PODER Y REGIÓN A MÚLTIPLES VELOCIDADES

El PRI, maquinaria electoral al servicio de los poderes fácticos. En la perniciosa combinación de votos obtenidos mediante sofisticados y costosos sistemas de compra y coacción del voto, de la reorganización del voto duro a través de medios corporativizados y la generación de una base social cohesionada por una ideología cada vez más inspirada en el pragmatismo, se anidan resabios autoritarios que llevarán la batuta en el ejercicio de gobierno y en la factura de políticas públicas. El PRI, es primera fuerza en el Congreso de la Unión, gobierna en 20 entidades federadas, en 24 capitales estatales y es el partido mayoritario en 25 congresos locales. Además, gobierna en mil 510 de los dos mil 440 municipios del país. Desde las reformas constitucionales hasta las reformas por mayoría simple, dependerán de los arreglos políticos que impulse el tricolor. Acción Nacional, se desdibuja como gobierno; la autocrítica en debate. Aunque el PAN está en vías de asumir las derrotas electorales sufridas en julio pasado, se pueden constatar las brechas que abrió su desgaste como gobierno por el retiro del voto en Jalisco y Morelos en 2012, y en Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, después de 2006. Asimismo, perdió la mayoría de capitales estatales que antes gobernaba y, como en el caso de Jalisco, los municipios urbanos más poblados. El blanquiazul gobernará 4 entidades a finales de 2012 y seguirá participando en tres gobiernos de coalición con el PRD. Esos siete estados reafirman la influencia regional panista en el noreste, el Bajío y el centro sur de país. Gobernará en cinco capitales estatales, de las cuales sólo Hermosillo y Puebla coinciden con estados que gobierna. Entre la dispersión regional de sus gobiernos y la división entre partido y gobierno federal, Acción Nacional batallará por reconstruirse como opción nacional de poder. El Movimiento Progresista representa disyuntivas estratégicas para el futuro de la izquierda mexicana. El anuncio dado por Andrés Manuel López Obrador sobre la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cimbró a todas las estructuras partidarias que se aliaron en esa candidatura presidencial. Si bien AMLO tiene estructuras de Morena en todos los municipios del país y cuenta con la mayoría de sus simpatizantes en el Distrito Federal, Tabasco y la mayoría de estados del sureste mexicano, el reto será avanzar simultáneamente en la construcción organizativa partidaria, la resistencia mediante acciones de desobediencia civil, rehacer los vínculos con los gobiernos de los cuatro estados en manos del PRD y contrapuntear las acciones del gobierno federal y de los gobiernos locales. En 2013, habrá elecciones en catorce entidades, incluidas las tres que ganó la coalición PRD-PAN. ¿Podrán lograr influencia nacional paralelamente Morena, refractaria a las alianzas, y el PRD? Regiones y nación representan un desafío para construir un poder horizontal que contrapese a una federación históricamente centralizadora, desde una legitimidad por proximidad donde el locus de la violencia, de los problemas derivados de la convivencia cotidiana, de la geografía material sobre la que reposa la nación, pintan la política como experiencia local de lo vivido. En la escala local se cimientan poderes oligárquicos, tanto como contrapoderes demandantes de formatos democráticos directos, participativos, que repercuten en la nación. Más allá de las elecciones locales y del enraizamiento de los partidos, operan múltiples velocidades en las que el poder se erige y se ejerce. Las siempre precoces candidaturas presidenciales ya despuntan: ser Secretario del gobierno federal, o gobernante de alguno de los estados más poblados del país, no bastarán para ofrecer un proyecto de país. Combinar pretensiones electorales con experiencias y deseos democráticos vividos localmente, es una clave mayor para hacer la nación.

REFORMAS; DILEMAS Y DESENCUENTROS

A diferencia de 2006, la existencia del recurso para anular las elecciones si estas no se apegaban al espíritu constitucional que establece la equidad y la libertad de sufragar, prometía acercar legalidad y legitimidad del proceso electoral. No fue así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), mostró que la posibilidad de cuantificar las violaciones es virtualmente imposible; las hizo recaer sobre la parte acusatoria. Desde una concepción cuantitativa atomizada de cada irregularidad, resulta muy difícil documentar un criterio jurídico que dé cuenta de la irregularidad que sólo se ve dentro del conjunto. Falta sincronizar leyes y reformas, el TEPJF validó la elección presidencial sin contar con la información concluyente sobre los reportes de campañas, que serán entregados hasta octubre, y sin contar con el ejercicio de fiscalización del IFE que concluirá en enero del 2013. Las reformas legislativas en general no se preocupan de una coherencia constitucional que asegure concatenaciones que debe de haber entre las leyes para que se relacionen entre sí. Esta es una parte del drama político actual. La otra parte, es la desconfianza creada por la incapacidad de las reformas para potenciar la vida democrática y para generar una mejor convivencia mediante soluciones políticas y constitucionales de fondo para resolver nuestros conflictos. Aquí es donde se repiten los dilemas y desencuentros de 2006: la ilegitimidad de la elección presidencial, que cuestiona al conjunto de leyes y autoridades ligadas con el proceso electoral y, simultáneamente, la necesidad de reconocer que hay una fuerza progresista actuante en gobiernos locales y en el Congreso de la Unión, que están obligadas a cumplir con el mandato legítimo del electorado. Entre la desobediencia civil convocada por López Obrador y las reformas a debatir, hay un desgarre político aparentemente irreconciliable. Para superar ese dilema, se necesitan acuerdos políticos entre los partidos del Movimiento Progresista y el conjunto de cargos electos, en el sentido de reforzar posiciones comunes sobre las reformas a emprender, los contenidos adversos a resistir y el acercamiento con los movimientos y organismos sociales que son portadores de propuestas de solución frente a distintos órdenes de la crisis sistémica actual: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muestra la indisociable lucha contra la violencia en Estados Unidos y en México, países donde se requieren sendos debates nacionales sobre la integralidad de la lucha contra el crimen organizado; #yosoy132, convoca también a una movilización nacional en torno de una Asamblea Constituyente pacífica, que necesariamente cuestionará las reformas que discuta la legislatura recientemente instalada; y en el movimiento por la Regeneración Nacional, convergen luchas locales y demandas globales sobre el campo de los derechos humanos. Las reformas son amenazantes. No se pueden dejar a la deriva las reformas discutidas en el Congreso de la Unión. Hay que oponerse y construir consensos en torno de las contrarreformas que están por venir; las reformas estructurales ya asoman ambiciones que perjudicarán a la mayoría. La partidocracia sacará al vapor la reforma laboral, a fines de septiembre, mediante un texto que facilita despidos, restringe el derecho de huelga, impone contratos de prueba, pagos por hora y medidas que flexibilizan a favor de patrones la sumisión de los trabajadores. La contrarreforma energética ya se prefigura en el equipo anunciado por Peña Nieto. Luis Videgaray, su Coordinador General, fue asesor del Secretario de Energía, y son conocidas sus estrategias privatizadoras en ese ámbito. No hay visos de una reforma política que reestructure las demandas democratizadoras desde una visión de Estado. El desencuentro que hubo en 2006 entre la Presidencia Legítima y los cargos electos fue pernicioso; repetirlo debilitaría el potencial progresista que ambos representan.

LA TERCERA URNA

Ahora que se instale el Congreso de la Unión emergido de las recientes elecciones, se reproducirán los vicios y perversiones que conspiran contra la democratización mexicana. Fragmentación de los esfuerzos reformadores debida a la incapacidad para definir una agenda legislativa coherente con la época de crisis multidimensional civilizatoria, sin estrategias de seguridad integrales; sin un proyecto consistente para alcanzar la paz con justicia y dignidad; sin un proyecto nacional centrado en el combate a la desigualdad y toda forma de discriminación; sin estrategias para desmantelar la influencia inconmensurable de los poderes fácticos económicos-mediáticos, religiosos y del crimen organizado; sin alternativas frente al modelo económico excluyente que reproduce la ortodoxia neoliberal. No es aventurado predecir que habrá inconexión entre las reformas supuestamente estructurales y la reforma política y de Estado; tampoco es arriesgado vaticinar que la partidocracia no se hará hara-kiri. Hay un déficit crónico de aprendizaje sobre las enseñanzas dejadas por las contiendas electorales. La era de la desconfianza se alimenta de la simulación y las mentiras bendecidas por los ritos periódicos que anidan en una democracia elitista de pocos para pocos. Crecerá la brecha entre representantes y representados, mientras no se haga una reforma constitucional de amplio calado, que sea capaz de expresar un pacto social renovado para regenerar la nación y entonces la República. Mientras la actividad legislativa busque legitimar pactos cupulares entre intereses particulares ajenos al bien general y no tengamos herramientas para construir sólidamente una democracia de calidad, con transparencia, rendición de cuentas y consecuencias legales contundentes para quienes roben o engañen. Necesitamos un nuevo régimen político y de gobierno que asegure formatos participativos que complementen y a la vez sirvan de contrapeso a la rigidez y subordinación frente a los poderes dominantes hacia la que tienden las instituciones públicas. Frente a la perversión de los poderes republicanos, no sólo del Legislativo, los cambios sustantivos no pueden venir de ellos mismos. El juicio político, las cuentas públicas, son letras de cambio en el mercado de chantajes partidistas. La corrupción del Ministerio Público, instancia además subordinada al gobierno, llega hasta los juzgados y el régimen presidencialista camufla el aumento, cada vez que intenta reformarse, de su poder unipersonal metaconstitucional. El punto de quiebre solo puede originarse desde consultas que empoderen al ciudadano-a bajo formatos democráticos participativos. Ahí está la palanca para empezar esa gran transformación: la instalación de una tercera urna en las elecciones intermedias de 2015, en la que además de los diputados y senadores, elijamos un número similar de personas sin partido para que acuerden junto con el Congreso de la Unión las consultas, proceso y metodología a seguir para lograr una Asamblea Constituyente. Puede sonar ingenuo o voluntarista, pero si no rompemos el círculo perverso seguiremos atizando el fuego del temido estallido social, no tan evaluado en sus consecuencias catastróficas. Desde ya se pueden sentar las bases para una nueva constitucionalidad, si se empiezan a articular entre sí las distintas reformas que necesitamos: reformas estructurales con un Estado regulador del mercado, con una política industrial producto de consensos sociales; con una reforma energética y fiscal donde prime el interés general, una reforma laboral sin predominio corporativo. Discutir el cambio de régimen político y de gobierno, con un tránsito ordenado del presidencialismo de coalición al semi-presidencialismo hasta el parlamentarismo, iluminador de la integración de las cámaras de representantes. Instauración del Referéndum, Iniciativa Popular, Plebiscito, junto con revocación de mandato. Elaborar creativamente un nuevo modelo de comunicación política que esté soportado en un nuevo Derecho de Información. Desde luego, ligar las distintas esferas de la seguridad: pública, nacional, ciudadana, alrededor de una política social integral. Vaya desafíos.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

"No es un asunto de reformas. No se necesitan más parches para una sociedad descompuesta. Lo que necesitamos es una nueva Constitución, escrita por todos los mexicanos, para todos los mexicanos". Así presenta #yosoy132 la necesidad de cambios verdaderamente estructurales para que nuestro país pueda superar la crisis política y civilizatoria que enfrentamos. Si la Constitución es un pacto social, ahora su renovación implica definir tanto los contenidos del nuevo pacto social, como los procesos o las metodologías que aseguren evitar la brecha entre representantes y representados; una gran construcción desde abajo que ponga en jaque la visión elitista de la democracia de pocos y para pocos; una refundación del régimen político y de gobierno, de todo el edificio jurídico-político, de manera que llegue la justicia, se propicie la participación ciudadana, se dé coherencia a valores de convivencia, cooperación, equidad, paz y justicia, en nuevos ordenamientos legales, directos, eficaces. Se trata de superar el desastre producido por más de 500 cambios constitucionales que hacen un adefesio de nuestra Carta Magna, en la que conviven maltrechos los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, como la propiedad social, no estatal, de la tierra, los recursos estratégicos, la educación, el trabajo y la seguridad social, las relaciones entre Estado e iglesias, o logros más recientes como los relativos a los Derechos Humanos, la transparencia, o incluso logros parciales en el Derecho a la Información. Logros que entran, sin embargo, en contradicción con diversas reformas practicadas, sobre todo durante los últimos 30 años, que han significado graves retrocesos para regular nuestra convivencia. La actual Constitución, ya no aguanta reformas parciales, como se puede apreciar en la legislación electoral que ha sido incapaz de retomar y profundizar sus aciertos y corregir sus limitaciones. Partidocracia y poderes fácticos cercenan los alcances democráticos de la Constitución. La historia latinoamericana reciente deja ver que hay caminos diversos para construir o regenerar el pacto social. Dos países, emprendieron reformas constitucionales de largo alcance. Colombia, vivió una discusión nacional entre 1986 y 1991, que desembocó en un nuevo ordenamiento legal, institucional, que cristalizó los valores de convivencia que urgían para negociar el conflicto armado interno e incorporar nuevos criterios propios de una ciudadanía social. Brasil, cuenta desde 1988 con una Constitución que alberga los principios de convivencia democrática que se han enriquecido desde entonces. Ambos países, hicieron sus reformas apoyadas por el sistema de partidos, pero mediante la realización de consultas nacionales y formatos refrendarios. Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañaron su democratización con la realización de Asambleas Constituyentes que, por medios pacíficos, están sincronizando legalidad y legitimidad, aunque no sin dificultades para lograr la eficacia requerida por el acortamiento de las desigualdades y la supresión de los viejos privilegios. No se puede aducir que la Constitución es una tarea de especialistas en Derecho. Se pierde de vista que el procesamiento de los pactos sociales ha transitado por Asambleas Constituyentes que sofistican sus mecanismos para la consulta y elaboración de las Cartas Magnas y, a pesar de que la mayoría de los asambleístas eran iletrados, lograron conjuntar textos pertinentes para su época, con una visión de futuro. Fueron 57 los constituyentes en Estados Unidos; en 4 mil 400 palabras expresaron su pacto social, el cual ha sufrido 17 enmiendas, que actualmente expresan unas trece cuartillas. Islandia, pequeño pero audaz país, cuenta con 25 delegados para redactar una amplísima consulta incluso en redes sociales, por lo que en octubre próximo aprobarán la “Wiki” Constitución. En México y en Chile, se impulsa actualmente una Asamblea Constituyente. En ambos casos, se tendrá que aprender a hacer de la Constitución, la gran reforma estructural de época.

DE ELECCIONES Y CAMBIO SOCIAL

¿Cómo trascender la frustración que deja el proceso electoral? Necesitamos entender cuáles son los límites del sistema político y de la legislación electoral, en el marco del poder del dinero, del modelo económico que se quiere asegurar, con tintes de legitimidad, para que los poderes fácticos sigan ejerciendo su dominación. Es evidente que las elecciones en todo el mundo las está ganando el poder del dinero; su impacto lo sufrimos en cada elección: mercantilización ad nauseam de las campañas electorales y de todos los medios de propaganda, incluyendo encuestas; opacidad del gasto público y privado en manos de los partidos, con un sistema político que hace imposible la rendición de cuentas integral y oportuna, capaz de fincar responsabilidades. Aplazar la justicia es negar su esencia. Las demandas por uso indebido de recursos durante las campañas, no se sancionan a tiempo. Tampoco se puede castigar la compra y coacción del voto oportunamente, a pesar de que su magnitud y extensión deforme la voluntad y libre ejercicio del voto, lo cual es una causal constitucional para anular las elecciones por la más elemental falta de equidad en el proceso. Contradictoriamente, no se puede proceder legalmente contra el uso indebido de dinero, pues el “regalo” de tarjetas comerciales, aparatos electrodomésticos, material de construcción o el uso de taxis para acarrear votantes per se no se pueden sancionar si no se investiga de dónde procede ese dinero y se demuestran las intenciones manipuladoras de la persona física o moral que está entregando ese recurso. Si bien hay investigaciones sociales, como las de Alianza Cívica, que demuestran puntualmente la compra y coacción del voto, no hay suficiente organización social, partido político, o instancia judicial responsable y capaz de documentar jurídicamente esas bases de inequidad que podrían descalificar al conjunto del proceso electoral. El descontento con estas perversiones no terminará con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que seguramente, como en 2006, aceptará que las elecciones muestran “rasgos de inequidad”, pero sin decretar que ello sea motivo de inconstitucionalidad, por la falta de elementos que comprueben la invalidez del conjunto. No bastará el recuento voto por voto de más de la mitad de las casillas; por más errores de procedimiento que se detecten, las Actas de casilla no pueden evidenciar que son producto de irregularidades previas. Por lo tanto, el conflicto postelectoral es inseparable de un conflicto social que cuestiona la falta de libertad para el ejercicio del voto, sus consecuencias inequitativas, las fallas de un régimen político que niega sistemáticamente reformas que aseguren calidad democrática en la votación y menos aún que propicie vínculos creativos entre representación política y participación social. El dilema ahora es si seguimos entrampados en participar en elecciones inequitativas cooptadas por el poder del dinero, incluido el protagonismo de medios electrónicos, o si impulsamos el cambio social que ponga un alto a la República, para que ya no haya elecciones así, mientras no se llegue a un pacto social renovado que lleve a una reforma constitucional de amplio calado, más allá de lo político-electoral, con la que podamos asegurar el fin de la corrupción y la impunidad, la rendición de cuentas oportunas, con consecuencias legales que finquen responsabilidades. Empoderar el voto ciudadano requiere paradójicamente, el fin de la partidocracia y su perverso sistema de repartición de cuotas de poder para que haya elecciones libres. Necesitamos devolver el sentido ciudadano a los Organismos Públicos Autónomos y profundizar los mecanismos existentes de democracia participativa. El cambio social que está implícito en los movimientos sociales y particularmente de los jóvenes, requiere un cambio electoral radical.

ENTRE EL G20 Y EL #YOSOY132

Dos acontecimientos que se conectan en la coyuntura preelectoral y postelectoral de varios países. La reunión de los 20 mandatarios, que “representan” más del 90 por ciento de la población y de la economía del planeta, configura el hecho mundial geoeconómico más relevante del siglo XXI: la batalla de los países del Norte por subordinar al Sur Global en el pago de la crisis mundial. Ello pone al día la pregunta sobre quién gobierna y manda sobre la población mundial y sobre cuáles son las bases de legitimidad sobre las que reposa la democracia representativa, complementaria aunque diferente a la democracia auténtica ya, que demandan movimientos como #YOSOY132 en la coyuntura electoral mexicana y un conjunto de organizaciones sociales que se reunieron de forma paralela a la Cumbre del G20, recientemente clausurada, bajo la presidencia mexicana, en los Cabos, Baja California. Una democracia auténtica ya, que no puede aplazarse ni renunciar a nuevos formatos para gobernar al mercado bajo exigencias democráticas por la justicia y la equidad. En las discusiones del G20, quedó manifiesta la necesidad de actualizar la relación entre democracia y mercado. Es insostenible continuar con estrategias de estabilidad macroeconómica estrictamente financiera, a toda costa, haciendo pagar los costos de la crisis al 99 por ciento de la humanidad. México es un buen ejemplo sobre la perversidad causada por privilegiar al capital especulativo sobre el productivo. Tampoco soluciona la crisis el impulso de tratados comerciales que reniegan de negociaciones con base en la reciprocidad y la cooperación incluyente. Revalorizar precios de materias primas per se, o plantear la economía verde como panacea sustentable, pretensiones del G20, sólo profundizan el modelo extractivista depredador y una reprimarización que agota las fuentes energéticas y convierte a los países del Sur en exportadores de materias primas sin procesar e importadores de alimentos. Las políticas de desarrollo en debate: la austeridad de muchos, impuesta por el bienestar de pocos, tienen un trasfondo electoral en el que se disputan decisiones excluyentes de los poderes legítimamente constituidos con respaldo ciudadano. En Francia, los socialistas triunfaron doblemente: François Hollande, ganó la Presidencia y su partido obtuvo, recientemente, mayoría absoluta en las elecciones por la Asamblea Nacional. Desde la legitimidad interna conquistada, el gobierno francés cuestiona la hegemonía alemana impostora de la austeridad en la Eurozona. En Grecia, se elige una mayoría conservadora que abraza el programa euro-alemán, de Ángela Merkel, aunque la pluralidad del espectro político fuerza a formar gobierno con amplia participación. Obama hizo campaña para su reelección presidencial en la reunión del G20, en defensa del plan de austeridad; pero, acercarse a los Republicanos desdibuja su oferta por una política social de combate a la desigualdad. También Felipe Calderón hizo campaña en la cumbre del G20, aunque reivindicó la herencia estabilizadora que permite al país crecer en un 4 por ciento en lo que va del año, escondió que pobreza y desigualdad aumentan. Francia, en contraste con Grecia, Alemania, Estados Unidos y México, muestra la potencialidad electoral para transformar el modelo económico. Pero, uno y otros enfrentan el desafío de una democracia auténtica ya. Así, lo dejó ver el debate entre candidatos presidenciales convocado por #YOSOY132, cuyas conclusiones relacionan el voto razonado con la permanencia del movimiento después del 1 de julio; se trata de cuestionar al mercado, vigilar y fiscalizar al gobierno que resulte electo. La participación ciudadana ejerce una mediación clave entre gobierno y sociedad nacionales. Igualmente, las organizaciones sociales reunidas paralelamente al G20, demandaron nuevas formas de participación ciudadana en la negociación-intermediación entre la gobernabilidad global y la local, bajo mecanismos democráticos participativos.

CUATRO POSTALES PREELECTORALES

A dieciséis días de la jornada electoral, destacan cuatro campos conflictivos, pero a la vez potenciadores, del voto razonado, informado. 1) Las encuestas, sometidas a presiones partidistas propias de nuevas campañas, abrieron cauces para el dinero que no se pudo invertir en propaganda mediática. Un conglomerado de empresas de comunicación asesora y prácticamente dirige las campañas de casi todos los candidatos, en función de los recursos que logre comprometer cada aspirante. Pero las fortalezas pueden ser también el Talón de Aquiles, como lo muestra la demanda que enfrenta Enrique Peña Nieto, de una compañía estadounidense por incumplimiento de pago, con recursos que presumiblemente saldrían del erario del Estado de México. Además de la corrupción empujada por los altos costos que demandan las empresas mediáticas de comunicación política, hay un debate técnico-político sobre el uso de las encuestas. El IFE tendrá que superar el rol de ventanilla de registro de esos instrumentos, mediante la conformación de un equipo técnico que asegure la calidad de encuestas y sondeos de opinión. La prensa escrita y electrónica tendrá también que demostrar la solidez teórica y metodológica de los instrumentos que utilice. La academia ya entró también a este debate, aportando nuevos elementos que relativizan el uso político de las encuestas. Varias instituciones educativas prestigiosas del centro del país encargaron un estudio a Berumen y Asociados, cuya interpretación corrobora que la competencia está viva, pues la encuesta nacional a viviendas, no telefónica, realizada con más del doble de casos que los manejados por la mayoría de las casas encuestadoras y con una tasa de rechazo a responder mucho más baja que el resto, plantea un empate técnico donde el segundo lugar podría remontar las diferencias y eventualmente superar al candidato establemente puntero. 2) Los spots. Mientras Peña Nieto y López Obrador orientan su propaganda en esta última fase electoral hacia el ganar la confianza del votante. Josefina Vázquez Mota optó por spots de contraste, principalmente dirigidos hacia AMLO. Una estrategia parecida a la de 2006, encaminada al voto del miedo: la quiebra del país por la tentación “populista” de recurrir al endeudamiento, el peligro para México que representa un personaje rijoso que no respeta las instituciones… Spots que incluso fueron censurados y retirados por el IFE. Sin embargo, el Presidente Calderón se sube al ring y con motivo de la propuesta de AMLO en torno de obtener 300 mil millones de pesos para su programa económico, a partir de la reducción del gasto público, defiende la estabilidad macroeconómica lograda, ignorando la racionalidad de las cifras difundidas por el equipo de campaña del Peje. 3) Los debates televisivos. Después del debate del 10 de junio pasado, las tendencias del voto no parecen modificarse sensiblemente. Desde antes, la intención del voto por AMLO crece, la de Peña Nieto tiene altibajos y Vázquez Mota se estanca en el tercer lugar. Los ataques previos al debate, aunados a un trabajo sistemático en las redes sociales, unos con fundamentos, otros hechos desde el hígado, acrecientan temores pero también refuerzan al atacado, pues crecen las dudas sobre el origen y las intenciones perversas de los atacantes. 4) #YOSOY132, focaliza su actuación contra el autoritarismo mediático, pero su heterogéneo crecimiento puede diluir su carácter antiautoritario, antisistémico. En torno suyo no han convergido otros movimientos sociales de corte antiautoritario, como sucedió en la Primavera Árabe, ni ha atraído la alianza estudiantil-popular que representó la conciencia crítica del 68. Sin embargo, no se puede menospreciar el debate al que lograron convocar a tres de los cinco candidatos presidenciales. Alerta, trascender la política-espectáculo lleva a pactos, alianzas, regeneraciones y reconciliaciones postelectorales, que urge prever.