A FALTA DE ESTADISTAS, MERCACHIFLES

Aunque al mercachifle lo vistan de premios, mercachifle se queda. Hay una batalla por la opinión pública, después de la andanada de reformas de mercado lanzadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le está permitiendo al Presidente remontar los índices de aprobación sobre los alcances y aparentes beneficios implicados en las “reformas estructurales”. Parte de las estrategias del marketing político encuentran respaldo en las instituciones internacionales. El premio como Estadista Mundial 2014 que le otorgó recientemente el organismo Appeal of Conscience Foundation, al mandatario mexicano, está bendecido por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, instituciones que entregarán otro premio al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como Ministro de Finanzas del Año 2014, en “reconocimiento a su participación en el logro e implementación de las reformas estructurales que se llevan a cabo en México.” A los impulsores de reformas enfocadas en el mercado ahora se les llama Estadistas.

Vaya confusión. Se premia a quienes ofrecen supuestas alternativas de crecimiento económico a los países emergentes, sin cuestionar si efectivamente esas reformas de mercado están transformando de un modo democrático al Estado, que somos todos-as. Por más esfuerzos que hace el aparato publicitario gubernamental, acompañado por los medios electrónicos más poderosos de aquí y de otras partes, no se logra obscurecer del todo el relativo fracaso de un modelo socioeconómico que no crece a las tasas prometidas, que no redistribuye el ingreso sino que lo concentra, que niega cualquier posibilidad de beneficiar a los asalariados, como lo mostró el debate originado por el gobierno del Distrito Federal en torno de posibles mejoras al salario mínimo. Tanques pensantes estadounidenses como el Council of Foreign Affairs, que han ofrecido una amplia difusión en sus medios de alcance global sobre las oportunidades abiertas por la privatización y la liberalización mercantil del país, publicitan al mercado pero borran al mundo de los excluidos.

Si algo no se plantearon las reformas estructurales de Peña Nieto, incluida la reforma electoral, fue justamente la transformación del Estado mexicano. A pesar del ímpetu reformista del Ejecutivo federal que configuró prácticamente una nueva Constitución General de la República, dada la cantidad de cambios constitucionales y de la legislación secundaria, como no lo había hecho presidente alguno, no podemos encontrar un sentido político orientador de espacios públicos fortalecidos que le den poder al ciudadano, ni una búsqueda auténtica de un pacto social ordenador del manejo de conflictos causados por nuestra convivencia y por proyectos divergentes de sociedad. Un Estadista, supone una vocación que vincula transformaciones económicas, políticas y culturales, que fortalezcan derechos de ciudadanía, autonomía de las personas que formamos al Estado nacional. Siempre y cuando estemos hablando de un Estado social garante del estado de derecho con aspiraciones universalistas incluyentes.

Cuando el mercado opaca al Estado y la economía concentradora favorecedora del monopolio se torna el eje vertebral del gobierno, nos enfrentamos a la imposición del mundo de los mercachifles. Así, la democracia, la del estadista de inspiración democrática, se somete a los imperativos de la eficiencia, de la productividad, de la competencia desenfrenada, de la orientación principal a la exportación. Por ello, la reforma con énfasis electoral, sin visión de estadista, se reduce a un modelo elitista, de pocos para pocos y de conducción tecnocrática, en la que los expertos se adueñan de los saberes especializados, sobre todo en la simulación democrática. A eso se redujeron los acuerdos del Pacto por México, abrazados por las elites partidistas que pretendieron suplantar a la nación y al Estado. El Presidente estadista y su arquitecto financiero bien se merecen y mejor el premio a los mercachifles que están derrumbando al Estado mexicano. 

CONSULTAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Es ambigua la diferencia entre la democracia directa y la participativa, pues mientras la primera se refiere a la máxima inclusión del elector en la toma de decisiones, sin mediación alguna, la segunda aspira al ejercicio directo del poder de decisión, pero sus caminos pueden incluir además formatos de democracia “semidirecta”, o incluso formatos progresivamente más incluyentes de la democracia representativa, en la que se delega el poder de decisión en los representantes. Aquí es donde cobran su valor algunos de los mecanismos para decidir si se refrenda una ley en la que no necesariamente hubo previamente un proceso de calidad en la participación, como es el referéndum; o, una ley que requiere de la aprobación popular, de la plebe, como puede ser un plebiscito. Otro formato democrático “semidirecto” es la consulta, a la que se le puede añadir el adjetivo popular o nacional, que a su vez puede desembocar en un referéndum o en un plebiscito.

Lo que la Ley Federal de Consulta Popular, del 14 de marzo de 2014 establece, es un conjunto de procedimientos para definir quién y bajo qué circunstancias puede promover una consulta para participar en una decisión de trascendencia nacional, como lo establece el “Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.” Realizar una Consulta Popular, requiere de un Aviso de Petición, que pueden emprender: el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez calificada la trascendencia con carácter nacional, la consulta se incluye en las mesas de votación electoral federal. Estas consultas tienen poder vinculante, por lo que están y estarán sometidas a presiones políticas mediadas por los partidos y los poderes gubernamentales. Aunque, en el caso de consultas promovidas por ciudadanos, el requisito para su validez es que el día de la jornada electoral participe al menos el 40 por ciento de empadronados. Estos mecanismos de participación ciudadana indirecta se acotan al voto sobre el Si o el No, motivo de la consulta y dependen del sentido con el que se redacte la pregunta.

Actualmente, hay dos avisos de petición de consulta: uno, encabezado por el PRD sobre la inconstitucionalidad de la reforma energética, para lo cual se entregaron más de 3 millones de firmas, cantidad que supera casi dos veces al 2 por ciento del padrón electoral exigido. Aunque el 15 de septiembre pasado venció el plazo legal para pedir una consulta, Andrés Manuel López Obrador hará otro tipo de consulta popular: el de la movilización social, o el “plebiscito de la plaza”. Sin quererlo, ambas actividades, la del PRD y la de Morena, serán complementarias; políticamente, esa consulta será obstaculizada por argumentos legaloides. La Ley de Consulta Popular, impide que se consulten decisiones que afecten ingresos o egresos fiscales. Otra consulta, sobre la eliminación de las diputaciones proporcionales la promueve el PRI. Haciendo gala de su poder corporativo, el tricolor presentó más de 6 millones de firmas ante la Cámara de Diputados federales. Montado sobre una demanda ciudadana aceptada, el PRI lleva a consulta una medida que le beneficiará como partido mayoritario ¿Ambas consultas significan democracia participativa?

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y REFORMA POLÍTICA

Alternancia en los gobiernos y transición democrática, no son sinónimos. Tampoco la democracia electoral equivale al paso de un régimen con resabios autoritarios a uno en el que la democracia sea el fundamento del Estado de derecho y de nuevas sinergias entre el Estado y la sociedad; la actual reforma, más electoral que política, no garantiza una vía de tránsito hacia una democracia sustantiva. De hecho, las modificaciones realizadas sobre la dimensión electoral desde los años setenta, propiciaron un cambio controlado desde las elites del poder del sistema de partidos y posteriormente, de los cambios en las relaciones entre esos institutos y el régimen político, una vez que irrumpe el gobierno dividido entre Legislativo y Ejecutivo en 1997. Época en la que nace el primer intento serio por construir una autoridad electoral legítima, que rendirá sus frutos con la alternancia presidencial del año 2000.

Entre reformas políticas de arriba hacia abajo y la insuficiencia de medidas eficaces para destrabar la herencia autoritaria del régimen de partido hegemónico, nuestros debates sobre la reforma que se necesita y los acuerdos y proyectos que enarbola el Pacto por México, se cuestionan sobre la vigencia y expectativas de la llamada transición democrática. ¿Cómo sentar los fundamentos de tal proyecto transformador? Las condiciones irrenunciables de esa transición, se refieren a un pacto social renovado, capaz de articular consensos que refuercen la soberanía popular. Por lo tanto fortalezcan una reconfiguración de la categoría pueblo y de los resortes políticos de carácter incluyente que puedan enunciar y hacer valer el interés general como núcleo orientador del sistema de partidos, del régimen político, del gobierno y del Estado. De ahí que sea irrenunciable apostar por una reforma política de Estado, como paso inicial del resto del paquete de reformas “estructurales”.

Otra condición irrenunciable de tal transición, es el poner fin a la impunidad, en sus manifestaciones públicas y privadas. Que impere la ley como fundamento del Estado de derecho. Aquí es donde reside la parte más difícil de alcanzar, pues se trata de juzgar los crímenes del pasado reciente, al menos de 1968 para acá, de manera que legalidad y legitimidad se acerquen y garanticen la demanda elemental de certidumbre jurídica y justicia eficaz y expedita, lo cual ya plantean movimientos sociales que defienden y promueven una amplia gama de derechos humanos, cuya expresión más visible, pero no la única, es el movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad. Si bien la Ley de Víctimas, publicada en enero de 2013, presenta avances innegables en tal sentido, la memoria colectiva registra masacres y asesinatos de Estado que no se han esclarecido: Acteal, las más de 100 mil muertes durante el gobierno de Calderón…

Una transición democrática auténtica no puede renunciar a la construcción de una nación generosa, nutrida en y desde la interculturalidad de los pueblos y naciones que conforman este país. La democracia de la modernidad liberal, que está en los orígenes del régimen político que tenemos, tiene una deuda social histórica frente a los mundos de vida excluidos. Mientras persistan racismo, discriminación por motivos de género, edad, religión, o estatus económico, no podrá haber un piso de confianza pavimentado por la democracia. Están pendientes los Acuerdos de San Andrés, que pusieran sobre el tapete los zapatistas. Falta pensar en las autonomías regionales, como instancias de reconocimiento de los pueblos originarios. Falta enjuiciar la dimensión económica del modelo orientado a la exportación, productor de pobreza y desigualdad social. Son otros los caminos reformistas para poder alcanzar la transición democrática. Dudo que las actuales reformas apunten hacia ella.

PELIGRAN EL PACTO Y LAS REFORMAS

Se están mostrando los límites del Pacto por México, pues en su origen reside su falta de viabilidad como instrumento para establecer consensos practicables, creíbles y con mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados. No podía ser de otra manera, pues la concepción política que le dio nacimiento apostó por un acuerdo entre las elites partidistas y el Ejecutivo federal, cuya representatividad y vínculos con el abigarrado mosaico nacional que es México son de dudosa calidad. Si bien el regreso del PRI al gobierno federal ayuda y es ayudado por el refuerzo del presidencialismo, donde se centraliza la dirección de partido y gobierno, la expresión de los poderes regionales en los gobernadores estatales no dejan de manifestarse en los cabildeos que se hacen en torno de los detalles de las reformas.

Las contradicciones internas del Pacto por México se encuentran en diversos órdenes y escalas del ejercicio democrático. No es un pacto nacional; la sociedad, la idea de ciudadanía está sólo en el discurso retórico. Además, ni el gobierno federal, ni su partido, consultan a los gobernados ni a sus militantes afiliados; tampoco lo hacen Acción Nacional, ni el PRD. Por ello, el Pacto se circunscribe a la narrativa que son capaces de articular las cúpulas partidistas en consonancia con las propuestas del Presidente Peña Nieto. Afloran cada vez con mayor fuerza las divisiones entre Senadores y Diputados federales de los dos partidos de oposición, quienes convocan a salirse lo más pronto posible del Pacto. Se están agotando las negociaciones de cuotas de poder entre los partidos alrededor de lo que se ofrece a cambio de apoyar tal o cual reforma, y actualmente peligran la reforma electoral y la reforma energética.

Paradójicamente, en la partidocracia está el origen de los males que empantanan al Pacto. Entre los 95 acuerdos que lo conforman, el relativo al Instituto Nacional Electoral ilustra la dificultad para consensuar una reforma siquiera electoral y no digamos política. Mientras que el Presidente de la República y los tres partidos firmantes del Pacto acordaron la creación del INE, algunos de los legisladores, encabezados por Ernesto Cordero del PAN y Manuel Camacho del PRD, lo desecharon (15-05-2013) y en cambio propusieron 40 modificaciones de carácter político-electoral, que no  están del todo contenidas en el Pacto por México. Fue una sublevación contra sus respectivas dirigencias partidarias y un reclamo de autonomía para sus legisladores, porque el Pacto los considera simples escribanos de los acuerdos cupulares que toma. Sin embargo, ni partidos ni legisladores consultaron a sus bases o a sus representados, para modelar su propuesta. Con Pacto o sin él, las reformas se conciben como cotos de poder partidocrático.

Recientemente, hay otros actores que cobran fuerza y reclaman participar en la orientación de las reformas: los gobernadores estatales. Primero el del Estado de México, Eruviel Ávila, luego el del DF, Miguel Ángel Mancera, después el de Jalisco, Aristóteles Sandoval, han “endurecido el cabildeo para aplicar ajustes al modelo del Instituto Nacional Electoral, el cual ya no suprimirá los órganos locales en la materia, aunque sí los renovará y designará a sus relevos, además de apoyar la fiscalización de los procesos comiciales. [Así] Los líderes partidistas en el Senado parecen haber encontrado la cuadratura al círculo para sacar adelante el tema.” (El Universal, 07-11-2013) Es muy probable que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reúna la próxima semana para reforzar su cabildeo. No obstante, si las reformas permanecen como letras de cambio entre la partidocracia, queda la pregunta si estos cabildeos incluyen concesiones frente a la reforma energética. 

MOVERSE, CONSULTAR, PARTICIPAR

A Jorge Manzano, por su legado amoroso por la vida

Alrededor de las reformas “estructurales” nacionales, se desnudan problemas radicales para democratizar las relaciones entre Estado y sociedad, tanto como se abren potencialidades para transformarlas. Moverse para mostrar el descontento frente a las propuestas gubernamentales significa, a pesar de los inconvenientes implicados por marchas y plantones, demandar que se incorporen racionalidades diversas hasta ahora no incluidas en el espacio público. Consultar, puede traducirse como interpelación al orden dominante que impone la racionalidad tecnocrática y descalifica los sentimientos populares como ignorantes. Participar, puede ser consecuencia de consultar, siempre y cuando haya poder de vinculación entre consultas, o más amplio aún, entre deliberaciones públicas legítimas, y los ordenamientos legales. Sin embargo, en los hechos moverse significa delinquir; consultar, representa un ejercicio retórico útil para aplazar conflictos y, participar, expresa un buen deseo, sin fundamentos legales.

Los movimientos pacíficos desafían la libertad: escuchar a la calle es imperativo, pero también necesitamos ampliar las consultas juiciosas y críticas, pues escuchar es el mejor antídoto contra la expresión pública del descontento. Siempre y cuando se dé estatuto a la participación ciudadana. Pero la legislación en esa materia es insuficiente porque no incorpora mecanismos democráticos semidirectos participativos con poder vinculante, como el plebiscito, el referéndum o iniciativas populares. Tardíamente, la reforma político-electoral que se propone completar el ciclo de reformas estructurales, no previó que las reformas mismas fueran producto de consultas y deliberaciones públicas. Al final del tren reformista, está lo que debió ser la locomotora que condujera el sentido de las transformaciones estructurales que necesita un país enmarcado por crisis múltiples. Y se debió empezar por enfrentar la crisis política, pues ahí está la palanca para restablecer confianzas y legitimidades que sustenten un proyecto de país, de gobierno, de políticas públicas. 

Consultar y participar no se acotan al conflicto, sino que también potencian mejor calidad de vida desde lo cotidiano. No obstante, el desafío está en sincronizar decisiones trascendentales sobre el modelo económico, la hacienda pública, la educación o la seguridad social, hasta el manejo de los riesgos humanos por desastres, y por otra parte, hacer que las decisiones sobre la vida local cotidiana refuercen la legitimidad política por la proximidad de la experiencia diaria entre gobernantes y  gobernados. En otras palabras, los grandes problemas nacionales requieren de formatos de consulta y participación ciudadana que, en esencia no son distintos de lo que significa participar en la vida local, pero que necesitan de un doble esfuerzo: conciliar intereses locales y nacionales y, simultáneamente, confiar en que la participación ciudadana puede acortar la brecha entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados. 

Dos muestras sobre el potencial transformador de escuchar y decidir desde los intereses ciudadanos. La consulta sobre la reforma energética convocada por Andrés Manuel López Obrador, que pretende llenar el hueco dejado por el Pacto por México referente a escucha y consulta. Y la Ley de Participación Ciudadana, que promueve Movimiento Ciudadano en Jalisco, empeñada en mejorar la calidad democrática, no solo de sus exitosas experiencias de gobierno, sino que también apuesta sobre la institucionalidad de esos procesos de manera que todo ejercicio gubernamental se obligue a vincular capacidades para decidir y responsabilidad ciudadana en la vida pública. En el primer caso, la consulta hecha por el PRD bajo la supervisión ciudadana de Alianza Cívica, deja ver sentimientos mayoritarios de la nación por un proyecto incluyente de país. En el caso de Jalisco, pionero en legislar instrumentos participativos, tenemos la oportunidad de avanzar tanto en nuevas prácticas gubernamentales cercanas a nuestra vida cotidiana, como de borrar la brecha entre partidocracia y ciudadanía. 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD DEL RIESGO

El riesgo no es sinónimo de catástrofe, pues aquel anticipa el desastre, la destrucción que traen consigo diversos eventos cuyo origen en la naturaleza es cada vez más social que una simple concatenación de variables físicas o químicas. El riesgo es una percepción anticipada frente a distintas catástrofes y un conocimiento que gira en torno de la previsión que mide posibles futuras ocurrencias e impactos. Prever o adelantarse a lo que pueden implicar amenazas que ocurrirán en el futuro, es uno de los grandes logros del conocimiento humano. Aquí se conjuntan ciencia, tecnología, economía y ecología política. Pero no de una manera neutra, pues la apropiación de esos conocimientos se da diferenciadamente entre clases o grupos sociales, entre empresas, países e incluso entre las Fuerzas Armadas, por su papel clave en el manejo de los riesgos y asistencia frente a las catástrofes.

“La semántica del riesgo se refiere a la tematización presente de las amenazas futuras que a menudo son un producto del éxito de la civilización”, dice Ulrich Beck, sociólogo alemán cuyas obras sobre la sociedad y el mundo en riesgo son claves para encontrar el sentido social, que se da a la percepción cultural del riesgo en nuestra sociedad contemporánea. Confrontar lo desconocido, las incertidumbres, los obstáculos frente a un futuro que no gobernamos es angustiante, pero es también una oportunidad para sentirnos todos interpelados por el riesgo sobre todo ahora que este toma proporciones globales. Razonar el riesgo no evita sentirnos vulnerables y vulnerados: ¿Qué tan lejos estamos, sin embargo de temores religiosos o de visiones apocalípticas del triunfo del mal sobre el bien frente a las fuerzas superiores ingobernables de la naturaleza? Entre la movilización social para enfrentar las catástrofes y la administración política del riesgo está la explicación.

Cada vez más impredecibles, los fenómenos naturales están asociados con los riesgos globales, como el cambio climático, que hacen inmanejables los cálculos de los riesgos que enfrentamos. Ante el incremento de los riesgos de catástrofes de origen “natural” (huracanes más destructivos), como ante los riesgos de origen industrial (explosiones, como la del 22 de abril), o como ante los riesgos de origen criminal (no solo del terrorismo, sino de la violencia incierta del crimen organizado), aumenta dramáticamente nuestra vulnerabilidad. Sentimos impotencia para modificar las amenazas globales, pero omitimos impunemente las previsiones posibles frente a riesgos que se pueden calcular. Algo aprendemos. Señales de alerta temprana de los sismos o de los tsunamis, sistemas de supervisión sobre actividades riesgosas o elaboración de atlas de riesgos que ubican en espacio y tiempo aquellas eventualidades potencialmente catastróficas.

Sin embargo, las políticas para prevenir riesgos fallan sistemáticamente. Como gobierno, no actuamos sobre las raíces que determinan nuestra vulnerabilidad. El sismo de 1985 en el DF destruyó aquellas viviendas o edificios cuyas estructuras no fueron calculadas debidamente, o donde se usaron materiales constructivos de baja calidad. La actual tragedia causada por Ingrid y Manuel, dejó al descubierto irregularidades “humanas” que debieron preverse: colonias edificadas sobre áreas inundables, puentes carreteros sin refuerzos estructurales suficientes para resistir corrientes de agua; la autopista del Sol, del DF a Acapulco, concesionada a tres consorcios de la construcción bajo el gobierno de Carlos Salinas, presenta tramos de muy baja calidad en la construcción carretera y con debilidad estructural en los túneles. Viviendas construidas en los cauces de ríos que no debieron autorizarse. Negocios fraudulentos usufructuados por funcionarios públicos corrompidos cuyos corruptores tampoco pagarán el impacto de esos desastres. No obstante tantas adversidades, la solidaridad social crece e incluso las exigencias sobre funcionarios públicos llevan a la innovación gubernamental.