AUDITORES, ¿NI POLICÍAS, NI SOLDADOS?

Casi igual que Al Capone, la Sra. Gordillo es detenida por motivos fiscales. A diferencia del legendario capo, a Elba Esther se le acusa por formar parte de la delincuencia organizada y no nada más por evasión fiscal. Imposible separar en ambos casos qué tanto estas consignaciones influyen en el imperio de la ley y qué tanto son influidos por una intención política. Al Capone encarcelado fue el símbolo de la eficacia en la lucha contra la mafia del narcotráfico; la Sra. Gordillo procesada, representa un símbolo plausible de lucha contra la corrupción, de esperanza contra la impunidad y de combate al empoderamiento fáctico. Clientelismo, coronado por el corporativismo, pero que no es producto de elección alguna. Un poder que no consulta sino que impone por encima de la Constitución. Los signos políticos que rodean a doña Elba Esther, representan dardos muy bien calculados desde el poder instituido: la fecha escogida para detenerla, un día antes de la Asamblea General del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), que sería en Guadalajara, y un día después de anunciada la Reforma Educativa; la difusión oportuna de los cargos que por su magnitud y carácter, no admiten réplicas inmediatas que pudiesen poner en peligro los objetivos políticos buscados; el manejo impecable del debido procedimiento en la detención y el manejo televisivo del proceso que se está siguiendo en contra de ella, cubriendo los derechos humanos fundamentales. Por fortuna, estas operaciones no estuvieron a cargo de “García Luna Productions” ni por burdas maniobras publicitarias para mostrar a los detenidos como trofeos de guerra, presentados en horario triple A. Quedan las especulaciones y las apuestas por los escenarios futuros. Lo primero que se viene a la mente es si esta detención será replicable para la reforma petrolera, pues el caso de corrupción y manejo del dinero proveniente de cuotas sindicales es tan escandaloso en el STPRM, en el sindicato de electricistas, o en el sidicato minero-metalúrgico, como lo es en el SNTE. También especulamos si se trata de una Política de Estado, más allá de un caso en el que el gobierno busca mostrar músculo y de alguna manera recuperar el poder corporativo en el sindicato más grande de Latinoamérica para favorecer al nuevo PRI. Porque la expectativa central gira en torno de la democracia sindical. Y desafortunadamente, no hay signos contrarios que indiquen un espíritu reformista que beneficie a los trabajadores, como se pudo constatar con la Reforma Laboral. Con seguridad, el respaldo al gobierno federal se incrementará, como producto de la detención y, esperemos, el enjuiciamiento de la Sra. Gordillo bajo el debido proceso. El abogado de la lideresa sindical no es alguien que asegure una defensa virtuosa de su caso, pues él mismo está manchado por presuntos actos de corrupción. Preocupa que la única pregunta que hizo Elba Esther en su primera comparecencia tras las rejas fue sobre el nombre de su abogado defensor, lo cual indica un claro desconocimiento de la pericia jurídica de quien llevará su caso. La popularidad presidencial irá en aumento, pero ¿bastará para contrarrestar la amplia red de compadrazgos y complicidades tejida por ella? La mitad de los gobiernos estatales ganados por el PRI, fueron en coalición con el PANAL; las estructuras de apoyo político ganados por la Sra. durante los doce años de gobiernos panistas, puede presentar también un dique y, aunque por ahora la dirigencia y las 32 Secciones del SNTE se han mostrado herméticas sobre la detención, su eventual movilización organizada, puede politizar al extremo la causa jurídica. ¿Le dejarán entonces el paso los Auditores a policías y soldados?

SEGURIDAD COMUNITARIA ES SEGURIDAD PÚBLICA

El caso de las Policías Comunitarias en Guerrero, ofrece una buena ocasión para pensar en las modalidades de seguridad pública convenientes al país, en el marco de su enorme diversidad etnocultural, y desde la urgencia de medidas legítimas y eficaces para enfrentar la violencia en todas sus expresiones provenientes del crimen organizado, o de las dificultades cotidianas presentes en toda vida colectiva. Frente a la actualización del derecho consuetudinario que representan estas policías, se levantan voces que cuestionan esas experiencias, a la par que otras voces intentan recuperarlas para las instituciones del Estado de derecho nacional. Las cuales, sin embargo, no cuentan con puentes de entendimiento para comprender que el derecho comunitario responde a una cultura ancestral, que no se opone al Imperio de la Ley sino que acata otras formas aún más eficaces para vincular la seguridad ciudadana con la seguridad pública. En 1995, toman su forma actual las Policías Comunitarias. Contra lo que se pueda pensar, la organización policial no es producto de la improvisación o de una reacción desesperada frente a la violencia imperante. Una Asamblea Regional de 62 comunidades, unas treinta y cinco mil personas, principalmente indígenas del estado de Guerrero, funda la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias (ARAC), en la cual acuerdan acciones conjuntas, desde las que se eslabonan asambleas y autoridades electas bajo usos y costumbres. Bajo el mandato de la ARAC, se creó desde entonces una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la cual encarga a seis Coordinadores Comisarios, que funjan como Jueces capaces de ordenar investigaciones y de dictar sentencias. Seis Comandantes Regionales, tienen bajo su mando 612 policías comunitarios, que provienen de las etnias presentes en la región y también algunos mestizos. Ahí, se erradicó al crimen organizado y el tráfico de drogas. La proximidad de la justicia, no se agota en el carácter preventivo de las policías, ni en el énfasis en el castigo, sino que la vida comunitaria se está dando formas novedosas para administrar y procurar la justicia. No obstante, algunas voces “autorizadas”, como la del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Plascencia, cuestionan la legitimidad de estas policías por su aparente oposición al Estado de derecho, dado el riesgo que sus prácticas signifiquen vulnerar el orden constitucional, y dada la configuración de grupos paramilitares que ponen en riesgo la paz social. El filósofo Enrique Dussel desmenuza las falacias que encierran las declaraciones del Ombudsman. El derecho comunitario, antecede a la Constitución y al Estado de derecho, porque está fundado sobre la soberanía popular; dice Dussel: “Es decir, cuando una comunidad reúne al pueblo y toma una decisión colectiva según usos y costumbres, no es una persona cualquiera que se arroga un derecho” Dichos procedimientos fuera de vulnerar al Estado de derecho nacional, lo especifican y lo hacen concreto para esa comunidad política que está constituida por una asamblea. Además, las Policías Comunitarias representan una parte de la justicia, ya que los usos y costumbres permiten generar procesos de readaptación y control de la delincuencia que están apegados a su cultura local. Es la corrupción del aparato policial oficial, o la falta de atribuciones del Ejército para contribuir al procesamiento de los criminales, el que impide la vigencia del Estado de Derecho. Tampoco se puede caracterizar como grupos paramilitares a estos cuerpos policiales comunitarios, pues a diferencia de lo que sucede digamos en Colombia, con los grupos de Autodefensa Unidos, el fin de la organización comunitaria es la justicia y no la adscripción de las fuerzas policiales a estrategias militares de poder al servicio de intereses ajenos a su comunidad.

PEMEX, ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Importante, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, llame a comparecer a los secretarios de Estado, de Gobernación y de Energía, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Pemex, pues confirma que la tragedia del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, merece una detallada información que permita a los legisladores obtener las conclusiones necesarias para asegurar la impartición de justicia oportuna y la correcta administración de la paraestatal, sobre la cual se sustentan los recursos fiscales que hacen viable al Estado mexicano. Conflictos en el funcionamiento del sector público, devienen en tragedias que imponen amargas conclusiones. Lamentablemente, vamos detrás de los acontecimientos pues lejos de reforzar el papel estratégico que tiene la industria petrolera, reinan la negligencia y la falta de previsión. La terrible explosión en el Edificio B2 de la Torre de Pemex, terminó con la vida de 38 personas y dejó a más de un centenar lesionados. Esos hechos desatan apasionadas interpretaciones cuyas conclusiones sin embargo, se sitúan en las antípodas. Para unos, lo que pasó muestra que el Estado es un pésimo administrador y debe por lo tanto dejar el campo a la privatización; si la actual administración no puede alcanzar estándares internacionales de seguridad, ya llegó el momento de que todo lo relacionado con la paraestatal petrolera responda a las reglas y señales del mercado mundial de los hidrocarburos. De ahí que urja la reforma energética, que se ha rezagado respecto de la reforma laboral y la educativa que ya se están implementando. Otras interpretaciones, más profundas y razonadas, apelan al papel estratégico de esa empresa para poder alcanzar la soberanía energética y acentúan descuidos y deterioros imputables al gobierno y al sector público responsable de la operación de Pemex. Además de cuestionar al modelo energético, es necesario tomar en cuenta el contexto mundial de carestía y escasez por el que atraviesa la industria petrolera, que cada vez condena más a los países productores a depender de una renta proveniente de la extracción de hidrocarburos, que se exportan sin procesar. En esa perspectiva, a Pemex se le ha ordeñado como proveedor de recursos fiscales, sin permitirle reinvertir una parte considerable, programada, de sus ganancias para el beneficio del interés general. Un país sin política industrial, incapaz de diversificar la renta petrolera hacia cadenas productivas, principalmente agroindustriales, es víctima del modelo neoextractivista con sus consecuencias depredadoras. Para que ese modelo persista, es necesario desmantelar cualquier medida tendiente a organizar un conglomerado encadenado de empresas que combinen inversión pública y privada, donde el Estado regule la explotación de energéticos y conserve su sentido estratégico para la seguridad nacional. Presumible causa de la explosión, la falta de mantenimiento del equipo de seguridad contra incendios, expresa la negligencia frente a todo aquello que no esté directamente vinculado con la extracción del oro negro, desde criterios inmediatistas. Hacía dos años que no se inspeccionaba el sistema de seguridad y apenas en diciembre de 2012 Pemex había otorgado la licitación para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los 14 sistemas automáticos de extinción de incendio, instalados en los edificios B-1, B-2 y C de la Torre Ejecutiva Pemex; 12 cilindros con gas FM 200 que se utilizan para la extinción de incendios. Tres horas antes de la explosión, Milenio captó un twitter del Director de Operaciones de Pemex que se ufanaba de haber reducido la accidentabilidad. Cinco horas después, inspectores de la Embajada estadounidense, introdujeron dudas sobre un posible atentado. Aguas con la Seguridad Nacional, el fantasma del Estado fallido amenaza.

DICHAS Y DESDICHAS DEL INTERREGNO

Entre que acaba un reinado y empieza otro, hay una recomposición de las estructuras de poder y simultáneamente, descomposición de quienes perdieron el gobierno. En la escena pública hay reacomodos entre las fuerzas que buscaron el poder sin conseguirlo, y los ganadores reclaman empezar a ejercer su programa sin todavía tener el gobierno. Ese interregno trae desdichas para quienes dejan sus puestos, quienes fueron electos para ocuparlos, pero sobre todo para los equipos de funcionarios que los acompañan. La falta de una legislación que asegure la carrera de servicio civil, ha sobrepolitizado una gama demasiado amplia de la función pública. Si bien hay mandos medios que deben de ser adscritos al personal de confianza del Poder Ejecutivo o del Legislativo, la administración pública se ha convertido en un verdadero botín para comprar respaldos e incondicionalidades. En un sistema político clientelista, se impone la discontinuidad de programas, políticas públicas y proyectos de acción gubernamental, pues cada orden de gobierno entrante tiene compromisos con diversos grupos de poder y a la vez necesita imprimir un sello particular que reditúe crecimiento de la imagen pública de los funcionarios electos. Esto, que se presenta en todos los regímenes democráticos con competencia partidista, es una desdicha para el caso mexicano. Sin calidad democrática no tenemos mecanismos para obligar a gobiernos ni a legisladores que rindan cuentas claras del manejo de los recursos públicos, ni hay transparencia en las cuentas personales, pues aún existen mecanismos discrecionales que permiten ocultar recursos. Lo grave es que si bien hubo avances en materia de transparencia de la información pública, tenemos enormes rezagos en lo que toca al deslinde de responsabilidades, a las consecuencias administrativas o penales del mal manejo de las finanzas públicas. Cada cambio de gobierno trae consigo retrocesos en materia de transparencia, rendición de cuentas e impartición de justicia. Se deteriora la capacidad de supervisión que toca ejercer a los contrapesos institucionales públicos, a través del Congreso de la Unión, los Congresos locales y, muy especialmente, los organismos públicos autónomos cada vez son más cooptados por el sistema político y de partidos. El manejo irresponsable del endeudamiento del Ejecutivo jalisciense no se puede achacar únicamente al gobernador, sino al sistema de alianzas y complicidades con el Poder Legislativo, que en su momento aprobó las iniciativas del Ejecutivo, o que omitió la exigencia de cuentas transparentes. Otra desdicha es que en lo federal, el IFAI está siendo erosionado, tanto en sus alcances como en su estructura de conducción, pues su presidencia ha sido copada por el nuevo gobierno federal. Asimismo, el IFE, no ha mostrado la imparcialidad que le corresponde, como lo muestra el caso MONEX y el sesgo en las penas impuestas a la coalición que sostuvo a López Obrador. En lo que hace al papel supervisor de la sociedad civil, hay dichas y desdichas. O bien hay una desmedida esperanza en que la acción gubernamental sea la que resuelva problemas y dificultades derivadas de nuestra convivencia o, desde la antípoda, hay un desprecio por el poder que rige en el Estado y su gobierno. Desde esa perspectiva, hay una desconfianza y abandono del Estado de Derecho, que hace entrar en complicidad a los sectores poderosos con el gobierno. Pero el interregno también muestra oportunidades para que la capacidad de supervisión o el poder de impedimento de acciones públicas adversas, redefina el perfil de poder de las organizaciones sociales, sin que estas dependan de alianzas circunstanciales con funcionarios electos. Así, se fortalece el tejido de los movimientos sociales, su capacidad crítica y juiciosa, su resistencia antes y después de cada reinado.

MÉXICO: GEOPOLÍTICA DE DOBLE RASERO

El Presidente Enrique Peña Nieto participará por primera vez en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), así como en la I Cumbre de la CELAC. También asistirá a la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la que se reunirá con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú, así como a la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE. Entre el 26 y el 28 de enero, Peña Nieto tendrá una intensa agenda de trabajo que también incluye una reunión en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en sus oficinas centrales en Santiago de Chile, ciudad sede de las cumbres políticas y empresariales. La visión de México se pondrá a prueba con el tema central del evento que es la "Alianza para un Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental" La CELAC reúne desde 2010 a todos los mandatarios de los países latinoamericanos y caribeños, sin la tutela de potencia exterior alguna. Por primera vez en su historia, todo el sur del continente americano logra constituirse en un interlocutor válido frente a las cumbres internacionales que se vinculan con esta región: la Iberoamericana, que se da anualmente; la de Las Américas, que tiene lugar cada dos años bajo la convocatoria estadounidense; y con la Unión Europea, también cada dos años. En la próxima Cumbre de Santiago, por primera ocasión aparece la CELAC como contraparte de la Unión Europea. Cierto, la política exterior mexicana ha propiciado la unión latinoamericana, pues la decisión de crear la CELAC se tomó a inicios de 2010 en Cancún. Guadalajara vio nacer la Cumbre Iberoamericana en 1991 y luego fue sede en 2004, de la reunión latinoamericana con la Unión Europea. Sin embargo, la política exterior mexicana frente a la geopolítica latinoamericana se mide en bajo un doble rasero. En la relación con Estados Unidos, México no goza de la misma autonomía que han alcanzado la mayoría de países suramericanos, pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), significa mayor subordinación de la economía mexicana, y el diseño de nuestra política económica responde a reformas orientadas hacia la “sociedad de mercado”, que impulsan las instituciones internacionales en sintonía con las estrategias del Consenso de Washington, un conjunto de principios ordenadores del (anti)modelo de desarrollo. El tema del desarrollo sustentable, las inversiones de calidad social y ambiental, que se abordará en Santiago, se presta para dizque legitimar esas reformas de mercado, aunque la mediocre evolución mexicana, que crece por debajo del promedio latinoamericano, muestre que por esa vía no hay resultados positivos. Además, la proyección geopolítica mexicana, enfatiza sus alianzas estratégicas con la visión estadounidense. Lo que promete la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, es que Peña Nieto tendrá que comprometerse con el Tratado Transpacífico, que impulsa Washington, para contrapesar al creciente poderío de China en el espacio de Asia-Pacífico. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que suma a China, Japón y Corea del Sur (ASEAN+3), acrecienta su autonomía frente a la Unión Europea y Estados Unidos. Ante lo cual, la ortodoxia neoliberal del modelo mexicano obliga al apego incondicional respecto de la geopolítica estadounidense de competencia y contención frente al Pacífico asiático. México sigue en la retórica latinoamericana, pero no disfruta de autonomía frente a Estados Unidos ni la Unión Europea; mientras la desigualdad social aumenta en nuestro país, ni se adopta una política industrial, ni se adoptan esquemas de seguridad y soberanía alimentaria ni energética, como si lo hacen varios países suramericanos, se exacerba la esquizofrénica geopolítica mexicana.

BASES PARTIDISTAS EN CRISIS

Si bien la desafiliación es más visible en Acción Nacional, todos los partidos, salvo el PRI, pasan por esa crisis generada por la pérdida de militantes, después de las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado. Tanto el PRD como el PT y Convergencia Ciudadana, están sufriendo porque la transformación como partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), atrae personas y grupos afines a la propuesta que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Manuel Espino, anteriormente Presidente del PAN, se propone también la formación de una nueva Agrupación Política que buscará convertirse en partido político, lo que restará sin duda también militantes al blanquiazul. Con el regreso del PRI como partido predominante en la escena electoral y gubernamental local y nacional, se registra también una crisis de bases partidistas, aunque de naturaleza distinta debido al crecimiento que atraen los partidos en el gobierno. En el sistema partidocrático mexicano, esos institutos son franquicias usadas para obtener puestos gubernamentales, en la función pública y en las propias estructuras partidarias, dado el jugoso financiamiento que reciben los partidos registrados al nivel federal o local. Lo particular de la desafiliación que sufren ahora, es que el cuestionamiento sobre la eficacia electoral afecta desde la figura presidencial, en el caso de Vicente Fox respecto del PAN, hasta los gobernadores que cayeron en alianzas con rivales del candidato de su propio partido, como fue el caso de Emilio González en Jalisco. En los municipios, la movilidad de una franquicia a otra no deja de aumentar y ello arrastra a líderes locales que de diversas maneras encabezan formatos corporativistas que aseguran lealtades a esos dirigentes. Aunque la actual crisis de bases partidistas se percibe principalmente por la caída del padrón de militantes, la figura del adherente acompaña decisivamente tal deterioro. Desde las campañas recientes, todos los partidos, otra vez con la excepción del PRI, apelaron al electorado no militante ni adherente para decidir sus candidaturas presidenciales. Ello significó la aceptación tácita de que la ciudadanía expresa su respaldo a programas partidistas de gobierno y sobre todo al carisma del candidato, a través de otros alicientes que no pasan por la intermediación de los partidos. ¿Qué significa actualmente el número de empadronados y el potencial de adherentes que ellos pueden atraer? En primer lugar, está el dilema entre partidos de cuadros y partido de masas nacionales. Mientras el PAN siguió el patrón de la afiliación individual, cuya configuración depende de la consolidación de cuadros dirigentes que simbolizan al ciudadano ideal, los partidos de izquierda trataron de combinar cuadros dirigentes de organismos sociales, con afiliación de masas que no siempre superaron los resabios corporativistas, que han calado lo más profundo del sistema político mexicano. En segundo lugar, el padrón partidario está sujeto a la lucha entre grupos que han tomado características facciosas. En Acción Nacional, doctrinarios y pragmáticos, Calderón y funcionarios electos, marcaron las líneas divisorias, pero ambos convergieron en inflar el padrón para ganar las elecciones internas. El resultado de estas pugnas fragilizó la estructura partidista, pues la volatilidad del voto aumenta la fragmentación del electorado adherente, lo cual determina el poder de sus cuadros dirigentes a partir del número de votos que “arrastran”, por la capacidad operativa que brindan las personas electas. Una dinámica muy similar fue la seguida en el PRD y sus partidos aliados, dentro de los cuales, sin embargo, la lucha facciosa es más extrema (las tribus), aunque la capacidad para resolver sus diferencias internas acompañó a esa tradición partidaria hasta las pasadas elecciones. Doctrina, ideología, instrumentalismo, pugnas por ocupar el centro político, acompañan esta crisis de bases partidistas.

PACTO POR MÉXICO; PACTO POR LA PAZ

Sin negar los avances que representa el Pacto por México, en materia de discusión pública de los grandes problemas nacionales, y de la búsqueda por revalorizar la política como medio para alcanzar consensos que se puedan traducir en programas y políticas públicas gubernamentales, se expresan inquietudes diversas sobre alcances y limitaciones de las reformas asociadas con el proceso de pacificación en nuestro país. Fue muy positiva la aprobación y publicación de la Ley General de Víctimas, uno de los puntos tratados en los Diálogos por la Paz, sostenidos el 28 de mayo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con los entonces candidatos y candidata a la Presidencia de la República, que asumió el ahora Presidente Enrique Peña Nieto. Así lo reconoció Javier Sicilia en su discurso ante el Ejecutivo federal, los legisladores concernidos con esa ley e integrantes de organismos sociales defensores de derechos humanos (9-01-2013). El Pacto por México recoge un conjunto de demandas y compromisos de campaña de Peña Nieto en su parte relativa a: “Defender los derechos humanos como política de Estado”, en particular lo referente al Compromiso 27. Un resultado plausible que, sin embargo, detona varias preocupaciones sobre el andamiaje jurídico e institucional que es necesario crear para hacer vigente un ordenamiento legal que potencialmente contribuye a una paz con justicia. Javier Sicilia se refiere a las medidas necesarias de implementar, a la par de la nueva ley: 1) “un Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, un sistema honesto, dotado de los suficientes recursos y del suficiente personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la nación, un sistema que requiere, además, de la unidad de todos.” 2) Crear “los protocolos necesarios para que la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga peso y realidad.”, pues esas organizaciones son fuentes vivas que documentan las diversas violaciones a derechos humanos y hay que protegerlas de abusos e impunidades. Además, México es un país en donde no se protege suficientemente la vida y las condiciones laborales de los periodistas que informan sobre violencia y conflictos 3) Adoptar la declaratoria para crear el “Memorial de las Víctimas de la Violencia en México en el centro mismo de lo que hoy es ese monumento mal llamado Estela de Luz”. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que preside Javier Sicilia, quiere calar en la memoria colectiva que hay víctimas a las que no se ha hecho justicia. 4) Retomando la idea de Gandhi: “la paz es el camino”, Sicilia empuja el horizonte de reformas hacia una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana “que ponga énfasis en los derechos humanos, en un cambio de estrategia en el combate al crimen, en una limpieza real de los delincuentes que hay en todos los órdenes del gobierno, y en la necesaria construcción de un México donde quepan muchos Méxicos.” Un punto adicional de preocupación en torno a la coherencia y la eficacia de la legislación que contribuya para la paz, es el relativo a la reforma al Artículo 1º Constitucional, que pretende hacer la diputación federal priísta. El abogado John Ackerman, previene sobre esta regresión, que contradice el espíritu que debe de animar las reformas legales en materia de paz, pues aunque la iniciativa del PRI alega que hay contradicción en la fracción reformada en 2011, al aceptar tratados internacionales que podrían desconocer la supremacía de la Constitución, el texto actual reafirma nuestros derechos, ya que los tratados internacionales expanden el principio pro persona lo cual amplía derechos sin violar normas y así enriquece la propia Constitución.