ASAMBLEA CONSTITUYENTE

"No es un asunto de reformas. No se necesitan más parches para una sociedad descompuesta. Lo que necesitamos es una nueva Constitución, escrita por todos los mexicanos, para todos los mexicanos". Así presenta #yosoy132 la necesidad de cambios verdaderamente estructurales para que nuestro país pueda superar la crisis política y civilizatoria que enfrentamos. Si la Constitución es un pacto social, ahora su renovación implica definir tanto los contenidos del nuevo pacto social, como los procesos o las metodologías que aseguren evitar la brecha entre representantes y representados; una gran construcción desde abajo que ponga en jaque la visión elitista de la democracia de pocos y para pocos; una refundación del régimen político y de gobierno, de todo el edificio jurídico-político, de manera que llegue la justicia, se propicie la participación ciudadana, se dé coherencia a valores de convivencia, cooperación, equidad, paz y justicia, en nuevos ordenamientos legales, directos, eficaces. Se trata de superar el desastre producido por más de 500 cambios constitucionales que hacen un adefesio de nuestra Carta Magna, en la que conviven maltrechos los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, como la propiedad social, no estatal, de la tierra, los recursos estratégicos, la educación, el trabajo y la seguridad social, las relaciones entre Estado e iglesias, o logros más recientes como los relativos a los Derechos Humanos, la transparencia, o incluso logros parciales en el Derecho a la Información. Logros que entran, sin embargo, en contradicción con diversas reformas practicadas, sobre todo durante los últimos 30 años, que han significado graves retrocesos para regular nuestra convivencia. La actual Constitución, ya no aguanta reformas parciales, como se puede apreciar en la legislación electoral que ha sido incapaz de retomar y profundizar sus aciertos y corregir sus limitaciones. Partidocracia y poderes fácticos cercenan los alcances democráticos de la Constitución. La historia latinoamericana reciente deja ver que hay caminos diversos para construir o regenerar el pacto social. Dos países, emprendieron reformas constitucionales de largo alcance. Colombia, vivió una discusión nacional entre 1986 y 1991, que desembocó en un nuevo ordenamiento legal, institucional, que cristalizó los valores de convivencia que urgían para negociar el conflicto armado interno e incorporar nuevos criterios propios de una ciudadanía social. Brasil, cuenta desde 1988 con una Constitución que alberga los principios de convivencia democrática que se han enriquecido desde entonces. Ambos países, hicieron sus reformas apoyadas por el sistema de partidos, pero mediante la realización de consultas nacionales y formatos refrendarios. Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañaron su democratización con la realización de Asambleas Constituyentes que, por medios pacíficos, están sincronizando legalidad y legitimidad, aunque no sin dificultades para lograr la eficacia requerida por el acortamiento de las desigualdades y la supresión de los viejos privilegios. No se puede aducir que la Constitución es una tarea de especialistas en Derecho. Se pierde de vista que el procesamiento de los pactos sociales ha transitado por Asambleas Constituyentes que sofistican sus mecanismos para la consulta y elaboración de las Cartas Magnas y, a pesar de que la mayoría de los asambleístas eran iletrados, lograron conjuntar textos pertinentes para su época, con una visión de futuro. Fueron 57 los constituyentes en Estados Unidos; en 4 mil 400 palabras expresaron su pacto social, el cual ha sufrido 17 enmiendas, que actualmente expresan unas trece cuartillas. Islandia, pequeño pero audaz país, cuenta con 25 delegados para redactar una amplísima consulta incluso en redes sociales, por lo que en octubre próximo aprobarán la “Wiki” Constitución. En México y en Chile, se impulsa actualmente una Asamblea Constituyente. En ambos casos, se tendrá que aprender a hacer de la Constitución, la gran reforma estructural de época.

DE ELECCIONES Y CAMBIO SOCIAL

¿Cómo trascender la frustración que deja el proceso electoral? Necesitamos entender cuáles son los límites del sistema político y de la legislación electoral, en el marco del poder del dinero, del modelo económico que se quiere asegurar, con tintes de legitimidad, para que los poderes fácticos sigan ejerciendo su dominación. Es evidente que las elecciones en todo el mundo las está ganando el poder del dinero; su impacto lo sufrimos en cada elección: mercantilización ad nauseam de las campañas electorales y de todos los medios de propaganda, incluyendo encuestas; opacidad del gasto público y privado en manos de los partidos, con un sistema político que hace imposible la rendición de cuentas integral y oportuna, capaz de fincar responsabilidades. Aplazar la justicia es negar su esencia. Las demandas por uso indebido de recursos durante las campañas, no se sancionan a tiempo. Tampoco se puede castigar la compra y coacción del voto oportunamente, a pesar de que su magnitud y extensión deforme la voluntad y libre ejercicio del voto, lo cual es una causal constitucional para anular las elecciones por la más elemental falta de equidad en el proceso. Contradictoriamente, no se puede proceder legalmente contra el uso indebido de dinero, pues el “regalo” de tarjetas comerciales, aparatos electrodomésticos, material de construcción o el uso de taxis para acarrear votantes per se no se pueden sancionar si no se investiga de dónde procede ese dinero y se demuestran las intenciones manipuladoras de la persona física o moral que está entregando ese recurso. Si bien hay investigaciones sociales, como las de Alianza Cívica, que demuestran puntualmente la compra y coacción del voto, no hay suficiente organización social, partido político, o instancia judicial responsable y capaz de documentar jurídicamente esas bases de inequidad que podrían descalificar al conjunto del proceso electoral. El descontento con estas perversiones no terminará con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que seguramente, como en 2006, aceptará que las elecciones muestran “rasgos de inequidad”, pero sin decretar que ello sea motivo de inconstitucionalidad, por la falta de elementos que comprueben la invalidez del conjunto. No bastará el recuento voto por voto de más de la mitad de las casillas; por más errores de procedimiento que se detecten, las Actas de casilla no pueden evidenciar que son producto de irregularidades previas. Por lo tanto, el conflicto postelectoral es inseparable de un conflicto social que cuestiona la falta de libertad para el ejercicio del voto, sus consecuencias inequitativas, las fallas de un régimen político que niega sistemáticamente reformas que aseguren calidad democrática en la votación y menos aún que propicie vínculos creativos entre representación política y participación social. El dilema ahora es si seguimos entrampados en participar en elecciones inequitativas cooptadas por el poder del dinero, incluido el protagonismo de medios electrónicos, o si impulsamos el cambio social que ponga un alto a la República, para que ya no haya elecciones así, mientras no se llegue a un pacto social renovado que lleve a una reforma constitucional de amplio calado, más allá de lo político-electoral, con la que podamos asegurar el fin de la corrupción y la impunidad, la rendición de cuentas oportunas, con consecuencias legales que finquen responsabilidades. Empoderar el voto ciudadano requiere paradójicamente, el fin de la partidocracia y su perverso sistema de repartición de cuotas de poder para que haya elecciones libres. Necesitamos devolver el sentido ciudadano a los Organismos Públicos Autónomos y profundizar los mecanismos existentes de democracia participativa. El cambio social que está implícito en los movimientos sociales y particularmente de los jóvenes, requiere un cambio electoral radical.

ENTRE EL G20 Y EL #YOSOY132

Dos acontecimientos que se conectan en la coyuntura preelectoral y postelectoral de varios países. La reunión de los 20 mandatarios, que “representan” más del 90 por ciento de la población y de la economía del planeta, configura el hecho mundial geoeconómico más relevante del siglo XXI: la batalla de los países del Norte por subordinar al Sur Global en el pago de la crisis mundial. Ello pone al día la pregunta sobre quién gobierna y manda sobre la población mundial y sobre cuáles son las bases de legitimidad sobre las que reposa la democracia representativa, complementaria aunque diferente a la democracia auténtica ya, que demandan movimientos como #YOSOY132 en la coyuntura electoral mexicana y un conjunto de organizaciones sociales que se reunieron de forma paralela a la Cumbre del G20, recientemente clausurada, bajo la presidencia mexicana, en los Cabos, Baja California. Una democracia auténtica ya, que no puede aplazarse ni renunciar a nuevos formatos para gobernar al mercado bajo exigencias democráticas por la justicia y la equidad. En las discusiones del G20, quedó manifiesta la necesidad de actualizar la relación entre democracia y mercado. Es insostenible continuar con estrategias de estabilidad macroeconómica estrictamente financiera, a toda costa, haciendo pagar los costos de la crisis al 99 por ciento de la humanidad. México es un buen ejemplo sobre la perversidad causada por privilegiar al capital especulativo sobre el productivo. Tampoco soluciona la crisis el impulso de tratados comerciales que reniegan de negociaciones con base en la reciprocidad y la cooperación incluyente. Revalorizar precios de materias primas per se, o plantear la economía verde como panacea sustentable, pretensiones del G20, sólo profundizan el modelo extractivista depredador y una reprimarización que agota las fuentes energéticas y convierte a los países del Sur en exportadores de materias primas sin procesar e importadores de alimentos. Las políticas de desarrollo en debate: la austeridad de muchos, impuesta por el bienestar de pocos, tienen un trasfondo electoral en el que se disputan decisiones excluyentes de los poderes legítimamente constituidos con respaldo ciudadano. En Francia, los socialistas triunfaron doblemente: François Hollande, ganó la Presidencia y su partido obtuvo, recientemente, mayoría absoluta en las elecciones por la Asamblea Nacional. Desde la legitimidad interna conquistada, el gobierno francés cuestiona la hegemonía alemana impostora de la austeridad en la Eurozona. En Grecia, se elige una mayoría conservadora que abraza el programa euro-alemán, de Ángela Merkel, aunque la pluralidad del espectro político fuerza a formar gobierno con amplia participación. Obama hizo campaña para su reelección presidencial en la reunión del G20, en defensa del plan de austeridad; pero, acercarse a los Republicanos desdibuja su oferta por una política social de combate a la desigualdad. También Felipe Calderón hizo campaña en la cumbre del G20, aunque reivindicó la herencia estabilizadora que permite al país crecer en un 4 por ciento en lo que va del año, escondió que pobreza y desigualdad aumentan. Francia, en contraste con Grecia, Alemania, Estados Unidos y México, muestra la potencialidad electoral para transformar el modelo económico. Pero, uno y otros enfrentan el desafío de una democracia auténtica ya. Así, lo dejó ver el debate entre candidatos presidenciales convocado por #YOSOY132, cuyas conclusiones relacionan el voto razonado con la permanencia del movimiento después del 1 de julio; se trata de cuestionar al mercado, vigilar y fiscalizar al gobierno que resulte electo. La participación ciudadana ejerce una mediación clave entre gobierno y sociedad nacionales. Igualmente, las organizaciones sociales reunidas paralelamente al G20, demandaron nuevas formas de participación ciudadana en la negociación-intermediación entre la gobernabilidad global y la local, bajo mecanismos democráticos participativos.

CUATRO POSTALES PREELECTORALES

A dieciséis días de la jornada electoral, destacan cuatro campos conflictivos, pero a la vez potenciadores, del voto razonado, informado. 1) Las encuestas, sometidas a presiones partidistas propias de nuevas campañas, abrieron cauces para el dinero que no se pudo invertir en propaganda mediática. Un conglomerado de empresas de comunicación asesora y prácticamente dirige las campañas de casi todos los candidatos, en función de los recursos que logre comprometer cada aspirante. Pero las fortalezas pueden ser también el Talón de Aquiles, como lo muestra la demanda que enfrenta Enrique Peña Nieto, de una compañía estadounidense por incumplimiento de pago, con recursos que presumiblemente saldrían del erario del Estado de México. Además de la corrupción empujada por los altos costos que demandan las empresas mediáticas de comunicación política, hay un debate técnico-político sobre el uso de las encuestas. El IFE tendrá que superar el rol de ventanilla de registro de esos instrumentos, mediante la conformación de un equipo técnico que asegure la calidad de encuestas y sondeos de opinión. La prensa escrita y electrónica tendrá también que demostrar la solidez teórica y metodológica de los instrumentos que utilice. La academia ya entró también a este debate, aportando nuevos elementos que relativizan el uso político de las encuestas. Varias instituciones educativas prestigiosas del centro del país encargaron un estudio a Berumen y Asociados, cuya interpretación corrobora que la competencia está viva, pues la encuesta nacional a viviendas, no telefónica, realizada con más del doble de casos que los manejados por la mayoría de las casas encuestadoras y con una tasa de rechazo a responder mucho más baja que el resto, plantea un empate técnico donde el segundo lugar podría remontar las diferencias y eventualmente superar al candidato establemente puntero. 2) Los spots. Mientras Peña Nieto y López Obrador orientan su propaganda en esta última fase electoral hacia el ganar la confianza del votante. Josefina Vázquez Mota optó por spots de contraste, principalmente dirigidos hacia AMLO. Una estrategia parecida a la de 2006, encaminada al voto del miedo: la quiebra del país por la tentación “populista” de recurrir al endeudamiento, el peligro para México que representa un personaje rijoso que no respeta las instituciones… Spots que incluso fueron censurados y retirados por el IFE. Sin embargo, el Presidente Calderón se sube al ring y con motivo de la propuesta de AMLO en torno de obtener 300 mil millones de pesos para su programa económico, a partir de la reducción del gasto público, defiende la estabilidad macroeconómica lograda, ignorando la racionalidad de las cifras difundidas por el equipo de campaña del Peje. 3) Los debates televisivos. Después del debate del 10 de junio pasado, las tendencias del voto no parecen modificarse sensiblemente. Desde antes, la intención del voto por AMLO crece, la de Peña Nieto tiene altibajos y Vázquez Mota se estanca en el tercer lugar. Los ataques previos al debate, aunados a un trabajo sistemático en las redes sociales, unos con fundamentos, otros hechos desde el hígado, acrecientan temores pero también refuerzan al atacado, pues crecen las dudas sobre el origen y las intenciones perversas de los atacantes. 4) #YOSOY132, focaliza su actuación contra el autoritarismo mediático, pero su heterogéneo crecimiento puede diluir su carácter antiautoritario, antisistémico. En torno suyo no han convergido otros movimientos sociales de corte antiautoritario, como sucedió en la Primavera Árabe, ni ha atraído la alianza estudiantil-popular que representó la conciencia crítica del 68. Sin embargo, no se puede menospreciar el debate al que lograron convocar a tres de los cinco candidatos presidenciales. Alerta, trascender la política-espectáculo lleva a pactos, alianzas, regeneraciones y reconciliaciones postelectorales, que urge prever.

¿QUÉ CARAJOS HACEMOS?

¿Perdimos la capacidad de conmovernos frente a la violencia?. El miedo nos paraliza, nos invade una sensación de impotencia y nos ahoga un mar de confusión ante lo que se necesita hacer para detener la muerte. Nos cuesta aceptar que nos desgarra la crueldad del crimen organizado y la falta de una estrategia gubernamental que afronte exitosamente chantajes y amenazas del crimen organizado internacionalmente. Sobre todo urge ganar confianza en nuestra capacidad individual y colectiva para enfrentar eficazmente la violencia. El terrorismo del crimen organizado lleva a su terreno de muerte, destrucción y crueldad las batallas políticas, e inevitablemente militares, que deberíamos de dar conjuntamente Estado y sociedad. Asoman amenazantes las tentaciones autoritarias de la militarización, la mano dura, la esa si guerra sucia que vaticinara Javier Sicilia de tuertos, chimuelos, tortura y muerte fatal. Se agotó la mascarada presidencial que quiso ocultar lo enredado de la madeja en que anida la violencia. Ni todo se trata de enfrentamientos entre los cárteles del narco, ni las víctimas civiles inocentes son daños colaterales implicados en una guerra desde cuyos sótanos se programan estrategias también terroristas. A pesar del fracaso de la militarización del combate contra el crimen organizado, como sustento del Estado Policial armado autoritario; esa visión se inscribe irresponsablemente en la inmensa mayoría de propuestas de las campañas electorales. Se aleja así el ideal de una política integral en contra del narcoterrorismo. Distancia que dramatiza el periodo electoral presidencial, donde ya es tarde para recomponer los errores del actuar gubernamental y prematuro pensar en una política de Estado, pues hasta que entre el nuevo gobierno se intentará cumplir con las ofertas de campaña del ganador. En el interregno es desolador el escenario de la impotencia. Integrantes de la comunidad multinacional de Ajijic, municipio de Chapala, constatan con dolor que 100 policías para mantener la seguridad de 70 mil habitantes que habitan en el municipio ribereño son insuficientes. De la reunión entre ellos-as y autoridades locales en plaza pública, el miércoles pasado, salen decepcionados por la falta de una acción pública coordinada entre todos los poderes y órdenes de gobierno. Escépticos de la militarización de la seguridad, continúan con su rabia ante los asesinatos recientemente cometidos, la falta de atención de familiares de las víctimas, la negación de justicia y reproducen sus fundados temores sobre la seguridad cotidiana de sus vidas. Los narcos se disputan 13 estados del país, gobiernan en los hechos en unos 200 municipios, crean zozobra en 9 mil zonas que el IFE ha detectado de alto riesgo para las elecciones del 1 de julio. ¿Qué carajos hacemos? Nos hemos unido en la esperanza expresada en palabras fuertes: No + Sangre; Estamos hasta la madre; Ya Basta… Desde la sociedad civil nos oponemos al derrumbe de expectativas por contar con lo más elemental para vivir: paz, seguridad, justicia, dignidad. Ideas que sustentan al movimiento fundado por Javier Sicilia y otros incansables defensores de derechos humanos. Otros movimientos, inspirados por familiares de víctimas asesinadas por la sinrazón y el odio, también se plantean soluciones frente a la violencia asesina. Aunque hubo diálogos entre integrantes de esas organizaciones y el Presidente Calderón, aún no vemos que se atribuya, conceda, reconozca, un rol a la ciudadanía dentro de la estrategia de seguridad gubernamental. Necesitamos politizar al máximo la seguridad, involucrarnos en las exigencias para detener la verdadera guerra que ensucia al Estado y que impone el narcoterrorismo. Urge un diálogo-compromiso nacional por la paz con justicia y dignidad entre gobierno, movimientos de la sociedad civil y todos los candidatos a puestos de elección popular.

FORMATO PARA DEBATIR

Durante las campañas electorales, los candidatos tratan de ganar el voto de los indecisos y, se supone que también, buscan motivar al abstencionista para que opte por votar. Las maquinarias electorales que detonan principalmente los partidos políticos, junto con agrupaciones sociales cada vez más fuertes que operan voluntades políticas organizadas, aseguran lo que llamamos el voto duro, el de militantes que con distinta intensidad en su entrega, promueven a sus respectivos candidatos pero sin poner en duda su lealtad. Entonces, las franjas del electorado a conquistar a lo largo de las campañas, a diferencia de las precampañas, se ubican en el centro político; el secreto para ganárselos reside en profundizar un discurso incluyente en el que se vean y se sientan representados los electores, más allá de las ideologías políticas y sobre todo de las estructuras partidarias. Entre candidato y partido, hay una combinación de expectativas cuyas tensiones terminan por resolverse a favor de la persona, su carisma, inteligencia, capacidad de liderazgo, sus recursos para convencer y como buen polemista hacer aceptar sus argumentos como válidos. Las maquinarias partidistas aportan el andamiaje que sostiene el papel y vocación dirigente mostrados por el candidato. De ahí que entre los recursos utilizados para convencer a indecisos, abstencionistas y eventualmente a los swingers –quienes esperan un momento espectacular para reorientar su voto-, se privilegie el debate televisivo entre los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Los spots y la selección cuidadosa de encuestas y sondeos favorables convergen con ese propósito: ganar nuevos electores firmes y estables. La llave del éxito para lograrlo es la confianza en el líder, aunada al sentimiento de inclusión, dentro de un clima de cambio frente a la evidente insatisfacción, pero con estabilidad, la mayor armonía posible, sin sobresaltos. Una cosa es informar y otra debatir; los candidatos pueden intercambiar información mediante el diálogo, pero sus debates aunque tengan propuestas similares de gobierno, compiten por ganar la confianza en su liderazgo y buscan hacer dudar sobre las capacidades del contrincante para cumplir sus promesas. Por ello, en el reciente debate sobresalió valorizar la experiencia previa de gobierno de los contendientes a dirigir el destino de Jalisco y no tanto la coherencia del proyecto político que cada candidato enarbola. En función de esa experiencia de gobierno, blanco de los temas a polemizar, se destacó el potencial dirigente personal. Sin embargo, el candidato puntero en las encuestas, lejos de responder a los cuestionamientos, elude la polémica, descalifica a sus adversarios como mentirosos, por utilizar la “guerra sucia”, por crispar y violentar, “malintencionadamente”, el deseado pacifismo del debate. Un formato para debatir necesita previamente reforzar e inducir la validez del derecho a la crítica y la obligación a la réplica, como parte de una cultura democrática; requiere desmontar la falsa creencia de que cualquier cuestionamiento significa usar medios ilegítimos para debatir. Empoderar al voto como premio y como castigo. Se necesita también un formato menos rígido, en el que cada candidato elija cómo utilizar mejor ese tiempo equitativo que dispone. Quizá fue acertado que para el primer debate hubiera temas comunes a desarrollar, para informar globalmente al votante, pero el próximo debate estará más cerca de la jornada electoral y por ello los candidatos deben definir agendas propias para debatir. A las autoridades electorales les tocará garantizar la amplitud de la cobertura mediática de los debates, mediante estrategias creativas a negociar con los propietarios del duopolio televisivo, que permitan difundirlos en sus cadenas comerciales aprovechando el tiempo del Estado para fines de interés general. Se podría cambiar tiempo de spots por tiempo para debatir. A todos nos beneficiaría algo así.

LA PRIMAVERA, CREAR 1, 2, 3 CONTRAFUEGOS

Un par de libros del sociólogo francés Pierre Bourdieu, alrededor de las resistencias que ensayan los movimientos sociales para detener los desastres generados por el capitalismo especulativo en el mundo, se intitulan Contrafuegos. Esas barreras puestas contra los incendios destructores y devoradores de todo para que no pase y acabe extinguiéndose a sí mismo. La tragedia que representan miles de hectáreas de bosque devastadas dentro de la zona protegida de La Primavera, tiene graves repercusiones ambientales pero, sobre todo, expresan la crisis del modelo de civilización que nos agobia. Además de los contrafuegos que heroicamente se construyen en la zona directa del macro incendio devastador, necesitamos crear los contrafuegos necesarios para detener la depredación miserable de nuestras condiciones generales de vida. Contrafuegos contra la antipolítica ambiental. Zona de protección pionera en el país, al Bosque de la Primavera se le dio un estatuto que preveía su conservación con fines culturales, en el plan de preservar la biodiversidad, concepto que representa un campo de armonía y conciliación entre la sociedad y la naturaleza por excelencia. Sabernos parte de cadenas vitales y hermanarnos con materiales y formas de vida de las que somos parte, nos obliga a integrarnos humildemente con ese entorno, lo cual es contrario a la soberbia colonizadora que impone con cada vez más fuerza el mercado. Además de esos fines socioculturales, la condición protegida del bosque, pretendía finalidades prácticas, como la de preservar el pulmón más robusto productor de oxígeno para la metrópoli que crece incansablemente. Al paso de gobiernos locales y federales de distinto signo, no se crearon sin embargo las instituciones ni las políticas ambientales que acompañaran las intenciones proteccionistas del singular bosque por la diversidad de su flora y fauna. Contrafuegos contra la antipolítica urbana. No obstante que la legislación federal y estatal fueron afinando sus conceptos, acompañadas de movimientos ambientalistas internacionales y locales, atentos a mitigar los impactos ambientales negativos y generar reservas de biodiversidad, al Bosque de La Primavera se le regatearon los recursos, pues si acaso el Ayuntamiento de Zapopan destinó tímidos recursos para la protección de esa zona, en ocasiones recibiendo magros recursos estatales y federales. Gobiernos de distintos órdenes confundieron la zona protegida con una bolsa de recursos sometida a proyectos de expansión utilitaristas pero no sustentables, como fue el caso del fallido proyecto geotérmico de la Comisión Federal de Electricidad, el cual fue pacientemente desmantelado por razones técnicas y ambientales que sostuvieron el Laboratorio Bosque de la Primavera, de la Universidad de Guadalajara, fundado por el Dr. Arturo Curiel, y grupos ambientalistas informados. Contrafuegos contra el antimodelo de desarrollo. Por estudios profundos sobre las dimensiones ambientales, socioculturales, socioeconómicas y urbanísticas, no padece La Primavera. Por planes parciales de ordenación territorial tampoco. Por lo que padece esta sensible zona es por la corrupción encarnada en los fraccionamientos y transformaciones diversas de los usos del suelo tanto del bosque protegido como sobre su zona de amortiguamiento. En el extremo, incendios provocados facilitaron el camino a fraccionadores voraces, pero también el incumplimiento de los planes de manejo de ambas áreas, bosque y área de amortiguamiento. Se han querido hacer pasar como racionales y necesarios algunos proyectos de “desarrollo urbano”, como las Villas Panamericanas, o la megaurbanización del Bajío. El macrolibramiento, es otra muestra de soberbia colonizadora. Proteger no significa dejar intocado al bosque; frente al abandono gubernamental, que mantenía impago desde hacía tres semanas al personal encargado de la protección, y la falta de recursos públicos para atender a brigadistas, aunque para subsanarlo interviene la sociedad, urgen contrafuegos que paren el incendio de la irracionalidad especulativa, la corrupción y el desentendimiento público.