LEGADOS QUE SUPERAN LAS PARTIDAS

A la memoria de Don Efraín González Morfín y de Guadalupe de la Peña Topete, pitita La partida de dos personajes unidos por su compromiso con la justicia social desde una perspectiva católica, deja grandes huecos en la sociedad jalisciense y nacional. Extrañamos desde ya el quehacer de Don Efraín en la democratización del sistema político y partidario, en el campo de las ideas humanistas libertarias, en el reconocimiento de las desigualdades como fuente de los conflictos y como desafío a la ética y la moral públicas y privadas. Extrañamos también a pitita, mujer con vocación educativa, que decidió distanciarse del rol religioso que personalmente sintió limitante y que, en sintonía con los cambios implicados en el Concilio Vaticano II, que también conmovieron a don Efra, optó por dejar la vida del monasterio y la educación de las hijas de la elite tapatía, para dedicarse a los pobres, desposeídos y excluidos, desde la inspiración aportada por la Teología de la Liberación. No obstante su profunda convicción católica, ambos reconocieron que la política no podía ser enfrentada por la iglesia como corporación de intereses materiales, sino que mediante un espíritu de vocación laica, se podrían generar mejores formas de convivencia. El joven Efraín escogió la vida religiosa; estuvo 13 años con los jesuitas y luego optó por una muy activa vida política que lo llevaría a refrendar y ampliar las ideas fundadoras de su padre, Don Efraín González Luna, ideólogo del Partido Acción Nacional. Pitita se distinguió como pedagoga dentro del Colegio Guadalajara, institución educativa donde innovó los métodos educativos en el plano de la pertinencia social. Sin romper con la orden del Sagrado Corazón de Jesús, ella se planteó llevar su capacidad hacia un campo de la sociedad más amplio, donde sentía que más la necesitaban y que más podía aportar. Guadalupe fue influida por los cuestionamientos de la generación del 68. Acompañó decisiones difíciles que tomaron algunos jesuitas al cerrar el Colegio Patria, en la Ciudad de México, versión masculina del Colegio Guadalajara. Se involucró en los movimientos eclesiales de base. En torno suyo otras religiosas se arriesgaron a dejar los hábitos para irse a vivir con la gente pobre. Trataban de entender la desigualdad, la discriminación y las diversas formas de exclusión, contra las que crecían distintos procesos sociales. Medellín, Colombia, fue un hito importante en su vida. Como continuadora de postulados liberadores, ella participó de los debates que se plantearon católicos y cristianos en torno de la revolución y la transformación radical que nuestras injustas sociedades necesitan. Dialogó con quienes optaron por la vía armada para instaurar el cambio social, pero ella se dedicó a concientizar, palabra que para su época fue lazo de compromiso social con transformaciones pacíficas. Reconocido como un humanista pluralista y como un intelectual católico a toda prueba, Alonso Lujambio, recientemente fallecido, recogió los puntos de vista de Don Efra en una entrevista que le hizo en 2008: “... la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos... la justicia social tiene por objeto... promover el acceso de los hombres... a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana”. Valores que compartía con un amplio espectro de la clase política que marcó el devenir de Acción Nacional, pero que también hoy se extrañan ante el pragmatismo y el deterioro por ejercer el poder sin la constante supervisión ética del partido. Dos legados que por distintas vías de acción social, nos seguirán interpelando vivamente.

ALTERNANCIA ¿REGRESIÓN AUTORITARIA?

A Felipe Vicencio QEPD Apelando al respaldo internacional que ha recibido Enrique Peña Nieto como ‘Presidente electo de México’, su equipo de transición aprovecha el ámbito de las relaciones internacionales para difundir lo que será su gobierno. Como lo aconsejaba el Cardenal Richelieu, la política exterior tiene que apoyar antes que nada la resolución de los conflictos internos. Afuera del país se pueden ganar batallas que internamente aún muestran adversidades. Por ello, a escaso mes y medio de su investidura presidencial, Peña Nieto escogió los países donde mejor podía expresar los asuntos que nutrieran su agenda política interna, particularmente en aquellos temas que son polémicos para su futuro gobierno. Simultáneamente, delinea su política exterior y precisa su oferta hacia los países escogidos para su visita. En el frente interno, lo que buscan afanosamente giras y negociaciones de su equipo de transición es mostrar que la alternancia no representa una regresión autoritaria. Ocupar el centro político, sin polarizar, parece ser la prioridad que han establecido el PRI, Peña Nieto y su equipo de trabajo. Durante este periodo de transición de gobierno, discursos y posicionamientos políticos dentro y fuera del país, insisten en eliminar todo residuo de impactos excluyentes que pudieran tener las llamadas reformas estructurales. Brasil, fue el aparador para publicitar que la reforma energética se acercará al ejemplo de Petrobras, con la preeminencia estatal en la inversión, pero con aperturas al capital privado. Chile, fue el escaparate desde donde se legitimó un nuevo programa que retome logros de Oportunidades, pero incorporando las experiencias de Chile Solidario y la de Bolsa Familia, brasileña, mediante la ampliación de transferencias monetarias condicionadas para combatir la pobreza. España, fue el escenario donde se quiso legitimar la reforma laboral, como alternativa para impulsar crecimiento y competitividad de la economía mexicana. Que no está sujeta a una crisis tan aguda como la española. Alemania e Inglaterra, ofrecieron una vitrina privilegiada para posicionar los alcances de la reforma fiscal, cuyos contenidos anuncian “respetar la autonomía del Banco de México, un manejo responsable de las finanzas públicas, fomentar y alentar la competencia, y combatir prácticas monopólicas [en lo que coincidieron, recordemos, todos los candidatos presidenciales], así como impulsar al país como potencia energética [donde se niega la privatización a ultranza, pero se ofrece apertura, digamos a la British Petroleum, sin que se precisen los ámbitos de propiedad nacional sobre PEMEX].” Además, en esos países europeos, donde se golpea la seguridad social, Peña Nieto anunció, nuevamente en el marco de ambigüedades que caracteriza su gira, que reforma fiscal y seguridad social para el bienestar de los mexicanos, tanto como para el combate a la pobreza, son indisociables. Si bien en Francia Le Monde publica un artículo de Peña Nieto con vagas alusiones a la violencia y la corrupción, la falta de precisiones sobre su agenda específica de gobierno imperó en sus discursos. Nada concreto sobre políticas contra la desigualdad; nada particular sobre estrategias diferentes para el combate al crimen organizado; ausencia total de políticas de diálogo y consulta sobre los graves problemas nacionales. La única política que se publicita empeñosamente es hacia los empresarios como interlocutores privilegiados, con los que se ha reunido invariablemente en los países visitados. Cierto, su equipo de transición ha tendido puentes con el gobierno actual en los temas álgidos, como la seguridad pública, pero más evidente es la orientación de la coalición política que se propone entre el “nuevo PRI”, que no es otra cosa que el Grupo Atlacomulco recargado, y una tecnocracia que no tiene más horizonte que el de la tozuda continuidad con las políticas de estabilidad macroeconómica reducida al ámbito financiero, factores proclives al autoritarismo.

FLEXIGURIDAD APLAZADA

Hay muchos mitos en torno del modelo económico orientado a la exportación que, sin embargo, han tenido efectos reales devastadores. Uno de ellos es que abaratar la fuerza de trabajo y debilitar la fuerza organizada de los trabajadores, ayuda a un mejor modelo de gobernanza en la empresa y de gobernabilidad en el régimen económico y político. Por el lado de la racionalidad económica se argumenta que gracias a una “mano de obra barata”, llega más Inversión Extranjera Directa y que la baja de costos relativos al trabajo propicia mayor competitividad en las industrias y servicios. El caso chino ilustra las falacias económicas planteadas. Si bien ese país tiene los más bajos costos del planeta en lo que se refiere al pago del trabajador, el hecho de que sea desde hace unos tres años el mayor receptor de inversión extranjera es gracias a que la economía china cuenta con una política industrial que ha convertido a ese país en una fabrica unificada, mediante encadenamientos productivos cuya combinación configura una fuerza productiva colosal, capaz de atraer empresas que pueden disminuir sus costos de producción, por la complementación ofrecida por otras empresas. Asimismo, el modelo maquilador por el que apuestan gobierno y empresas poderosas en México, muestra su fragilidad por su dependencia de empresas que mueven sus capitales en función de esa lógica de complementariedad industrial. China, fue la principal responsable de que se perdieran más de 250 mil empleos entre 2002 y 2003 en México, pues para aquella economía le era más rentable regresar esas firmas a su país y desde allá exportar a Estados Unidos y Latinoamérica, ya que el costo del transporte se podía justificar por los ahorros que aporta un país fábrica que ofrece conglomerados productivos. La llamada flexibilidad laboral, concibe a los trabajadores como un simple medio de acumulación pero a su organización sindical como un obstáculo para el crecimiento y la competitividad. El caso de los países nórdicos y especialmente el danés, reconoció a los trabajadores como interlocutores válidos para llegar a un acuerdo con los empresarios en el que se acepta la necesaria flexibilización laboral, pero en el que se negociaron reciprocidades, que obligarían al sector patronal a no abandonar la seguridad social al mercado, a asumir inversiones responsables en educación y capacitación para el trabajo y a contribuir al financiamiento de investigación en ciencia y tecnología. Un modelo de flexiseguridad como el descrito, se tendrá que aplazar en el caso mexicano. A falta de negociaciones y pactos con base en reciprocidades, se impuso una versión que quiere actualizar la legislación laboral bajo el sesgo de la competitividad para la exportación, sin tomar en cuenta que la economía informal representa más de la mitad de la actividad “productiva”, de servicios y sobre todo de empleos. Sin considerar los respaldos fiscales para fondear medidas anunciadas en la campaña electoral, como el seguro contra el desempleo, o la inversión en innovación científica y tecnológica. Un pronunciamiento reciente de legisladores estadounidenses, que comunica las preocupaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a Hilary Clinton, Secretaria del Departamento de Estado, reconoce el carácter antilaboral de la reforma propuesta en la Iniciativa Preferente enviada por Felipe Calderón, que aprobarán los diputados: “En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”

PODER Y REGIÓN A MÚLTIPLES VELOCIDADES

El PRI, maquinaria electoral al servicio de los poderes fácticos. En la perniciosa combinación de votos obtenidos mediante sofisticados y costosos sistemas de compra y coacción del voto, de la reorganización del voto duro a través de medios corporativizados y la generación de una base social cohesionada por una ideología cada vez más inspirada en el pragmatismo, se anidan resabios autoritarios que llevarán la batuta en el ejercicio de gobierno y en la factura de políticas públicas. El PRI, es primera fuerza en el Congreso de la Unión, gobierna en 20 entidades federadas, en 24 capitales estatales y es el partido mayoritario en 25 congresos locales. Además, gobierna en mil 510 de los dos mil 440 municipios del país. Desde las reformas constitucionales hasta las reformas por mayoría simple, dependerán de los arreglos políticos que impulse el tricolor. Acción Nacional, se desdibuja como gobierno; la autocrítica en debate. Aunque el PAN está en vías de asumir las derrotas electorales sufridas en julio pasado, se pueden constatar las brechas que abrió su desgaste como gobierno por el retiro del voto en Jalisco y Morelos en 2012, y en Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, después de 2006. Asimismo, perdió la mayoría de capitales estatales que antes gobernaba y, como en el caso de Jalisco, los municipios urbanos más poblados. El blanquiazul gobernará 4 entidades a finales de 2012 y seguirá participando en tres gobiernos de coalición con el PRD. Esos siete estados reafirman la influencia regional panista en el noreste, el Bajío y el centro sur de país. Gobernará en cinco capitales estatales, de las cuales sólo Hermosillo y Puebla coinciden con estados que gobierna. Entre la dispersión regional de sus gobiernos y la división entre partido y gobierno federal, Acción Nacional batallará por reconstruirse como opción nacional de poder. El Movimiento Progresista representa disyuntivas estratégicas para el futuro de la izquierda mexicana. El anuncio dado por Andrés Manuel López Obrador sobre la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cimbró a todas las estructuras partidarias que se aliaron en esa candidatura presidencial. Si bien AMLO tiene estructuras de Morena en todos los municipios del país y cuenta con la mayoría de sus simpatizantes en el Distrito Federal, Tabasco y la mayoría de estados del sureste mexicano, el reto será avanzar simultáneamente en la construcción organizativa partidaria, la resistencia mediante acciones de desobediencia civil, rehacer los vínculos con los gobiernos de los cuatro estados en manos del PRD y contrapuntear las acciones del gobierno federal y de los gobiernos locales. En 2013, habrá elecciones en catorce entidades, incluidas las tres que ganó la coalición PRD-PAN. ¿Podrán lograr influencia nacional paralelamente Morena, refractaria a las alianzas, y el PRD? Regiones y nación representan un desafío para construir un poder horizontal que contrapese a una federación históricamente centralizadora, desde una legitimidad por proximidad donde el locus de la violencia, de los problemas derivados de la convivencia cotidiana, de la geografía material sobre la que reposa la nación, pintan la política como experiencia local de lo vivido. En la escala local se cimientan poderes oligárquicos, tanto como contrapoderes demandantes de formatos democráticos directos, participativos, que repercuten en la nación. Más allá de las elecciones locales y del enraizamiento de los partidos, operan múltiples velocidades en las que el poder se erige y se ejerce. Las siempre precoces candidaturas presidenciales ya despuntan: ser Secretario del gobierno federal, o gobernante de alguno de los estados más poblados del país, no bastarán para ofrecer un proyecto de país. Combinar pretensiones electorales con experiencias y deseos democráticos vividos localmente, es una clave mayor para hacer la nación.

REFORMAS; DILEMAS Y DESENCUENTROS

A diferencia de 2006, la existencia del recurso para anular las elecciones si estas no se apegaban al espíritu constitucional que establece la equidad y la libertad de sufragar, prometía acercar legalidad y legitimidad del proceso electoral. No fue así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), mostró que la posibilidad de cuantificar las violaciones es virtualmente imposible; las hizo recaer sobre la parte acusatoria. Desde una concepción cuantitativa atomizada de cada irregularidad, resulta muy difícil documentar un criterio jurídico que dé cuenta de la irregularidad que sólo se ve dentro del conjunto. Falta sincronizar leyes y reformas, el TEPJF validó la elección presidencial sin contar con la información concluyente sobre los reportes de campañas, que serán entregados hasta octubre, y sin contar con el ejercicio de fiscalización del IFE que concluirá en enero del 2013. Las reformas legislativas en general no se preocupan de una coherencia constitucional que asegure concatenaciones que debe de haber entre las leyes para que se relacionen entre sí. Esta es una parte del drama político actual. La otra parte, es la desconfianza creada por la incapacidad de las reformas para potenciar la vida democrática y para generar una mejor convivencia mediante soluciones políticas y constitucionales de fondo para resolver nuestros conflictos. Aquí es donde se repiten los dilemas y desencuentros de 2006: la ilegitimidad de la elección presidencial, que cuestiona al conjunto de leyes y autoridades ligadas con el proceso electoral y, simultáneamente, la necesidad de reconocer que hay una fuerza progresista actuante en gobiernos locales y en el Congreso de la Unión, que están obligadas a cumplir con el mandato legítimo del electorado. Entre la desobediencia civil convocada por López Obrador y las reformas a debatir, hay un desgarre político aparentemente irreconciliable. Para superar ese dilema, se necesitan acuerdos políticos entre los partidos del Movimiento Progresista y el conjunto de cargos electos, en el sentido de reforzar posiciones comunes sobre las reformas a emprender, los contenidos adversos a resistir y el acercamiento con los movimientos y organismos sociales que son portadores de propuestas de solución frente a distintos órdenes de la crisis sistémica actual: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muestra la indisociable lucha contra la violencia en Estados Unidos y en México, países donde se requieren sendos debates nacionales sobre la integralidad de la lucha contra el crimen organizado; #yosoy132, convoca también a una movilización nacional en torno de una Asamblea Constituyente pacífica, que necesariamente cuestionará las reformas que discuta la legislatura recientemente instalada; y en el movimiento por la Regeneración Nacional, convergen luchas locales y demandas globales sobre el campo de los derechos humanos. Las reformas son amenazantes. No se pueden dejar a la deriva las reformas discutidas en el Congreso de la Unión. Hay que oponerse y construir consensos en torno de las contrarreformas que están por venir; las reformas estructurales ya asoman ambiciones que perjudicarán a la mayoría. La partidocracia sacará al vapor la reforma laboral, a fines de septiembre, mediante un texto que facilita despidos, restringe el derecho de huelga, impone contratos de prueba, pagos por hora y medidas que flexibilizan a favor de patrones la sumisión de los trabajadores. La contrarreforma energética ya se prefigura en el equipo anunciado por Peña Nieto. Luis Videgaray, su Coordinador General, fue asesor del Secretario de Energía, y son conocidas sus estrategias privatizadoras en ese ámbito. No hay visos de una reforma política que reestructure las demandas democratizadoras desde una visión de Estado. El desencuentro que hubo en 2006 entre la Presidencia Legítima y los cargos electos fue pernicioso; repetirlo debilitaría el potencial progresista que ambos representan.

LA TERCERA URNA

Ahora que se instale el Congreso de la Unión emergido de las recientes elecciones, se reproducirán los vicios y perversiones que conspiran contra la democratización mexicana. Fragmentación de los esfuerzos reformadores debida a la incapacidad para definir una agenda legislativa coherente con la época de crisis multidimensional civilizatoria, sin estrategias de seguridad integrales; sin un proyecto consistente para alcanzar la paz con justicia y dignidad; sin un proyecto nacional centrado en el combate a la desigualdad y toda forma de discriminación; sin estrategias para desmantelar la influencia inconmensurable de los poderes fácticos económicos-mediáticos, religiosos y del crimen organizado; sin alternativas frente al modelo económico excluyente que reproduce la ortodoxia neoliberal. No es aventurado predecir que habrá inconexión entre las reformas supuestamente estructurales y la reforma política y de Estado; tampoco es arriesgado vaticinar que la partidocracia no se hará hara-kiri. Hay un déficit crónico de aprendizaje sobre las enseñanzas dejadas por las contiendas electorales. La era de la desconfianza se alimenta de la simulación y las mentiras bendecidas por los ritos periódicos que anidan en una democracia elitista de pocos para pocos. Crecerá la brecha entre representantes y representados, mientras no se haga una reforma constitucional de amplio calado, que sea capaz de expresar un pacto social renovado para regenerar la nación y entonces la República. Mientras la actividad legislativa busque legitimar pactos cupulares entre intereses particulares ajenos al bien general y no tengamos herramientas para construir sólidamente una democracia de calidad, con transparencia, rendición de cuentas y consecuencias legales contundentes para quienes roben o engañen. Necesitamos un nuevo régimen político y de gobierno que asegure formatos participativos que complementen y a la vez sirvan de contrapeso a la rigidez y subordinación frente a los poderes dominantes hacia la que tienden las instituciones públicas. Frente a la perversión de los poderes republicanos, no sólo del Legislativo, los cambios sustantivos no pueden venir de ellos mismos. El juicio político, las cuentas públicas, son letras de cambio en el mercado de chantajes partidistas. La corrupción del Ministerio Público, instancia además subordinada al gobierno, llega hasta los juzgados y el régimen presidencialista camufla el aumento, cada vez que intenta reformarse, de su poder unipersonal metaconstitucional. El punto de quiebre solo puede originarse desde consultas que empoderen al ciudadano-a bajo formatos democráticos participativos. Ahí está la palanca para empezar esa gran transformación: la instalación de una tercera urna en las elecciones intermedias de 2015, en la que además de los diputados y senadores, elijamos un número similar de personas sin partido para que acuerden junto con el Congreso de la Unión las consultas, proceso y metodología a seguir para lograr una Asamblea Constituyente. Puede sonar ingenuo o voluntarista, pero si no rompemos el círculo perverso seguiremos atizando el fuego del temido estallido social, no tan evaluado en sus consecuencias catastróficas. Desde ya se pueden sentar las bases para una nueva constitucionalidad, si se empiezan a articular entre sí las distintas reformas que necesitamos: reformas estructurales con un Estado regulador del mercado, con una política industrial producto de consensos sociales; con una reforma energética y fiscal donde prime el interés general, una reforma laboral sin predominio corporativo. Discutir el cambio de régimen político y de gobierno, con un tránsito ordenado del presidencialismo de coalición al semi-presidencialismo hasta el parlamentarismo, iluminador de la integración de las cámaras de representantes. Instauración del Referéndum, Iniciativa Popular, Plebiscito, junto con revocación de mandato. Elaborar creativamente un nuevo modelo de comunicación política que esté soportado en un nuevo Derecho de Información. Desde luego, ligar las distintas esferas de la seguridad: pública, nacional, ciudadana, alrededor de una política social integral. Vaya desafíos.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

"No es un asunto de reformas. No se necesitan más parches para una sociedad descompuesta. Lo que necesitamos es una nueva Constitución, escrita por todos los mexicanos, para todos los mexicanos". Así presenta #yosoy132 la necesidad de cambios verdaderamente estructurales para que nuestro país pueda superar la crisis política y civilizatoria que enfrentamos. Si la Constitución es un pacto social, ahora su renovación implica definir tanto los contenidos del nuevo pacto social, como los procesos o las metodologías que aseguren evitar la brecha entre representantes y representados; una gran construcción desde abajo que ponga en jaque la visión elitista de la democracia de pocos y para pocos; una refundación del régimen político y de gobierno, de todo el edificio jurídico-político, de manera que llegue la justicia, se propicie la participación ciudadana, se dé coherencia a valores de convivencia, cooperación, equidad, paz y justicia, en nuevos ordenamientos legales, directos, eficaces. Se trata de superar el desastre producido por más de 500 cambios constitucionales que hacen un adefesio de nuestra Carta Magna, en la que conviven maltrechos los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, como la propiedad social, no estatal, de la tierra, los recursos estratégicos, la educación, el trabajo y la seguridad social, las relaciones entre Estado e iglesias, o logros más recientes como los relativos a los Derechos Humanos, la transparencia, o incluso logros parciales en el Derecho a la Información. Logros que entran, sin embargo, en contradicción con diversas reformas practicadas, sobre todo durante los últimos 30 años, que han significado graves retrocesos para regular nuestra convivencia. La actual Constitución, ya no aguanta reformas parciales, como se puede apreciar en la legislación electoral que ha sido incapaz de retomar y profundizar sus aciertos y corregir sus limitaciones. Partidocracia y poderes fácticos cercenan los alcances democráticos de la Constitución. La historia latinoamericana reciente deja ver que hay caminos diversos para construir o regenerar el pacto social. Dos países, emprendieron reformas constitucionales de largo alcance. Colombia, vivió una discusión nacional entre 1986 y 1991, que desembocó en un nuevo ordenamiento legal, institucional, que cristalizó los valores de convivencia que urgían para negociar el conflicto armado interno e incorporar nuevos criterios propios de una ciudadanía social. Brasil, cuenta desde 1988 con una Constitución que alberga los principios de convivencia democrática que se han enriquecido desde entonces. Ambos países, hicieron sus reformas apoyadas por el sistema de partidos, pero mediante la realización de consultas nacionales y formatos refrendarios. Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañaron su democratización con la realización de Asambleas Constituyentes que, por medios pacíficos, están sincronizando legalidad y legitimidad, aunque no sin dificultades para lograr la eficacia requerida por el acortamiento de las desigualdades y la supresión de los viejos privilegios. No se puede aducir que la Constitución es una tarea de especialistas en Derecho. Se pierde de vista que el procesamiento de los pactos sociales ha transitado por Asambleas Constituyentes que sofistican sus mecanismos para la consulta y elaboración de las Cartas Magnas y, a pesar de que la mayoría de los asambleístas eran iletrados, lograron conjuntar textos pertinentes para su época, con una visión de futuro. Fueron 57 los constituyentes en Estados Unidos; en 4 mil 400 palabras expresaron su pacto social, el cual ha sufrido 17 enmiendas, que actualmente expresan unas trece cuartillas. Islandia, pequeño pero audaz país, cuenta con 25 delegados para redactar una amplísima consulta incluso en redes sociales, por lo que en octubre próximo aprobarán la “Wiki” Constitución. En México y en Chile, se impulsa actualmente una Asamblea Constituyente. En ambos casos, se tendrá que aprender a hacer de la Constitución, la gran reforma estructural de época.