Ciertamente, la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELC), acordada esta semana en Cancún, tiene implicaciones históricas. Por primera vez en su historia independiente, los países de esta región deciden crear un organismo propio, sin tutelas de metrópoli alguna, como lo han sido: la Cumbre de las Américas, impulsada por Estados Unidos, que en los hechos orienta también la Organización de Estados Americanos; la Cumbre Iberoamericana, que fomenta España; la Cumbre Europa-Latinoamérica y Caribe, que impulsa la Unión Europea. Ésta búsqueda de autonomía latinoamericana tiene sus antecedentes más cercanos en el Grupo de Río, un espacio de diálogo y concertación política intergubernamental, que recientemente integró a Cuba, a instancias de México, con lo que se convirtió en el espacio propio más incluyente de la región y, desde diciembre de 2008, la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, que reunió a todos los mandatarios de Latinoamérica y el Caribe, sin la presencia de Estados Unidos.
Un primer desafío para esta comunidad es su definición frente a Estados Unidos. Aquí se entrecruzan dos discursos gubernamentales: el de crear contrapesos frente a los espacios dominados por la potencia del Norte, y el de complementación sea desde la incondicionalidad, o desde el fortalecimiento de capacidades negociadoras ante las situaciones asimétricas que representan las relaciones con Estados Unidos. Si México asume éste último discurso, tendrá que definir su posición ante los organismos panamericanos liderados por Estados Unidos; particularmente, reconocer las ambigüedades que atraviesan a la OEA, cuyo Secretario no fue el candidato de Washington, quien rompió el veto contra Cuba; una organización antes ineficaz durante las guerras en Centroamérica, cómplice en la guerra de las Malvinas y pieza clave para reactivar el tratado Interamericano de Asistencia Recíproca después del 11 de septiembre.
La CELC, enfrentará tres temas estratégicos en las relaciones interamericanas: transformar la doctrina securitaria militarizada estadounidense, con ideas que actualicen la antigua propuesta canadiense de seguridad humana, sin que equivalgan a la “seguridad democrática” difundida por el gobierno colombiano; hacer avanzar una política que supere las limitaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente influida por el sesgo estadounidense; y trascender la Carta Democrática Iberoamericana, del mero certificado de buena conducta otorgado por Estados Unidos, hacia una carta que reconozca la pluralidad democrática representativa, participativa y comunitaria, como ya lo recoge la Constitución boliviana. En la agenda del desarrollo, es riesgoso para el gobierno mexicano el significado de la autonomía económica, si ésta equivale a incrementar tratados de libre comercio, no tanto acercarse a formatos comunitarios con reciprocidad, gradualidad y selectividad en la apertura comercial, y menos apuntalar vías que apunten hacia la creación de alternativas al neoliberalismo.
México tendrá que comprender las amenazas que asediarán a la nueva comunidad latinoamericana. Mantenerse firme frente a las divisiones que pueden causar gobiernos afines a su proyecto económico, que son además incondicionales de Estados Unidos; grupo de países que se ve incrementado con Chile, Costa Rica, Panamá, que pasaron recientemente por elecciones presidenciales ganadas por la derecha, además de Colombia, Perú y cuando se integre Honduras. El gobierno mexicano, tendrá que reforzar el diálogo y la concertación político-diplomática, ante las rivalidades que despierta el suramericanismo, cuyo liderazgo disputan Brasil y Venezuela, reconocer la originalidad de las experiencias de Bolivia y Ecuador, así como sostener su oposición al bloqueo estadounidense contra Cuba. Simultáneamente, abrir y reforzar canales de comunicación entre organismos sociales que se han constituido en oposición y resistencia frente a la integración neoliberal, para evitar que el desencanto político haga abandonar esta esperanzadora comunidad, dejándola como una costosa e ineficaz instancia retórica más.
viernes, 26 de febrero de 2010
viernes, 19 de febrero de 2010
DESPISTES POLÍTICOS
Ya desde finales de 2008, el PRI había propuesto la revocación de mandato como una de las formas de la llamada democracia semidirecta. Ahora, otra vez, se propone revocar el mandato al presidente, secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, ediles, así como a asambleístas y jefes delegacionales del DF, cuando hayan cometido ilícitos, actos deshonestos o de negligencia. Propuesta hecha a contrapelo del “decálogo” de reforma política presentado por Felipe Calderón, suena a despiste en varios sentidos. Al igual que la iniciativa de reforma político-electoral presidencial, la revocación de mandato no aparece estructurada con otras reformas que garanticen articulación y coherencia en términos de una reforma constitucional integrada. Los priistas tampoco incluyen un paquete que contenga los otros formatos típicos de esa democracia semidirecta: el Plebiscito, el Referendo y la Iniciativa Popular. Además, la propuesta priista se acota a una suerte de juicio político adelantado, o de suspensión del fuero, para los funcionarios electos, pues no hay la posibilidad de empoderar el voto por falta de rendición de cuentas, o por falta de calidad del desempeño gubernamental.
Esta iniciativa priista suena a despiste, porque en el fondo responde a dos factores perversos: empoderar al Poder Legislativo a costa de debilitar al Ejecutivo federal, pues la mayoría con que cuenta el tricolor en el Congreso de la Unión le garantiza que sus legisladores no se tiren a los pies y que defiendan también sus posiciones mayoritarias en estados y municipios, y por otra parte, presentar en esta coyuntura la revocación de mandato suena a reacción contra la propuesta calderonista en general y de reelección en lo particular, ya que el PRI teme que su maquinaria electoral se anquilose si las diversas fracciones copan los puestos a elegir, lo cual frenaría la circulación de sus cuadros jóvenes; al fin que la llamada reelección cruzada, conocida coloquialmente como el fenómeno chapulín -candidatos que brincan de una posición a otra en cada elección-, asegura que la burocracia dirigente del partido se mantenga en los puestos clave. Mañosamente, el PRI quisiera eliminar del debate parlamentario las propuestas de Calderón referidas a la Iniciativa Ciudadana, al Referendo o al fortalecimiento del poder de veto del Ejecutivo, o su refuerzo mediante la presentación de iniciativas presidenciales legislativas preferentes al inicio del periodo legislativo ordinario. Como todavía no reconquistan la presidencia, se dan el lujo de torpedearla.
Inspirada en la Common Law, (recall o deposición), la revocación es un mecanismo que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público. Ésta medida podría revalorizar el Artículo 39 Constitucional, en el cual se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirarle confianza. La revocación podría tener nobles alcances si ella no se redujera a la judicialización de la política, pues existe el riesgo de balcanización si da cabida a demandas de destitución que escondieran juicios políticos sesgados; y una condición ineludible para la eficacia democrática de la revocación, es que tanto esta medida como cualquier reforma política de fondo que se proponga, no puede dejar de lado la regulación de los poderes fácticos del dinero (incluido el narco), los medios de comunicación y las jerarquías eclesiales, que tienen el poder de convocatoria y eventualmente de manipulación del electorado para orientar el sentido de la legislación, esto es si no se hace una reforma adecuada de la ley de partidos, el fortalecimiento del carácter laico del Estado y a la ley de medios, principalmente, para impedir que haya sesgos antidemocráticos. Esos poderes cuentan con recursos para reunir el 15 por ciento de votantes del padrón electoral que requeriría la revocación del mandato. Para despistarlo.
Esta iniciativa priista suena a despiste, porque en el fondo responde a dos factores perversos: empoderar al Poder Legislativo a costa de debilitar al Ejecutivo federal, pues la mayoría con que cuenta el tricolor en el Congreso de la Unión le garantiza que sus legisladores no se tiren a los pies y que defiendan también sus posiciones mayoritarias en estados y municipios, y por otra parte, presentar en esta coyuntura la revocación de mandato suena a reacción contra la propuesta calderonista en general y de reelección en lo particular, ya que el PRI teme que su maquinaria electoral se anquilose si las diversas fracciones copan los puestos a elegir, lo cual frenaría la circulación de sus cuadros jóvenes; al fin que la llamada reelección cruzada, conocida coloquialmente como el fenómeno chapulín -candidatos que brincan de una posición a otra en cada elección-, asegura que la burocracia dirigente del partido se mantenga en los puestos clave. Mañosamente, el PRI quisiera eliminar del debate parlamentario las propuestas de Calderón referidas a la Iniciativa Ciudadana, al Referendo o al fortalecimiento del poder de veto del Ejecutivo, o su refuerzo mediante la presentación de iniciativas presidenciales legislativas preferentes al inicio del periodo legislativo ordinario. Como todavía no reconquistan la presidencia, se dan el lujo de torpedearla.
Inspirada en la Common Law, (recall o deposición), la revocación es un mecanismo que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público. Ésta medida podría revalorizar el Artículo 39 Constitucional, en el cual se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirarle confianza. La revocación podría tener nobles alcances si ella no se redujera a la judicialización de la política, pues existe el riesgo de balcanización si da cabida a demandas de destitución que escondieran juicios políticos sesgados; y una condición ineludible para la eficacia democrática de la revocación, es que tanto esta medida como cualquier reforma política de fondo que se proponga, no puede dejar de lado la regulación de los poderes fácticos del dinero (incluido el narco), los medios de comunicación y las jerarquías eclesiales, que tienen el poder de convocatoria y eventualmente de manipulación del electorado para orientar el sentido de la legislación, esto es si no se hace una reforma adecuada de la ley de partidos, el fortalecimiento del carácter laico del Estado y a la ley de medios, principalmente, para impedir que haya sesgos antidemocráticos. Esos poderes cuentan con recursos para reunir el 15 por ciento de votantes del padrón electoral que requeriría la revocación del mandato. Para despistarlo.
viernes, 5 de febrero de 2010
PARTIDOCRACIA CONTRA DEMOCRACIA EFECTIVA
La Presidencia de la República relanza el debate sobre su iniciativa de reforma política electoral, subrayando que se trata de favorecer el status de ciudadanía, por su disociación de la política y de los políticos, y porque se quieren transformar las relaciones entre los poderes de la Unión, de manera más equilibrada y productiva. No le faltan razones objetivas al Presidente Calderón para proponer diez cambios que en sí son importantes, si se toma cada uno por separado, pero que les falta articularse en un conjunto coherente. No obstante, lo más adverso que enfrenta esa propuesta de reforma es la oposición del sistema partidocrático, del cual el propio Felipe Calderón se ha visto beneficiado. Es la partidocracia la que ha separado a representantes y representados, la que ha deteriorado el sentido de ciudadanía de los organismos públicos autónomos y la que ha entregado las llaves de la democracia a los poderes fácticos.
No es banal ni despreciable que Calderón apele al fortalecimiento de lo ciudadano en la escena pública, pues entre 2006 y 2009, la cantidad de votos nulos aumentaron en el país en un casi 45 por ciento (en Jalisco más del 54 por ciento), mientras el abstencionismo se sigue incrementando. El diagnóstico presentado en la reforma calderonista recoge demandas ciudadanas por mayor participación, nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes; gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas transparentes del uso de recursos públicos. El principal obstáculo para lograrlo, sin embargo, es la partidocracia y para eliminarla se necesita reformar, en primera instancia, la legislación relativa a los partidos políticos para regular su responsabilidad, tanto en sus mecanismos internos de funcionamiento democrático, como en lo que hace a la mercantilización y privatización que han hecho de la política.
Es inquietante que la iniciativa presidencial de reforma no se plantee esta dificultad, pues más que preocuparse por dar coherencia a los 10 puntos que ésta se propone modificar, la partidocracia hará los desarreglos necesarios para reproducir su poderío. Así, la reelección consecutiva por un máximo de doce años de alcaldes, jefes delegacionales, y legisladores federales, que en principio podría servir para premiar o castigar a quien tenga buen o mal desempeño público, respectivamente, podrá ser pervertida por la persistencia de camarillas y fracciones partidarias que se aseguren un voto duro, si no es modificado el esquema de financiamiento, de manera que limite el negocio en que se han convertido los partidos como maquinarias electorales. Negocio en contubernio con intereses mediáticos que desbordaron inclusive la reforma electoral de 2008, que intentó apuntalar un modelo no mercantilizado de propaganda electoral.
Así como hace falta una ley de partidos que regule su financiamiento y una actualización de la ley de medios que limite el poderío del duopolio televisivo, la reforma electoral necesita un proyecto más articulado de modificaciones a la institución presidencial y al conjunto de relaciones entre los poderes de la Unión. Tema que necesita mucho más espacio para su análisis, pero del cual pongo un ejemplo. A todas luces parece necesario mantener la figura de diputados plurinominales, pero la reforma calderonista no argumenta suficientemente por qué reducirlos a 140 en lugar de 200, y solamente se propone empoderar al votante para que éste defina el orden de prelación en los candidatos/as a Senador –la Cámara alta también se reduce a tres Senadores por entidad, bajo nuevos y complicados cálculos; se deja así en manos de la partidocracia un botín, aunque ahora menor, para que defina el orden en la lista de sus candidatos/as. Empero, veremos que también esta medida será torpedeada por la partidocracia.
No es banal ni despreciable que Calderón apele al fortalecimiento de lo ciudadano en la escena pública, pues entre 2006 y 2009, la cantidad de votos nulos aumentaron en el país en un casi 45 por ciento (en Jalisco más del 54 por ciento), mientras el abstencionismo se sigue incrementando. El diagnóstico presentado en la reforma calderonista recoge demandas ciudadanas por mayor participación, nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes; gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas transparentes del uso de recursos públicos. El principal obstáculo para lograrlo, sin embargo, es la partidocracia y para eliminarla se necesita reformar, en primera instancia, la legislación relativa a los partidos políticos para regular su responsabilidad, tanto en sus mecanismos internos de funcionamiento democrático, como en lo que hace a la mercantilización y privatización que han hecho de la política.
Es inquietante que la iniciativa presidencial de reforma no se plantee esta dificultad, pues más que preocuparse por dar coherencia a los 10 puntos que ésta se propone modificar, la partidocracia hará los desarreglos necesarios para reproducir su poderío. Así, la reelección consecutiva por un máximo de doce años de alcaldes, jefes delegacionales, y legisladores federales, que en principio podría servir para premiar o castigar a quien tenga buen o mal desempeño público, respectivamente, podrá ser pervertida por la persistencia de camarillas y fracciones partidarias que se aseguren un voto duro, si no es modificado el esquema de financiamiento, de manera que limite el negocio en que se han convertido los partidos como maquinarias electorales. Negocio en contubernio con intereses mediáticos que desbordaron inclusive la reforma electoral de 2008, que intentó apuntalar un modelo no mercantilizado de propaganda electoral.
Así como hace falta una ley de partidos que regule su financiamiento y una actualización de la ley de medios que limite el poderío del duopolio televisivo, la reforma electoral necesita un proyecto más articulado de modificaciones a la institución presidencial y al conjunto de relaciones entre los poderes de la Unión. Tema que necesita mucho más espacio para su análisis, pero del cual pongo un ejemplo. A todas luces parece necesario mantener la figura de diputados plurinominales, pero la reforma calderonista no argumenta suficientemente por qué reducirlos a 140 en lugar de 200, y solamente se propone empoderar al votante para que éste defina el orden de prelación en los candidatos/as a Senador –la Cámara alta también se reduce a tres Senadores por entidad, bajo nuevos y complicados cálculos; se deja así en manos de la partidocracia un botín, aunque ahora menor, para que defina el orden en la lista de sus candidatos/as. Empero, veremos que también esta medida será torpedeada por la partidocracia.
viernes, 29 de enero de 2010
ENTRE ESTAFADORES TE VEAS
Es lamentable la falta de altura política que tiene el debate sobre la reforma política electoral enviada al Senado por Felipe Calderón en diciembre pasado. Empezando por el propio Presidente Calderón que parece tirarse a los pies, pues sus recientes declaraciones que califican de fraudulentos a partidos y legisladores, exacerban su desencuentro con el Poder Legislativo y con todos los partidos de oposición; lo único que está logrando con ello es que su iniciativa sea desechada en la Cámara alta. Se pueden adivinar algunos objetivos en la propuesta de reforma calderonista: primero, el fortalecimiento del Presidencialismo, mediante los intentos por acotar la actividad parlamentaria cuando el Poder Ejecutivo envía sus iniciativas, pues la reforma propuesta fortalece la capacidad de veto presidencial, exige mayor agilidad al Congreso de la Unión en sus debates e invita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar iniciativas legislativas propias.
En segundo lugar, otro objetivo subyacente en ese proyecto legislativo de Calderón es aceitar los mecanismos de legitimidad presidencial, del sistema político y de partidos, frente a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En los 10 puntos contenidos en su iniciativa, destacan preocupaciones compartidas por ciudadanos/as sin partido en torno al desapego entre representantes y representados, así como por actualizar la legislación electoral en un marco en el que contrasta un creciente abstencionismo, aparejado con una manifestación organizada del voto nulo, y elecciones altamente competidas cuyos resultados dejan insatisfacción e incertidumbre. Sin embargo, la propia ilegitimidad del gobierno calderonista, resultante de un proceso electoral fuertemente cuestionado, le deja sin autoridad moral para sustentar la autenticidad de su llamado a esa ciudadanía inconforme. Se trata además de una Presidencia del país que no consultó a la nación antes de lanzar su iniciativa y que solamente apela como interlocutores a “notables”.
La maquinaria partidista que acertadamente criticó Calderón, se ve amenazada por el carácter supuestamente autoritario de su propuesta. Pero, su inconsistencia y desarticulación interna, aunada a la debilidad de sus interlocutores, convirtieron esa iniciativa en papel mojado. Cada uno de los 10 puntos de la reforma propuesta tienen potencialidades y limitaciones, que si se discuten aisladamente no pueden presentar una oferta legislativa convincente. Así, un Presidente sin proyecto de Reforma de Estado y un sistema partidocrático negado a perder canonjías, produjo un contexto que dinamita una oportunidad histórica de transformar radicalmente la legislación electoral y ordenamientos legales conexos, en torno de la cultura política de participación ciudadana, transparencia con derecho a la información, rendición de cuentas, defensa y promoción de derechos humanos, procuración oportuna y eficaz de justicia. Se tiene que ir más lejos que la reforma de la institución presidencialista y la relación entre representantes y representados.
Quienes estafan a la ciudadanía -aunque aquí no se puede descalificar a todos los representantes electos como estafadores-, están incapacitados para cumplir con esa reforma electoral estructurada con la urgente reforma de Estado. En los foros de debate convocados por el Senado en torno de la reforma calderonista propuesta, lo que destaca es la falta de voluntad de los representantes electos para avanzar hacia una mejor legislación que apunte, aunque sea gradualmente, a la transformación de un Estado abierto y convocante a la participación ciudadana y dispuesto a someterse al escrutinio y sobre todo al mandato ciudadano. Aquella consigna zapatista de “mandar obedeciendo”, no es retórica, pero ante la incapacidad de los representantes electos para estructurar los cambios requeridos, que son de época, de Estado, y no simplemente cambios cosméticos, se fortalece una nueva-vieja idea: la de un pacto constituyente pacífico que integre y estructure una sociedad democrática y participativa. Que excluya a estafadores/as.
En segundo lugar, otro objetivo subyacente en ese proyecto legislativo de Calderón es aceitar los mecanismos de legitimidad presidencial, del sistema político y de partidos, frente a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En los 10 puntos contenidos en su iniciativa, destacan preocupaciones compartidas por ciudadanos/as sin partido en torno al desapego entre representantes y representados, así como por actualizar la legislación electoral en un marco en el que contrasta un creciente abstencionismo, aparejado con una manifestación organizada del voto nulo, y elecciones altamente competidas cuyos resultados dejan insatisfacción e incertidumbre. Sin embargo, la propia ilegitimidad del gobierno calderonista, resultante de un proceso electoral fuertemente cuestionado, le deja sin autoridad moral para sustentar la autenticidad de su llamado a esa ciudadanía inconforme. Se trata además de una Presidencia del país que no consultó a la nación antes de lanzar su iniciativa y que solamente apela como interlocutores a “notables”.
La maquinaria partidista que acertadamente criticó Calderón, se ve amenazada por el carácter supuestamente autoritario de su propuesta. Pero, su inconsistencia y desarticulación interna, aunada a la debilidad de sus interlocutores, convirtieron esa iniciativa en papel mojado. Cada uno de los 10 puntos de la reforma propuesta tienen potencialidades y limitaciones, que si se discuten aisladamente no pueden presentar una oferta legislativa convincente. Así, un Presidente sin proyecto de Reforma de Estado y un sistema partidocrático negado a perder canonjías, produjo un contexto que dinamita una oportunidad histórica de transformar radicalmente la legislación electoral y ordenamientos legales conexos, en torno de la cultura política de participación ciudadana, transparencia con derecho a la información, rendición de cuentas, defensa y promoción de derechos humanos, procuración oportuna y eficaz de justicia. Se tiene que ir más lejos que la reforma de la institución presidencialista y la relación entre representantes y representados.
Quienes estafan a la ciudadanía -aunque aquí no se puede descalificar a todos los representantes electos como estafadores-, están incapacitados para cumplir con esa reforma electoral estructurada con la urgente reforma de Estado. En los foros de debate convocados por el Senado en torno de la reforma calderonista propuesta, lo que destaca es la falta de voluntad de los representantes electos para avanzar hacia una mejor legislación que apunte, aunque sea gradualmente, a la transformación de un Estado abierto y convocante a la participación ciudadana y dispuesto a someterse al escrutinio y sobre todo al mandato ciudadano. Aquella consigna zapatista de “mandar obedeciendo”, no es retórica, pero ante la incapacidad de los representantes electos para estructurar los cambios requeridos, que son de época, de Estado, y no simplemente cambios cosméticos, se fortalece una nueva-vieja idea: la de un pacto constituyente pacífico que integre y estructure una sociedad democrática y participativa. Que excluya a estafadores/as.
viernes, 15 de enero de 2010
SOLIDARIDAD CON HAITÍ
Dice la sabiduría popular: “al perro más flaco, se le cargan más las pulgas”. Así lo muestran las tragedias originadas por una mala convivencia entre nuestras sociedades y los desastres naturales. El país más pobre de América, situado en un Caribe convulsionado irremediablemente por su geografía, está cada vez más debilitado para enfrentar los riesgos naturales. Pero, más cruel aún ha sido su conflictiva historia, la que arrojó a su muy inmensa mayoría a la pobreza, la inseguridad, la exclusión y la vida desprotegida. El olvido de los pobres por sus clases pudientes, aunado al desencuentro de la comunidad internacional por una resolución de fondo, contra dictaduras y autoritarismos reinantes en distintos momentos, no pudo disimularse por las operaciones de paz impulsadas por Naciones Unidas. La llegada a esa isla de Cascos Azules, inspirada en el polémico concepto de Ingerencia Humanitaria, acentuó la dimensión militar del conflicto sin contribuir radicalmente a la democratización haitiana.
El primer país latinoamericano en declarar su independencia, en 1804, se alejó de Francia, pero los mulatos francófonos suplantaron a los colonizadores y los negros hablantes de creole siguieron oprimidos y discriminados desde entonces. Un reportaje de BBC Mundo habla de la combinación de cinco crisis que azotan a Haití;
1) La inestabilidad política y la violencia, herencia de crueles dictaduras que tiñeron de sangre por casi doscientos años a esta pequeña porción de la Hispaniola, segunda isla en tamaño del Caribe, cuya mayor parte ocupa República Dominicana. Entre 1957 y 1986, las dictaduras de François Duvalier y luego de su hijo Jean Claude, apodado “Baby Doc”, coronan el autoritarismo que sería combatido hasta 1990 en que Jean Bertrand Aristide se convierte en el primer presidente electo democráticamente. Derrocado un año después, por fuerzas ligadas al antiguo régimen, la experiencia de Aristide, emergida desde un movimiento católico de base, se intento continuar entre 1994 y 2004, alternando con René Preval, actual presidente haitiano desde 2006. Prevalece la polarización política y la violencia cotidiana.
2) Pobreza, analfabetismo e inequidad conspiran permanentemente contra la estabilidad política. Internamente desgarrado por pandillas y diversos grupos del crimen organizado, Haití, es objeto de la intervención humanitaria desde 2004. Permanecen, sin embargo, los problemas estructurales: siete de cada 10 habitantes son pobres, que viven con menos de US$2 al día; 56% dispone menos de un dólar. Haití ocupa la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano. Sólo el 52,9% de la población está alfabetizada; se calcula que un haitiano no vivirá más de 60 años. Tres de cada 10 personas tienen acceso al sistema de salud. 2,2% de la población adulta vive con VIH/sida; Haití está entre los 30 países con mayor tasa de prevalencia en el mundo. Los mulatos francófonos, el 1% de la población, son dueños de casi la mitad de las riquezas.
3) Dependencia de la cooperación internacional, para la importación de alimentos pues la producción propia sólo abastece el 46% de las necesidades. Hay frecuentes disturbios ocasionados por la escasez y el alza de precios. Aunque se ha cancelado la mayor parte de deuda, 60% del presupuesto nacional se alimenta de recursos externos.
4) Entre 2001 y marzo de 2007, los desastres naturales dejaron más de 18,000 muertos y 132,000 personas sin hogar. 6.4 millones de personas resultaron afectadas. En 2008 se perdió el 60% de las cosechas por los embates de cuatro tormentas tropicales durante tres semanas.
5) Tres cuartas partes de la demanda energética se satisface con la madera. La mitad del país está erosionada. La superficie forestal hoy es apenas menos del 2%.
Superar esas crisis requiere nuestra firme solidaridad con el pueblo haitiano.
El primer país latinoamericano en declarar su independencia, en 1804, se alejó de Francia, pero los mulatos francófonos suplantaron a los colonizadores y los negros hablantes de creole siguieron oprimidos y discriminados desde entonces. Un reportaje de BBC Mundo habla de la combinación de cinco crisis que azotan a Haití;
1) La inestabilidad política y la violencia, herencia de crueles dictaduras que tiñeron de sangre por casi doscientos años a esta pequeña porción de la Hispaniola, segunda isla en tamaño del Caribe, cuya mayor parte ocupa República Dominicana. Entre 1957 y 1986, las dictaduras de François Duvalier y luego de su hijo Jean Claude, apodado “Baby Doc”, coronan el autoritarismo que sería combatido hasta 1990 en que Jean Bertrand Aristide se convierte en el primer presidente electo democráticamente. Derrocado un año después, por fuerzas ligadas al antiguo régimen, la experiencia de Aristide, emergida desde un movimiento católico de base, se intento continuar entre 1994 y 2004, alternando con René Preval, actual presidente haitiano desde 2006. Prevalece la polarización política y la violencia cotidiana.
2) Pobreza, analfabetismo e inequidad conspiran permanentemente contra la estabilidad política. Internamente desgarrado por pandillas y diversos grupos del crimen organizado, Haití, es objeto de la intervención humanitaria desde 2004. Permanecen, sin embargo, los problemas estructurales: siete de cada 10 habitantes son pobres, que viven con menos de US$2 al día; 56% dispone menos de un dólar. Haití ocupa la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano. Sólo el 52,9% de la población está alfabetizada; se calcula que un haitiano no vivirá más de 60 años. Tres de cada 10 personas tienen acceso al sistema de salud. 2,2% de la población adulta vive con VIH/sida; Haití está entre los 30 países con mayor tasa de prevalencia en el mundo. Los mulatos francófonos, el 1% de la población, son dueños de casi la mitad de las riquezas.
3) Dependencia de la cooperación internacional, para la importación de alimentos pues la producción propia sólo abastece el 46% de las necesidades. Hay frecuentes disturbios ocasionados por la escasez y el alza de precios. Aunque se ha cancelado la mayor parte de deuda, 60% del presupuesto nacional se alimenta de recursos externos.
4) Entre 2001 y marzo de 2007, los desastres naturales dejaron más de 18,000 muertos y 132,000 personas sin hogar. 6.4 millones de personas resultaron afectadas. En 2008 se perdió el 60% de las cosechas por los embates de cuatro tormentas tropicales durante tres semanas.
5) Tres cuartas partes de la demanda energética se satisface con la madera. La mitad del país está erosionada. La superficie forestal hoy es apenas menos del 2%.
Superar esas crisis requiere nuestra firme solidaridad con el pueblo haitiano.
viernes, 8 de enero de 2010
2010: CENTENARIO, BICENTENARIO, CONSTITUYENTE
Una de las conclusiones más relevantes que deja 2009, es la necesidad de contar con elementos de fondo para solucionar la crisis que enfrenta nuestro país. Con el peor desempeño económico de los 75 últimos años, México tuvo la tasa negativa más acentuada de Latinoamérica; una de las peores del mundo. Violencia, inseguridad, patología del miedo, crecieron vertiginosamente. Desencanto con el sistema político y de partidos, hundimiento de la legitimidad de la inmensa mayoría de representantes, prepotencia de los llamados poderes fácticos en la vida pública nacional, signaron unas elecciones intermedias que si bien convocaron a casi la mitad de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, una parte importante de los votantes lanzó un mensaje de alerta sobre las urgencias que agobian al sistema político, a través de la anulación conciente del voto. Cerca del 6 por ciento del total de votos emitidos.
Algunos planteamos que 2010 tiene un valor emblemático, cuya lectura por los actores sociales y políticos del país es heterogénea. Ello tiene que ver, por un lado con la concepción de la historia y el peso de dos aniversarios fundadores de la actual nación mexicana: la Independencia y la Revolución. Por otro lado, esta conmemoración tiene relación con las aspiraciones que llevan a actuar en el presente; unos interpretan esta fecha emblemática como oportunidad para revivir la capacidad de movilización de ese ente ahora tan polimorfo que es el Pueblo: hacer oír el grito de los excluidos; otros, quisieran que esta fecha se registrara como una suerte de borrón y cuenta nueva, que en todo caso permita nuevos logros para la industria turística, con una renovación escenográfica de los símbolos históricos, pero sin cuestionamiento alguno sobre los orígenes de ambos conflictos.
El gran historiador Luis González y Gonzalez, planteaba que había tres tipos de seudohistoria y una historia de carne y hueso. La “seudohistoria de bronce”, se dedica a exaltar las figuras protagónicas de la historia, como si sólo héroes y heroínas marcaran los acontecimientos. La “seudohistoria de antiguallas” recoge anécdotas y hechos aparentemente significativos, pero se endiosa con los documentos y la sofisticación con que cada historiador los presente. La “seudohistoria computarizada”, es la que enfatiza los aspectos cuantitativos, generalmente asociados con la economía y las cuentas, la gráfica y la estadística como fin en si mismas. Pero esa historia que hacemos las personas de carne y hueso, solo se logra con oficio y capacidad de interpretación desde una escala humana de valores. La historia no es patrimonio de especialistas, pues ella da identidad y sirve de guía para actuar en el presente y dar sentido de futuro a la acción social.
En este 2010, necesitamos entonces hacer y reconocernos en una historia que nos implica. Hacer monumentos, remodelar y conservar el patrimonio arquitectónico es necesario, pero insuficiente para dar un proyección a ese pasado que condiciona nuestro presente. Por ello, la conmemoración de la Independencia y de la Revolución necesita tanto del historiador especialista que la reconstruya y la interprete, como de una reflexión colectiva, que dinamice y le dé sentido incluyente, que sea capaz de aprender del drama de la violencia encerrada en la cerrazón de la clase dirigente y de los pudientes que la alimentan, así como de los poderes fácticos que la manipulan impunemente, sean narcotraficantes o jerarcas eclesiales o poderes materialistas incontrolados. Algunos propusimos que 2010 podría marcar el inicio de un proceso pacífico constituyente. 14 años después de iniciada la Independencia, 7 años después de la Revolución, se pudo fundar un pacto constitucional ¿Por qué no iniciamos por reconocer esta potencialidad emblemática de 2010, imaginando la Constitución General que necesitamos?
Algunos planteamos que 2010 tiene un valor emblemático, cuya lectura por los actores sociales y políticos del país es heterogénea. Ello tiene que ver, por un lado con la concepción de la historia y el peso de dos aniversarios fundadores de la actual nación mexicana: la Independencia y la Revolución. Por otro lado, esta conmemoración tiene relación con las aspiraciones que llevan a actuar en el presente; unos interpretan esta fecha emblemática como oportunidad para revivir la capacidad de movilización de ese ente ahora tan polimorfo que es el Pueblo: hacer oír el grito de los excluidos; otros, quisieran que esta fecha se registrara como una suerte de borrón y cuenta nueva, que en todo caso permita nuevos logros para la industria turística, con una renovación escenográfica de los símbolos históricos, pero sin cuestionamiento alguno sobre los orígenes de ambos conflictos.
El gran historiador Luis González y Gonzalez, planteaba que había tres tipos de seudohistoria y una historia de carne y hueso. La “seudohistoria de bronce”, se dedica a exaltar las figuras protagónicas de la historia, como si sólo héroes y heroínas marcaran los acontecimientos. La “seudohistoria de antiguallas” recoge anécdotas y hechos aparentemente significativos, pero se endiosa con los documentos y la sofisticación con que cada historiador los presente. La “seudohistoria computarizada”, es la que enfatiza los aspectos cuantitativos, generalmente asociados con la economía y las cuentas, la gráfica y la estadística como fin en si mismas. Pero esa historia que hacemos las personas de carne y hueso, solo se logra con oficio y capacidad de interpretación desde una escala humana de valores. La historia no es patrimonio de especialistas, pues ella da identidad y sirve de guía para actuar en el presente y dar sentido de futuro a la acción social.
En este 2010, necesitamos entonces hacer y reconocernos en una historia que nos implica. Hacer monumentos, remodelar y conservar el patrimonio arquitectónico es necesario, pero insuficiente para dar un proyección a ese pasado que condiciona nuestro presente. Por ello, la conmemoración de la Independencia y de la Revolución necesita tanto del historiador especialista que la reconstruya y la interprete, como de una reflexión colectiva, que dinamice y le dé sentido incluyente, que sea capaz de aprender del drama de la violencia encerrada en la cerrazón de la clase dirigente y de los pudientes que la alimentan, así como de los poderes fácticos que la manipulan impunemente, sean narcotraficantes o jerarcas eclesiales o poderes materialistas incontrolados. Algunos propusimos que 2010 podría marcar el inicio de un proceso pacífico constituyente. 14 años después de iniciada la Independencia, 7 años después de la Revolución, se pudo fundar un pacto constitucional ¿Por qué no iniciamos por reconocer esta potencialidad emblemática de 2010, imaginando la Constitución General que necesitamos?
viernes, 18 de diciembre de 2009
PÓLVORA MOJADA
A Diego Petersen, por los caminos compartidos
Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.
La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.
Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.
Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.
Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.
Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.
La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.
Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.
Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.
Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.
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