El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, presentó ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el documento: "Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia". Se trata de un acercamiento estratégico entre la academia y actores del poder gubernamental en las complejas y abigarradas regiones de México. Además del carácter multidimensional de la violencia causada por el crimen, organizado o no, y del papel clave de la justicia para prevenir y castigar el delito, la complejidad del territorio mexicano obliga a pensar en políticas diferenciadas para cada región, cuya aptitud y pertinencia puede ser enriquecida por la academia, no solo del centro del país sino también de las universidades públicas de los estados, así como por las asociaciones civiles que producen información y diagnósticos relevantes.
El estudio: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, ofrecido por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, aporta información detallada sobre el país y cada uno de sus estados: en el sexenio actual, el promedio mensual de delitos del fuero federal se ha incrementado en 74.7 por ciento con respecto al del sexenio anterior. Delitos del fuero común en el sexenio del Presidente Fox: 119 mil 715; durante la administración actual: 136 mil 499. Un aumento del 14 por ciento. Entre el sexenio de Fox y lo que va del actual, hubo un aumento de 25.4 por ciento en el número de homicidios al mes. Durante este sexenio, el promedio mensual de secuestros creció un 132.6 por ciento. Entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 208.6 por ciento.
La cifra negra opaca el número de víctimas visibles, pues del conjunto de delitos apenas 2 de cada 10 delitos se denuncian. Según México Evalúa, además las víctimas invisibles, relacionadas con las víctimas directas del delito, no se cuantifican en casi la totalidad de países del mundo, por lo que su estudio trata de dimensionar este preocupante fenómeno, del que da un ejemplo dramático: Entre 1990 y 2009, en 9 de cada 10 casos la víctima era un hombre casado en edad productiva, es decir, casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre. Urge dimensionar el número de víctimas invisibles que dejan los más de 50 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado.
La geografía de los delitos graves se concentra en cuatro zonas del país: el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que forman parte de los 5 estados más violentos del país durante lo que va de la presente administración. El segundo grupo: Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal, reúne entidades que se ubicaron por encima del promedio nacional del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), tanto en 2010 como en 2011. El tercer grupo, formado por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, estuvo por debajo de la media nacional en 2010 y por encima de ella en 2011. Un cuarto grupo: Baja California, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo, son cuatro entidades ubicadas por encima del promedio nacional, pero que no comparten fronteras con otras entidades que registren índices altos. Las entidades que cuentan con litoral y las que se ubican en las fronteras del país, anidan altos índices de víctimas. Construir una política pública de Estado requiere de una cuantificación de las cifras negras del delito y de una minuciosa cuantificación de las víctimas invisibles, para poder lograr una coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno y la investigación académica.
viernes, 26 de agosto de 2011
viernes, 22 de julio de 2011
PROGRESO Y BIENESTAR, MITOS FUNDACIONALES
Una de las bondades del estudio del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, es el resituar el rol activo que juegan las percepciones ciudadanas sobre lo que está mejor y peor en nuestras vidas cotidianas. Ellas no se pueden disociar de los ideales surgidos en torno del progreso, o del muy amplio y debatido concepto del desarrollo, ni del concepto de calidad de vida. Otro estudio, encargado por el Foro Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): La medición del progreso y del bienestar. Propuestas desde América Latina, complementa la información necesaria para poder dimensionar el desafío que enfrentamos, cuando hablamos de la tensión que acompaña nuestra condición humana, entre el mejorar nuestra calidad de vida y bienestar, y la realización de nuestros ideales personales, colectivos, comunitarios. La manera como acoplamos realidad material y sentimientos, emociones, percepciones de felicidad.
Siempre presente, esa tensión ha querido solucionarse mediante diversos modos bajo los que opera nuestra organización socioeconómica y política, y la jerarquía que concede a los valores que estructuran su cultura. Ahí es donde está el drama de la supremacía del mercado en nuestra época, que vale mucho más la libertad de especular en la bolsa de valores que la muerte por hambre impuesta a millones de seres humanos. Hay miles de indicadores que pueden mostrar este drama, pero las discusiones suscitadas en la actualidad, gracias a estudios que revalorizan la agencia humana, la capacidad de individuos y colectividades para modificar su entorno, están mostrando que los deseos y las opciones buscadas para satisfacerlos cuentan. Que no bastan ofrecimientos de futuro progreso, siempre postergados, sino que la realidad existencial del aquí y ahora, manifestada en el deseo de bienestar material y subjetivo, se convierte en la prueba de fuego de la organización socioeconómica que domina nuestras vidas, y del sistema sociopolítico que la sustenta y la pretende legitimar.
Estamos hasta la madre también porque el Producto Interno Bruto se convierta en la medida del progreso, pues la economía de mercado no significa bienestar para todos-as. Quedamos igualmente hartos de las promesas no cumplidas por los regímenes socialistas burocráticos. Pero, Latinoamérica está mostrando vitalidad y otros sentidos de futuro que animan a repensar ese par conflictivo entre progreso y bienestar. Ya no nos contentamos con evaluaciones de indicadores sociales que terminaron sometidos por el mercado al apostar por la posesión y acceso a bienes y servicios, tantas teles, tantos coches, tanto dinero, tan buena vivienda, tan buena educación… Tampoco nos satisface el enfoque por competencias y funcionalidades que propone adaptaciones paulatinas del capital humano al capitalismo, donde el ascenso social depende de adquirir capacidades y destrezas en la medida que las premie el mercado.
Medir el progreso y el bienestar pasa actualmente por dos consideraciones mayores antes no tomadas en cuenta: la sustentabilidad ambiental del desarrollo y el bienestar subjetivo: la satisfacción con la calidad de vida, el mundo afectivo satisfecho, la aceptación del otro y de la otra; aquello que no es medido en términos de crecimiento económico pero que genera, como en algunos países latinoamericanos, el Estado del Buen Vivir, sin discriminaciones, sin exclusiones legitimadas por el sistema social vigente. Medir y pensar de otra manera el progreso y el bienestar tiene consecuencias positivas: cuestiona el modelo dominante y potencia la imaginación de un mundo mejor, aprende de prácticas sociales innovadoras que adaptan desde lo local al conocimiento global, orienta nuevas políticas públicas y cambios en actitudes hacia una cultura de derechos ciudadanos. Bienestar, equidad y progreso, condicionan el valor que emerge con mayor fuerza: la felicidad, esa rara ave azul hoy asesinada por la violencia y el mercantilismo capitalista.
Siempre presente, esa tensión ha querido solucionarse mediante diversos modos bajo los que opera nuestra organización socioeconómica y política, y la jerarquía que concede a los valores que estructuran su cultura. Ahí es donde está el drama de la supremacía del mercado en nuestra época, que vale mucho más la libertad de especular en la bolsa de valores que la muerte por hambre impuesta a millones de seres humanos. Hay miles de indicadores que pueden mostrar este drama, pero las discusiones suscitadas en la actualidad, gracias a estudios que revalorizan la agencia humana, la capacidad de individuos y colectividades para modificar su entorno, están mostrando que los deseos y las opciones buscadas para satisfacerlos cuentan. Que no bastan ofrecimientos de futuro progreso, siempre postergados, sino que la realidad existencial del aquí y ahora, manifestada en el deseo de bienestar material y subjetivo, se convierte en la prueba de fuego de la organización socioeconómica que domina nuestras vidas, y del sistema sociopolítico que la sustenta y la pretende legitimar.
Estamos hasta la madre también porque el Producto Interno Bruto se convierta en la medida del progreso, pues la economía de mercado no significa bienestar para todos-as. Quedamos igualmente hartos de las promesas no cumplidas por los regímenes socialistas burocráticos. Pero, Latinoamérica está mostrando vitalidad y otros sentidos de futuro que animan a repensar ese par conflictivo entre progreso y bienestar. Ya no nos contentamos con evaluaciones de indicadores sociales que terminaron sometidos por el mercado al apostar por la posesión y acceso a bienes y servicios, tantas teles, tantos coches, tanto dinero, tan buena vivienda, tan buena educación… Tampoco nos satisface el enfoque por competencias y funcionalidades que propone adaptaciones paulatinas del capital humano al capitalismo, donde el ascenso social depende de adquirir capacidades y destrezas en la medida que las premie el mercado.
Medir el progreso y el bienestar pasa actualmente por dos consideraciones mayores antes no tomadas en cuenta: la sustentabilidad ambiental del desarrollo y el bienestar subjetivo: la satisfacción con la calidad de vida, el mundo afectivo satisfecho, la aceptación del otro y de la otra; aquello que no es medido en términos de crecimiento económico pero que genera, como en algunos países latinoamericanos, el Estado del Buen Vivir, sin discriminaciones, sin exclusiones legitimadas por el sistema social vigente. Medir y pensar de otra manera el progreso y el bienestar tiene consecuencias positivas: cuestiona el modelo dominante y potencia la imaginación de un mundo mejor, aprende de prácticas sociales innovadoras que adaptan desde lo local al conocimiento global, orienta nuevas políticas públicas y cambios en actitudes hacia una cultura de derechos ciudadanos. Bienestar, equidad y progreso, condicionan el valor que emerge con mayor fuerza: la felicidad, esa rara ave azul hoy asesinada por la violencia y el mercantilismo capitalista.
viernes, 15 de julio de 2011
PARCHES POSPONEN REFORMAS
Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
viernes, 8 de julio de 2011
2012, MALOS PRESAGIOS
Con los resultados de las elecciones locales en cuatro entidades del país el pasado domingo, que reinstauraron el exitoso carro completo a favor del PRI, se pavimenta el camino para el regreso de un régimen de partido predominante en México. Más allá de la evaluación de las estrategias electorales que favorecieron ampliamente al Revolucionario Institucional, hay que incluir conflictos y contradicciones que aporta en general el sistema de partidos, la vinculación del gobierno federal y local con los organismos encargados del proceso electoral, incluido el Poder Judicial y muy particularmente, la mercantilización de la cultura política entre el electorado a través de los medios electrónicos de comunicación que se han convertido en el gran elector. Malos presagios, pues un partido predominante profundiza la democracia elitista, el gobierno de las minorías activas y su subordinación a los intereses de los poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
El incremento del abstencionismo es un mal presagio. Ni el PRI ni el conjunto de partidos acusaron recibo del desencanto representado frente a la partidocracia por la ausencia mayoritaria del electorado en los comicios de 2009, y por la emergencia de un movimiento por anular concientemente el voto como demanda para empoderar al elector. Lejos de registrar los sentimientos de desconfianza e incredulidad en las elecciones, el régimen de partido predominante que está en vías de restituirse ahondará la brecha entre representantes y representados. Máxime que tampoco creció el movimiento anulista en las elecciones locales recientes. En el Estado de México, el voto nulo apenas creció tres décimas porcentuales y en Coahuila, sólo quedó el testimonio del Obispo Raúl Vera, quien llamó a votar razonadamente, incluyendo la posibilidad de anular el voto si ninguna de las opciones convencía al elector.
Otro mal presagio es la contundente falta de equidad del proceso electoral mostrada antes, durante y en los conflictos postelectorales detonados en los comicios recientes, pues la reforma política urgente necesaria antes de las elecciones presidenciales sigue secuestrada por el PRI. Partido que torpedeó la iniciativa presidencial de reforma política, posteriormente enriquecida con propuestas partidarias y de organismos ciudadanos. Aunque la dirigencia de ese partido mostró disposición para rediscutir las reformas estructurales pendientes, principalmente la política, luego de sentirse el triunfador en las cuatro elecciones locales recientes, sus propuestas apuntan justamente al fortalecimiento del régimen de partido predominante, con el respectivo fortalecimiento de su hegemonía dentro de la partidocracia reinante. Seguirá la complicidad interpartidaria para el uso sesgado de recursos públicos con fines electorales, la subordinación del Poder Judicial Federal en materia electoral a las alianzas entre partidos gobernantes, autoridades electorales locales y medios electrónicos.
Con el PRI como partido predominante en el Congreso de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, se bloqueará todo lo que signifique empoderar al electorado. No habrá contrapesos a la democracia elitista con gobierno de minorías activas, lo cual limita la calidad democrática que sustentan formatos participativos ciudadanos. Se cancelan así posibilidades de candidaturas independientes, de impulso a plebiscitos, referéndum o revocación de mandato en los poderes ejecutivos. Seguirá el financiamiento desproporcionado a partidos políticos sin que haya reelección consecutiva una vez para algunos puestos de elección popular; no se reducirá el tamaño de las Cámaras, ni se definirán mecanismos para la definición técnica salarial de los mandos públicos. Mientras que Acción Nacional y el PRD no resuelvan la falsa disyuntiva que plantea una alianza que sólo se propone derrotar al PRI y no aparezca la necesidad de un programa electoral para un gobierno de amplia participación, la coalición político-partidaria que encabeza el PRI avanzará sobre alfombra roja hacia el régimen de partido predominante que tan bien sabe usufructuar.
viernes, 1 de julio de 2011
IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN
Tres jinetes del Apocalipsis político, que sientan malos precedentes frente a la democratización urgente que necesita nuestro país, nuestras regiones, nuestra vida local. Se deterioran las instituciones de justicia por sujetos obligados de respetarlas, a la par que se debilitan los contrapesos creados para vigilar el desempeño de los servidores públicos, debido al intercambio de complicidades para protegerse frente al escrutinio público. Las vísperas electorales nacionales y en algunos estados del país, expresan las limitaciones impuestas a la rendición de cuentas en los gobiernos locales, por la complicidad entre el Poder Judicial y los organismos electorales. Asimismo, la arbitrariedad con la que se auto-adjudican sus salarios y prestaciones la inmensa mayoría de funcionarios públicos, vinculados con la organización del proceso electoral, muestran esta dinámica perversa entre impunidad y corrupción que lleva directo a la corrupción de los valores democráticos.
Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.
Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.
Desde las precampañas de los precandidatos a la presidencia del país, hasta las campañas en las elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, ya se dejan ver las complicidades entre la parte judicial, los candidatos y los poderes fácticos ligados con los medios de difusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lugar de sancionar a Enrique Peña Nieto por pasar spots publicitarios de su informe de gobierno fuera del Estado de México, y a las cadenas televisivas que aceptaron difundirlos, sólo fincó responsabilidades a éstas últimas. El Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE del 18 de enero de 2011 que sancionaba a Peña Nieto por violar los artículos 134 de la Constitución y 5 del Cofipe. Tres días antes de las elecciones en ese estado, el TEPJF da a conocer que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” realizó actos anticipados de campaña y ordena al Instituto Electoral de la entidad que aplique la sanción correspondiente. En Coahuila, se denuncian malos manejos del anterior gobernador, Humberto Moreira, actualmente Presidente del tricolor, las cuales son solapadas por el gobierno en turno con la ayuda del candidato actual a gobernador, a más señas hermano del Presidente del PRI.
Uno de los casos más agudos de esta trilogía perversa entre impunidad, complicidad y corrupción, es el de Alonso Godoy, Auditor Superior del Estado de Jalisco, quien, paradojas de la política, en un proceso desaseado limpió las cuentas del Congreso local durante 2009. Milenio-Jalisco informó (29-06-2011) que el 30 por ciento de las observaciones a esa cuenta, hechas por una auditoría privada fueron rasuradas por Godoy. El pago por este intercambio de protección criminal es su permanencia en el cargo. Se echan por la borda evidencias de corrupción del Auditor tanto como de varios Diputados de la Legislatura anterior. El Instituto de Transparencia jalisciense se invisibiliza, mientras que la inconformidad ciudadana se desprecia por los legisladores locales.
Otro botón de muestra es la manera como se manejan los aumentos de salarios por los propios funcionarios beneficiados. Ante la inexistencia práctica de la Comisión Técnica de Valoración Salarial y la complicidad del Poder Legislativo, por su incapacidad para generar contrapesos que moderen apetitos salariales desmedidos, crece la impunidad y se debilita la rendición de cuentas. Desde 2008, el Presidente y los Consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ganan lo mismo que un Magistrado. En junio de este año, esos funcionarios conquistaron un aumento que supera inclusive el monto de impuestos que ahora están obligados a pagar. Sus gastos menores, viáticos y prestaciones, son fijados y sancionados por ellos mismos. Ahí tampoco vemos avances ni en la rendición de cuentas, ni de contrapesos institucionales encargados de evaluar el desempeño público del organismo electoral. Se nutre el triángulo perverso.
viernes, 24 de junio de 2011
sin la autoridad moral internacional para hacer valer su autonomía en la defensa de su seguridad pública y nacional. No hay, en contraste, un solo po
Tachado de ingenuo por políticos profesionales y por intelectuales que se reclaman sabedores de los códigos ocultos de la y lo político, uno de los méritos del poeta Javier Sicilia es evidenciar que el gobierno está desnudo: sin estrategias coherentes eficaces contra el crimen organizado; sin fundamentos éticos que hagan creíble la justicia para acabar con impunidades y corruptelas; sin respaldos auténticos fundados sobre la legitimidad que podría brindar un sistema político democrático inspirado y apoyado en la participación ciudadana; sin la autoridad moral internacional para hacer valer su autonomía en la defensa de su seguridad pública y nacional. No hay, en contraste, un solo político profesional que haya logrado una imagen tan nítida capaz de mostrar que el gobierno, los 3 poderes y órdenes de gobierno, el sistema político y de partidos, van desnudos.
Algunos reclaman que Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dialoguen con un Ejecutivo ilegítimo, porque eso podría manchar la autenticidad de sus demandas. Sin embargo, otra de las cualidades lograda por el movimiento pacifista es que interpela al gobierno, al Estado, a la nación entera, pues no hay autoridad, partido político, jerarquía eclesial o feligresía, o ciudadanos-as comunes que no se sientan concernidos por el conjunto de demandas que se anudan en el Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual conforma un programa pertinente de acción social para enfrentar el sufrimiento causado por inseguridad y violencia, venga de donde venga. Se incrementan autoconfianza y autoestima, de manera que entre todos podemos lograr esa paz justa y digna, brindarnos consuelo frente a la desgracia, revalorizar el amor y la solidaridad humanos como dones superadores del odio y la mercantilización mortales.
El diálogo entre el movimiento siciliano y Felipe Calderón, tenido en el Castillo de Chapultepec y no en el Museo de Antropología e Historia, como estaba previsto por su valor simbólico civilizatorio, huyo del posible alcance de la protesta pública hacia el símbolo de la posición militar controladora. No obstante, son varios los méritos alcanzados en esa reunión: se visibilizó a las víctimas, situándolas como la condición inicial de una doble exigencia, que se sepa la verdad y se actúe en consecuencia, que urgentemente se haga un plan de resarcimiento del daño a familiares de las víctimas. Además esta reunión genera una agenda política paralela en torno a la discusión de la política pública en materia de seguridad, y los temas relacionados con las urgentes reformas con visión de Estado: el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, la reforma política y los puntales de una reforma económica, al menos en lo tocante al piso material que sostiene al crimen organizado.
Las demandas del Pacto Nacional Ciudadano nos interpelan: verdad y justicia desde las víctimas; fin a la estrategia de guerra, desmilitarización del país; combatir la corrupción e impunidad; política social para los jóvenes y perfeccionamiento de la democracia en el país, con una mayor participación ciudadana; combatir la raíz económica del crimen organizado, debate sobre la militarización, que busca discutir una ley de seguridad nacional, la Iniciativa Mérida, la desmilitarización como un modelo de reconstrucción del tejido social y la criminalización de los jóvenes. El debate incluye discutir sobre el fuero de los legisladores y de los funcionarios, esquemas de prevención para servidores públicos corruptos, apertura de los medios de comunicación, y llama a discutir formas de “enlace y la organicidad del movimiento”, relacionada en las formas de organización y coordinación territorial y la toma de decisiones, que esperemos den continuidad a esta novedosa y espontánea forma política de desnudar al rey.
Algunos reclaman que Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dialoguen con un Ejecutivo ilegítimo, porque eso podría manchar la autenticidad de sus demandas. Sin embargo, otra de las cualidades lograda por el movimiento pacifista es que interpela al gobierno, al Estado, a la nación entera, pues no hay autoridad, partido político, jerarquía eclesial o feligresía, o ciudadanos-as comunes que no se sientan concernidos por el conjunto de demandas que se anudan en el Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual conforma un programa pertinente de acción social para enfrentar el sufrimiento causado por inseguridad y violencia, venga de donde venga. Se incrementan autoconfianza y autoestima, de manera que entre todos podemos lograr esa paz justa y digna, brindarnos consuelo frente a la desgracia, revalorizar el amor y la solidaridad humanos como dones superadores del odio y la mercantilización mortales.
El diálogo entre el movimiento siciliano y Felipe Calderón, tenido en el Castillo de Chapultepec y no en el Museo de Antropología e Historia, como estaba previsto por su valor simbólico civilizatorio, huyo del posible alcance de la protesta pública hacia el símbolo de la posición militar controladora. No obstante, son varios los méritos alcanzados en esa reunión: se visibilizó a las víctimas, situándolas como la condición inicial de una doble exigencia, que se sepa la verdad y se actúe en consecuencia, que urgentemente se haga un plan de resarcimiento del daño a familiares de las víctimas. Además esta reunión genera una agenda política paralela en torno a la discusión de la política pública en materia de seguridad, y los temas relacionados con las urgentes reformas con visión de Estado: el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, la reforma política y los puntales de una reforma económica, al menos en lo tocante al piso material que sostiene al crimen organizado.
Las demandas del Pacto Nacional Ciudadano nos interpelan: verdad y justicia desde las víctimas; fin a la estrategia de guerra, desmilitarización del país; combatir la corrupción e impunidad; política social para los jóvenes y perfeccionamiento de la democracia en el país, con una mayor participación ciudadana; combatir la raíz económica del crimen organizado, debate sobre la militarización, que busca discutir una ley de seguridad nacional, la Iniciativa Mérida, la desmilitarización como un modelo de reconstrucción del tejido social y la criminalización de los jóvenes. El debate incluye discutir sobre el fuero de los legisladores y de los funcionarios, esquemas de prevención para servidores públicos corruptos, apertura de los medios de comunicación, y llama a discutir formas de “enlace y la organicidad del movimiento”, relacionada en las formas de organización y coordinación territorial y la toma de decisiones, que esperemos den continuidad a esta novedosa y espontánea forma política de desnudar al rey.
viernes, 10 de junio de 2011
POLÍTICA DESGARRADA
Si entendemos la política como el arte para vivir juntos mejor, de manera segura, y como un conjunto de capacidades institucionales y grupales para resolver razonadamente los conflictos derivados de nuestra convivencia, podemos concluir que la realidad política mexicana está desgarrada. Pero el desgarre dramático que vivimos en prácticamente todas las esferas de lo público tiene responsables. En cada uno de los poderes republicanos, en cada orden de gobierno, en el sistema político y de partidos, constatamos un marco contrastado entre apego a la legalidad y manipulación de la legitimidad de la acción pública. Sin embargo, no es únicamente un problema de Estado, pues los poderes fácticos comandan el desgarre de la política al concentrar capacidades para decidir por encima de la ley y las instituciones. Desde el crimen organizado, hasta el poder de las jerarquías eclesiales y del dinero, se vulneran las potencialidades incluyentes e integradoras de la política.
Hay, no obstante esas adversidades, quienes actúan en la esfera pública desde una perspectiva contraria al desgarre político. El imaginario que nutre esa actuación, busca rehacer un tejido social de confianza y de reivindicaciones críticas frente al caos, la inseguridad y la injusticia, apuesta por una ética fundada en valores humanistas. Por ello, se revalorizan palabras como dignidad, esperanza, consuelo, a la par de conceptos venidos de la política como diálogo, consenso, estrategia de largo plazo, lazos comunitarios horizontales, o democracia directa real del aquí y ahora. Esta amalgama creativa entre valores humanistas e imaginario político, se encuentra fundamentalmente en los movimientos sociales y en casos raros de personajes públicos insertados en el Estado, en el gobierno y hasta en partidos políticos. Sus fuentes de inspiración provienen de conflictos irresueltos que les competen directamente o frente a los cuales se despiertan fibras sensibles vitales como la solidaridad o la compasión.
El arraigo que encuentran las demandas públicas por revalorizar la política se debe a la defensa de la vida que entrañan. De ahí la importancia y el eco logrado por la Caravana de la Paz encabezada por Javier Sicilia, que está dando rostro a las víctimas por la violencia en las localidades por las que pasa, donde se retoman las exigencias de justicia desde el combate al odio, al revanchismo y al uso electorero del aparato judicial. La Caravana de la Paz repercute en una antropología de la muerte desde la vida, que visibiliza a las víctimas en todo el país y que apela a la memoria colectiva; los niños asesinados por la irresponsabilidad pública en la Guardería ABC, o los muertos en la guerra contra el crimen organizado, junto con las más de 40 mil historias de muertes violentas, son denuncias contra el desgarre político del olvido.
Si la muerte evidencia dramáticamente el desgarramiento público, la desesperanza frente al futuro es igualmente negativa de una vida mejor. Es el caso de la cerrazón al diálogo por parte de autoridades federales y estatales, por la construcción de la represa del Zapotillo, la cual se quiere imponer a toda costa sobre las poblaciones de Temacapulín, Palmarejo y Acasijo. Ahí, bajo el pretexto insostenible del bien mayor que representaría el abasto de agua para uso urbano, se esconde la defensa de un antimodelo de desarrollo extractivista y depredador que lo único que sustenta son las ganancias siderales de ciertas empresas constructoras locales y trasnacionales, asociadas en complicidad con las autoridades interesadas en mostrar que contribuyen al dinamismo económico, aunque sea en detrimento de las poblaciones afectadas. Negarse a evaluar alternativas a la represa y negarse a discutir a fondo todas las complejas aristas que tiene el abastecimiento de agua potable, también contribuye al desgarramiento de la política.
Hay, no obstante esas adversidades, quienes actúan en la esfera pública desde una perspectiva contraria al desgarre político. El imaginario que nutre esa actuación, busca rehacer un tejido social de confianza y de reivindicaciones críticas frente al caos, la inseguridad y la injusticia, apuesta por una ética fundada en valores humanistas. Por ello, se revalorizan palabras como dignidad, esperanza, consuelo, a la par de conceptos venidos de la política como diálogo, consenso, estrategia de largo plazo, lazos comunitarios horizontales, o democracia directa real del aquí y ahora. Esta amalgama creativa entre valores humanistas e imaginario político, se encuentra fundamentalmente en los movimientos sociales y en casos raros de personajes públicos insertados en el Estado, en el gobierno y hasta en partidos políticos. Sus fuentes de inspiración provienen de conflictos irresueltos que les competen directamente o frente a los cuales se despiertan fibras sensibles vitales como la solidaridad o la compasión.
El arraigo que encuentran las demandas públicas por revalorizar la política se debe a la defensa de la vida que entrañan. De ahí la importancia y el eco logrado por la Caravana de la Paz encabezada por Javier Sicilia, que está dando rostro a las víctimas por la violencia en las localidades por las que pasa, donde se retoman las exigencias de justicia desde el combate al odio, al revanchismo y al uso electorero del aparato judicial. La Caravana de la Paz repercute en una antropología de la muerte desde la vida, que visibiliza a las víctimas en todo el país y que apela a la memoria colectiva; los niños asesinados por la irresponsabilidad pública en la Guardería ABC, o los muertos en la guerra contra el crimen organizado, junto con las más de 40 mil historias de muertes violentas, son denuncias contra el desgarre político del olvido.
Si la muerte evidencia dramáticamente el desgarramiento público, la desesperanza frente al futuro es igualmente negativa de una vida mejor. Es el caso de la cerrazón al diálogo por parte de autoridades federales y estatales, por la construcción de la represa del Zapotillo, la cual se quiere imponer a toda costa sobre las poblaciones de Temacapulín, Palmarejo y Acasijo. Ahí, bajo el pretexto insostenible del bien mayor que representaría el abasto de agua para uso urbano, se esconde la defensa de un antimodelo de desarrollo extractivista y depredador que lo único que sustenta son las ganancias siderales de ciertas empresas constructoras locales y trasnacionales, asociadas en complicidad con las autoridades interesadas en mostrar que contribuyen al dinamismo económico, aunque sea en detrimento de las poblaciones afectadas. Negarse a evaluar alternativas a la represa y negarse a discutir a fondo todas las complejas aristas que tiene el abastecimiento de agua potable, también contribuye al desgarramiento de la política.
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