PACTO POR MÉXICO, CUESTIONADO

Un proyecto de gobernabilidad democrática que se circunscriba al acuerdo entre los tres partidos nacionales más votados es insuficiente. El Pacto por México, si bien representa un piso de acuerdos básicos para gobernar al país, empieza a ser cuestionado conforme avanzan los proyectos de reformas constitucionales que impulsa el Ejecutivo federal. A pesar del esfuerzo realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto por encontrar puntos de consenso entre los partidos políticos, y de tratar de conciliar esos acuerdos con sus promesas de campaña; una vez que cada uno de los actores concernidos por las reformas plantean sus condiciones y defienden sus intereses, empiezan a brotar los desacuerdos y se desatan contradicciones y diferencias entre cada grupo de poder y los órganos de gobierno que participan de los intentos reformadores. ¿Qué factores políticos erosionan la capacidad de pacto para gobernar? En primer lugar, la primacía de los partidos políticos y su incapacidad para organizar una narrativa convincente sobre su disposición para llegar a acuerdos firmes y duraderos. Por una parte, el PRI está obsesionado en su configuración como partido casi único, para lo cual busca verticalizar su cadena de mando al entregar al Presidente de la República, que ya es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, la dirección del partido. Así, se reconstituye el presidencialismo por la vía partidaria, mediante lo cual se rebasa el acotamiento de los poderes metaconstitucionales que bien que mal lograron los gobiernos panistas de la alternancia federal. Tal concentración de poder, permite disciplinar internamente las diversas corrientes políticas y alinear la heterogénea constelación de grupos de poder que se anidan en el partidote. Pero el control férreo de esos grupos, esconde la falta de compromiso unitario con las reformas emprendidas por el Ejecutivo federal. Tanto el PAN como el PRD, atraviesan por fricciones internas que los debilitan, lo cual les impide también apropiarse y elaborar esa narrativa convincente implícita en firmar y sostener un pacto de gobierno. Aunque los panistas sufren una crisis de militancia más aguda, la dirección perredista enfrenta las críticas demoledoras de corrientes internas proclives al movimiento lopezobradorista y las presiones que este ejerce al descalificar cualquier acercamiento o pacto con el gobierno del PRI. Ni Acción Nacional, ni el PRD, tienen condiciones propicias para consultar a sus bases sobre el devenir del Pacto por México, ante lo cual cada partido está sometido a las directrices que imprimen los grupos dominantes de poder internos. Como resultado, se amplía la brecha entre militantes y directivas partidarias, lo cual debilita la capacidad de interlocución de cada partido para concretizar hasta dónde y en qué términos participan con el gobierno. En segundo lugar, el Pacto por México no prevé consultas ciudadanas a quienes no están o no se sienten representados por los partidos políticos firmantes. Se privilegia la intermediación política que realizan los institutos políticos, sin dar espacio al creciente y demandante mundo de las organizaciones sociales. El Pacto tampoco contempla una interlocución organizada con las regiones que conforman la nación. Se va por una pista definida por reformas sectoriales, sin haber diseñado los mecanismos políticos institucionales que le dieran orden y jerarquía a las reformas emprendidas, dentro de un espacio y de un territorio heterogéneo y desigual. Por lo que el llamado proyecto de nación, aparece como una directriz dada de antemano desde el centro del país y desde los grupos hegemónicos del partido gobernante. Ninguno de los gobiernos estatales priístas refuerza la convocatoria del Pacto por México, ni tampoco promueven pactos por el estado que gobiernan, que vayan en la tesitura del consenso.

SISTEMA DE MEDIOS DEMOCRÁTICO

Aunque el mercado tiende a subyugar la democracia, uno de los signos más esperanzadores de la época actual es el incremento de las capacidades reguladoras del Estado, de su potencia para ampliar la esfera de lo público en lo que compete al interés general, sin negar espacios de legitimidad para el mercado cuando hay competencia y se frenan los monopolios. El tema de los medios es particularmente sensible de cara al debate democrático en todo el mundo, pues poder económico y poder político son condicionados por el poder mediático Recientemente enviado a San Lázaro, el proyecto de reforma al sector de telecomunicaciones, despertó una entusiasta aprobación por los partidos del Pacto por México, así como de la Asociación Mexicana de Derecho de Información (Amedi), que reúne a intelectuales y profesionales comprometidos con una nueva institucionalidad democrática de los medios de comunicación. Sorprende que un proyecto tan avanzado en esa materia, haya emergido de un candidato cuyo “triunfo” fue marcado por la simbiosis entre medios y política. Máxime cuando la profundidad de la reforma fortalece al Estado y acota al Ejecutivo sin debilitarlo, mediante un organismo público autónomo: lo que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Instancia que combatirá la concentración monopólica del sector al constituirse como responsable de otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico, garantizará el acceso público a las Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual le obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, a fomentar nuevas cadenas de televisión nacionales y a promover un entorno competitivo dentro del cual ninguna empresa podrá poseer más del 50 por ciento del ramo; pues el Ifetel podrá ordenar la desincorporación de activos de operadores predominantes que concentren más de 50 por ciento del mercado. El nuevo mapa del poder en las telecomunicaciones mexicanas, ha sido aceptado en términos generales por los grupos empresariales que conforman las familias Azcárraga, Salinas Pliego y Slim. Sin embargo, el proyecto de ley impide que haya propiedad cruzada de medios, además que obliga a las firmas a desincorporar activos cuando rebasen el 50 por ciento del mercado. Vendrán tiempos de discusión intensa en el Congreso de la Unión, pues los intereses monopolistas afectados tienen aliados dentro y su poderío político se finca sobre la cobranza de favores a diputados y senadores electos bajo el apoyo mediático que esas empresas brindaron para sus campañas electorales. Frente al poder de operación política de los grupos mediáticos, también se ha incrementado la capacidad de supervisión de la sociedad civil sobre los legisladores, como es el caso de la Amedi y del movimiento #YoSoy132, que hizo visible la centralidad estratégica que representa democratizar los medios. Otros factores polémicos previsibles en los debates parlamentarios, serán los relativos a la integración del Ifetel pues aunque la selección de sus siete integrantes sería mediante convocatoria a concurso abierta a profesionales expertos, la configuración actual del Instituto quiere ser preservada para mantener cuotas de poder entre los partidos. De ser así, se pondría en riesgo el potencial regulador del Ifetel para democratizar el sistema de medios, particularmente en la concesión de carácter público y social de espacios sin fines de lucro, no mercantilizados, como las radios comunitarias e indígenas, o sistemas de comunicación universitarios o estatales. Incluso, la obligación de pagar contraprestaciones cuando se ofrecen “combos” informáticos, o la prohibición de publicidad y propaganda calificada como engañosa, podrían ser corrompidos por la discrecionalidad que todavía priva en el Ifetel. Los gobiernos estatales que deben de aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estarían tentados a promover un Instituto Estatal de Telecomunicaciones a modo.

HUGO CHÁVEZ, PASIÓN POR TRANSFORMAR

Ni santón ni villano. Si alguien desató un tratamiento sesgado en los medios fue el líder de la revolución bolivariana; frecuentemente reducido a una discusión llena de adjetivos descontextualizados, Chávez polarizó la opinión mundial y no era para menos. No debe de asustar la polarización política, pues las grandes transformaciones que se propuso generaron cuestionamientos, a diestra y siniestra, sobre los caminos para cambiar a la sociedad de un país, pero desde la interpelación al mundo, desde la exigencia de un cambio de época que puso en el centro del debate terminar con la desigualdad producto de la polarización social. Su pasión por alcanzar esa transformación le da un lugar destacado en la historia contemporánea, pero hay que salir de visiones maniqueas del todo bueno-todo malo y de falsos dilemas héroe-villano, para comprender aciertos y contradicciones desde la dimensión humana de su legado. Busqué en Internet el número de referencias de los adjetivos discutidos en torno de su liderazgo y encontré que la polémica más socorrida es sobre su talante democrático: 66 millones de registros en inglés y menos de 4 millones en castellano, seguido del interés sobre su figura revolucionaria: casi 49 millones de registros en inglés y menos de 15 millones en castellano. Nótese que el interés sobre estos polémicos adjetivos es de más de 16 veces mayor en inglés, en el caso de la democracia y de 3 veces menor en castellano, en el caso del “Chávez revolucionario”. Cuando Busqué “Chávez dictador”, obtuve casi 5 millones de registros tanto en inglés como en castellano. Para mi sorpresa, porque creía que se trataba de los adjetivos más polémicos, “Chávez populista”, me arrojó casi 2 millones de registros en ingles; un millón en español y “Chávez fascista” aproximadamente millón y medio de registros en cada lengua. Picoteando algunas de esas páginas electrónicas, constaté debates documentados en los temas democracia y revolución, mientras que dictadura, populismo, o fascismo, se acotaron principalmente a la descalificación sin argumentos. Sin duda que Hugo Chávez representa un legado político que sacude los valores que dan por ciertos e inamovibles las democracias occidentales, como una democracia de “resultados”, sin preguntarse sobre los beneficiarios; o una democracia “elitista”, que perdió su sentido popular; o una democracia “representativa”, que delega poderes en partidocracias que amplían brechas entre representantes y representados, en detrimento de una democracia participativa, con instrumentos directos que empoderen a la ciudadanía. Igualmente, el imaginario revolucionario como motor de transformaciones radicales despierta expectativas entre los excluidos, donde renacen esperanzas por ser protagonistas visibles de la nueva República. En 1992, Chávez se subleva contra la masacre de más de tres mil venezolanos; su intentona golpista fue en reacción al gobierno represivo de Carlos Andrés Pérez. Tras de dos años de prisión, el gobierno de Rafael Caldera le concede amnistía, y Chávez funda el Movimiento V República, que recoge el malestar ciudadano frente a burocracias partidarias corruptas y elites criollas corruptoras que tenían postrada a la República. Chávez gana las elecciones de 1998 con el 56 por ciento, en coalición con el Polo Patriótico, y encabeza desde entonces la tarea titánica de refundar la comunidad política. Convoca a una Constituyente pacífica cuyo enraizamiento y legitimidad enmarcaron catorce años de amplias transformaciones económicas y sociales, que no estuvieron exentas de dificultades y contradicciones: quince elecciones, incluida una consulta revocatoria del mandato que gana y dos referendos que pierde; concentración del poder en el Ejecutivo y predominancia de militares en los gobiernos estatales chavistas. Éxitos económicos y persistente dependencia de la renta petrolera. Lejos de dictaduras, populismos o fascismos, Chávez inaugura transformaciones sociales inéditas.

AUDITORES, ¿NI POLICÍAS, NI SOLDADOS?

Casi igual que Al Capone, la Sra. Gordillo es detenida por motivos fiscales. A diferencia del legendario capo, a Elba Esther se le acusa por formar parte de la delincuencia organizada y no nada más por evasión fiscal. Imposible separar en ambos casos qué tanto estas consignaciones influyen en el imperio de la ley y qué tanto son influidos por una intención política. Al Capone encarcelado fue el símbolo de la eficacia en la lucha contra la mafia del narcotráfico; la Sra. Gordillo procesada, representa un símbolo plausible de lucha contra la corrupción, de esperanza contra la impunidad y de combate al empoderamiento fáctico. Clientelismo, coronado por el corporativismo, pero que no es producto de elección alguna. Un poder que no consulta sino que impone por encima de la Constitución. Los signos políticos que rodean a doña Elba Esther, representan dardos muy bien calculados desde el poder instituido: la fecha escogida para detenerla, un día antes de la Asamblea General del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), que sería en Guadalajara, y un día después de anunciada la Reforma Educativa; la difusión oportuna de los cargos que por su magnitud y carácter, no admiten réplicas inmediatas que pudiesen poner en peligro los objetivos políticos buscados; el manejo impecable del debido procedimiento en la detención y el manejo televisivo del proceso que se está siguiendo en contra de ella, cubriendo los derechos humanos fundamentales. Por fortuna, estas operaciones no estuvieron a cargo de “García Luna Productions” ni por burdas maniobras publicitarias para mostrar a los detenidos como trofeos de guerra, presentados en horario triple A. Quedan las especulaciones y las apuestas por los escenarios futuros. Lo primero que se viene a la mente es si esta detención será replicable para la reforma petrolera, pues el caso de corrupción y manejo del dinero proveniente de cuotas sindicales es tan escandaloso en el STPRM, en el sindicato de electricistas, o en el sidicato minero-metalúrgico, como lo es en el SNTE. También especulamos si se trata de una Política de Estado, más allá de un caso en el que el gobierno busca mostrar músculo y de alguna manera recuperar el poder corporativo en el sindicato más grande de Latinoamérica para favorecer al nuevo PRI. Porque la expectativa central gira en torno de la democracia sindical. Y desafortunadamente, no hay signos contrarios que indiquen un espíritu reformista que beneficie a los trabajadores, como se pudo constatar con la Reforma Laboral. Con seguridad, el respaldo al gobierno federal se incrementará, como producto de la detención y, esperemos, el enjuiciamiento de la Sra. Gordillo bajo el debido proceso. El abogado de la lideresa sindical no es alguien que asegure una defensa virtuosa de su caso, pues él mismo está manchado por presuntos actos de corrupción. Preocupa que la única pregunta que hizo Elba Esther en su primera comparecencia tras las rejas fue sobre el nombre de su abogado defensor, lo cual indica un claro desconocimiento de la pericia jurídica de quien llevará su caso. La popularidad presidencial irá en aumento, pero ¿bastará para contrarrestar la amplia red de compadrazgos y complicidades tejida por ella? La mitad de los gobiernos estatales ganados por el PRI, fueron en coalición con el PANAL; las estructuras de apoyo político ganados por la Sra. durante los doce años de gobiernos panistas, puede presentar también un dique y, aunque por ahora la dirigencia y las 32 Secciones del SNTE se han mostrado herméticas sobre la detención, su eventual movilización organizada, puede politizar al extremo la causa jurídica. ¿Le dejarán entonces el paso los Auditores a policías y soldados?

SEGURIDAD COMUNITARIA ES SEGURIDAD PÚBLICA

El caso de las Policías Comunitarias en Guerrero, ofrece una buena ocasión para pensar en las modalidades de seguridad pública convenientes al país, en el marco de su enorme diversidad etnocultural, y desde la urgencia de medidas legítimas y eficaces para enfrentar la violencia en todas sus expresiones provenientes del crimen organizado, o de las dificultades cotidianas presentes en toda vida colectiva. Frente a la actualización del derecho consuetudinario que representan estas policías, se levantan voces que cuestionan esas experiencias, a la par que otras voces intentan recuperarlas para las instituciones del Estado de derecho nacional. Las cuales, sin embargo, no cuentan con puentes de entendimiento para comprender que el derecho comunitario responde a una cultura ancestral, que no se opone al Imperio de la Ley sino que acata otras formas aún más eficaces para vincular la seguridad ciudadana con la seguridad pública. En 1995, toman su forma actual las Policías Comunitarias. Contra lo que se pueda pensar, la organización policial no es producto de la improvisación o de una reacción desesperada frente a la violencia imperante. Una Asamblea Regional de 62 comunidades, unas treinta y cinco mil personas, principalmente indígenas del estado de Guerrero, funda la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias (ARAC), en la cual acuerdan acciones conjuntas, desde las que se eslabonan asambleas y autoridades electas bajo usos y costumbres. Bajo el mandato de la ARAC, se creó desde entonces una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la cual encarga a seis Coordinadores Comisarios, que funjan como Jueces capaces de ordenar investigaciones y de dictar sentencias. Seis Comandantes Regionales, tienen bajo su mando 612 policías comunitarios, que provienen de las etnias presentes en la región y también algunos mestizos. Ahí, se erradicó al crimen organizado y el tráfico de drogas. La proximidad de la justicia, no se agota en el carácter preventivo de las policías, ni en el énfasis en el castigo, sino que la vida comunitaria se está dando formas novedosas para administrar y procurar la justicia. No obstante, algunas voces “autorizadas”, como la del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Plascencia, cuestionan la legitimidad de estas policías por su aparente oposición al Estado de derecho, dado el riesgo que sus prácticas signifiquen vulnerar el orden constitucional, y dada la configuración de grupos paramilitares que ponen en riesgo la paz social. El filósofo Enrique Dussel desmenuza las falacias que encierran las declaraciones del Ombudsman. El derecho comunitario, antecede a la Constitución y al Estado de derecho, porque está fundado sobre la soberanía popular; dice Dussel: “Es decir, cuando una comunidad reúne al pueblo y toma una decisión colectiva según usos y costumbres, no es una persona cualquiera que se arroga un derecho” Dichos procedimientos fuera de vulnerar al Estado de derecho nacional, lo especifican y lo hacen concreto para esa comunidad política que está constituida por una asamblea. Además, las Policías Comunitarias representan una parte de la justicia, ya que los usos y costumbres permiten generar procesos de readaptación y control de la delincuencia que están apegados a su cultura local. Es la corrupción del aparato policial oficial, o la falta de atribuciones del Ejército para contribuir al procesamiento de los criminales, el que impide la vigencia del Estado de Derecho. Tampoco se puede caracterizar como grupos paramilitares a estos cuerpos policiales comunitarios, pues a diferencia de lo que sucede digamos en Colombia, con los grupos de Autodefensa Unidos, el fin de la organización comunitaria es la justicia y no la adscripción de las fuerzas policiales a estrategias militares de poder al servicio de intereses ajenos a su comunidad.

PEMEX, ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Importante, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, llame a comparecer a los secretarios de Estado, de Gobernación y de Energía, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Pemex, pues confirma que la tragedia del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, merece una detallada información que permita a los legisladores obtener las conclusiones necesarias para asegurar la impartición de justicia oportuna y la correcta administración de la paraestatal, sobre la cual se sustentan los recursos fiscales que hacen viable al Estado mexicano. Conflictos en el funcionamiento del sector público, devienen en tragedias que imponen amargas conclusiones. Lamentablemente, vamos detrás de los acontecimientos pues lejos de reforzar el papel estratégico que tiene la industria petrolera, reinan la negligencia y la falta de previsión. La terrible explosión en el Edificio B2 de la Torre de Pemex, terminó con la vida de 38 personas y dejó a más de un centenar lesionados. Esos hechos desatan apasionadas interpretaciones cuyas conclusiones sin embargo, se sitúan en las antípodas. Para unos, lo que pasó muestra que el Estado es un pésimo administrador y debe por lo tanto dejar el campo a la privatización; si la actual administración no puede alcanzar estándares internacionales de seguridad, ya llegó el momento de que todo lo relacionado con la paraestatal petrolera responda a las reglas y señales del mercado mundial de los hidrocarburos. De ahí que urja la reforma energética, que se ha rezagado respecto de la reforma laboral y la educativa que ya se están implementando. Otras interpretaciones, más profundas y razonadas, apelan al papel estratégico de esa empresa para poder alcanzar la soberanía energética y acentúan descuidos y deterioros imputables al gobierno y al sector público responsable de la operación de Pemex. Además de cuestionar al modelo energético, es necesario tomar en cuenta el contexto mundial de carestía y escasez por el que atraviesa la industria petrolera, que cada vez condena más a los países productores a depender de una renta proveniente de la extracción de hidrocarburos, que se exportan sin procesar. En esa perspectiva, a Pemex se le ha ordeñado como proveedor de recursos fiscales, sin permitirle reinvertir una parte considerable, programada, de sus ganancias para el beneficio del interés general. Un país sin política industrial, incapaz de diversificar la renta petrolera hacia cadenas productivas, principalmente agroindustriales, es víctima del modelo neoextractivista con sus consecuencias depredadoras. Para que ese modelo persista, es necesario desmantelar cualquier medida tendiente a organizar un conglomerado encadenado de empresas que combinen inversión pública y privada, donde el Estado regule la explotación de energéticos y conserve su sentido estratégico para la seguridad nacional. Presumible causa de la explosión, la falta de mantenimiento del equipo de seguridad contra incendios, expresa la negligencia frente a todo aquello que no esté directamente vinculado con la extracción del oro negro, desde criterios inmediatistas. Hacía dos años que no se inspeccionaba el sistema de seguridad y apenas en diciembre de 2012 Pemex había otorgado la licitación para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los 14 sistemas automáticos de extinción de incendio, instalados en los edificios B-1, B-2 y C de la Torre Ejecutiva Pemex; 12 cilindros con gas FM 200 que se utilizan para la extinción de incendios. Tres horas antes de la explosión, Milenio captó un twitter del Director de Operaciones de Pemex que se ufanaba de haber reducido la accidentabilidad. Cinco horas después, inspectores de la Embajada estadounidense, introdujeron dudas sobre un posible atentado. Aguas con la Seguridad Nacional, el fantasma del Estado fallido amenaza.

DICHAS Y DESDICHAS DEL INTERREGNO

Entre que acaba un reinado y empieza otro, hay una recomposición de las estructuras de poder y simultáneamente, descomposición de quienes perdieron el gobierno. En la escena pública hay reacomodos entre las fuerzas que buscaron el poder sin conseguirlo, y los ganadores reclaman empezar a ejercer su programa sin todavía tener el gobierno. Ese interregno trae desdichas para quienes dejan sus puestos, quienes fueron electos para ocuparlos, pero sobre todo para los equipos de funcionarios que los acompañan. La falta de una legislación que asegure la carrera de servicio civil, ha sobrepolitizado una gama demasiado amplia de la función pública. Si bien hay mandos medios que deben de ser adscritos al personal de confianza del Poder Ejecutivo o del Legislativo, la administración pública se ha convertido en un verdadero botín para comprar respaldos e incondicionalidades. En un sistema político clientelista, se impone la discontinuidad de programas, políticas públicas y proyectos de acción gubernamental, pues cada orden de gobierno entrante tiene compromisos con diversos grupos de poder y a la vez necesita imprimir un sello particular que reditúe crecimiento de la imagen pública de los funcionarios electos. Esto, que se presenta en todos los regímenes democráticos con competencia partidista, es una desdicha para el caso mexicano. Sin calidad democrática no tenemos mecanismos para obligar a gobiernos ni a legisladores que rindan cuentas claras del manejo de los recursos públicos, ni hay transparencia en las cuentas personales, pues aún existen mecanismos discrecionales que permiten ocultar recursos. Lo grave es que si bien hubo avances en materia de transparencia de la información pública, tenemos enormes rezagos en lo que toca al deslinde de responsabilidades, a las consecuencias administrativas o penales del mal manejo de las finanzas públicas. Cada cambio de gobierno trae consigo retrocesos en materia de transparencia, rendición de cuentas e impartición de justicia. Se deteriora la capacidad de supervisión que toca ejercer a los contrapesos institucionales públicos, a través del Congreso de la Unión, los Congresos locales y, muy especialmente, los organismos públicos autónomos cada vez son más cooptados por el sistema político y de partidos. El manejo irresponsable del endeudamiento del Ejecutivo jalisciense no se puede achacar únicamente al gobernador, sino al sistema de alianzas y complicidades con el Poder Legislativo, que en su momento aprobó las iniciativas del Ejecutivo, o que omitió la exigencia de cuentas transparentes. Otra desdicha es que en lo federal, el IFAI está siendo erosionado, tanto en sus alcances como en su estructura de conducción, pues su presidencia ha sido copada por el nuevo gobierno federal. Asimismo, el IFE, no ha mostrado la imparcialidad que le corresponde, como lo muestra el caso MONEX y el sesgo en las penas impuestas a la coalición que sostuvo a López Obrador. En lo que hace al papel supervisor de la sociedad civil, hay dichas y desdichas. O bien hay una desmedida esperanza en que la acción gubernamental sea la que resuelva problemas y dificultades derivadas de nuestra convivencia o, desde la antípoda, hay un desprecio por el poder que rige en el Estado y su gobierno. Desde esa perspectiva, hay una desconfianza y abandono del Estado de Derecho, que hace entrar en complicidad a los sectores poderosos con el gobierno. Pero el interregno también muestra oportunidades para que la capacidad de supervisión o el poder de impedimento de acciones públicas adversas, redefina el perfil de poder de las organizaciones sociales, sin que estas dependan de alianzas circunstanciales con funcionarios electos. Así, se fortalece el tejido de los movimientos sociales, su capacidad crítica y juiciosa, su resistencia antes y después de cada reinado.