MAPA ELECTORAL Y ANTIDEMOCRACIA

Un balance preliminar sobre las elecciones en 15 entidades el pasado 7 de julio, detona señales de alerta sobre el país que ellas (re)dibujaron, respecto al descontento con el sistema político y de partidos, cuya baja convocatoria expresa un serio deterioro de la confianza en los formatos de representación y de agregación de intereses que ofrecen las instituciones políticas. Cada una de las regiones donde hubo elecciones confirma, además, que el mapa político del país cada vez está más desgarrado por valores antidemocráticos; la corrupción registrada en las campañas electorales, la persistencia del uso electoral de recursos públicos, la violencia de gobernantes, dirigentes partidistas contra sus opositores, aunada a las amenazas, chantaje y muerte que sembró el crimen organizado en varias entidades del país. Así, las elecciones más violentas de la historia reciente, auguran conflictos políticos que impiden la democratización.

Asesinatos, secuestros, ‘levantamientos’, ‘terrorismo electoral’ y hasta presuntas violaciones, mancharon varias campañas electorales. Crímenes y escándalos que reflejaron la incapacidad gubernamental para garantizar el Estado de derecho, lo cual generó miedo e incertidumbre. Antivalores que opacaron las propuestas de los partidos políticos. Cálculos preliminares, señalan que al menos 20 candidatos fueron asesinados, secuestrados o amenazados durante las campañas. El alto abstencionismo constata que el miedo, junto con la desconfianza hacia los partidos desmotivaron al elector. Si bien en 4 de las 15 entidades participaron más de la mitad de los votantes potenciales, en las once entidades restantes el abstencionismo alcanzó un rango que va del 52 por ciento en Aguascalientes, al casi 69 por ciento, en Quintana Roo. En algunos municipios el abstencionismo alcanzó hasta 73 de cada 100 electores. Se refuerza además la conclusión de que el abstencionismo favorece al partido con mayor capacidad de manipulación del voto.

Las irregularidades documentadas durante la jornada electoral pasada, plagaron el carácter antidemocrático que pervive en las prácticas partidistas y en la perversión de las autoridades electorales, que se mostraron incapaces para asegurar la imparcialidad y que no lograron obtener confianza al contar los votos. Robo de urnas, incendio intencionado de casillas estratégicas, en las que los resultados no favorecieron al PRI, represión contra candidatos triunfadores que no militan en ese partido. Un conjunto de signos que no fueron suficientes para invalidar el conjunto de las elecciones, pero que expresan síntomas de descomposición política que pueden estar asociados con el regreso de la presencia abrumadora del tricolor Aunque no regresamos al esquema del partido prácticamente único, pues a pesar de las limitaciones del sistema político y de partidos, hubo competencia en varias entidades y triunfos incontestables de otros partidos, hasta alcanzar la mayoría de municipios o de algunos congresos locales.

El mapa electoral se viste de contrastes: el PRI, por si mismo, pero sobre todo mediante coaliciones electorales, ganó 9 de las 14 capitales estatales en disputa; obtuvo mayoría en 10 de los 14 congresos locales y en conjunto ganó la mayoría de alcaldías. La coalición entre Acción Nacional y el PRD, además de alianzas con otras formaciones políticas cambiantes, ganó la mayoría en cuatro congresos, así como la mayor parte de las alcaldías en Veracruz, Puebla y Oaxaca. En estas elecciones, la coalición electoral se confirma como medio irrenunciable para competir de aquí en adelante. Una novedad, que también marcará el futuro electoral, es la emergencia del Partido Movimiento Ciudadano como aliado estratégico, pues sus votaciones en los 10 estados donde participó con candidaturas, oscilaron entre el casi 8 por ciento en Baja California, el 5 por ciento en Puebla y el 4 por ciento en tres estados. Pluralismo partidista; pero, antidemocracia que subyuga procesos electorales.

MUNDOS COLONIZADOS: DOS MUESTRAS

En el debate entre los frailes dominicos Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en el siglo 16, se traslucieron los dilemas que abrió la colonización española de América: si el indio podría considerarse persona sujeto de derecho a la libertad y a la propiedad; si la soberanía reside en dios o en el pueblo formado por iguales ante la ley; si el ejercicio del poder requiere del consentimiento de los gobernados. Dilemas que acompañarán a la modernidad entonces naciente con su programa nunca cumplido. Un debate ganado por Sepúlveda, quien consideraba al indio como ser inferior necesitado de la tutela del conquistador y justificaba la guerra como legítima, para pacificar y evangelizar. Sin embargo, la colonización no se hizo sin resistencias ni contradicciones en su legislación, pues las avanzadas concepciones de las Casas cuestionaron tanto a los virreinatos como a las Metrópolis.

Antes ya lo había hecho Francisco de Vitoria, quien puso en tela de juicio la legitimidad de la guerra de conquista y fundó las bases del derecho internacional moderno de iguales para iguales, entre los Estados, aunque estos se ligan indisociablemente al Derecho de Gentes. Donde se reconoce la igualdad de los nativos ante la ley toda. Sin embargo, el racismo, el sentido de inferioridad, vienen imponiendo mundos colonizados. Por un lado, etnias conquistadas, esclavos e ideas libertarias criollas y que persistían en la metrópoli, y por otro lado los intentos por consolidar la conquista mediante la colonización, produjeron diversas tensiones entre resistencias sociales y gobiernos coloniales, las cuales se reproducen en lo que hoy nombra Aníbal Quijano, destacado intelectual peruano: la colonialidad del poder, fundada en la sumisión frente a la superioridad anglo-eurocéntrica, la cual se apoya en lo que Pablo González Casanova nombra como colonialismo interno.

Primera muestra, el agravio cometido en contra del Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Los gobiernos de Francia y Portugal, condicionaron el tránsito de su espacio aéreo a que el avión presidencial del primer presidente indio en América fuera revisado para constatar que el ex agente de la CIA Edward Snowden no viajara en esa nave. Condición que pusieron esos gobiernos, presumiblemente, para colaborar con el gobierno estadounidense. Tras varias horas de sobrevuelo, que pusieron en riesgo la vida del Presidente Morales y la tripulación, el mandatario boliviano aceptó aterrizar en Austria, donde se inspeccionó la nave presidencial. La Unión Europea y sus gobiernos actuaron como mundos colonizados, en los que más allá del Estado de Derecho, despreciaron la Convención de Viena que asegura inmunidad para la investidura presidencial. Pero, ser indio, rebelde interno y frente a la política estadounidense, implica desconocimiento del derecho desde la colonialidad del poder.

Segunda Muestra. La reciente reunión de preaudiencia del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la comunidad de San Isidro en el municipio de San Gabriel, Jalisco, en la que se presentaron acusaciones y denuncias en torno a los temas de territorialidad, subsistencia y vida digna. Otro Morales, en este caso Jaime, académico del ITESO, denunció la persistencia de mundos colonizados, pues “El Tribunal atendió 23 casos donde diferentes comunidades  de Jalisco y de México, presentaron las violaciones a sus derechos a través de la minería, la contaminación de sus ríos y lagos, la agricultura industrial, los transgénicos y las presas, y expusieron sus tristezas, frustraciones y esperanzas en la búsqueda de un futuro digno para ellos y para sus hijos.” Colonialismo interno practicado por empresas y gobiernos irrespetuosos de derechos ancestrales y actuales. Cerca de ahí, está el “agroparque”, donde fueron hallados jornaleros esclavizados. Mundos actualmente colonizados

MERCADO Y GOBIERNO, LAS BARBAS A REMOJAR

"Estoy triste por todo lo que está sucediendo en Brasil. Siempre tuve fe en que no sería necesario llegar al punto de salir a la calle para exigir mejores condiciones de transporte, salud, educación y seguridad. Todo eso es obligación del gobierno", declaró el astro futbolista Neymar da Silva, en solidaridad con las movilizaciones de protesta social que sacuden a Brasil desde hace varias semanas. Desde otra posición, Pelé, ha sido abucheado en las redes sociales por su permanente llamado a que los jóvenes abandonen las protestas y se concentren en apoyar a su selección en la Copa Mundial en curso. Neymar quiere “un Brasil más justo, más seguro, más saludable y más honesto”. Pelé llama a guardar la conciencia detrás de la televisión. Hace tiempo que los futbolistas no se pronunciaban sobre los problemas sociales.

Actualmente, los estadios del balompié son el centro simbólico de la ira despertada por el alza del transporte urbano, por el deterioro de los servicios sociales de salud, educación y seguridad, lo cual contrasta con las faraónicas inversiones en estadios e instalaciones que albergarán el Mundial de Futbol y luego la Olimpiada. Empresas y gobierno hacen su agosto mientras la calidad de vida de la inmensa mayoría se deteriora. Una vez más, los jóvenes detonan la conciencia que une el descontento, la desconfianza y la desilusión. Pero también gracias a esos movimientos se democratiza la democracia. Se imaginan nuevas políticas sociales que atiendan el malestar, se plantean exigencias de mayor calidad democrática en la representación y la escucha, se combate la impunidad de la función pública, se cimbran las instituciones relacionadas con nuestra convivencia, en la búsqueda del bienestar, y con nuestros conflictos, sobre seguridad y garantías para expresar pacíficamente demandas.

Mercado, gobierno y sociedad, son tres ámbitos cuyas intersecciones son complejas. La disputa por mercantilizar lo más posible de nuestras vidas como consumidores, encuentra un espacio privilegiado en los bienes públicos, lo cual es inversamente proporcional a la capacidad reguladora del Estado. Es desde la resistencia social contra la mercantilización que se ponen los límites. Por ello, el aumento del costo del transporte urbano fue el detonante de problemas sociales mayores, todos ellos vinculados con la capacidad pública del Estado para frenar las ambiciones mercantiles y en contraparte, la capacidad estatal para sustentar las políticas sociales que atiendan a las demandas de justicia, seguridad, educación y particularmente de honestidad, pues desconfianza y desencanto torpedean cualquier intento generalmente mediocre, siempre mediatizador, por contener o desviar las demandas sociales expresadas en las calles.

Está por verse si las protestas surgidas en Brasil, bajo la égida del gobierno progresista del Partido del Trabajo, con más de diez años en el gobierno federal, desembocarán en la democratización de la democracia. Desde la visión simplificadora de medios masivos de comunicación interesados en desacreditar la resistencia social frente al mercado y la perversión democrática, no se puede entender lo que está en juego. El gobierno del PT no es equivalente al Estado brasileño. De 26 estados federados, el PT gobierna en apenas 3 entidades; de los 5 mil 570 municipios brasileiros, el PT apenas gobierna en unos 500. Cierto, ese partido gobierna las ciudades más populosas, pero las demandas por planes de movilidad urbana del Movimiento Pase Libre, que encabeza las manifestaciones tiene que lidiar con una gama de interlocutores amplísima. La Policía Militar depende de los gobiernos estatales, no del Federal. Dilma Roussef tuvo que abortar su propuesta de pacto social constituyente, porque la reforma política puede afrontar los actuales problemas. El Estado recorta sus barbas; el mercado, tan campante.

MITOS MEXICANOS FRENTE A CHINA

1 China representa una oportunidad para la diversificación de las exportaciones mexicanas. Es cierto que nuestro país representa el segundo socio comercial del gigante asiático en Latinoamérica, y que esa potencia es ya el segundo socio comercial de México, después de las enormes proporciones que presenta nuestro comercio con Estados Unidos, de casi el 90 por ciento. Sin embargo, no existe un tratado de libre comercio entre China y México, acuerdos en los que la diplomacia comercial mexicana cifra sus esperanzas y compromete reglas de comercio que la sujetan y le restan posibilidades de diversificación comercial.

2 México puede convertirse en una plataforma de exportación China a Estados Unidos, por medio de la recepción de maquiladoras de ese país. Falso. El muy bajo costo de la mano de obra mexicana, no es condición suficiente para atraer maquiladoras chinas pues esa potencia asiática funda sus exportaciones sobre la base de encadenamientos productivos que abaratan su producción gracias al país fábrica que han construido, con la fuerza de trabajo menos costosa del mundo donde además, no hay conflictos laborales inmanejables por el aparato político gobierno-partido.

3 Incrementar los intercambios comerciales chino-mexicanos, aportará bienestar para ambas poblaciones. Mito presentado en la reciente visita del Presidente Chino Xi Jinping a México, pues mientras en la nación asiática hay una ampliación del mercado interno y una recuperación constante del poder adquisitivo del asalariado, en México pasa todo lo contrario: agudo deterioro del salario, orientación del modelo económico hacia la exportación que debilita al mercado interno; tímidas políticas redistributivas. Además, la doctrina del libre comercio, abrazada ortodoxamente por el gobierno mexicano, no ha fructificado en la atracción de inversión extranjera directa; Brasil, recibe casi 20 veces más de inversión de empresarios chinos que México.

4 Una alianza estratégica de México con China favorecerá a nuestro país como potencia regional. Otro mito a derrumbar. China tiene una estrategia de alianzas muy claras con ciertos países latinoamericanos, como Brasil, con quien participa en el bloque BRICS, junto con Rusia, India y Sudáfrica, para el cual China es ya su principal socio comercial. A la vez que los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, han intensificado sus relaciones comerciales, diplomáticas y militares con China. Uruguay también apuesta por convertir a esa potencia en su primer socio comercial.

5 Si nos acercamos a China, tendremos más autonomía frente a Estados Unidos. Todo lo contrario sucede en los hechos, pues el proyecto de fomento comercial más ambicioso que comparte el gobierno mexicano y varios países latinoamericanos actualmente, la Alianza del Pacífico, se orienta a fortalecer el proyecto geoeconómico con el que Estados Unidos compite contra China por ganar los mercados del Pacífico Asiático, en donde ese país realiza sus principales intercambios económicos. Se trata del Tratado Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), con el cual la potencia estadounidense pretende contrapesar el creciente papel integrador de China en la Cuenca del Pacífico.

6 Comerciar más con China significa mayor potencial de desarrollo para México. No necesariamente, pues el impacto comercial y de las inversiones chinas en Latinoamérica, profundiza estrategias económicas que profundizan principalmente las exportaciones de materias primas sin procesar: el modelo neo-extractivista. Cerca del 80 por ciento de las exportaciones latinoamericanas hacia China representan productos mineros y energéticos sin añadir valor alguno, pero muy necesarios para el crecimiento económico de la potencia asiática. Tampoco hay mejores oportunidades para el desarrollo regional, como lo muestra el caso del Cancún Dragon Mart, un enclave chino aún no autorizado. No seamos cola de león, ni cola de dragón.

ARTICULAR REFORMAS LOCALES Y NACIONALES

A la memoria de José María Pérez Gay

El Congreso de Jalisco está por nombrar Presidente y Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Perderemos, una vez más, la oportunidad de enmarcar el cambio de la autoridad electoral pensado dentro de la necesaria reforma política de Estado. Localismo e inmediatez invaden a partidos y legisladores locales: nombrar consejeros a modo, bajo la negociación de cuotas de poder, significa cancelar la búsqueda de una democracia de calidad. Reproducir más de lo mismo, en donde predomine la idea de ajustes electorales por encima de nuevas relaciones entre Estado, gobierno y sociedad, que combatan desencantos y desapegos ciudadanos frente al sistema político y de partidos. Seguiremos sin criterios orientadores para acortar la brecha entre representantes y representados; tampoco habrá medios para empoderar el voto, mejorar las coaliciones políticas y de gobierno, ni para incrementar la participación ciudadana en las decisiones públicas, de manera de profundizar en la capacidad de supervisión, de impedimento sobre lo que nos perjudica, ni de favorecer la capacidad juiciosa y crítica de la ciudadanía. Crece la partidocracia en alianza con poderes locales que se sienten amenazados por la democracia participativa.


El nombramiento de la autoridad electoral estatal no se articula con los debates sobre reforma político electoral que se discuten en el país, particularmente en la transformación del IFE en un Instituto Nacional Electoral. Se piensa en el IEPC como un organismo cuya sobrevivencia asegura la correa de transmisión de intereses locales partidistas y poderes fácticos sobre la dinámica electoral, que terminará por oponerse al poder de una autoridad nacional electoral. La distribución de cuotas de poder importa más que las consideraciones propias de una reforma política. Así, el IEPC devendrá en obstáculo para sincronizar lo local y lo nacional, para articular lo electoral con la política. Si se trata de empoderar al elector y de fomentar la participación ciudadana, el IEPC debería de concebirse como un organismo con carácter interino, mientras se negocia y aprueba la reforma político-electoral nacional. Una espera activa, pues tenemos que pensarnos dentro de lo nacional como actores capaces de influir en esa dinámica y no como espectadores pasivos que simplemente aprueban sin aportar. Ello implica que ni la nueva autoridad electoral nacional, ni las autoridades locales, se elijan bajo distribución de cuotas partidistas.

En los temas que se discuten actualmente sobre la reforma político-electoral nacional, deberán articularse las experiencias locales ¿por qué no pensar en un Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana? El concepto de una democracia de “segundo piso”, que relacione la dimensión representativa con mecanismos de participación ciudadana y de cultura política democrática, es un acierto del actual IEPC, el cual podría contribuir a una reforma que no se acote al mero tema electoral sino que active y dinamice formatos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, que hacen falta a escala nacional y en varios estados del país. Igualmente, actividades que tanto el IEPC como el IFE ya realizan, como conferencias, seminarios, publicación de revistas y libros, tienen que ser reconocidas como actividades sustantivas de la autoridad electoral, que deben de operar bajo estrategias descentralizadoras.

De ahí que las autoridades electorales locales del nuevo Instituto, deban gozar de la autonomía suficiente para profesionalizar una organización que fomente la democracia participativa. Además, hay organismos sociales nacionales y locales cuyas aportaciones para la democratización no cuentan con espacios de escucha, como el Comité Conciudadano, a escala nacional, o como la propuesta de reforma político-electoral de Unidad Democrática. Espacio Ciudadano, que cuentan con una visión de reforma integral local-nacional.

LA POLÍTICA DEL ESTADO SOCIAL

No se trata solamente de esa política social del Estado, cada vez más reducida a ser la ambulancia que recoge algunos de los afectados por el desastre de la política económica, sino de un cuestionamiento pertinente: cómo y por qué medios se puede revalorizar la política para refundar el Estado social. La marca del presente neoliberal es la desigualdad. Esa que niega la posibilidad de ser similares y equivalentes, de valer lo mismo, de obtener oportunidades y resultados equitativos sin que esto sea una homogeneización contraria a la libertad. En la desigualdad no podemos ser personas igualmente autónomas, no subordinadas ni avasalladas por carencias. Fuente principal de la desigualdad es la negación de derechos de ciudadanía; la imposibilidad de transformar palabras y deseos constitucionales en hechos constatables. Ahí está lo político: en igualar la participación; en promover comunidades de valores cívicos dispuestos a combatir la desigualdad. Las políticas sociales de gobiernos nacionales y locales, cada vez se parecen más en todo el mundo. Democracia y equidad son conceptos infaltables en toda política pública que se precie de contribuir a la “gobernabilidad”. Pero, administrar la crisis sin combatir sus raíces lleva irremediablemente al aplazamiento de la justicia, ideal filosófico del Estado social, planteado por la izquierda en el siglo XIX, que cada vez está más rezagado en el baúl de supuestas utopías inalcanzables. Margaret Thatcher, recientemente fallecida, es el icono de la derrota de esos ideales libertarios de equidad con justicia y, el Estado social, lejos de ser construido-constituido para lograr esos ideales, es opacado por políticas asistencialistas, diseñadas para disminuir las presiones sociales, antes que para generar bienestar. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo, instaló recientemente la Comisión Estatal de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, que está integrada por trece dependencias del Gobierno estatal, de acuerdo con su nueva estructura orgánica. Su apuesta son políticas de resultados: lo práctico-posible, la coordinación intergubernamental como garantía de eficiencia, para el logro de programas “realistas”: reducción de la pobreza y la desigualdad, inclusión social de grupos vulnerables, desarrollo de pueblos indígenas y el fortalecimiento de la cohesión social. La política de lo posible-deseable, para una democracia con justicia y equidad no aparece. Más allá de la política, ceñida al manejo razonado pero fragmentado de conflictos y de la gerencia pragmática de una crisis “administrada”, están esos factores sistémicos complejos que desafían una política democrática: la regulación del mercado mediante creación de empleos dignos y estables; recuperación del poder adquisitivo del salario; ampliación del mercado interno; políticas redistributivas que eviten la concentración excesiva del ingreso; universalización de derechos exigibles y alcanzables. No es un disco rayado, sino reacción a descalificaciones premeditadas del Estado social. Negativas a romper con el modelo orientado a la exportación, que no genera desarrollo con equidad y que atenta contra la sustentabilidad. Dignificar la política, es convertirla en una palanca de inclusión social con justicia y equidad. No se pueden menospreciar esfuerzos por innovar políticas públicas. Los gobiernos locales, particularmente desde la izquierda latinoamericana, influyen sobre los gobiernos nacionales y sobre nuevos ministerios orientados a políticas sociales integrales, redefiniendo los límites estructurales de las respectivas políticas económicas. Asimismo, desde lo local se abren espacios de interlocución con movimientos sociales demandantes de derechos de ciudadanía. Cuando democracia, economía y mercado se interrelacionan en la esfera local, paralelamente se fortalecen procesos supranacionales de integración autónoma y se acuerdan convergencias políticas para transformar el escenario global. Fortalecen equidad y justicia social, por encima del egoísmo individualista y del uso instrumental de las políticas públicas para administrar electoralmente la crisis.

AGGIORNAMENTO, CATÓLICOS DE ÉPOCA

En 1962 se celebró el Concilio Vaticano II, la reunión más universal que haya tenido la iglesia católica en su historia. Menospreciado por algunos jerarcas y congregaciones religiosas, por sus objetivos entonces acotados a la pastoral eclesial y no por establecer o reafirmar dogmas de fe, ese Concilio sin embargo sigue constituyendo una referencia imprescindible para comprender la capacidad de la iglesia para adecuarse a su tiempo. El Papa Juan XXIII, popularizó entonces la palabra italiana aggiornamento, que significa poner al día, actualizar. En 2012, al celebrar los 50 años del histórico Concilio, Benedicto XVI, se refirió a esa puesta al día donde “El cristianismo no debe considerarse como ‘algo del pasado’, ni debe vivirse mirando perennemente ‘hacia atrás’ […]Y esta actualidad, este ‘aggiornamento’ no significa ruptura con la tradición, sino que expresa su vitalidad continua; no significa reducir la fe rebajándola a la moda de la época, al metro de lo que nos gusta o de lo que le gusta a la opinión pública" Un ejercicio de contemporaneidad donde Benedicto XVI, situaba la memoria como un impulso para el presente, no para su cómoda adaptación. En el marco de ese cincuentenario, El grupo "ENCONTROS, Foro de curas galegos bispo Araúxo", quiere fortalecer la esperanza en tiempos de crisis eclesial, social y global, pues constatan que la iglesia católica se convirtió en “una organización excesiva e infundadamente jerarquizada, ineficaz para llevar a cabo su misión, hasta resultar ininteligible su mensaje.” A finales de 2012, señalaron que los dirigentes eclesiásticos desaprovecharon el aggiornamento del Concilio Vaticano II. Siguen agarrados al pasado, cierran las puertas a los ‘signos de los tiempos'. Con sus actuaciones u omisiones priman la vuelta a las formas y estructuras medievales: “Parece que le tienen miedo a una fe adulta, fomentan conciencias sumisas y dependientes. Sustituyen el estudio serio de la Biblia por el catecismo. La sociedad identifica a los cristianos con ideologías ultra conservadoras, contrarias a los derechos humanos.” Algunos curas gallegos piensan que la inexplicable cerrazón de la organización eclesial a los avances de la ciencia es una de las causas fundamentales del rechazo de la institución por parte de cristianos responsables y comprometidos con el “Reino de Dios en la sociedad actual.” Sus previsiones alertan: “La Iglesia quedó sin los obreros en el siglo XIX, luego sin la juventud en el siglo XX, y en el siglo XXI quedará sin las mujeres.” "Francisco. El nuevo Juan XXIII" (Desclée-RD), el primer libro sobre el nuevo Papa, escrito por José Manuel Vidal y Jesús Bastante, acaba de salir a la venta con éxito en España e Iberoamérica. Ese título sitúa la esperanza en que el Papa Francisco, cumpla con la actualización de época que falta a la iglesia católica. Durante 50 años han caído paradigmas que se concebían estables y con potencial para cambiar y adaptarse: terminó el “Desarrollo Estabilizador”; sin Estado del Bienestar, crece la desigualdad social; se derrumbó el Muro de Berlín; se camufló la Guerra Fría bajo formatos multipolares. Entre el 11 de septiembre chileno y el de las Torres Gemelas, se incrementó la soberbia mortal del mercado y la polarización promovida por fundamentalismos religiosos. La nueva evangelización que propuso Juan Pablo II, respondió predominantemente a la crítica del socialismo burocrático de Europa del Este y de la Unión Soviética, pero entre los desafíos para el aggiornamento católico del siglo XXI está el que Francisco (re)inaugure la primavera eclesial que vaya contra viejos esquemas, viejos hábitos censores (las librerías del Opus Dei no distribuirán este libro), oscurantismo, falta de transparencia... Lo contrario al esperado aggiornamento que encabece el nuevo Pontífice.