ANTIDEMOCRACIA PARTIDARIA

La democracia empieza en casa pero los partidos políticos son los primeros en quebrantar este principio. Cada uno a su manera enfrenta duras luchas fraccionales -frecuentemente facciosas-, por el poder que concentran los institutos políticos, en donde la democracia interna se cuestiona. No atinan un método democrático para elegir-seleccionar-designar sus candidatos a puestos de elección popular, debido a la mercantilización de la política que convierte al gobierno y a los partidos mismos en un modus vivendi vinculado con el dinero. Un botín en disputa es el presupuesto público del que gozan, cada vez más cuantioso pero cada vez menos transparente. “El financiamiento público que de 2000 a 2010 han recibido los tres principales partidos políticos en el país -PRI, PAN y PRD- asciende a más de 22 mil 760 millones de pesos […] dicha cifra supera el presupuesto destinado este 2011 para carreteras” (Eleccionpresidencialmexico2012.com)

El manejo financiero interno de los partidos es un misterio, no se sabe cuántos empleados tienen ni que sueldo se les fija, ni siquiera se sabe si ellos tienen las prestaciones laborales de ley. Al inicio de esta semana, los siete partidos “nacionales” que reciben financiamiento público, se opusieron a brindar información al respecto, ante una petición del diario El Universal. Consideran que su información es confidencial y aunque los partidos son de interés público, no son sujetos obligados para dar información por la Ley de Transparencia. Sospechosamente, no siguen en casa lo que demandan de las instituciones públicas. El presupuesto que nutre sus maquinarias electorales, destinado a la operación de los organismos políticos en 2012, pasará de dos mil 568 millones, recibidos en 2006 a 3 mil 370 millones que tendrán disponibles en 2012. Partidos S.A. representa una franquicia que conspira contra la democracia.

Esa mercantilización torpedea su democracia interna también en lo que hace al método para elegir a sus candidatos. Es cuestionable que si el objetivo de cualquier partido es la construcción y preservación de la democracia que pregonan, aquella que funda el ciudadano con su voto, no rija esa condición básica para la toma de decisiones. El caso del candidato presidencial muestra cómo se exacerban conductas autoritarias y luchas facciosas por el poder. Cada vez más alejados del pueblo al que apelan para obtener su voto, ni empoderan esa figura elemental en su vida interna, ni someten los métodos de selección seguidos a la fiscalización del órgano electoral. Desconfían de sus propios padrones electorales, pues sus bases sociales son volátiles y la militancia decrece una vez que pasan las elecciones en turno. La figura del adherente es insuficiente y los mecanismos para delegar el voto de sus agremiados en convenciones no convence internamente.

Paradójicamente, los partidos tienen en la ciudadanización un desafío. Entre las elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir el candidato, las convenciones con delegados mandatados por los órganos partidarios internos y en esta coyuntura especialmente las encuestas como las propone el PRD, se procura tomar el pulso de la sensibilidad ciudadana, pero ésta suerte de elecciones primarias causan descontento. En todos los casos, los partidos están obligados a dar certidumbre sobre el carácter democrático del momento preelectoral que viven, a través de un padrón interno confiable, del aseguramiento de condiciones equitativas en sus contiendas y de la definición de reglas comúnmente aceptadas entre todas las fracciones que legítimamente aspiren a obtener candidaturas. El cochinero que se adjudica al PRD en estos procesos, no es muy distinto de las dificultades atravesadas por el PAN para reconocer su militancia y la adopción del dedazo para designar sus candidatos, o de las dificultades priistas para dar cabida a todos los aspirantes.

CAMBIO GLOBAL DE VALORES

Antes que nada, la indignación mostrada este 15 de octubre en casi un millar de ciudades de todos los continentes, sacude los valores más caros al capitalismo: el poder del dinero; la impunidad frente a sus efectos depredadores sobre toda forma de vida; la cosificación de las personas sin importar su destino; la subordinación de lo público y sus instituciones a los intereses de ese 1% de la oligarquía mundial, lo cual se simboliza en la ocupación de Wall Street. No es casual que desde ahí se detonó un movimiento global novedoso en sus alcances, aunque inspirado en un contexto mundial de heterogéneas inconformidades: el zapatismo, sus bases locales y sus Encuentros Intergalácticos por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; los altermundistas que persiguen las reuniones ejecutivas de los ricos: el G-8, el G-20, la OMC, el FMI o el Banco Mundial. Una década de intentos anuales de 10 Foros Sociales Mundiales por vincular pensamiento y acción global-local; las rebeliones norafricanas, los indignados españoles y movimientos similares al sur de Europa, pasando por Israel. Valores colectivos por su osadía; construcción de valores distintos.

De la novedad pasamos al asombro por los logros fundadores de un movimiento que ya es imparable, aunque no esté exento de incertidumbres respecto de su horizonte de acción. Vandana Shiva, activista hindú, planteó sintéticamente el desafío asumido: “necesitamos transformar el G-8 en el G-7,000’000,000”, es decir en el grupo de la humanidad toda. Lo que el 1% oligárquico no puede hacer es soñar con un proyecto civilizatorio así de incluyente. Y, los millones de microacciones directas que inspiran los indignados llaman a crear esos valores globales de convivencia para poder exigirlos. Entre esa dimensión humana y los motivos locales-nacionales-mundiales que dan pie a cada movimiento, están cuestionados todos los valores de la modernidad que nunca se cumplieron: la libertad, la igualdad, la solidaridad.

En Nueva York, está prohibido el uso de megáfonos en manifestaciones; oradores del movimiento e intelectuales reconocidos internacionalmente amplifican sus palabras a través de los que les escuchan y repiten sincronizadamente cada frase de sus discursos. Cientos de voces unificadas posibilitan la escucha de todos los participantes. Una manifestante porta un cartel: “me importas”, que expresa un valor cementante de solidaridades que niega el capitalismo. “Mis sueños no caben en sus urnas”, decía otro cartel en Xalapa, Veracruz. Se cuartean los valores democráticos liberales y los procesos electorales que sustentan la separación entre ejecutantes y decisores.

Indignados y rebeldes jaquean democracias, gobiernos y corrupciones en las coyunturas en que nacen. Desde Tunez hasta Estados Unidos, se cuestiona la democracia realmente existente. Los indignados legitiman asambleas participativas, educadoras, y se fijan al lugar que ocupan. Luchan simultáneamente por posiciones simbólicas ocupadas y movimientos que se expanden. Wall Street, la plaza Sintagma en Atenas, o la Puerta del Sol madrileña son focos desde donde se expanden las asambleas a los barrios, a la vida cotidiana. “Democracia real ya”, significa batallar por nuevas legitimidades que se erigen sobre la negación de lo inaceptable: que no se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias, a costa del desempleo, la pérdida de seguridad social, o del fin de las pensiones. Que el Estado no prolongue y normalice la exclusión del 99% de la humanidad, ni que los rituales seudo democráticos sustituyan las voces plurales de todos-as. Sin programa ni modelo preconstituido, estos movimientos inventan el día a día fundando valores globales. Unir la diversidad, localizar o aterrizar los valores globales en valores locales, instituir nuevas prácticas individuales y públicas de regulación social sin perder la fuerza inventiva utópica; valores que abren el universo de lo potencial.

REFORMA POLÍTICA: INCONEXA Y MALTRECHA

Se sigue concibiendo la reforma política, como un asunto predominantemente electoral y de arreglos partidistas a modo. No hay un diseño institucional acorde con una intención democratizadora y apenas se avizoran tímidas medidas que propicien la participación ciudadana. Los reformadores, quienes llevan la batuta en el Congreso de la Unión, cuidan el rancho partidocrático, a pesar de propuestas democráticas consistentes que enarbolan, en algunos contados casos, diputados y senadores de los partidos representados en ambas cámaras. La minuta de reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que el pleno tendrá que retomar para su debate y aprobación, seguirá la trayectoria de los otros intentos reformistas: el mercadeo impuesto por el sesgo partidista que entiende a su manera la coyuntura política para favorecer su desempeño electoral, pero sin tomar en cuenta las consecuencias políticas sobre el interés general.
Todas las reformas han buscado un destinatario que las legitime. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó un sistema de partidos un poco más abierto, que incorporara a ciertos opositores en el gobierno y las tareas legislativas. En 1979, se reforma el Poder Legislativo dándole una representación mixta al Congreso de la Unión (mayoría y proporcional). Los destinatarios fueron los partidos, quienes monopolizaron las listas de Diputados y Senadores, “electos” de manera proporcional. En 1981, se reforma el gobierno municipal y el conjunto de sus atribuciones, con lo cual se buscó responder a la creciente influencia, particularmente de Acción Nacional, sobre los gobiernos locales, lo cual empezaba a modificar el mosaico político-electoral nacional. Durante los gobiernos de Salinas y Zedillo, las reformas se pintaron de una participación más visible de la sociedad civil: ciudadanizar y profundizar el papel de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente del IFE. Diversos proyectos de reforma política buscaron, aunque infructuosamente, impulsar políticas de Estado que superaran los temas electorales, de manera que los cambios constitucionales incluyeran también nuevos diseños del sistema político, de partidos y del gobierno. En diciembre de 2010, Felipe Calderón envío al Senado una propuesta de reforma político-electoral que previamente discutió con algunos intelectuales y organizaciones sociales. Su propuesta incluía empoderar el voto, ampliar formatos de democracia participativa y redefinir los límites del presidencialismo. Las elecciones de 2009, confirmaron el malestar y desencanto del electorado frente a la partidocracia reinante, frente a los poderes fácticos que nadie eligió pero que imponen sus reglas, así como frente a la impunidad y corrupción pública y privada.
La ruta seguida por las reformas político-electorales desde arriba se reiteró: arreglos partidistas a modo de fortalecer sus maquinarias electorales; profundización del monopolio de la representación; reactividad frente a formatos democráticos participativos; inconexión entre la reforma electoral y la propuesta de Gobierno de Coalición. Varias pistas corren por caminos separados. La Comisión de Puntos Constitucionales planteará al pleno de los Diputados: candidaturas independientes (2015), consulta popular, e iniciativa ciudadana. Un nuevo mecanismo para sustituir al Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación. El Ejecutivo federal podrá rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte. Se propone Iniciativa Preferente: mandatario en turno podrá presentar dos proyectos, para ser votados en plazo máximo de 30 días. Ratificación titulares de Cofetel, y de Comisión Reguladora de Energía por el Congreso de la Unión; aumento de 30 a 40% de la votación para hacer valer cláusula de gobernabilidad en asamblea legislativa del DF. La reelección de legisladores y alcaldes, se irá a consulta pública; falta de acuerdo sobre revocación de mandato, no se disminuye el número de diputados ni de senadores. Los poderes mediáticos torpedearon avances e impulsaron la mercantilización de la política hasta el hartazgo.

PRESIDENCIALISMO DE COALICIÓN

Frente al dilema que se plantean las ciencias políticas entre presidencialismo y parlamentarismo, el caso mexicano ofrece un amplio desafío. El poder unipersonal que concentra la figura presidencial en la historia reciente, ha impedido que surja una cultura de compromisos y cooperación por parte de un sistema de partidos que no ha podido desprenderse del todo, de una triple combinación que ha resultado perversa, pues el Presidente de la República es al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y por si fuera poco es también en los hechos Jefe de Partido. Se ha impuesto así en México un parlamentarismo débil cuyo Poder Legislativo compite, hasta el torpedeo, con el Ejecutivo federal. No es que haya parálisis legislativa sistemática pero si impedimento para llevar a cabo reformas de profundidad en los campos que requiere particularmente una situación de crisis, la cual demanda cambios estructurales firmes.
Estamos frente a una buena oportunidad de sentar las bases para avanzar en un diseño político institucional, sincronizado con la democratización de un régimen puramente presidencialista que puede transitar hacia el fortalecimiento de prácticas parlamentarias y paralelamente al acotamiento de los resabios autoritarios que aún guarda el presidencialismo. La iniciativa para crear un gobierno de coalición, en todos los órdenes de los poderes ejecutivos del país, presentada en el Senado con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ahora es retomada en la Cámara de Diputados. Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), en coordinación con diputados de otros partidos presentes en la Cámara baja, particularmente con Javier Corral (PAN), presentaron una iniciativa que enriquece el trabajo iniciado por los senadores: la construcción de mayorías plurales de gobierno con base en coaliciones gubernamentales y legislativas que le den soporte al Ejecutivo, como opción a tomar en circunstancias específicas. Destacando la propuesta para elegir a un Jefe de Gobierno. Además, como parte de un trabajo legislativo que podría enriquecerse mediante consultas ciudadanas, el Congreso de la Unión enfrenta el desafío de profundizar estas propuestas en dos pistas simultáneas: la reforma político-electoral y el posible tránsito hacia un régimen semipresidencialista en México, que separe definitivamente las figuras de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de Partido.
Una magna tarea que quizá no pueda entrar en operación a partir de las elecciones presidenciales de 2012, pero que necesita prever los pasos a dar para lograr la doble reforma, de régimen y político- electoral. Algunos politólogos se preguntan sí es posible que un sistema multipartidista fortalezca la gobernabilidad democrática bajo un régimen presidencialista, cuando elites y burocracias partidarias han constituido un sistema partidocrático que amplía la brecha entre representantes y representados, no rinden cuentas, se oponen al empoderamiento del voto ciudadano y subordinan su quehacer al programa de los poderes fácticos. Tarea central es democratizar simultáneamente al Ejecutivo, los partidos políticos, la cultura parlamentaria y fortalecer los formatos democráticos participativos en los distintos órdenes de gobierno, de manera que sea la sociedad la que modele al Estado e incida activamente en la regulación del mercado y el sometimiento de los poderes fácticos, incluidos los del dinero, los del poder mediático, del poder eclesiástico y los del crimen organizado, al imperio de la ley. La experiencia brasileña del Presidencialismo de Coalición, ofrece pistas interesantes con su doble reforma, la afinación de mecanismos de representación política, que fortalecen el papel del multipartidismo en la Asamblea Nacional y la apuesta por una rendición de cuentas horizontal, emprendida por Comités Parlamentarios de Investigación que evalúan y dan seguimiento a los planes para enfrentar y eventualmente superar la crisis multidimensional del país, la cual atraviesa sistemas e instituciones políticas y de gobierno, como en todo el mundo.

GOBIERNO DE COALICIÓN PARTIDISTA

La reforma constitucional para incorporar la figura de Gobierno de Coalición, propuesta por Manlio Fabio Beltrones y asumida también por panistas y perredistas, aporta elementos para dimensionar la reforma de Estado que seguimos necesitando. Hace falta sin duda acotar al presidencialismo, un poder que se viene deteriorando desde que en 1997 se presentó el primer gobierno “dividido”, en el que el Ejecutivo federal no contó con una mayoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces, la relación entre Legislativo y Ejecutivo, no ha logrado establecer una interlocución suficientemente constructiva como para hacer avanzar las políticas públicas que propone el Presidente de la República, ni para llevar a cabo la legislación implicada en las reformas estructurales que pretende impulsar cada gobierno, sobre todo después del año 2000, cuando se registra la alternancia en el gobierno federal.

Falta una cultura parlamentaria respaldada en el diseño institucional republicano mexicano, pues el presidencialismo se inspiró en fortalecer el poder unipersonal del Ejecutivo, primero gracias al partido casi único que imperó en el país de 1929 a 2000 y luego frente a partidos políticos acostumbrados a negociar cuotas de poder partidista, apoyados sobre el monopolio de la representación de intereses, que evacuaron el interés general supuesta finalidad de los institutos políticos. El parlamentarismo, situado en el extremo contrario del Presidente fuerte, no ha logrado influir la cultura política gubernamental y del sistema político y de partidos, pues la elaboración responsable de consensos no caracteriza al desempeño partidario ni de los cargos públicos sometidos al debate para la toma de decisiones. Por ello, la propuesta de Beltrones obliga a pensar en la figura intermedia que representa el semipresidencialismo, la cual distingue en dos personas las atribuciones del Jefe de Estado y del Jefe de Gobierno; el primero electo por voto directo universal y el segundo mediante acuerdo entre Legislativo y Ejecutivo.

Aunque teóricamente positiva la figura de gobierno de coalición hay, sin embargo, algunos factores que obstaculizan su operación política: su falta de concatenación con la reforma política que el propio Senado aprobó en una minuta correspondiente, en la cual había propuestas del Ejecutivo para agilizar y flexibilizar su relación con el Legislativo, pues la propuesta para formar un gobierno coaligado sólo retoma la necesidad de contar con mayorías parlamentarias para hacer eficientes la políticas públicas del gobierno, para tener un Gabinete presidencial ratificado por el Senado y la posibilidad de que el Presidente pueda ser llamado a las Cámaras cuando alguna de ellas lo convoquen. Pero no se contemplan ni el veto presidencial, ni las medidas de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, como la moción de confianza-censura, o formas de referéndum y plebiscito que puedan ampliar la participación ciudadana sobre los poderes republicanos.

Se siguen pensando las reformas constitucionales en términos de gobernanza, como eficiencia institucional de “buen gobierno”, pero no como proceso de gobernabilidad que incluya tradiciones parlamentarias, sin brechas entre representantes y representados, a la par de crear pesos y contrapesos al poder unipersonal del Ejecutivo. Además, se deja al criterio del gobernante electo si opta por promover un gobierno de coalición, a pesar de que las evidencias apuntan hacia elecciones altamente competitivas que no permitirán que el Presidente electo cuente con mayoría parlamentaria a favor de su partido. No obstante que la reforma beltronista apunta a la construcción de una mayoría plural con objetivos comunes, la formación de un Gabinete presidencial de calidad consensuada, la coalición que lo sustenta es netamente partidista. Fuerzas políticas no incluidas en partidos, incluidos poderes fácticos necesitados de controles parlamentarios, no participan en la coalición gubernamental. Alerta de peligro: la partidocracia puede cooptar al gobierno coaligado.

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de

El luto es la manifestación inmediata de la pena infligida por la muerte. El duelo es el proceso de asimilación del dolor que nos deja la negación de la vida. Uno incluye al otro, pero sólo el duelo nos puede liberar al permitirnos sacar conclusiones que reafirmen nuestra biofilia, nuestro amor por la vida, nuestros deseo por defenderla, preservarla, cultivarla. Mientras el luto lo interiorizamos hasta el silencio y lo explicitamos mediante símbolos que expresan pérdida, separación, dolor dejado por la ausencia de vida, el duelo supone una combinación entre esa interiorización de la pena individual y la verbalización dirigida a un espacio colectivo: la familia, la comunidad local, el país, el mundo, con fines de procesar todos los significados que trae consigo la destrucción de la vida. El duelo ayuda a comprender racionalmente, en sincronización con los sentimientos o emociones que nos deja la muerte.

Después de la conmoción -que es también conmiseración con el sufrimiento humano causado por la muerte violenta-, por las 57 vidas segadas en el Casino Royale de Monterrey, sin duda nos conmovió el llamado presidencial a guardar tres días de luto nacional por esas víctimas. Nos une la pena y el luto supone también una tregua; antes de explicarnos o de procesar lo que está causando ese dolor, sentimos que han asesinado una parte del nosotros como un todo. Lo que sigue ahora es procesar el duelo hasta poder trascender el dolor. Frente a las ataduras impuestas por la violencia destructora de vida, urge crear y recrear los símbolos en defensa de nuestro derecho más elemental a vivir, así como urge dar espacio público y privado en nuestras vidas a ese duelo liberador, una vez pasada la tregua que impone el luto.

Comprender razones, explicitar sentimientos y emociones, manejarlos con sentido biofílico, implica encontrar orígenes, fuentes desde donde emana la violencia destructora, descubrir y deslindar responsabilidades. El crimen masivo de inspiración terrorista es consecuencia de estrategias de guerra, seguidas por encima de compromisos razonados con la procuración de justicia, prevención del delito y entendimiento de las causas estructurales que originan violencia. El narcoterrorismo, coexiste, conlleva, al terrorismo de Estado, al ojo por ojo, vida por vida. Pero el terrorismo no debe opacar las muertes causadas por la corrupción, la impunidad, la banalización de la vida. El gobierno nunca convocó a duelo nacional por la muerte de 46 niños en la Guardería ABC, o por más de cien muertos en la mina Pasta de Conchos, o por las narcofosas, en ocasión de cada macabro descubrimiento, como el de 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. ¿Cuánta crueldad y “valor simbólico” se necesita para guardar luto por las muertes?

Un proceso nacional de duelo implica un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria de todas esas muertes que nos han lastimado, llegar a las fuentes de la violencia mortífera. Recuperar las biografías canceladas, dimensionar el drama de las víctimas visibles, tanto como el drama de las víctimas opacadas. Asumir los “daños colaterales”, las víctimas que no se cuentan, de las que no se persiguen a sus victimarios, a las que se les niega justicia. Duelo nacional por la incapacidad para prevenir el crimen y por la falta de inteligencia policíaca; duelo por la impericia legislativa que aprobó 198 casinos de un jalón, a iniciativa de Santiago Creel y que hoy son miles en todo el país, sin que se hayan valorado los efectos mafiosos ligados con la ludopatía. Duelo por la politización instrumental del dolor ante gobiernos divididos en Nuevo León y ante la impavidez del gobierno estadounidense frente a la narco-economía casino que le beneficia.

Academia y políticas de Estado

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, presentó ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el documento: "Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia". Se trata de un acercamiento estratégico entre la academia y actores del poder gubernamental en las complejas y abigarradas regiones de México. Además del carácter multidimensional de la violencia causada por el crimen, organizado o no, y del papel clave de la justicia para prevenir y castigar el delito, la complejidad del territorio mexicano obliga a pensar en políticas diferenciadas para cada región, cuya aptitud y pertinencia puede ser enriquecida por la academia, no solo del centro del país sino también de las universidades públicas de los estados, así como por las asociaciones civiles que producen información y diagnósticos relevantes.
El estudio: Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, ofrecido por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, aporta información detallada sobre el país y cada uno de sus estados: en el sexenio actual, el promedio mensual de delitos del fuero federal se ha incrementado en 74.7 por ciento con respecto al del sexenio anterior. Delitos del fuero común en el sexenio del Presidente Fox: 119 mil 715; durante la administración actual: 136 mil 499. Un aumento del 14 por ciento. Entre el sexenio de Fox y lo que va del actual, hubo un aumento de 25.4 por ciento en el número de homicidios al mes. Durante este sexenio, el promedio mensual de secuestros creció un 132.6 por ciento. Entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 208.6 por ciento.
La cifra negra opaca el número de víctimas visibles, pues del conjunto de delitos apenas 2 de cada 10 delitos se denuncian. Según México Evalúa, además las víctimas invisibles, relacionadas con las víctimas directas del delito, no se cuantifican en casi la totalidad de países del mundo, por lo que su estudio trata de dimensionar este preocupante fenómeno, del que da un ejemplo dramático: Entre 1990 y 2009, en 9 de cada 10 casos la víctima era un hombre casado en edad productiva, es decir, casi 90 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 180 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre. Urge dimensionar el número de víctimas invisibles que dejan los más de 50 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado.
La geografía de los delitos graves se concentra en cuatro zonas del país: el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que forman parte de los 5 estados más violentos del país durante lo que va de la presente administración. El segundo grupo: Michoacán, Guerrero, Morelos y Distrito Federal, reúne entidades que se ubicaron por encima del promedio nacional del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI), tanto en 2010 como en 2011. El tercer grupo, formado por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, estuvo por debajo de la media nacional en 2010 y por encima de ella en 2011. Un cuarto grupo: Baja California, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo, son cuatro entidades ubicadas por encima del promedio nacional, pero que no comparten fronteras con otras entidades que registren índices altos. Las entidades que cuentan con litoral y las que se ubican en las fronteras del país, anidan altos índices de víctimas. Construir una política pública de Estado requiere de una cuantificación de las cifras negras del delito y de una minuciosa cuantificación de las víctimas invisibles, para poder lograr una coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno y la investigación académica.