Hay que ver con atención lo que suceda este próximo domingo en las elecciones colombianas. Con su relativa distancia, la elección presidencial en ese país representa varios focos de interés respecto a lo que pueda suceder en nuestras elecciones presidenciales de 2012. Se ha abusado sobre la supuesta colombianización de México, pues al homologar ambos casos sólo se toma en cuenta el creciente protagonismo del narco en la vida política, su influencia en las instituciones, y el aumento inusitado de la intervención estadounidense sobre el Plan Colombia, que se supone erróneamente igual a la Iniciativa Mérida, como dos estrategias de la política exterior estadounidense que militarizan el combate al narcotráfico, e imponen las doctrinas de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, sin ser abismales, hay diferencias que es imprescindible comprender.
El carácter de Narco Estado es diferente en ambos casos. En Colombia, diversos poderes del narco han invadido todos los poderes republicanos, los cuales registran impactos directos del narcopoder fáctico: sea sobre el poder legislativo donde la corrupción controla bloques enteros de partidos y personajes vinculados al gobierno de Álvaro Uribe. Incluso familiares del actual Presidente, son presuntos delincuentes al servicio de alguno de los poderosos cárteles. Sea el poder judicial, donde solo prosperan las exoneraciones y la procuración de justicia no ha podido combatir la impunidad; sea el Poder Ejecutivo, desde donde se han tejido alianzas regionales y a escala nacional que van alternando distintos modos de convivencia con los cárteles que cooptan áreas del gobierno central, tanto como gobiernos locales desde donde se dividen zonas o regiones de influencia.
En México, empero, no podríamos caracterizar de narcoestado a las instituciones de gobierno en su conjunto, ni a su relación con los poderes constituidos, pues no hay una corrupción sistemática en los poderes republicanos, con la excepción del Poder Judicial y de algunas regiones o municipios donde señorea el poder fáctico de alguno de los cárteles que operan en el país. Cierto, no son pocos casos aislados y que no tengan relación entre ellos, pero en la mayoría de municipios y prácticamente en todos los gobiernos estatales prevalece cierta legalidad que se resiste a ser vulnerada por el poder de los narcotraficantes. Inclusive la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, representa todavía un espacio del Estado de derecho, aún con limitaciones. Mientras en Colombia existe una guerrilla poderosa que se ha convertido en el blanco de la intervención estadounidense y en la carta política que avala la “Doctrina de Seguridad Democrática” que le reditúa dividendos electorales al gobierno de Uribe, en México se trata de una oposición frontal entre narcotraficantes y Estado.
Juan Manuel Santos, candidato oficialista, tuvo una clara ventaja en la primera vuelta sobre Antanas Mockus, el candidato de los verdes, quien representa sin embargo una opción que cuestiona la continuidad del uribismo. Sobre la polémica personalidad del matemático que ha realizado gestiones gubernamentales espectaculares, se cifran las esperanzas del candidato “independiente” de los partidos, que también comparten algunas personalidades de nuestro país. Empero, en Colombia la izquierda agrupada en torno del Polo Democrático, cifraba expectativas para convertirse en aliada estratégica de Mockus, quien rechazó cualquier alianza con el Polo. En la segunda vuelta, este domingo, hay cinco opciones: 1) Abstención; 2) Voto en blanco, que castigaría al gobierno y a los verdes; 3) votar por Mockus y hacerle oposición después; 4) votar por Mockus, como manifestación resignada, silenciosa y vergonzante contra Santos. 5) Aparentemente la más sensata, votar condicionalmente por Mockus con un mensaje explícito, el candidato “menos peor”, cuyas propuestas y actitudes no las comparten todos los colombianos/as. ¿enfrentaremos ese dilema en el 2012 mexicano?
viernes, 18 de junio de 2010
viernes, 11 de junio de 2010
BLINDAJE ELECTORAL VULNERADO
Pesan signos ominosos sobre los procesos electorales que viven 14 entidades mexicanas. El caso más extremo, San Juan de Copala, municipio autónomo de Oaxaca, no pudo recibir la ayuda llevada por la Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jakkola, llamada así en honor a las dos personas asesinadas durante la emboscada que sufrió un primer grupo que intentó ingresar a la zona, el pasado 27 de abril. La nueva Caravana, llevaba 30 toneladas de víveres a los 700 pobladores que están sitiados por una organización impulsada por el gobierno oaxaqueño que encabeza Ulises Ruiz, la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), la cual ha sido señalada por organismos defensores de derechos humanos como presunta responsable del asesinato de Bety y Jyri.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
Acompañada por el Diputado Alejandro Encinas, la Caravana tuvo que dejar los víveres a 10 Kilómetros de su destino. En Oaxaca, denunció Encinas, no existe un Estado de Derecho que garantice elecciones libres, pues el gobernador Ruiz impide el libre tránsito de la Caravana y se ha prácticamente “profesionalizado” en el impulso de sus candidatos, utilizando los recursos públicos a su alcance. El Delegado de Acción Nacional en ese estado, Javier Corral, documenta otras evidencias que comprueban la intromisión de Ulises Ruiz, quien: coordina personalmente las campañas de sus aliados, maneja medios y sistemas de comunicación estatal para favorecer a los candidatos del PRI, llama por teléfono a candidatos panistas y a precandidatos de los partidos que forman una coalición electoral -cuyo candidato a gobernador por cierto, encabeza 8 distintas encuestas-, con la finalidad de sobornarlos al ofrecerles prebendas. En síntesis, plantea Corral: “No obstante que estos hechos son ostensibles, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.”
En Quintana Roo, el caso de Greg Sánchez ilustra los significados de judicializar la contienda electoral; otro caso en que se rompe el blindaje acordado en elecciones previas para impedir el uso sesgado del Estado, de sus políticas públicas, de su aparato de Justicia ¿Por qué si ya se tenían evidencias de los delitos cometidos por el candidato de la coalición perredista se presentaron hasta el momento en que estaban impresas las boletas con el nombre del ahora indiciado?
Cada una de las 14 entidades tiene sus cuitas. En un arrebato de legalidad, el Senador Manlio Fabio Beltrones denunció, en días pasados, al Presidente Felipe Calderón y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por utilizar programas sociales contra la pobreza con fines electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de julio. Beltrones busca, supuestamente, que en 2012 el PRI no haga un uso electoral de recursos públicos, pues ese partido trabaja en la modificación de una ley de Desarrollo Social “que prohíba, en el futuro, que los puestos delegacionales de los programas que se utilizan para el combate a la pobreza sean ocupados por dirigentes partidistas o candidatos a puestos de elección popular”. De acuerdo con una investigación de David Foust, especialista de la Universidad de Guadalajara, el 70 por ciento de los coordinadores estatales, el 36 de los funcionarios del equipo central del programa Oportunidades y el 29 de los responsables de los Centros de Atención y Registro (CAR) -responsables de la afiliación de las familias en las zonas urbanas- son militantes del PAN. Pero en los escalones operativos de Oportunidades, también opera el PRI, al disputar el 71 por ciento de esos funcionarios operativos de base. Desde los CAR, señala Enrique Valencia, otro especialista, ahora se designa a las vocales del programa, en lugar de elegirlas, como antes se hacía. Sin blindaje, habrá elecciones vulneradas.
viernes, 4 de junio de 2010
LEGITIMIDAD CUESTIONADA
A la memoria de Jorge Cereceda, chileno-mexicano de alma socialista
La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.
Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.
Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.
Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.
La designación de Consejeros y Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), por parte del Congreso local, es legalmente inatacable pero totalmente cuestionable si se sigue una lógica democrática; un Congreso despreocupado por la legitimidad, vulnera la autonomía que otorga la Constitución a organismos públicos encargados de velar por el interés general. Así viene sucediendo en Jalisco y en el país con los organismos electorales, al igual que con los vinculados con la transparencia y el derecho a la información, o con las comisiones que velan por los derechos humanos. La partidocracia distorsiona el interés general al asaltar, mediante la división de cuotas de poder, la distribución de consejeros y presidencias en todos los organismos públicos autónomos.
Con estos procedimientos, ni el árbitro electoral hará mejor su papel de imparcialidad en el conjunto del proceso eleccionario, ni el IEPC como autoridad promotora de ciudadanía, tendrá bases legítimas suficientes para favorecer que la voluntad general se exprese más allá de las urnas. El Congreso local siguió un libreto que tiene hastiada a la opinión pública por pervertir la designación de consejeros de los organismos públicos autónomos. Ofreció mejorar razonadamente la selección del Presidente y Consejeros del IEPC y transparentar los debates parlamentarios relacionados, pero actuó a contracorriente de su oferta, pues las dirigencias partidistas negociaron por fuera del Congreso e hicieron a un lado los criterios definidos por el propio Congreso: evaluación de capacidades mediante examen escrito, valoración de experiencia, trayectoria y apego al perfil idóneo de consejero o de Presidente del Instituto electoral, como lo señaló David Gómez Álvarez, Presidente saliente del IEPC, en Público-Milenio (31-05-2010), en un tono franco y directo, inusual en este tipo de funcionarios.
Tan hastiadas nos tienen esas designaciones simuladas de razonamiento parlamentario, que algunas agrupaciones ciudadanas antes exigentes de transparencia y razonamiento público, abandonaron demandas de legitimidad en esta ocasión para la designación de consejeros. Empero, sin respaldos legítimos no basta la legalidad para hacer avanzar la democracia, ni siquiera en su dimensión puramente electoral. Desatender la legitimidad relega aún más la participación ciudadana que es condición para someter a pruebas de control y validación, a la vez concurrentes y complementarias, al ejercicio del voto. El gobierno, sin el complemento entre democracia representativa y participativa, deja de estar al servicio del interés general y se convierte en rehén de los intereses partidocráticos que finalmente están sujetos por los poderes fácticos del dinero, los medios y las jerarquías eclesiales, como lo muestran varios procesos legislativos recientes, o el impedimento para ejercer libremente Plebiscitos o Iniciativas Populares legítimamente convocados.
Se ha generado, así, un círculo perverso que reproduce sin cesar el poder partidocrático. Tal parece que la fuerza electoral proveniente de los comicios más recientes, da el poder para designar el número y la calidad de los consejeros que tocan a cada partido político. Y como el PRI gobierna la mayoría de jaliscienses, y cuenta con más diputados, se dio el derecho, con la complicidad del resto de partidos, para definir al Presidente y la mayoría de consejeros con personas afines con su plataforma partidaria. Antes, así lo hizo Acción Nacional. Con honrosas excepciones, nombrar consejeros implica compromisos para las dos partes, cuyo cumplimiento se cobra antes, durante y después del proceso electoral, trátese de la distritación, de organizar la jornada electoral, de la exigencia de rendición de cuentas por los gastos en campaña, o del manejo legaloide de conflictos postelectorales. El círculo lo cierran jugosos salarios y financiamientos partidarios, con los que se (auto)benefician los representantes “populares” negados a validaciones legítimas.
viernes, 28 de mayo de 2010
EL DOC ALONSO, TODO HUMANIDAD*
Firma como Jorge Alonso, pues si le añade Sánchez podría confundirse su primer apellido como nombre de pila, así que nos hemos acostumbrado a llamarle Doc Alonso. Le va bien eso de Doc, pues fue de los primeros de su generación en obtener un flamante doctorado en Antropología Social. También le podríamos decir Docto Alonso, pues sus conocimientos son siempre los más contemporáneos en torno de sus intereses; aunque no es un intelectual que fortifique su ego en una torre de marfil, ajena a la discusión de sus permanentes descubrimientos e incursiones, sobre todo alrededor de la antropología política. Su comunidad académica y quienes estamos cerca de él nos beneficiamos de su curiosidad y de sus pasiones por el saber y por vincular ese conocimiento con la acción social. Siempre busca pertinencia frente a su realidad inmediata desde una posición ética inquebrantable.
Es muy atinado rendirle homenaje a este hombre que es todo humanidad y por ello es de felicitar la iniciativa que toma el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, por hacérselo. Aunque es bien difícil decir en la estrechez de un pequeño texto algo que haga justicia a alguien tan intenso en su pensar y quehacer, además durante tantos años de acucioso y muy productivo trabajo. Me declaro incapaz de ofrecer una imagen ni siquiera abreviada de su currículo, por ello solo diré algo sobre lo que el Doc Alonso representa en mi vida, pues me considero privilegiado por su amistad y por afanes comunes que nos han unido.
Del “maestrillo”, como se conoce al jesuita en formación que da clases en el Instituto de Ciencias, me queda el recuerdo de sus clases sobre literatura universal y de ética, un profesor apasionado que trasmitía energía, que no supe apreciar cabalmente hasta años recientes. Supe del Doc Alonso tiempo después cuando en un trabajo que combinaba investigación y acción, leímos sus trabajos sobre los movimientos sociales urbanos y sobre teoría del Estado, los cuales nos obligaron a leer varios de los autores que por primera vez oíamos citados en sus trabajos. Supe también de él, cuando renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no con una carta sino mediante la factura de un libro de más de 300 páginas en las que razonó sobre las mejores vías para construir el socialismo en México. Vías que no transitaba el partido al que renunció.
Tenía referencias del antropólogo político que era un devorador de libros que documentaban los debates más recientes, que formaba equipos de investigadores sobre temas de frontera en el conocimiento social, que había sido formado por ilustres antropólogos como Ángel Palerm, junto con otros destacados colegas suyos como Andrés Fábregas y Guillermo de la Peña, entre otros. Fui conociendo y acercándome a sus pasiones por la vigencia del marxismo, por los procesos electorales, por la teoría del Estado, por la necesaria y urgente transformación social de México, por la rigurosa formación de doctores/as. Luego, ya cerca de él descubrí otro filón de humanidad en su aguda observación de la biografía, como la infaltable historia de vida de Efraín González Luna, que no solo interpeló al panismo por su menosprecio a la doctrina de uno de sus fundadores, sino que además aportó reflexiones para la política mexicana en su conjunto. O la biografía de Rubén Aguilar (padre), que documenta la formación de las élites en México.
Esa toda humanidad del Doc Alonso, la percibo en sus preocupaciones sobre el devenir de la iglesia católica, en su papel de consejero electoral en Jalisco, en el colega ejemplar ante la academia, la investigación, la vida plena, la crítica implacable ahora bañada de ternura humanidad.
* Discurso preparado para el homenaje que le rinde el Departamento de de Estudios Sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara (28/05/2010).
Es muy atinado rendirle homenaje a este hombre que es todo humanidad y por ello es de felicitar la iniciativa que toma el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, por hacérselo. Aunque es bien difícil decir en la estrechez de un pequeño texto algo que haga justicia a alguien tan intenso en su pensar y quehacer, además durante tantos años de acucioso y muy productivo trabajo. Me declaro incapaz de ofrecer una imagen ni siquiera abreviada de su currículo, por ello solo diré algo sobre lo que el Doc Alonso representa en mi vida, pues me considero privilegiado por su amistad y por afanes comunes que nos han unido.
Del “maestrillo”, como se conoce al jesuita en formación que da clases en el Instituto de Ciencias, me queda el recuerdo de sus clases sobre literatura universal y de ética, un profesor apasionado que trasmitía energía, que no supe apreciar cabalmente hasta años recientes. Supe del Doc Alonso tiempo después cuando en un trabajo que combinaba investigación y acción, leímos sus trabajos sobre los movimientos sociales urbanos y sobre teoría del Estado, los cuales nos obligaron a leer varios de los autores que por primera vez oíamos citados en sus trabajos. Supe también de él, cuando renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no con una carta sino mediante la factura de un libro de más de 300 páginas en las que razonó sobre las mejores vías para construir el socialismo en México. Vías que no transitaba el partido al que renunció.
Tenía referencias del antropólogo político que era un devorador de libros que documentaban los debates más recientes, que formaba equipos de investigadores sobre temas de frontera en el conocimiento social, que había sido formado por ilustres antropólogos como Ángel Palerm, junto con otros destacados colegas suyos como Andrés Fábregas y Guillermo de la Peña, entre otros. Fui conociendo y acercándome a sus pasiones por la vigencia del marxismo, por los procesos electorales, por la teoría del Estado, por la necesaria y urgente transformación social de México, por la rigurosa formación de doctores/as. Luego, ya cerca de él descubrí otro filón de humanidad en su aguda observación de la biografía, como la infaltable historia de vida de Efraín González Luna, que no solo interpeló al panismo por su menosprecio a la doctrina de uno de sus fundadores, sino que además aportó reflexiones para la política mexicana en su conjunto. O la biografía de Rubén Aguilar (padre), que documenta la formación de las élites en México.
Esa toda humanidad del Doc Alonso, la percibo en sus preocupaciones sobre el devenir de la iglesia católica, en su papel de consejero electoral en Jalisco, en el colega ejemplar ante la academia, la investigación, la vida plena, la crítica implacable ahora bañada de ternura humanidad.
* Discurso preparado para el homenaje que le rinde el Departamento de de Estudios Sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara (28/05/2010).
viernes, 21 de mayo de 2010
OTROS DESAPARECIDOS
Sin querer minimizar la todavía inexplicable desaparición de Diego Fernández de Cevallos, hay un conjunto de sucesos que llevan a pensar en la privación forzada de la libertad, como fenómeno social, político y jurídico. Entre las innumerables opiniones que ha despertado este lamentable acontecimiento, me llamó la atención la posición asumida por Doña Rosario Ibarra de Piedra: “Para nosotros, integrantes del Comité ¡Eureka! de familiares de desaparecidos políticos, el hecho es cruel, sean su origen y su finalidad los que sean. Nosotros, con preciso conocimiento del delito de desaparición forzada de personas, catalogado como crimen de lesa humanidad, comprendemos perfectamente lo que ello significa en el ámbito familiar, y algunos, no pocos, llevamos en las almas un sedimento de dolor inmenso.” (El Universal, 20-05-2010) Hay enormes diferencias entre un compromiso ético humanamente asumido y la oleada oportunista que abarca al gobierno, al panismo, a casi todos los partidos, que están propiciando una andanada mistificadora de un personaje particularmente polémico en su actuación pública.
Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.
Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.
No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.
Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.
Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.
No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.
viernes, 7 de mayo de 2010
ATENTADO CONTRA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO
Los hechos: una Caravana de Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui de Oaxaca, fue emboscada por un grupo de encapuchados, el 27 de abril pasado; murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés; resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia, periodistas de la revista Contralínea, de la prensa alternativa. Hay varios desaparecidos. La Caravana era apoyada por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca (APPO). San Juan Copala es asediado, desde el surgimiento del municipio autónomo, por grupos paramilitares que presuntamente actúan con el patrocinio del gobierno de Oaxaca. Dos locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, fueron asesinadas en 2008. En 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.
Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.
El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.
Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.
Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.
El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.
Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.
viernes, 30 de abril de 2010
ELECCIONES Y LEGISLACIÓN ¿INCOMPATIBLES?
Contrariamente a los propósitos de un sistema político del que se esperan leyes adecuadas para el interés general, las jerarquías partidarias entorpecen aquellas iniciativas de legislación que puedan alterar sus estrategias electorales. Así, las dirigencias partidistas de Acción Nacional, del PRI y del Partido Verde, hacen incompatibles las coyunturas electorales, que son particularmente intensas en los estados del país este año, con procesos legislativos que puedan cuestionar o significar un desgaste en su búsqueda de alianzas con los poderes fácticos regionales o nacionales; entre éstos últimos, particularmente los poderes mediáticos. Sinsentidos de la política partidaria que abonan su desprestigio y alientan al desapego ciudadano, ya no solamente del momento de la votación sino que también, y ahí está otro gran riesgo de retroceso antidemocrático, que apagan o decepcionan el interés general por participar en los asuntos públicos.
De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.
Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.
Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.
De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.
Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.
Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.
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