DEMOCRATIZACIÓN CUESTIONADA

Hacer elecciones libres y justas es tan solo uno de los indicadores que se usan para medir el grado de democratización de un país. Aunque la metodología de medición está inspirada en la evolución de regímenes y gobiernos occidentales con un enfoque anglo-euro-céntrico, actualmente se cuestionan las categorías originales y se introducen nuevas variables antes no contempladas. Robert Dahl acuñó el concepto de Poliarquía, como un “tipo moderno de gobierno democrático de gran escala”, el cual sirvió de base para definir los rasgos democratizadores relativos a los arreglos institucionales que, aún como aproximación imperfecta al ideal democrático, permiten medir comparativamente, la democratización de cada país. Dos instituciones destacan por sus mediciones: Freedom House Index (FHI), y Polity; ambas se vinculan con la visión y financiamiento del gobierno estadounidense sobre derechos humanos, manejo de los conflictos, negociaciones de paz e inestabilidad política en el mundo.

En el número correspondiente a enero de 2012, la Revista Internacional de Ciencia Política, incluye dos artículos que se preguntan sobre la vigencia y desafíos que presentan las mediciones sobre la democratización. Amy Alexander, Christian Welzel y Ronald Inglehart, director de la Encuesta Mundial de Valores, defienden el Índice de Democracia Efectiva, porque éste enfatiza las cualidades que condicionan la democracia, más que los meros indicadores que la expresan. Manipular las cualidades que condicionan la democracia, como la ley, el sistema educativo, la capacidad de comunicar valores, muestra aquellas deficiencias que aparecen incluso en regímenes electorales abiertos. En otro artículo, Thomas Denk (Finlandia) y Daniel Silander (Suecia), constatan que el “paraíso” democrático necesita profundizar su democratización, pues la mayoría de países, muestran déficits a llenar, particularmente, en las funciones de gobierno, el imperio de la ley, autonomía personal y derechos individuales.

Además, hay nuevos desafíos asociados con las tecnologías de la información y la comunicación, globalizadas e internacionalizadas, para armonizar los ideales democráticos. Denk y Silander, citan variadas innovaciones del sistema democrático dentro del proceso electoral mismo, consultas, deliberaciones públicas (encuestas “deliberativas”, que complementan plebiscitos o referéndums), cogobierno, democracia directa participativa, formatos de consejos o jurados ciudadanos, entre otras. Aunque recientemente proliferan estudios sobre calidad de la democracia, todavía no existen mediciones adecuadas para esas innovaciones. No obstante, los autores incluyen el Índice de Democratización del Freedom House en 91 países, el cual incorpora siete variables relacionadas con los derechos políticos y las libertades civiles. Aún sin incluir variables relativas a la calidad democrática y sin tomar en cuenta otras aproximaciones más adecuadas a la realidad latinoamericana y de los países del llamado Sur Global, como los derechos culturales y la “democracia comunitaria”, es lamentable constatar que el caso mexicano representa el sexto país más alejado del ideal democrático occidental.

Entre Perú, quinto lugar y El Salvador, séptimo lugar, México muestra índices preocupantes en lo que hace al imperio de la ley, pues junto con Indonesia registra el peor indicador de los 91 países estudiados. Se cuestiona la independencia del Poder Judicial, la prevalencia de la ley en materia civil y criminal, el control civil de la policía. Falla la protección contra el terror policial, contra la prisión injustificada, el exilio y la tortura. Persiste la guerra y no toda la población es tratada equitativamente frente a la ley. Otros aspectos que distancian a México del ideal democrático occidental se refieren a la autonomía personal y los derechos individuales, en lo tocante a la influencia de fuerzas de seguridad y crimen organizado, así como la inequidad de género y la falta de oportunidades equitativas. Derechos asociativos y organizacionales limitados; corrupción y falta de rendición de cuentas, coronan el cuestionamiento a la democratización mexicana.

ENCUESTAS, GOBIERNO Y ELECCIONES

Protagonistas de elecciones “primarias”, pues por un lado los partidos se muestran incapaces para contar con un padrón propio confiable y por otro lado la necesidad de superar su autismo y tradicional desapego de la sociedad que dicen representar, las encuestas son ya reconocidas como un elemento fundamental de consulta para la toma de decisiones partidarias y como apoyo para acercar las políticas públicas a las demandas y necesidades de la gente. Los riesgos son que se crea en ellas a pie juntillas, o que sustituyan transformaciones políticas asociadas con la democracia participativa, la cual significa mucho más que una consulta al azar. Sondeos, encuestas y estudios de opinión también muestran límites si se hace una lectura vertical y sesgada de sus resultados, por el uso instrumental que de ellos puedan hacer quienes las encargan.

Proliferan casas encuestadoras y asesores para quienes estos instrumentos son la punta de lanza de la mercantilización política, pues cualquier (pre)candidato o funcionario gubernamental con capacidad de pago puede mandar hacerse un traje a la medida y forzar los resultados buscados. Sin desconocer su valía, estos instrumentos de investigación tienen sus limites. Cada elección constatamos su imprecisión, pues son raras las encuestas con capacidad certera de predicción de resultados. Encuestar no da certidumbre respecto del voto, pues entre la intención manifiesta y el compromiso para ir a votar, aguantar largas colas o perderse alguna evasión-diversión que se atraviese en el camino, hay una amplia brecha; hubo varias sorpresas de candidatos que no iban en primer lugar y sin embargo ganaron la contienda. Ello demostró que importa más la maquinaria electoral y sus operadores políticos, que la intención de voto. Así, las encuestas pueden engañar a los punteros y también acicatear a quienes no encabezan las preferencias electorales.

Como bien mostraron las encuestas encargadas por Marcelo Ebrard y por AMLO, para definir la precandidatura de las izquierdas, más que una pregunta referida a la intención del voto, se necesita contrastar dicha intención con elementos que midan la consistencia de la opinión para convertirse en decisión. De las cinco preguntas incluidas en esas encuestas, AMLO ganó en tres de ellas: preferencia electoral general; el voto entre seis aspirantes y el voto entre Ebrard y él. Marcelo, ganó la opinión positiva mayoritaria y fue el candidato con menos rechazo. Al menos en el discurso, estas cinco preguntas facilitaron la decisión para elegir al candidato con mejores posibilidades y ofrecieron pistas de respuesta para avanzar en la unidad entre los contendientes. Otro ejemplo lo tenemos en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica de Milenio, que incluyó unas ocho preguntas en el sondeo para medir intención del voto en las elecciones jaliscienses: por quién nunca votaría; si estaría dispuesto a obtener su credencial del IFE para votar por su candidato, o si aportaría dinero para la campaña de su favorito; si le importa más el candidato, la coalición o el partido político.

En el reciente foro “Laboratorio Político 2012”, organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), se celebró que encuestas, sondeos y estudios de opinión en torno del voto y de las políticas gubernamentales, estén marcando las agendas respectivas. Cada precandidato presidencial alabó esos instrumentos y los hizo parte indisociable de sus campañas y de sus futuras acciones de gobierno en caso de ganar. Se reconocieron los aciertos del IFE en materia de regulación de encuestas y su evaluación metodológica. Tales sondeos serán parte de nuestra vida cotidiana hasta antes de las elecciones, cuando la legislación lo permita. Habrá que estar atentos frente a mercantilismos y guerras de encuestas.

VEDA NO ES SILENCIO

Es momento de preguntarnos por el papel jugado por la política en nuestras vidas cotidianas, tanto como por la relación que guardan esos acontecimientos con un sentido del futuro. Se trata de ganar elementos positivos para nuestra convivencia, pues la política es arte y técnica para lograr vivir mejor juntos. Con mucha facilidad se pierde de vista este objetivo, y la causa principal del desprecio por lo político, está en los sondeos de opinión, son los políticos profesionales y los partidos que encauzan sus carreras públicas. Es un fenómeno mundial pero acentuado en México y América Latina, que diputados, partidos y congresos locales o nacionales y, en menor medida los integrantes del poder Ejecutivo, están desde hace varios años en el sótano del aprecio ciudadano. Deterioro político significa también pérdida de esperanza respecto de la democracia y desconfianza frente al supuesto principal que la garantiza: el voto.

Paradójicamente, el momento estelar de la política es la jornada electoral y lo que ésta trae consigo: precampañas, campañas y disputas por los puestos a elegir. Momentos que son copados por variados instrumentos destinados a la mercadotecnia electoral; una cadena de productos y servicios informativos y de propaganda que no tienen empacho en reducir el sentido de lo político a una pretendida libertad de selección, como si se tratara de aumentar la oferta de productos en el gran supermercado de la democracia. Esas aberraciones llevan a homologar democracia y dinero, lo cual refuerza sustancialmente el carácter ritual y formalista de las elecciones, pues esa democracia procedimental de la que renegamos, sigue apostando a delegar la soberanía popular en representantes que una vez votados se despegan del electorado, no le rinden cuentas ni le convocan a participar cotidianamente de los asuntos públicos.

Este periodo de veda en torno al llamado al voto, las manifestaciones públicas de respaldo a (pre)candidatos y el impedimento de difundir las plataformas partidarias registradas ante el IFE, algunos lo interpretan como una imposición de silencio político desde argumentos falaces que conciben reducidamente la democracia a votos y candidatos. Sin embargo, partidos, equipos de campaña y candidatos han caído en la trampa pues la obsesión de todos ellos es aumentar sus preferencias en las encuestas, sin preguntarse algo elemental, que tiene relación con las fibras y valores que mueven al electorado. Se sigue pensando en los votantes swingers que podrían cambiar su voto, en ganar las franjas indecisas del electorado y hasta en aumentar el número de votantes porque renuncian frente al abstencionismo. Toda la carne va a un asador que está alumbrado por figuras carismáticas que incluso saben servirse del desprestigiado sistema de partidos para posicionarse. La esencia de lo político desaparece.

¿Y dónde queda entonces la y lo político en este periodo de veda electoral? Pues en todo aquello que la democracia representativa, procedimental, delegada, nos escatima gracias al ritualismo electoral. Mientras tanto, a casi la totalidad de los personajes electos se les deshace el país entre las manos, pues ni llega la lucha integral contra el crimen organizado de manera que el Ejército regrese a sus cuarteles, ni se tiene una respuesta plausible frente a la crisis financiera internacional, ni contamos con dispositivos que combatan eficazmente la corrupción, como lo mostró, sin querer, la Auditoria Superior de la Federación, ni se concretizan pasos para alcanzar reformas de Estado en materia electoral, laboral, o energética. Ahí hay un silencio que romper; sin invitarnos explícitamente al voto por tal o cual candidato, las maquinarias electorales bien podrían afinar su comunicación, pensando en la democracia y el gobierno que nos ofrecen para reestablecer el potencial transformador de la y lo político.

ESCUCHAR, PROGRAMAR, DENUNCIAR

Mi solidaridad con los familiares de los 377 presos hondureños,
muertos por el fuego y la crueldad del sistema carcelario

Algunos piensan que el periodo en el que se prohíbe hacer campañas electorales, que durará hasta el primero de abril, implica un silencio heroico que por supuesto ningún partido ni sus candidatos respetará. La reforma política de 2007 concibe destinar estas fechas a la solución de controversias en candidaturas, la formulación de las plataformas partidistas, la consolidación de los equipos de campaña y no precisa, pero tampoco limita, los mecanismos de consulta que se den los institutos políticos y sus candidatos a puestos de elección popular. Fue acertado impedir el abuso de los tiempos de difusión concedidos al Estado en los medios electrónicos y el evitar que el dinero invadiera cualquier medio publicitario, de manera que no se garantizara la equidad del proceso electoral.

Aunque se agradece que las campañas duren 90 días, entre abril y junio, menos que antes, el periodo de “silencio” representa una buena oportunidad para que los partidos y sus fracciones pierdan el autismo al que los lleva su lucha interna por las candidaturas. Podrían ser tiempos para escuchar a la sociedad que quieren representar y para poner a prueba lo que hasta ahora han recogido como un programa viable a ejecutar o a legislar, de obtener el triunfo electoral. Si bien cada precandidato recorrió la circunscripción para la cual se pretende elegir, esa fase electoral acentuó una comunicación vertical que difundió lo que cada uno de ellos-as ofrece como atractivo para conquistar el voto; no es exagerado decir para colonizar el voto. Ahora se podría invertir esa verticalidad de la relación (pre)candidato-elector, por un diálogo en que se enfatiza la escucha. Se necesita humildad y sensibilidad para reconocer la voz del electorado y rectificar la plataforma que se propone.

El protagonismo cobrado por las campañas electorales, oscureció las funciones capitales del sistema político: legitimar las acciones en curso del partido en el gobierno y, en otro caso, denunciar en buena lid errores y limitaciones del gobierno desde la oposición. En un escenario nacional y local de gobiernos divididos, este periodo de silencio en las campañas podría propiciar que, partidos y candidatos, comuniquen sus diferencias con las acciones de gobierno y simultáneamente, formulen claramente lo que aportaría su programa electoral para una mejor gobernabilidad. A pesar del culto al poder unipersonal, que se deposita en las figuras a elegir, los partidos y sobre todo las coaliciones que ahora dominan en la escena electoral, están obligados a convencer de que puede haber sinergias creativas entre el candidato y la estructura partidaria que soporta la maquinaria electoral.

Enjuiciar gobiernos y legisladores actuales, o convencer mostrando logros gubernamentales, puede ser parte de una campaña contra la autocensura que erróneamente se interpreta como objetivo de la reforma política de 2007. En los hechos, este periodo está ayudando a que se comprendan mejor las potencialidades encerradas en cada candidato, como su capacidad para formar equipo y disposición a delegar responsabilidades entre sus actuales y futuros colaboradores. El elector así se hace con nuevos elementos para razonar su voto. Lo que falta es que partidos y candidatos procesen sus fallas, que ausculten las expectativas y críticas que tiene el electorado, a partir de la realidad política que se vive cotidianamente. Si queremos calidad democrática, con exigencia del imperio de la ley, rendición de cuentas y responsabilidad frente a la gestión pública, se requiere capacidad de escucha en candidatos y estructuras electorales. El desencanto y la indiferencia de cara al proceso electoral, cuya responsabilidad reside en ellos, son sus principales enemigos.

PRECAMPAÑAS, DÉFICIT DEMOCRÁTICO

Queda una sensación de que algo falta a nuestra cultura electoral para empujar la democratización de la vida pública y de las instituciones que la sustentan. Las precandidaturas siguieron tres caminos diferentes: el de la unanimidad artificial, se fundó sobre la disciplina partidaria, el borrón autoritario de las diferencias y el del incremento del voto corporativo, que instala el autismo partidista frente a un electorado que cifra sus esperanzas pasivamente en el retorno al pasado; otro camino fue el de apegarse a las encuestas como medio de definición de precandidatos, el cual depositó las expectativas de eficacia en la intención del voto que encierra en su intimidad la población abierta y no solo los militantes y simpatizantes del partido. El camino seguido por Acción Nacional fue el más heterodoxo, pues acudió tanto a la estructura partidista como a la población abierta.

La vía seguida por el PRI, deja una sensación ambigua. Aparentemente, da certidumbre a un electorado deseoso de estabilidad y confianza en la maquinaria electoral, pues ella viene mostrando su contundencia en las elecciones recientes por haber logrado un escenario de partido predominante que se encamina naturalmente hacia el regreso a los Pinos; con la mayoría de gobernadores, congresos locales, presidencias municipales, no podría ser de otra manera. En contraste, el electorado queda sometido al mero ejercicio del voto, la delegación del poder y la pasividad del día después de la jornada electoral. Cada votante, se espera sea arrastrado por el voto duro, organizado, pues aunque la población abierta no sea consultada para la toma de decisiones partidarias, de alguna manera muestra su respaldo y hasta simpatía por el estilo disciplinado bajo el que se configuran todas y cada una de las candidaturas.

Optar por las encuestas como “ayuda” para la selección de candidatos, deja la sensación de que hay una consulta que llama a la participación ciudadana, pero sólo deja una sensación participativa y no necesariamente se puede constatar hasta qué grado la intención del voto significa un compromiso que pueda estar sustentado en cierta reciprocidad entre el electorado y la estructura partidaria. No obstante, el PRD tiene a su favor que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, construyeron su campaña mediante un proyecto articulador de una base social de apoyo, la cual ha sido permanentemente convocada a su participación en la toma de decisiones, en lo concerniente a los ritmos y actividades vinculadas con la campaña electoral, como también en la formulación del programa de gobierno. Otro acierto en la definición del precandidato de las izquierdas fue el diseño de la encuesta, en la que se incluyeron 5 temas que implicaron un razonamiento del elector sobre el significado democrático del proceso electoral mismo.

Aunque Acción Nacional fue el partido que más se acercó a lo que podrían ser unas elecciones primarias, los métodos de consulta se ciñeron exclusivamente al momento de la emisión del voto el domingo 5 de febrero, jornada a la que se convocó a población abierta y no únicamente a la militancia. Sin embargo, la sensación posterior a esa jornada deja un mal sabor de boca, pues la capacidad para organizar la votación fue cuestionada por los hechos, ya que el PAN no tiene experiencia organizativa en ese terreno, lo que dejó a muchas personas interesadas sin participar. Asimismo, este proceso dejó en claro que la maquinaria electoral y los operadores políticos que la alimentan, son quienes protagonizan los resultados de una consulta sin duda bien intencionada, pero en los hechos cooptada por viejas prácticas de clientelismo e inducción del voto. Tres caminos que dejan en conjunto interrogantes y sensaciones deficitarias sobre la democracia que quisiéramos.

MADEJA DE PERVERSIDADES

Hay actualmente tantas manifestaciones perversas en los distintos ámbitos de la vida pública, desde lo local hasta lo global, que me viene la imagen de una madeja tan enredada que no se ve por dónde estirar el hilo. Para tratar de desenredarla propongo visualizar varios círculos que están anudados entre sí y cuya cerrazón hace extremadamente compleja su separación y, sobre todo, la superación del conflicto entrañado en la perversión del espacio público político al que esos círculos llevan. Traición a los principios en que dicen sustentarse, y complicidades que anidan irremediablemente engaños, conspiran contra la democracia como formato de una convivencia razonada, para vivir mejor juntos. Sin embargo, a cada círculo perverso corresponde una manera cívica-social de romper esa dinámica, que impide u obstaculiza el cumplimiento de los objetivos que conforman eso que llamamos bien común.

El círculo perverso de la impunidad. Varias muestras de la actual legislatura que conforma el Congreso local jalisciense; la más reciente: el temor a que aumente la exigibilidad de derechos humanos, de derechos de ciudadanía, evita a toda costa que se fortalezcan los organismos públicos autónomos. Con la reelección al estilo madruguete del Ombudsman jalisciense, se cancelaron posibilidades de hacer un balance público sobre sus cinco años de gestión, tanto como la posibilidad de discutir también públicamente el perfil idóneo para esa responsabilidad. El desprecio por la consulta abierta en uno de los temas relacionados con la calidad de la democracia, como son los derechos humanos, evidencia el deseo de impunidad por parte de los funcionarios públicos, pues hay una visión errada sobre lo que significa defender a la ciudadanía. Es molesto e inclusive impide la justicia “expedita”, el tener que respetar esos derechos, cuando además los derechos sociales, culturales, autosustentables, son absolutamente inviables de cumplir, según la concepción dominante entre los distintos órdenes de gobierno.

Impunidad también del Congreso local, que se expande hacia el derecho a la información y a la rendición de cuentas. La reforma a la Ley de Transparencia de Jalisco, recordemos, criminaliza a los peticionarios de información y les impide contar con información que se clasifica reservada de manera sesgada en el supuesto ordenamiento legal. Asimismo, la imposibilidad de fincar responsabilidades al Auditor Superior de Jalisco, Alonso Godoy, sentó precedentes perversos para el ejercicio de los cargos públicos, quienes deformaron la rendición de cuentas en un teatro de complicidades en el que se intercambiaron letras selladas por la impunidad: ‘tapo tu corrupción si tú tapas la mía’. Las organizaciones sociales tratan de desenredar esas madejas de perversidades relacionadas con los derechos humanos, el derecho de información y la exigencia de transparencia. Aunque por el momento no tienen éxito, sus aciertos ganan credibilidad y construyen memoria colectiva.
El círculo perverso de la inequidad y el racismo. En el ámbito nacional e internacional, el impacto de la crisis sobre la madre tierra y sobre los más excluidos y desvalidos, hace estragos. Sin embargo, la fuerza devastadora de la crisis parece no tener responsables aquí y allá. El dramático impacto de la sequía que azota al país, se olvida, es un fruto amargo de la apertura comercial indiscriminada que relegó el tema de la soberanía alimentaria al cajón de las demandas “premodernas” que impedían la entrada de México a la competencia de las grandes ligas. El hilo más débil, el de los pueblos indios, es la contracara del modelo extractivista y depredador por el que se ha optado desde las esferas del poder dominante. No obstante la discriminación que estos grupos sufren, ellos siguen dando testimonio viviente en el rescate de su dignidad, de su autonomía organizativa y su deseo de equidad.

SPOT-IDIOTIZACIÓN

Supuestamente pensada para generar mayores condiciones de equidad en la contienda electoral, la reforma política de 2007 no logra cumplir del todo esos objetivos. Su fracaso se debe en parte a la conflictiva coyuntura de 2006 que la inspiró, pues las elecciones presidenciales evidenciaron la inequidad registrada en los medios de comunicación electrónicos principalmente, pero en parte también la falta de pericia comunicativa por parte de los legisladores contribuyó a su fracaso. Aunque algunos legisladores panistas actuales se refieren a esa reforma como “fruto del rencor y el encono”, causado por López Obrador al haber perdido esas elecciones, otros legisladores dicen que a pesar de haber sido hecha sobre las rodillas y con “mala leche” (Porfirio Muñoz Ledo), pero todos concuerdan en que se necesita rehacer la ley electoral que fue modificada a raíz de la reforma de 2007. Lástima que la actual legislatura ya no podrá hacerlo.

Cada reforma político-electoral emprendida tiene un destinatario y se hace persiguiendo una estrategia favorable para el partido o la coalición política en el poder. La de 2007, identificó los problemas desde un diagnóstico acertado, pues la mercantilización de las campañas había corrido a cargo del erario administrado por los partidos políticos. Sin embargo, infringir el tope de gastos en publicidad no pudo ser combatido por una legislación en la que era más barato pagar la multa por esos excesos que atenerse al presupuesto aprobado para esos fines. Desde 2007 se prohíbe contratar publicidad, tanto por terceras personas como por partidos, para la propaganda electoral en radio y televisión, prohibición que desató fuertes polémicas sobre la libertad de expresión. Algunos intelectuales la cuestionaron por cercenar la libertad de mercado y con ello las libertades individuales, mientras que varios organismos apoyaron ampliar las atribuciones regulatorias del Estado sobre la propaganda electoral, además de sugerir una política comunicativa complementaria.

Los principales opositores a que los tiempos que el Estado dispone en los medios electrónicos de comunicación, se destinaran a partidos y candidatos, fueron los dueños de esas empresas. A regañadientes, estaciones de radio y televisión entregaron esos espacios a los partidos, pero dentro de un dulce envenenado, pues impusieron el formato del spot publicitario y mañosamente definieron unilateralmente su horario de difusión; incluso, en momentos estelares que interferían con espectáculos cuya audiencia terminó por reprobar la propaganda partidaria, como era de esperar. La spotización política trajo consigo el hartazgo y fomentó, contrariamente a los objetivos de equidad buscados, el desinterés por escuchar y conocer los mensajes de partidos y candidatos. Así como la repetición de un mensaje a lo largo del día puede incitar al consumidor a obtener un producto, los partidos-candidatos-mercancías machacan a la audiencia con propuestas vagas y reiterativas que ni informan ni convencen.

¿Cómo terminar con la spotización política? Indudablemente que el ahora completo Consejo General del IFE, debatirá este tema y en su momento nutrirá a los legisladores para la reforma que se haga al respecto. En lo inmediato, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre 12 debates temáticos que remplacen los spots es congruente con la superación del mercantilismo; un debate por semana en el que participen todos los candidatos en condiciones de equidad, de abril a junio de este año. Transformar así las campañas traería muchos beneficios a las audiencias de radio y televisión, pues ello ampliaría su capacidad de razonamiento al contrastar propuestas y programas de partidos y candidatos. Además, ese esquema podría reproducirse para todos los candidatos a elección popular. La condición es que el debate incluya audiencias participativas y que éstas tengan el derecho de apagar el aparato si la idiotización prevalece. Cosas que los spots impiden.