI, cuya maquinaria electoral de unanimidades evita cualquier consulta extra partidista, cada vez más se recurre a las encuestas entre población abierta; es claro que para Acción Nacional y para las izquierdas, el momento preelectoral es el de apelar a todo el electorado y no solamente a quienes se identifiquen con un partido. Pero la hebra común que anuda al conjunto del sistema de partidos es la del dinero, sea para mantener aceitadas las fibras corporativas de cada instituto, sea para financiar sofisticados y cada vez más costosos mecanismos de consulta, que permitan llegar a todo el electorado en disputa. Democracia S.A. busca clientes, no ciudadanos demandantes de derechos. Donde manda el dinero no gobierna la democracia y esta ambigüedad entre precampañas y campañas electorales, presagia una prolongación del limbo político que padecemos. Aún las izquierdas, críticas de la mercantilización del mundo político, se ven invadidas por este sopor enfadoso del dinero.
Las (pre)campañas parecen negar el infierno. Invadidos por el discurso políticamente correcto, (pre)candidatos y partidos evitan entrar al fondo de los problemas derivados de la mediocridad del desempeño económico del modelo depredador, insostenible, orientado a la exportación; no señalan críticas certeras al protagonismo perverso del sistema financiero mundial; temen incrementar temores sociales, por lo que evaden el tema de la violencia estructural y su secuela de muertes (casi 13 mil asesinatos –producto de supuestos enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado- de enero a septiembre del año pasado, con lo que suman casi 56 mil homicidios durante el actual gobierno federal). Casi ninguno de ellos cree que se pueda hacer algo diferente a la estrategia militar y policial actual; son extremadamente prudentes frente a los responsables de las crisis de justicia, económica y civilizatoria que padecemos. Empero, evadir el conflicto es desconocer el infierno de la corrupción y la impunidad que supuestamente se proponen combatir.
Dominada por la ambigüedad, la época de las precampañas no logra convencer sobre las bondades de una reforma política que se hizo con buenas intenciones, pero que continuamente se desborda por la tentación publicitaria. ¿A alguien le queda claro si estos momentos preelectorales tienen como destinatarios a los propios partidos políticos? Las frases aceleradas al final de los spots “esta propaganda está destinada a los militantes de ‘tal’ partido”, no logran esconder que el blanco de la spotización política somos todos-as ¿Se podría decir con sensatez que durante este periodo ha mejorado la democracia interna de los institutos políticos? Ni uno solo de los partidos tiene un padrón interno que sea fiable, pues la volatilidad del electorado hace imposible ya el identificar una base social militante, y los simpatizantes no garantizan fidelidad. El formato de partido es inoperante para los fines democratizadores del sistema político.
Por ello, aparte del PRI, cuya maquinaria electoral de unanimidades evita cualquier consulta extra partidista, cada vez más se recurre a las encuestas entre población abierta; es claro que para Acción Nacional y para las izquierdas, el momento preelectoral es el de apelar a todo el electorado y no solamente a quienes se identifiquen con un partido. Pero la hebra común que anuda al conjunto del sistema de partidos es la del dinero, sea para mantener aceitadas las fibras corporativas de cada instituto, sea para financiar sofisticados y cada vez más costosos mecanismos de consulta, que permitan llegar a todo el electorado en disputa. Democracia S.A. busca clientes, no ciudadanos demandantes de derechos. Donde manda el dinero no gobierna la democracia y esta ambigüedad entre precampañas y campañas electorales, presagia una prolongación del limbo político que padecemos. Aún las izquierdas, críticas de la mercantilización del mundo político, se ven invadidas por este sopor enfadoso del dinero.
Las (pre)campañas parecen negar el infierno. Invadidos por el discurso políticamente correcto, (pre)candidatos y partidos evitan entrar al fondo de los problemas derivados de la mediocridad del desempeño económico del modelo depredador, insostenible, orientado a la exportación; no señalan críticas certeras al protagonismo perverso del sistema financiero mundial; temen incrementar temores sociales, por lo que evaden el tema de la violencia estructural y su secuela de muertes (casi 13 mil asesinatos –producto de supuestos enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado- de enero a septiembre del año pasado, con lo que suman casi 56 mil homicidios durante el actual gobierno federal). Casi ninguno de ellos cree que se pueda hacer algo diferente a la estrategia militar y policial actual; son extremadamente prudentes frente a los responsables de las crisis de justicia, económica y civilizatoria que padecemos. Empero, evadir el conflicto es desconocer el infierno de la corrupción y la impunidad que supuestamente se proponen combatir.
viernes, 6 de enero de 2012
CONSTITUYENTE Y CAMBIO DE RÉGIMEN
Audaz, la propuesta de una nueva Constitución y de cambio de régimen en México, del Diputado panista Javier Corral. El agotamiento de la institución presidencial, el débil sistema de partidos y el entrampamiento de relaciones creativas entre los poderes republicanos, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, no corresponden con los avances democráticos mostrados por el país en el ámbito de las elecciones confiables, la consolidación de la alternancia que campea en todos los órdenes de gobierno, desde la Presidencia de la República hasta los municipios, pasando por los gobiernos estatales; una sociedad civil más activa y demandante de nuevos formatos de participación ciudadana, tanto como de un mejor desempeño económico más equitativo, con mejor rendición de cuentas y con acceso responsable a la información y a los medios de comunicación. La Constitución actual no puede resolver esas paradojas.
Corral propone resolver esos entuertos mediante un nuevo ordenamiento constitucional, vía la instauración de un régimen parlamentario capaz de dar cuenta de la pluralidad y diversidad política alcanzada. Una nueva legalidad que siente las bases para saber y poder compartir el poder, por lo que Corral pone especial atención en el gobierno de coalición como fórmula integradora del amplio abanico político existente en México. Su apuesta enfatiza el cambio de régimen político, como primer paso para lograr un cambio de Constitución, pero hacen falta consideraciones sobre lo que representa una Constituyente, como renovación del pacto social en todos los órdenes de la vida institucional, así como de los procesos de consulta y participación ciudadana que la condicionan. El riesgo de confundir una reforma política de amplios alcances y la instauración de una nueva Constitución, puede limitar ese debate tan trascendental a los mismos actores desgastados: los partidos políticos, a pretender hacer desde arriba los cambios, a fortalecer la partidocracia.
Habrá que preguntarse si estamos a tiempo siquiera de emplazar tal debate entre todos los partidos y sus candidatos, pues se trata de una convocatoria a la soberanía popular que podría tener una singular oportunidad de auscultar qué tan aceptada o sentida es la demanda de una nueva Constitución por la población general. Hay demasiados factores que conspiran contra esa renovación y está demasiado lejos de la buena voluntad lo que tendría que ser una convocatoria desde abajo a una Constituyente. El Informe Latinobarómetro 2011, muestra que México es el país menos satisfecho con la democracia, con un 23% frente a un 72% en Uruguay. Entre 2010 y 2011, el apoyo a ese régimen en México bajó de un 49% a un 40%. El 55% de los mexicanos está de acuerdo en que la democracia, aún con problemas, es el mejor sistema de gobierno, penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala (49%)
Los partidos siguen en el sótano de la confianza popular, aunque los congresos o parlamentos mejoran su posición en América Latina. Pero la tentación autoritaria aumenta: en México sólo el 53% en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar, arriba tan sólo de Paraguay, 52% y Guatemala, 40%. En Costa Rica el 90% no apoyaría un gobierno militar. Estamos en el penúltimo lugar en cuanto a expectativas que el Estado pueda resolver el problema de la delincuencia, con un 39%; Guatemala: 27%. México es uno de los países donde los ciudadanos menos cumplen con la ley; aunque estamos por encima de la media latinoamericana en la exigencia de derechos, somos de los más bajos en reconocer obligaciones y deberes. No tenemos un contexto propicio para crear una nueva Constitución, pero el hecho de que sólo el 22% perciba que se gobierna para el bien de todo el pueblo, acerca la urgencia de alcanzar lo aparentemente imposible.
Corral propone resolver esos entuertos mediante un nuevo ordenamiento constitucional, vía la instauración de un régimen parlamentario capaz de dar cuenta de la pluralidad y diversidad política alcanzada. Una nueva legalidad que siente las bases para saber y poder compartir el poder, por lo que Corral pone especial atención en el gobierno de coalición como fórmula integradora del amplio abanico político existente en México. Su apuesta enfatiza el cambio de régimen político, como primer paso para lograr un cambio de Constitución, pero hacen falta consideraciones sobre lo que representa una Constituyente, como renovación del pacto social en todos los órdenes de la vida institucional, así como de los procesos de consulta y participación ciudadana que la condicionan. El riesgo de confundir una reforma política de amplios alcances y la instauración de una nueva Constitución, puede limitar ese debate tan trascendental a los mismos actores desgastados: los partidos políticos, a pretender hacer desde arriba los cambios, a fortalecer la partidocracia.
Habrá que preguntarse si estamos a tiempo siquiera de emplazar tal debate entre todos los partidos y sus candidatos, pues se trata de una convocatoria a la soberanía popular que podría tener una singular oportunidad de auscultar qué tan aceptada o sentida es la demanda de una nueva Constitución por la población general. Hay demasiados factores que conspiran contra esa renovación y está demasiado lejos de la buena voluntad lo que tendría que ser una convocatoria desde abajo a una Constituyente. El Informe Latinobarómetro 2011, muestra que México es el país menos satisfecho con la democracia, con un 23% frente a un 72% en Uruguay. Entre 2010 y 2011, el apoyo a ese régimen en México bajó de un 49% a un 40%. El 55% de los mexicanos está de acuerdo en que la democracia, aún con problemas, es el mejor sistema de gobierno, penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala (49%)
Los partidos siguen en el sótano de la confianza popular, aunque los congresos o parlamentos mejoran su posición en América Latina. Pero la tentación autoritaria aumenta: en México sólo el 53% en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar, arriba tan sólo de Paraguay, 52% y Guatemala, 40%. En Costa Rica el 90% no apoyaría un gobierno militar. Estamos en el penúltimo lugar en cuanto a expectativas que el Estado pueda resolver el problema de la delincuencia, con un 39%; Guatemala: 27%. México es uno de los países donde los ciudadanos menos cumplen con la ley; aunque estamos por encima de la media latinoamericana en la exigencia de derechos, somos de los más bajos en reconocer obligaciones y deberes. No tenemos un contexto propicio para crear una nueva Constitución, pero el hecho de que sólo el 22% perciba que se gobierna para el bien de todo el pueblo, acerca la urgencia de alcanzar lo aparentemente imposible.
sábado, 3 de diciembre de 2011
PARTIDOCRACIA, PELIGRO PARA MÉXICO
Se identifica el regreso del PRI a Los Pinos como un peligro para México; sin embargo, el problema no reside únicamente en ese partido, sino en el sistema político que cobija una sórdida lucha entre la mayoría de los institutos políticos por el poder interno y público: la “Ley de hierro de la oligarquía” que propusiera el politólogo Robert Michels, en 1911, ilustró tendencias contradictorias respecto de la democracia, principio inspirador de las prácticas y funciones de los partidos políticos, como la burocratización profesional de los dirigentes, especialización requerida por la toma de decisiones más rápidas y complejas; por las exigencias de una eficiencia electoral que menosprecia la democratización interna de los partidos, en aras de distribuir el poder entre los grupos que mejor posicionan la influencia partidaria; por la fuerza de la democracia elitista, que confía en la racionalidad de los líderes e infantiliza a sus militantes.
Entre los riesgos de regresión autoritaria que representa el sistema de partidos como oligarquía de hierro, es cierto que el PRI reúne varios de ellos. Pero no es el único. Al tricolor se le achaca que sus cargos públicos no rinden cuentas, como destaca el caso de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, donde están en juego más de 32 mil millones de pesos, cuyo manejo y destino no es transparente. ¿No se podría decir lo mismo sobre el caso de Acción Nacional? En despecho de su expulsión de ese partido, Manuel Espino recordó algunos casos de corrupción entre funcionarios federales y municipales: Cesar Nava y Germán Martínez, dos ex presidentes nacionales del PAN, son casos de corrupción documentados en los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, manos negras y el de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, que revelan pistas esclarecedoras que documentan la corrupción de varios panistas.
Las prácticas de mayoriteo y uso corporativo del voto, han sido típicamente priístas, pero son abrazadas con activa pasión por los blanquiazules. La Sra. Elba Esther Gordillo, no obstante su militancia priista fue factor estratégico para que ganaran tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en sus respectivas elecciones presidenciales. Así como se criticó el acarreo para la unción-designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, se podría criticar el pacto que hizo Ernesto Cordero con una de las centrales supuestamente priista pero que entra a la subasta de votos por posiciones de poder, como es el caso de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que ofreció cerca de un millón de votos al panista que representa la continuidad con el gobierno de Felipe Calderón.
Los temores mayores sobre el regreso del autoritarismo, camuflado bajo el manto de institucionalidad democrática, residen en los vínculos implícitos o explícitos entre los poderes fácticos: mediáticos, de las jerarquías eclesiásticas y crimen organizado, con el sistema político. Señaladamente se evidencia que la candidatura de Enrique Peña Nieto es producto de estrategias de poder diseñadas desde el duopolio televisivo, a través de lo cual el PRI ha cooptado y subordinado una buena parte de organismos electorales, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y varios Árbitros electorales locales, como se mostró en el caso del Estado de México. Además, la supuesta connivencia priista con el crimen organizado en las elecciones michoacanas, jaquea preocupantemente la democratización del país. Sin embargo, aparte de honrosas excepciones, como la de Javier Corral, Acción Nacional ha coincidido con la telebancada Verde-priista en retrocesos respecto del Derecho de Información. Igualmente, eso que llamamos PRIAN, ha impulsado legislaciones conservadoras de defensa de la vida, en 18 entidades del país. Esa partidocracia si amenaza la democracia.
Entre los riesgos de regresión autoritaria que representa el sistema de partidos como oligarquía de hierro, es cierto que el PRI reúne varios de ellos. Pero no es el único. Al tricolor se le achaca que sus cargos públicos no rinden cuentas, como destaca el caso de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, donde están en juego más de 32 mil millones de pesos, cuyo manejo y destino no es transparente. ¿No se podría decir lo mismo sobre el caso de Acción Nacional? En despecho de su expulsión de ese partido, Manuel Espino recordó algunos casos de corrupción entre funcionarios federales y municipales: Cesar Nava y Germán Martínez, dos ex presidentes nacionales del PAN, son casos de corrupción documentados en los libros de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, manos negras y el de Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, que revelan pistas esclarecedoras que documentan la corrupción de varios panistas.
Las prácticas de mayoriteo y uso corporativo del voto, han sido típicamente priístas, pero son abrazadas con activa pasión por los blanquiazules. La Sra. Elba Esther Gordillo, no obstante su militancia priista fue factor estratégico para que ganaran tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en sus respectivas elecciones presidenciales. Así como se criticó el acarreo para la unción-designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, se podría criticar el pacto que hizo Ernesto Cordero con una de las centrales supuestamente priista pero que entra a la subasta de votos por posiciones de poder, como es el caso de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que ofreció cerca de un millón de votos al panista que representa la continuidad con el gobierno de Felipe Calderón.
Los temores mayores sobre el regreso del autoritarismo, camuflado bajo el manto de institucionalidad democrática, residen en los vínculos implícitos o explícitos entre los poderes fácticos: mediáticos, de las jerarquías eclesiásticas y crimen organizado, con el sistema político. Señaladamente se evidencia que la candidatura de Enrique Peña Nieto es producto de estrategias de poder diseñadas desde el duopolio televisivo, a través de lo cual el PRI ha cooptado y subordinado una buena parte de organismos electorales, particularmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y varios Árbitros electorales locales, como se mostró en el caso del Estado de México. Además, la supuesta connivencia priista con el crimen organizado en las elecciones michoacanas, jaquea preocupantemente la democratización del país. Sin embargo, aparte de honrosas excepciones, como la de Javier Corral, Acción Nacional ha coincidido con la telebancada Verde-priista en retrocesos respecto del Derecho de Información. Igualmente, eso que llamamos PRIAN, ha impulsado legislaciones conservadoras de defensa de la vida, en 18 entidades del país. Esa partidocracia si amenaza la democracia.
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