Ambos comparten el rechazo y el hartazgo frente al desencanto producido por un sistema electoral de supuesta inspiración liberal representativa, que delega la defensa de intereses en personas para gobernar y legislar que, sin embargo, no han cumplido con ese cometido. El desprestigio del sistema electoral y de partidos ha llegado a niveles intolerables para poder legitimar a una democracia que se precie de serlo. El grado de abstención, el más grande de los últimos 30 años, aunado a la opción voluntaria por anular el voto como muestra de censura al sistema partidocrático que domina la vida electoral mexicana, puede generar una desconfianza mayúscula en el sistema electoral, y en una crisis de confianza en la democracia liberal representativa, si el sistema político permanece insensible ante estas señales de máxima alerta.
Un estudio del Instituto Federal Electoral sobre abstencionismo en México, refiere que en las elecciones federales intermedias de 1985, la abstención fue de 49.3%; en 1991, de 39.7%; en 1997, del 42.3%; 2003, 58.8% ¡Para el 5 de julio se estima será de entre 65 y 70 por ciento! El abstencionismo puede ser comprendido desde tres perspectivas: técnica, política y sociológica. La abstención técnica o forzosa se refiere a obstáculos de la participación asociados a enfermedad, o a defectos del padrón de electores –el cual no está actualizado ni suficientemente depurado, por lo que algunos calculan que el padrón esta inflado en un 20%. La abstención sociológica se configura a partir del aislamiento geográfico por problemas de accesibilidad a las casillas, asociados al aislamiento social en el que algunos grupos están marginados del sistema, así como del abstencionismo derivado del desinterés político. Este abstencionismo es pasivo, contrario al tercer tipo, el abstencionismo político, para el cual abstenerse representa un vehículo para expresar implícitamente un descontento con el sistema y/o sus actores.
Hartazgo del sistema de partidos, del sistema político, del partido en el poder, falta de motivaciones por sentimientos de impotencia, falta de educación cívica, indiferencia, han contado para explicar el abstencionismo; pero la principal variable que lo determina y aún más en esta coyuntura en que la economía mexicana decrecerá un 5.8% y se perderán un millón de empleos durante 2009, es el deterioro de las condiciones de vida y la constatación que las elecciones no aportan soluciones para modificar ese deterioro en la vida cotidiana de los millones de personas que se abstienen. La tesis doctoral en Ciencias Sociales, de Óscar Jiménez Morales, muestra que hay una relación directa entre los votantes que habitan en las zonas de la ciudad más empobrecidas y excluidas y los más altos niveles de abstención. En la zona metropolitana de Guadalajara, las secciones donde el abstencionismo supera el promedio nacional, todas están en los barrios más pobres de los municipios que la conforman.
En las próximas elecciones, podríamos calcular que la suma entre el 65% de abstencionistas y los votos anulados oscilará entre un 75 y un 80% del padrón electoral, escandalosa proporción de ciudadanos/as que no estarán representados por el actual sistema de partidos. Altos niveles de abstencionismo en el pasado generaron reformas electorales, igualmente, la anulación del voto en 1970, escribiendo en la boleta la consigna “libertad a Presos Políticos” y en 1976 “Reforma Electoral Democrática” (RED), propiciaron reformas políticas limitadas aunque positivas. Ahora, a diferencia de esas reformas de arriba hacia abajo, puede nacer una reforma de abajo hacia arriba. Algunos proponemos escribir CP 2010 en la boleta este 5 de julio, para conmemorar Bicentenario independiente y Centenario revolucionario, con el inicio de una Constituyente Pacífica. Abstencionistas -sociológicos y políticos-, “anulistas”, pueden converger en esta histórica tarea.
viernes, 19 de junio de 2009
viernes, 12 de junio de 2009
DESPUÉS DEL VOTO DE CENSURA-RECHAZO
Sorprende la heterogeneidad de posiciones que emergen en torno a la anulación del voto. Pero, es importante decantar las manifestaciones recientes de connotados personajes que se han pronunciado públicamente al respecto, frente a las posiciones originales que se manifestaron por anular el voto, tanto como una forma de censura y rechazo al sistema partidocrático, como una forma de organizar el descontento antes, durante y después del proceso electoral. Hay en lo general dos posiciones que se diferencian entre si: la que se circunscribe a la coyuntura electoral y la que se propone conformar un programa de acción postelectoral. La inmensa mayoría de quienes recientemente hicieron pública su intención de anular el voto es coyunturalista: desde el “Así No”, que propone Dulce María Sauri, hasta la sospechosa inconformidad de panistas que tampoco se vieron beneficiados por la distribución de cotos de poder electoral, pasando por ex funcionarios del régimen foxista, que pueden esconder cálculos perversos para que la anulación del voto favorezca el voto duro panista, o hasta un revanchismo que fortalezca al voto duro priista.
Sin negar que la entrada de estos personajes causa confusión sobre el potencial crítico de anular el voto para censurar-rechazar la partidocracia, la clave para diferenciar oportunistas y ciudadanos auténticos, está en el qué se propone para después del 5 de julio, en el cómo organizar el descontento y transformar el hartazgo producido en un vasto movimiento social autogestionario, que sepa sostener las demandas democratizadoras que le dan origen y hacer un manejo colectivo responsable que discuta y dé sustancia a demandas sociales sobre los cambios requeridos para que entre todos enfrentemos la gestión de la crisis actual, los cuales implican tanto la reforma político-electoral, como a la reforma del Estado y por lo tanto de la Constitución General de la República. Ese complejo trasfondo tiene el voto de censura-rechazo, mediante la anulación de la boleta electoral.
Entre quienes piensan que el hartazgo contra la partidocracia no termina el 5 de julio, se identifican dos niveles de demandas: reformar la legitimidad-legalidad electoral del sistema de partidos y reformar la legitimidad-confianza en el Estado nacional. Hay un consenso virtual sobre la reforma política que terminaría con la partidocracia: empoderar el voto mediante la reelección de algunos cargos de elección popular; establecer la posible revocación del mandato a medio término de la gestión legislativa y gubernamental, además de la reglamentación del Plebiscito y el Referéndum; terminar con las diputaciones plurinominales para que los partidos no se repartan cuotas de poder, sino que ganen con votos cada diputación; volver al esquema de dos Senadores por estado, elegidos por el voto mayoritario; rediscutir el financiamiento público a los partidos; acotar el Fuero constitucional que gozan los funcionarios públicos para que el juicio político proceda en su actuación publica.
En el nivel de la legitimidad-confianza, se trata de profundizar lo que ya vienen haciendo muchas organizaciones sociales: vigilar la función pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas; velar por la autonomía de los organismos públicos especializados en elecciones, transparencia, información, derechos humanos, defensa del consumidor, ambiente, salud y desarrollo urbano. Reforma radical de la procuración e impartición de justicia; incremento, en suma, de la participación ciudadana en todos los ámbitos del poder público bajo formatos colegiados. Elaboración colectiva del plan nacional y de la política económica, con nuevos equilibrios entre representación y delegación del poder en regiones y órdenes de gobierno. Federalismo fiscal eficaz. Políticas de seguridad humana articuladas con la seguridad pública.
No se dejarán de plantear estas demandas después del 5 de julio, pero para entonces con la certeza de que la partidocracia nunca podrá resolverlas.
Sin negar que la entrada de estos personajes causa confusión sobre el potencial crítico de anular el voto para censurar-rechazar la partidocracia, la clave para diferenciar oportunistas y ciudadanos auténticos, está en el qué se propone para después del 5 de julio, en el cómo organizar el descontento y transformar el hartazgo producido en un vasto movimiento social autogestionario, que sepa sostener las demandas democratizadoras que le dan origen y hacer un manejo colectivo responsable que discuta y dé sustancia a demandas sociales sobre los cambios requeridos para que entre todos enfrentemos la gestión de la crisis actual, los cuales implican tanto la reforma político-electoral, como a la reforma del Estado y por lo tanto de la Constitución General de la República. Ese complejo trasfondo tiene el voto de censura-rechazo, mediante la anulación de la boleta electoral.
Entre quienes piensan que el hartazgo contra la partidocracia no termina el 5 de julio, se identifican dos niveles de demandas: reformar la legitimidad-legalidad electoral del sistema de partidos y reformar la legitimidad-confianza en el Estado nacional. Hay un consenso virtual sobre la reforma política que terminaría con la partidocracia: empoderar el voto mediante la reelección de algunos cargos de elección popular; establecer la posible revocación del mandato a medio término de la gestión legislativa y gubernamental, además de la reglamentación del Plebiscito y el Referéndum; terminar con las diputaciones plurinominales para que los partidos no se repartan cuotas de poder, sino que ganen con votos cada diputación; volver al esquema de dos Senadores por estado, elegidos por el voto mayoritario; rediscutir el financiamiento público a los partidos; acotar el Fuero constitucional que gozan los funcionarios públicos para que el juicio político proceda en su actuación publica.
En el nivel de la legitimidad-confianza, se trata de profundizar lo que ya vienen haciendo muchas organizaciones sociales: vigilar la función pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas; velar por la autonomía de los organismos públicos especializados en elecciones, transparencia, información, derechos humanos, defensa del consumidor, ambiente, salud y desarrollo urbano. Reforma radical de la procuración e impartición de justicia; incremento, en suma, de la participación ciudadana en todos los ámbitos del poder público bajo formatos colegiados. Elaboración colectiva del plan nacional y de la política económica, con nuevos equilibrios entre representación y delegación del poder en regiones y órdenes de gobierno. Federalismo fiscal eficaz. Políticas de seguridad humana articuladas con la seguridad pública.
No se dejarán de plantear estas demandas después del 5 de julio, pero para entonces con la certeza de que la partidocracia nunca podrá resolverlas.
viernes, 5 de junio de 2009
LA DESCONFIANZA ORGANIZADA
Los procesos electorales han procurado sobreponer la legitimidad en dos sentidos: uno, como procedimiento legal que proviene de la legalidad y otro, que se fundamenta en la confianza. La primera acepción de legitimidad es fácilmente comprensible, a través de las instituciones que aseguran la elección periódica de gobiernos representativos y democráticos cuyos resultados sean sancionados por la ley. La confianza, segunda acepción, es algo mucho más complejo. En México, hemos avanzado con las reformas electorales, aunque sin alcanzar plenamente certidumbre en la legitimidad jurídico-electoral; pero nuestras carencias son aún mayores en la obtención de confianza, pues ella supone una ampliación cualitativa de la legitimidad procedimental al añadirle una dimensión moral: ¿la democracia lo hace bien y para el bien de todos/as?; también supone continuidad temporal, en cuanto concede delegar en la democracia capacidades para manejar el futuro ¿ofrece salidas a la crisis?; la confianza representa también un “ahorro institucional”, pues solamente hacemos periódicamente verificaciones y pruebas ¿confiamos cotidianamente en la autoridad?.
Legitimidad procedimental y confianza, han estado sin embargo disociadas en la historia. Teóricamente, han crecido los procedimientos legítimos de la democracia electoral con la inclusión de formas directas, como el Plebiscito o el Referéndum, y participativas, como los consejos “ciudadanos”, en distintos ámbitos de la gestión y las políticas públicas, así como mediante la afinación de controles de los representantes por parte de los representados, como la rendición de cuentas con consecuencias jurídico-políticas contra la corrupción, o el Referéndum revocatorio, que empoderan el voto ciudadano. Las reformas electorales mexicanas no han alcanzado varias de esas cualidades esperables de una democracia electoral, como constatamos con el fracaso de la llamada “Reforma del Estado”, que el sistema de partidos limitó al ámbito meramente electoral y del régimen político.
Si ello es grave por limitar el proceso democratizador en nuestro país, más grave aún es el déficit de confianza en la democracia ofrecida por el actual sistema partidocrático. Esta coyuntural electoral, evidencia entonces una doble disociación, pues ni maduramos la legitimidad procedimental, ni alcanzamos la confiabilidad necesaria para esperar que la democracia electoral ofrezca soluciones al malestar social. Ante tal disociación, paralelamente emergen en la historia toda una sobreposición de prácticas colectivas, de cuestionamientos, de contrapoderes sociales informales e inclusive instituciones, como los organismos públicos autónomos en México, que están “destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza” (Pierre Rosanvallon: La contra-democracia. La política en la era de la desconfianza, de quien tomé las ideas que parafraseo en esta opinión)
Paradójicamente, la democratización depende ahora de la sensibilidad pública que logre despertar la desconfianza organizada. Rosanvallon, identifica tres fuentes que alimentan la desconfianza: uno, el manejo de los riesgos y las incertidumbres producidas por la industria, las tecnologías peligrosas, los conflictos ambientales; dos, el imposible manejo científico racional de la macroeconomía, sus efectos cotidianos y la impredictibilidad crónica del futuro; tres, la pulverización de las bases materiales para establecer confianza social, pues el recelo aumenta por falta de confianza y desconocimiento del prójimo y fuertemente de los gobernantes.
La desconfianza organizada con potencial democratizador reside, especialmente en esta coyuntura electoral, en la anulación del voto. Además del rechazo a la oferta partidocrática, esta “novena opción”, que desconfía de la capacidad (auto)reformadora de los ocho partidos contendientes, conforma un movimiento que propone una nueva legitimidad procedimental necesaria para recuperar el poder del voto ciudadano, pero simultáneamente, se propone combatir la desconfianza social mediante el impulso de formatos socialmente apropiados de democracia directa y participativa que incidan tanto en el régimen político-electoral, como en la gestión social de la economía, la ciencia y formas justas y equitativas de convivencia social.
Legitimidad procedimental y confianza, han estado sin embargo disociadas en la historia. Teóricamente, han crecido los procedimientos legítimos de la democracia electoral con la inclusión de formas directas, como el Plebiscito o el Referéndum, y participativas, como los consejos “ciudadanos”, en distintos ámbitos de la gestión y las políticas públicas, así como mediante la afinación de controles de los representantes por parte de los representados, como la rendición de cuentas con consecuencias jurídico-políticas contra la corrupción, o el Referéndum revocatorio, que empoderan el voto ciudadano. Las reformas electorales mexicanas no han alcanzado varias de esas cualidades esperables de una democracia electoral, como constatamos con el fracaso de la llamada “Reforma del Estado”, que el sistema de partidos limitó al ámbito meramente electoral y del régimen político.
Si ello es grave por limitar el proceso democratizador en nuestro país, más grave aún es el déficit de confianza en la democracia ofrecida por el actual sistema partidocrático. Esta coyuntural electoral, evidencia entonces una doble disociación, pues ni maduramos la legitimidad procedimental, ni alcanzamos la confiabilidad necesaria para esperar que la democracia electoral ofrezca soluciones al malestar social. Ante tal disociación, paralelamente emergen en la historia toda una sobreposición de prácticas colectivas, de cuestionamientos, de contrapoderes sociales informales e inclusive instituciones, como los organismos públicos autónomos en México, que están “destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza” (Pierre Rosanvallon: La contra-democracia. La política en la era de la desconfianza, de quien tomé las ideas que parafraseo en esta opinión)
Paradójicamente, la democratización depende ahora de la sensibilidad pública que logre despertar la desconfianza organizada. Rosanvallon, identifica tres fuentes que alimentan la desconfianza: uno, el manejo de los riesgos y las incertidumbres producidas por la industria, las tecnologías peligrosas, los conflictos ambientales; dos, el imposible manejo científico racional de la macroeconomía, sus efectos cotidianos y la impredictibilidad crónica del futuro; tres, la pulverización de las bases materiales para establecer confianza social, pues el recelo aumenta por falta de confianza y desconocimiento del prójimo y fuertemente de los gobernantes.
La desconfianza organizada con potencial democratizador reside, especialmente en esta coyuntura electoral, en la anulación del voto. Además del rechazo a la oferta partidocrática, esta “novena opción”, que desconfía de la capacidad (auto)reformadora de los ocho partidos contendientes, conforma un movimiento que propone una nueva legitimidad procedimental necesaria para recuperar el poder del voto ciudadano, pero simultáneamente, se propone combatir la desconfianza social mediante el impulso de formatos socialmente apropiados de democracia directa y participativa que incidan tanto en el régimen político-electoral, como en la gestión social de la economía, la ciencia y formas justas y equitativas de convivencia social.
viernes, 29 de mayo de 2009
ANULAR TIENE SENTIDO CRÍTICO
Crece la ola anulista. Entran al debate sobre su legalidad, su legitimidad y su eficacia -términos que politizan el tema-, diversas figuras públicas, periodistas y las opiniones a favor y en contra en los medios que cuentan con espacios para sus receptores. Entre las críticas sesgadas, hay descalificaciones que apuntan a la criminalización, que desorientan y desinforman intencionadamente y hasta presiones extralegales que intentan acallar la opción anuladora del voto. No obstante, cada vez queda más claro que las molestias causadas por el anulismo, reflejan que la crítica buscada está dando en el blanco: la denuncia del actual sistema de partidos, por su incapacidad para cumplir con los criterios mínimos siquiera de una democracia representativa. El secuestro de la participación social en los asuntos públicos por la partidocracia imperante; su incapacidad para reformarse y, entonces, su imposibilidad para reformar al país, y aún más para operar una salida democrática ante la compleja crisis nacional-global que vivimos.
Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?
El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.
David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.
No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.
Repasemos a los principales críticos del anulismo. Francisco Ramírez Acuña, tacha de "grupúsculo" a ciudanos/as libres que proponen anular su voto y calificó de cobardía la “campaña contra el sufragio”, cuando se propone justo lo contrario: ir a votar, pero para anular el voto con sentido crítico. Su lamento por este tipo de movimientos; lo lleva a una antidemocrática exigencia: que los medios de comunicación no promuevan a quienes están haciendo una “acción en contra de México”. ¿Será que la tortura, el autoritarismo, la opacidad de su función pública negada a rendir cuentas, favorecen a México? No se vale criminalizar a quien ejerce su derecho al voto anulándolo ¿o está prohibido en alguna legislación anularlo?
El Cardenal Sandoval, contribuye a la desorientación: "Esos (quienes promueven la anulación) no hacen labor de Patria, el abstencionismo va a matar a la democracia, eso no está correcto, hay que votar por el menos peor, pero hay que votar porque es condición de la democracia". El mensaje político explícito que enviamos, quienes anularemos concientemente nuestro voto, es por una mejor patria; esperamos sacudir la actitud política del sistema partidocrático mediante su rechazo y, simultáneamente, restituir el poder ciudadano del voto y del acto de votar. La consecuencia esperada es que, con la fuerza política simbólica de la anulación, la partidocracia se vea obligada a cambiar y que la participación ciudadana se fortalezca más allá del mero proceso electoral: fiscalización permanente y exigencia de rendición de cuentas. Nos equivocamos con aquello del voto útil “por el menos peor”, eso si mata a la democracia.
David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto electoral y de participación ciudadana de Jalisco, insiste en la obviedad sobre la falta de efectos políticos jurídicos de la anulación, y se refiere a esta actitud como mero “desahogo social”. Está en su derecho de decirlo, aunque como politólogo estoy seguro entiende que la creciente proporción de abstencionismo ha obligado a reformar “intuitivamente”, en épocas recientes, la legislación electoral con importantes repercusiones sobre el sistema político. Los efectos político-jurídicos que puede tener la anulación no se verán reflejados al día siguiente de la elección, sino que serán producto de la evaluación que haga la partidocracia interpelada y del seguimiento que den los involucrados a los efectos simbólico-políticos que tenga el movimiento (sociopolítico) anulista.
No se vale criminalizar, ilegalizar mañosamente, a quienes optaremos por anular nuestro voto, ni chantajear a persona alguna de manera extralegal, pues hay información preocupante que esto empieza a suceder. Anularlo, es una novena opción, en caso de que no nos convenza ninguno de los ocho partidos y eso es absolutamente legal. Tanto, que la propia autoridad electoral puede incurrir en la ilegalidad si no respeta esa opción.
viernes, 22 de mayo de 2009
LIMPIEZA SOCIAL Y COMUNIDADES DE MUERTE
Ante el deterioro de los términos de convivencia, del estado de Derecho, se incrementa la ansiedad social frente al riesgo de sufrir en carne propia la violencia, así como la rabia que genera la impotencia causada por la falta de justicia. Ello abona el terreno extremo de la muerte, como lo enarbolan los partidarios de la pena capital, o el de tomarse la justicia en manos particulares sin ahorrarse medio alguno que lleve a alcanzar los fines. Además de la cuestionable eficacia de la pena de muerte para disminuir la criminalidad y de la emergencia de grupos “civiles”, parapoliciales o paramilitares, que operan al margen de la ley para hacer justicia ahí donde el Estado no puede llegar, hay algunas medidas que incrementan las posibilidades de violencia criminal, aunque se disfracen con mantos de legalidad.
Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.
El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».
Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.
Dos casos recientes muestran este deterioro de nuestra convivencia: las operaciones del escuetamente llamado El Grupo, el cual “Surgió hace 12 años; es financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, y opera con el conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere.” (Milenio, 18-05-09), agrupación que podemos ubicar como una “comunidad de muerte”, y por otra parte, la propuesta del PRI para reformar el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero mediante medidas administrativas, como multa y cárcel a vagabundos, las cuales no son acompañadas de una infraestructura de atención cuidado y reinserción social de quienes sufren esa penosa situación. Una reforma así, solamente exacerba la miseria, aumenta el resentimiento y termina por criminalizar la pobreza, mediante la paradójicamente llamada “limpieza social”.
El reportaje de Milenio citado antes, incluye una entrevista con el Jefe de El Grupo, quien ante la pregunta si esta organización suple las carencias de la policía, del Estado, responde: “Sí. Esto no puede ser un grupo de poder en manos de un cabrón sin ética que piense en eso: que es un grupo de poder con beneficio político o empresarial para eliminar al contrario. Nosotros no queremos ni puestos ni mandos ni pertenecer a ninguna policía, no queremos que nos reconozcan públicamente… Yo existo porque, con excepciones, tenemos una policía fallida. Una policía que, salvo ciertos grupos, no puede (contra la delincuencia). Tú pagas impuestos para que el gobierno te proteja y el gobierno no lo hace. Así de simple…”. El Jefe, expresa criterios internos de bondad que chocan frontalmente con el estado de Derecho, y muestra que su comunidad tiene valores constitutivos y conducentes al bien común, pero desde un sentido de libertad e igualdad moral contrario a los derechos humanos, que acepta la muerte como «un mal común necesario».
Para Jesús Casquete (Anthropos, 2009) las comunidades de muerte, “no aceptan su coexistencia con otras visiones del mundo y del bien, este tipo de comunidades recurren a la violencia en su batalla contra los «otros», ahora concebidos no ya como objeto de apelaciones persuasivo-discursivas, sino como enemigos a los que doblegar y someter mediante la fuerza. No abrigan ningún pudor en recurrir al peor de los utilitarismos, que consiste en utilizar la vida de otros en aras de la consecución de sus fines propios.”. En otro contexto, más de 60 organizaciones civiles, de derechos humanos y de protección a la niñez rechazaron la iniciativa impulsada por el PRI por pretender hacer una “limpieza social” disfrazada, que legaliza la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y hasta la desaparición forzada de personas. Más muerte.
viernes, 15 de mayo de 2009
CONTINGENCIA SANITARIA Y VOTO ANULADO
Este aciago periodo de contingencia sanitaria nos deja varias conclusiones remarcables. La primera y más positiva: podemos afrontar grandes problemas de manera coordinada en todo el país, podemos medir el riesgo que presenta para la salud una epidemia generada por un virus desconocido. Frente a ello, mostramos nuestra disposición a sacrificar cuestiones secundarias para lograr aspectos fundamentales. También confirmamos en esta coyuntura, que hay una creciente demanda de información razonada y crítica, transparente, con actitudes exigentes sobre criterios de veracidad que contribuyan a la serenidad social. Sabemos derrotar miedos y paranoias que confunden e inmovilizan. Somos parte activa de la solución y de nuestras acciones depende que se alcancen los objetivos deseados, pero concluimos que la acción individual y colectiva está condicionada por las instituciones públicas y por las políticas de Estado con que afrontamos la adversidad.
La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.
También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.
La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.
PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009
La contingencia sanitaria nos hace hablar del impacto del modelo de desarrollo sobre los procesos de salud-enfermedad, de la manera en que nos alimentamos y nos curamos, del papel que juegan las trasnacionales químico-farmacéuticas en la perjudicial mercantilización de los medicamentos y la segregación de defensas y recursos sanitarios que produce un mapa social de la salud-enfermedad extremadamente polarizado en cuanto al derecho mismo a la salud. Si podemos encauzar la potencia pública para afrontar coordinadamente entre gobierno y sociedad una epidemia, hoy nos cuestionamos por qué no se genera un sistema de salud permanente que sea eficaz contra otras causas de muerte que son mucho más letales, como las diversas gripes que cobran miles de vida anualmente, al igual que las muertes producidas por desnutrición, el SIDA, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades manejables, eventualmente curables, para las que no disponemos de un sistema de salud sustentado públicamente.
También aprendimos que hay diferencias entre el gobierno jalisciense y el federal, respecto al manejo de la contingencia sanitaria, sin negar que ambos buscan legítimamente fortalecer su autoridad y credibilidad como gobierno. Pero mientras el gobierno federal fue cuidadoso de los consensos sociales al brindar información fidedigna, el gobierno jalisciense dio bandazos en su apreciación del problema sanitario y su información fue contradictoria e incompleta, lo cual confundió a la población, pues del ‘en Jalisco no hay casos de influenza humana confirmados’ el estado pasó al cuarto lugar del país; de un día para otro, se incrementaron además inusitadamente los casos sospechosos, de 220 casos observados a casi mil 200 (4 al 5 de mayo). El pretexto principal, fue la carencia de una tecnología adecuada en Jalisco para confirmar los casos sospechosos estudiados. Conclusión, positiva, que se adquiera la tecnología más moderna para que Jalisco no dependa del ritmo federal para comprobar los casos locales. Una conclusión parcialmente positiva pues, aunque las universidades públicas insisten en revalorizar al sector científico-tecnológico, pidiendo mayor presupuesto y coordinación entre gobierno y sociedad, el sistema estatal de salud jalisciense rivaliza con las capacidades de investigación universitaria, al competir por la autoridad social que brinda el sector salud.
La principal conclusión que deja esta alerta sanitaria, es que necesitamos urgentemente un modelo de gestión social democrático que garantice el buen vivir, que es mucho más que bienestar. Desafortunadamente, los gobiernos emanados del actual sistema de partidos es incapaz de lograrlo. Las próximas elecciones solo reforzarán el divorcio entre representantes y representados, que incrementa la partidocracia que no rinde cuentas, cada vez más alejada de un Estado socialmente comprometido. Llama la atención una encuesta nacional del periódico Reforma, el pasado 3 de mayo, que detectó un ¡26% de los votantes que anulará su voto en las próximas elecciones!. Entre contingencia sanitaria y contingencia política, sólo la participación social nos salva.
PÚBLICO, Jalisco, 15 de mayo de 2009
viernes, 8 de mayo de 2009
2010, CONSTITUYENTE PACÍFICA
Necesitamos urgentemente rehacer el pacto social en nuestro país, mediante convocatoria amplia, plural, incluyente, para elaborar colectivamente una nueva Constitución que oriente y regule nuestra convivencia nacional, sobre renovadas bases jurídicas y políticas. La Constitución actual, reformada 487 veces desde 1917, muestra los conflictos y resquebrajamientos del pacto social original, alcanzado con el triunfo de la fracción revolucionaria noroccidental que conquistó, para quedarse ahí, el centro del país. Aunque la Carta Magna fue producto de una amplia deliberación entre los grupos políticamente activos de la época, quienes lograron un ordenamiento institucional general de México con orientaciones sociales estratégicas, se ha perdido el sentido original. Los 71 años bajo el régimen de partido de Estado transformaron el proyecto nacionalista revolucionario original en una Constitución dominada por el desarrollismo y luego en una entelequia reproductora del modelo neoliberal.
Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.
Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.
Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.
PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009
Tras nueve años de gobiernos panistas no cambia esencialmente el sentido neoliberal de las reformas; liberalismo económico y conservadurismo político combinados, no trajeron consigo más que cambios cosméticos en el régimen político, desvinculados de las profundas transformaciones socioeconómicas, que cada vez son más difíciles de gobernar bajo un régimen democrático. Del pasado sistema político de partido casi único, en estos años pasamos a un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representados y representantes, con el consabido deterioro cualitativo de la representación y falta de confianza en el sistema político.
Una Constituyente, es la única solución de fondo para poner fin al secuestro de la representación democrática impuesta por los partidos políticos, en conjunción con los poderes fácticos del país y sus regiones. Es a través de la ciudadanía, en formatos que combinen democracia participativa y representativa, con un sistema de partidos rehechos a su servicio, que se puede lograr un pacto social renovado. El cúmulo de reformas constitucionales realizadas a la medida partidocrática, heredaron un ordenamiento jurídico-político incoherente y contradictorio respecto de las aspiraciones democráticas. Las llamadas reformas constitucionales estructurales: económica, laboral, fiscal y energética, se entrampan por esta falta de acuerdos nacionales que se han visto limitados por cabildeos entre cúpulas partidocráticas y poderes fácticos. Lo mismo sucede con la reforma política y del Estado que, pudiendo ser la palanca para operar de manera racional y negociada una gestión democrática de las multiples crisis, los partidos la redujeron a negociaciones de cuotas de poder entre la burocracia política profesional.
Solamente se puede deshacer el círculo perverso de la partidocracia si se constituye de otra manera el Poder Legislativo; ahí está la clave, y por ello la importancia de anular el voto con la consigna de una Constituyente pacífica en 2010. Solamente una nueva Carta Magna puede transformar pacíficamente el gobierno y terminar con las ambigüedades entre presidencialismo y parlamentarismo, además de someter a los funcionarios electos a contrapesos eficaces, de manera que no sean los mismos partidos los que aseguren su arbitraria reproducción, pues como lo hemos visto recientemente, ellos no están dispuestos a rendir cuentas y abrirse a la transparencia; por ello los regateos de cuotas de poder y los llamados a cabildeos secretos al margen del control público en el caso del Instituto de Transparencia de Jalisco. Los partidos tampoco están dispuestos a reconocer que hay otros interlocutores entre Estado y sociedad que no sean ellos, como lo muestra su resistencia a sacar las manos de los organismo públicos autónomos y también una importante pero muy limitada reforma del Artículo 17 constitucional que, en medio de la alerta sanitaria, pasó desapercibida, pues no se reconoció la acción colectiva como portadora de derechos, sino que se dejó en manos del gobierno su exigibilidad. Más razones para anular el voto y exigir una Constituyente pacífica.
PÚBLICO, Jalisco, 8 de mayo de 2009
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