LA CUESTIÓN PRESIDENCIAL QUE AGITA A LA REPÚBLICA

Hacer el balance del sexenio de Felipe Calderón, implica discutir un concepto básico en la ciencia política: el de gobierno. Así lo plantea María Eugenia Valdés, en su Introducción al libro que coordina: Los problemas nacionales durante el gobierno de Felipe Calderón, (Miguel Ángel Porrúa-UAM Iztapalapa, 2012). Sinónimo de dirigir, pilotar, conducir, controlar, el ámbito de gobierno se relaciona con la idea de timonel o de condottieri en el pensamiento político de diversas épocas. Conocimientos y técnicas para conservar el control, la dirección, el sentido del gobierno; una comprensión de Estado, su pasado, su situación actual y, si existe, su proyecto de futuro. Esta obra colectiva propone una detallada evaluación de dos grandes tareas del gobierno: las normativas, que apelan a la legalidad, al predominio de las reglas de conducta observables por todos; y la legitimidad , como autoridad moral e intelectual reconocida, para mantener la cohesión social. Una enorme responsabilidad que, en casos como el del Presidencialismo mexicano, recae en una persona. Heredero de esa manera de ejercer el poder, Calderón es producto de los resabios autoritarios que siguen nutriendo al Poder Ejecutivo, pero también un hombre cuestionado en las bases de su legitimidad electoral, frente a lo cual quiso responder con su trayectoria partidaria, como el ‘primer verdadero panista’ que llega a la presidencia y simultáneamente, como un gobernante audaz, arriesgado hasta la impunidad que favorece el que el Presidente sea el único funcionario que no puede someterse a juicio político. En palabras de Jesús Silva-Herzog Márquez (Tribuna, 26/11/2012): “[Calderón] Fue un gobernante sobrio, de infrecuentes desplantes. Pero esa conciencia de Estado, ese aprecio de las reglas, ese esmero por defender las instituciones como patrimonio común, encalló en aquella política de la que se imaginó fundador.” Así, convirtió la ambigua lucha-guerra contra el crimen organizado, en su obsesión sexenal. A pesar de atribuciones presidenciales reducidas, al final de su gobierno, Calderón hizo tímidas incursiones en la reforma del presidencialismo, institución centralizada y falta de contrapesos institucionales. Una reforma política que pretendía dar mayor agilidad a los vínculos entre Ejecutivo y Legislativo, mediante la Iniciativa Preferente para proyectos legislativos considerados como estratégicos por el Presidente, sirvió para impulsar una de las reformas “estructurales”, la laboral, que no quiso dejar como pendiente del próximo gobierno federal. Además, dejó pasar la oportunidad para debatir nacionalmente la transformación del sistema presidencialista en formatos más cercanos al Parlamentarismo, como el semi-presidencialismo o el Presidencialismo de Coalición; reforma constitucional de gran calado que propicia la competitividad y pluralismo partidista, reforzada por demandas de ciudadanización de los vínculos entre representantes y representados. Si bien las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo fueron menos ríspidas que anteriormente, Calderón no dejó de aprovechar el poder presidencialista para el nombramiento de funcionarios de primer nivel en el gobierno federal, además del Procurador General de la República, la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una relativamente tersa relación con el Senado, y para asumir, obsesivamente, la obligación de preservar la seguridad nacional desde la militarización. Ser simultáneamente Jefe de Estado y de Gobierno, posibilita la conducción unipersonal de la política exterior, lo que significó el apego a los imperativos de reformas de mercado provenientes de la esfera institucional internacional, la profundización de nexos asimétricos con América del Norte, la insistente proyección transpacífica del país mediante tratados comerciales, con la divisa de estabilidad macroeconómica financiera a toda costa. Ciertos destellos en su acercamiento al sur bajo el impulso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no impidieron que el ‘Presidente del empleo’ fincara sus principales logros sobre un sistema decadente.

POLÍTICA INTEGRAL CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Un grupo de ocho expertos que compartieron su diagnóstico con El Universal (21-11-2012), reconoce “la decisión del mandatario de enfrentar a los hegemónicos cárteles heredados del pasado, pero advierten fallas en una estrategia de seguridad que apostó más a la fuerza y a la caída de los líderes, pero carente de una política integral. Los esfuerzos por sanear y fortalecer las instituciones existieron, pero la corrupción y la infiltración del narcotráfico fueron un bache difícil de sortear.” Fallas y aciertos a los que se necesita añadir la ausencia de una política de salud para encuadrar la prevención y tratamiento de las adicciones a drogas peligrosas y particularmente, el análisis de las estrategias de base territorial que siguen los cárteles, en las cuales privan nuevas formas de hacer política frente a la sociedad, pero también frente al Estado; entidad cuestionada por los poderes fácticos de origen criminal. Los desafíos para hacer políticas de Estado en esta materia, enfrentan un campo de actuación extremamente complejo, que está minado bajo criterios que son aparentemente caóticos, en los que se mezcla la incertidumbre producida por la arbitrariedad que caracteriza a los poderes fácticos, con escenarios de guerra que parten de concepciones diametralmente opuestas: la del aparato de seguridad gubernamental, “educado” para una guerra convencional, y la de un aparato militar disciplinado y con una organización flexible en cuanto a patrones de movilización militar no convencionales. Además de un manejo presupuestal que no escatima en adquirir equipos de seguridad y armamentos, con los que ocasionalmente supera la capacidad de fuego de las unidades policiales, e incluso de los destacamentos militares que los enfrentan, el crimen organizado sofistica, perversamente, los contenidos simbólicos de la violencia que emplea y añade un componente de carácter político-militar, que no se ha valorado suficientemente. Si se analizan los nombres con que se auto-identifican los cárteles creados a raíz de las divisiones internas entre los narcotraficantes, podemos percibir una cierta identidad que es simultáneamente mística y mítica, pero también ideológica, cuasi religiosa, que está preñada de (contra)valores identitarios altamente cohesionados: La Familia; Nueva Generación; Los Templarios… Caldo de cultivo de antihéroes, estas nuevas organizaciones criminales, combinan acciones que son eminentemente político-militares, que destruyen, bloquean, pero que circunstancialmente no asesinan, con denuncias sobre acciones sesgadas en su contra de la policía o del mismo Ejército. Sin abandonar acciones terroristas de la máxima crueldad que los ponen a la par de los “viejos” cárteles que se definen por su zona geográfica de influencia: Golfo, Tijuana, Sinaloa, o con los Zetas, nombre inspirado en códigos de comunicación policial, o si acaso, autoflagelación por ser los últimos de la lista. Una concepción legítima sobre el uso de la fuerza, debe de ir acompasada del fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de la autonomía del Ministerio Público frente al gobierno; de la profesionalización del aparato público de seguridad coordinado con un equipo de inteligencia de amplia concepción, que entienda las fibras que mueven los criminales cuando se acercan a las familias, hacen compadres, las protegen frente a los riesgos cuya cobertura viene abandonando el Estado, o cuando los cárteles pagan una bicoca cualquiera a jóvenes sin esperanza alguna, dispuestos a matar y arriesgar su vida. Una política integral para combatir eficazmente al crimen organizado, necesita dar un vuelco en lo que hace a los derechos humanos, a fortalecerlos para hacer crecer una cultura de paz con justicia y dignidad. A erradicar el odio y el revanchismo violentos, por ser falsas salidas. No olvidemos que la integralidad reposa sobre políticas estructurales que combatan frontalmente la desigualdad y toda forma de discriminación.

RIESGO Y VULNERABILIDADES DEL ESTADO

En un reciente artículo: “Las expectativas que crean los estados: ¿cómo la capacidad del Estado da forma al ámbito de la política?” Hillel Soifer de la Universidad de Temple, se pregunta sobre el manejo estatal de los riesgos y desastres causados por tres eventos naturales: El Niño, Perú, 1989); las tormentas en Vargas, Venezuela, 1998; y el sismo que afectó al sur de Chile en 2008. Dice que “En contextos estatales fuertes, la gente espera que el Estado asuma un papel de liderazgo en la provisión y gestión de la crisis, y exige responsabilidades en su normatividad.” En cambio, “cuando el Estado es débil, aún si la gente reconoce el mal desempeño de los gobiernos, no espera más de la arena política, y en lugar de presionar por una mayor intervención estatal, opta por la auto-ayuda y la organización de la sociedad civil. Sin demandas elaboradas y sin presión política el Estado no se compromete; los estados débiles siguen siendo débiles.” ¿Qué tanto los desastres pueden conducir a los actores de la sociedad al deseo de la intervención creciente del Estado?. El huracán Sandy produjo dos consecuencias políticas en el manejo del desastre: los estados fuertes y ricos como Estados Unidos y Canadá, sron interpelados por los habitantes afectados, mientras que los países del Caribe con estados débiles y pobres aumentaron su desafección por la política y poco interpelan al Estado. Cuba, un Estado fuerte pero pobre, es la excepción, pues la organización de su red de protección civil le permite minimizar sus pérdidas humanas, aunque sufre para disminuir los daños materiales. Se ha prestado poca atención en los medios y en el ámbito de la cooperación internacional, a los países caribeños, aunque las muertes y los daños sean lamentables en cualquier caso. El drama es que mientras que en Estados Unidos y Canadá se cuenta con recursos financieros, en los países del Caribe cuesta más la recuperación; quedan los lastres dejados por desastres previos que han incrementado la intervención extranjera por motivos geopolíticos, la reconstrucción que financia la cooperación internacional se convierte en rentables negocios para diversas trasnacionales, y las sociedades han sido impedidas de reconstruir y sanar sus tejidos sociales. La BBC de Londres (01.11.12) hace un recuento de los daños en esa parte olvidada por los medios: Haití, el país más pobre del hemisferio occidental: 54 muertos y 21 desaparecidos. “Las inundaciones en ese país podrían incluso empeorar la situación de salud, es decir aumentar los casos de cólera, a la vez que los daños a más del 70% de las cosechas en el sur del país -incluidos bananas, plátanos y maíz- son noticias terribles para el tercer país con más hambre del mundo.” Con 7 mil 61 familias afectadas, 15.000 viviendas que sufrieron daños o destrucción y 6.790 personas que permanecen en albergues, ese país que rechaza la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, tanto como la de tropas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, enfrenta tal fragmentación sociopolítica que la acumulación de desastres pospone las soluciones. En Cuba, 11 personas perecieron, convirtiendo a Sandy en una de las tormentas más mortales de los últimos años en el país. 75.000 personas resultaron damnificadas, 15.323 casas fueron destruidas y 132.733 afectadas. El bloqueo estadounidense hace muy difícil remontar las pérdidas materiales. En total, según la BBC, la cifra de muertos hasta el momento, incluyendo a EE.UU., Canadá y el Caribe, es de 123. Si en los estados fuertes el gobierno responde a la tragedia o pierde apoyo político, en los estados débiles la sociedad se fragmenta y pierde esperanzas.

LEGADOS QUE SUPERAN LAS PARTIDAS

A la memoria de Don Efraín González Morfín y de Guadalupe de la Peña Topete, pitita La partida de dos personajes unidos por su compromiso con la justicia social desde una perspectiva católica, deja grandes huecos en la sociedad jalisciense y nacional. Extrañamos desde ya el quehacer de Don Efraín en la democratización del sistema político y partidario, en el campo de las ideas humanistas libertarias, en el reconocimiento de las desigualdades como fuente de los conflictos y como desafío a la ética y la moral públicas y privadas. Extrañamos también a pitita, mujer con vocación educativa, que decidió distanciarse del rol religioso que personalmente sintió limitante y que, en sintonía con los cambios implicados en el Concilio Vaticano II, que también conmovieron a don Efra, optó por dejar la vida del monasterio y la educación de las hijas de la elite tapatía, para dedicarse a los pobres, desposeídos y excluidos, desde la inspiración aportada por la Teología de la Liberación. No obstante su profunda convicción católica, ambos reconocieron que la política no podía ser enfrentada por la iglesia como corporación de intereses materiales, sino que mediante un espíritu de vocación laica, se podrían generar mejores formas de convivencia. El joven Efraín escogió la vida religiosa; estuvo 13 años con los jesuitas y luego optó por una muy activa vida política que lo llevaría a refrendar y ampliar las ideas fundadoras de su padre, Don Efraín González Luna, ideólogo del Partido Acción Nacional. Pitita se distinguió como pedagoga dentro del Colegio Guadalajara, institución educativa donde innovó los métodos educativos en el plano de la pertinencia social. Sin romper con la orden del Sagrado Corazón de Jesús, ella se planteó llevar su capacidad hacia un campo de la sociedad más amplio, donde sentía que más la necesitaban y que más podía aportar. Guadalupe fue influida por los cuestionamientos de la generación del 68. Acompañó decisiones difíciles que tomaron algunos jesuitas al cerrar el Colegio Patria, en la Ciudad de México, versión masculina del Colegio Guadalajara. Se involucró en los movimientos eclesiales de base. En torno suyo otras religiosas se arriesgaron a dejar los hábitos para irse a vivir con la gente pobre. Trataban de entender la desigualdad, la discriminación y las diversas formas de exclusión, contra las que crecían distintos procesos sociales. Medellín, Colombia, fue un hito importante en su vida. Como continuadora de postulados liberadores, ella participó de los debates que se plantearon católicos y cristianos en torno de la revolución y la transformación radical que nuestras injustas sociedades necesitan. Dialogó con quienes optaron por la vía armada para instaurar el cambio social, pero ella se dedicó a concientizar, palabra que para su época fue lazo de compromiso social con transformaciones pacíficas. Reconocido como un humanista pluralista y como un intelectual católico a toda prueba, Alonso Lujambio, recientemente fallecido, recogió los puntos de vista de Don Efra en una entrevista que le hizo en 2008: “... la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos... la justicia social tiene por objeto... promover el acceso de los hombres... a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana”. Valores que compartía con un amplio espectro de la clase política que marcó el devenir de Acción Nacional, pero que también hoy se extrañan ante el pragmatismo y el deterioro por ejercer el poder sin la constante supervisión ética del partido. Dos legados que por distintas vías de acción social, nos seguirán interpelando vivamente.

ALTERNANCIA ¿REGRESIÓN AUTORITARIA?

A Felipe Vicencio QEPD Apelando al respaldo internacional que ha recibido Enrique Peña Nieto como ‘Presidente electo de México’, su equipo de transición aprovecha el ámbito de las relaciones internacionales para difundir lo que será su gobierno. Como lo aconsejaba el Cardenal Richelieu, la política exterior tiene que apoyar antes que nada la resolución de los conflictos internos. Afuera del país se pueden ganar batallas que internamente aún muestran adversidades. Por ello, a escaso mes y medio de su investidura presidencial, Peña Nieto escogió los países donde mejor podía expresar los asuntos que nutrieran su agenda política interna, particularmente en aquellos temas que son polémicos para su futuro gobierno. Simultáneamente, delinea su política exterior y precisa su oferta hacia los países escogidos para su visita. En el frente interno, lo que buscan afanosamente giras y negociaciones de su equipo de transición es mostrar que la alternancia no representa una regresión autoritaria. Ocupar el centro político, sin polarizar, parece ser la prioridad que han establecido el PRI, Peña Nieto y su equipo de trabajo. Durante este periodo de transición de gobierno, discursos y posicionamientos políticos dentro y fuera del país, insisten en eliminar todo residuo de impactos excluyentes que pudieran tener las llamadas reformas estructurales. Brasil, fue el aparador para publicitar que la reforma energética se acercará al ejemplo de Petrobras, con la preeminencia estatal en la inversión, pero con aperturas al capital privado. Chile, fue el escaparate desde donde se legitimó un nuevo programa que retome logros de Oportunidades, pero incorporando las experiencias de Chile Solidario y la de Bolsa Familia, brasileña, mediante la ampliación de transferencias monetarias condicionadas para combatir la pobreza. España, fue el escenario donde se quiso legitimar la reforma laboral, como alternativa para impulsar crecimiento y competitividad de la economía mexicana. Que no está sujeta a una crisis tan aguda como la española. Alemania e Inglaterra, ofrecieron una vitrina privilegiada para posicionar los alcances de la reforma fiscal, cuyos contenidos anuncian “respetar la autonomía del Banco de México, un manejo responsable de las finanzas públicas, fomentar y alentar la competencia, y combatir prácticas monopólicas [en lo que coincidieron, recordemos, todos los candidatos presidenciales], así como impulsar al país como potencia energética [donde se niega la privatización a ultranza, pero se ofrece apertura, digamos a la British Petroleum, sin que se precisen los ámbitos de propiedad nacional sobre PEMEX].” Además, en esos países europeos, donde se golpea la seguridad social, Peña Nieto anunció, nuevamente en el marco de ambigüedades que caracteriza su gira, que reforma fiscal y seguridad social para el bienestar de los mexicanos, tanto como para el combate a la pobreza, son indisociables. Si bien en Francia Le Monde publica un artículo de Peña Nieto con vagas alusiones a la violencia y la corrupción, la falta de precisiones sobre su agenda específica de gobierno imperó en sus discursos. Nada concreto sobre políticas contra la desigualdad; nada particular sobre estrategias diferentes para el combate al crimen organizado; ausencia total de políticas de diálogo y consulta sobre los graves problemas nacionales. La única política que se publicita empeñosamente es hacia los empresarios como interlocutores privilegiados, con los que se ha reunido invariablemente en los países visitados. Cierto, su equipo de transición ha tendido puentes con el gobierno actual en los temas álgidos, como la seguridad pública, pero más evidente es la orientación de la coalición política que se propone entre el “nuevo PRI”, que no es otra cosa que el Grupo Atlacomulco recargado, y una tecnocracia que no tiene más horizonte que el de la tozuda continuidad con las políticas de estabilidad macroeconómica reducida al ámbito financiero, factores proclives al autoritarismo.

FLEXIGURIDAD APLAZADA

Hay muchos mitos en torno del modelo económico orientado a la exportación que, sin embargo, han tenido efectos reales devastadores. Uno de ellos es que abaratar la fuerza de trabajo y debilitar la fuerza organizada de los trabajadores, ayuda a un mejor modelo de gobernanza en la empresa y de gobernabilidad en el régimen económico y político. Por el lado de la racionalidad económica se argumenta que gracias a una “mano de obra barata”, llega más Inversión Extranjera Directa y que la baja de costos relativos al trabajo propicia mayor competitividad en las industrias y servicios. El caso chino ilustra las falacias económicas planteadas. Si bien ese país tiene los más bajos costos del planeta en lo que se refiere al pago del trabajador, el hecho de que sea desde hace unos tres años el mayor receptor de inversión extranjera es gracias a que la economía china cuenta con una política industrial que ha convertido a ese país en una fabrica unificada, mediante encadenamientos productivos cuya combinación configura una fuerza productiva colosal, capaz de atraer empresas que pueden disminuir sus costos de producción, por la complementación ofrecida por otras empresas. Asimismo, el modelo maquilador por el que apuestan gobierno y empresas poderosas en México, muestra su fragilidad por su dependencia de empresas que mueven sus capitales en función de esa lógica de complementariedad industrial. China, fue la principal responsable de que se perdieran más de 250 mil empleos entre 2002 y 2003 en México, pues para aquella economía le era más rentable regresar esas firmas a su país y desde allá exportar a Estados Unidos y Latinoamérica, ya que el costo del transporte se podía justificar por los ahorros que aporta un país fábrica que ofrece conglomerados productivos. La llamada flexibilidad laboral, concibe a los trabajadores como un simple medio de acumulación pero a su organización sindical como un obstáculo para el crecimiento y la competitividad. El caso de los países nórdicos y especialmente el danés, reconoció a los trabajadores como interlocutores válidos para llegar a un acuerdo con los empresarios en el que se acepta la necesaria flexibilización laboral, pero en el que se negociaron reciprocidades, que obligarían al sector patronal a no abandonar la seguridad social al mercado, a asumir inversiones responsables en educación y capacitación para el trabajo y a contribuir al financiamiento de investigación en ciencia y tecnología. Un modelo de flexiseguridad como el descrito, se tendrá que aplazar en el caso mexicano. A falta de negociaciones y pactos con base en reciprocidades, se impuso una versión que quiere actualizar la legislación laboral bajo el sesgo de la competitividad para la exportación, sin tomar en cuenta que la economía informal representa más de la mitad de la actividad “productiva”, de servicios y sobre todo de empleos. Sin considerar los respaldos fiscales para fondear medidas anunciadas en la campaña electoral, como el seguro contra el desempleo, o la inversión en innovación científica y tecnológica. Un pronunciamiento reciente de legisladores estadounidenses, que comunica las preocupaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a Hilary Clinton, Secretaria del Departamento de Estado, reconoce el carácter antilaboral de la reforma propuesta en la Iniciativa Preferente enviada por Felipe Calderón, que aprobarán los diputados: “En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”

PODER Y REGIÓN A MÚLTIPLES VELOCIDADES

El PRI, maquinaria electoral al servicio de los poderes fácticos. En la perniciosa combinación de votos obtenidos mediante sofisticados y costosos sistemas de compra y coacción del voto, de la reorganización del voto duro a través de medios corporativizados y la generación de una base social cohesionada por una ideología cada vez más inspirada en el pragmatismo, se anidan resabios autoritarios que llevarán la batuta en el ejercicio de gobierno y en la factura de políticas públicas. El PRI, es primera fuerza en el Congreso de la Unión, gobierna en 20 entidades federadas, en 24 capitales estatales y es el partido mayoritario en 25 congresos locales. Además, gobierna en mil 510 de los dos mil 440 municipios del país. Desde las reformas constitucionales hasta las reformas por mayoría simple, dependerán de los arreglos políticos que impulse el tricolor. Acción Nacional, se desdibuja como gobierno; la autocrítica en debate. Aunque el PAN está en vías de asumir las derrotas electorales sufridas en julio pasado, se pueden constatar las brechas que abrió su desgaste como gobierno por el retiro del voto en Jalisco y Morelos en 2012, y en Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, después de 2006. Asimismo, perdió la mayoría de capitales estatales que antes gobernaba y, como en el caso de Jalisco, los municipios urbanos más poblados. El blanquiazul gobernará 4 entidades a finales de 2012 y seguirá participando en tres gobiernos de coalición con el PRD. Esos siete estados reafirman la influencia regional panista en el noreste, el Bajío y el centro sur de país. Gobernará en cinco capitales estatales, de las cuales sólo Hermosillo y Puebla coinciden con estados que gobierna. Entre la dispersión regional de sus gobiernos y la división entre partido y gobierno federal, Acción Nacional batallará por reconstruirse como opción nacional de poder. El Movimiento Progresista representa disyuntivas estratégicas para el futuro de la izquierda mexicana. El anuncio dado por Andrés Manuel López Obrador sobre la transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cimbró a todas las estructuras partidarias que se aliaron en esa candidatura presidencial. Si bien AMLO tiene estructuras de Morena en todos los municipios del país y cuenta con la mayoría de sus simpatizantes en el Distrito Federal, Tabasco y la mayoría de estados del sureste mexicano, el reto será avanzar simultáneamente en la construcción organizativa partidaria, la resistencia mediante acciones de desobediencia civil, rehacer los vínculos con los gobiernos de los cuatro estados en manos del PRD y contrapuntear las acciones del gobierno federal y de los gobiernos locales. En 2013, habrá elecciones en catorce entidades, incluidas las tres que ganó la coalición PRD-PAN. ¿Podrán lograr influencia nacional paralelamente Morena, refractaria a las alianzas, y el PRD? Regiones y nación representan un desafío para construir un poder horizontal que contrapese a una federación históricamente centralizadora, desde una legitimidad por proximidad donde el locus de la violencia, de los problemas derivados de la convivencia cotidiana, de la geografía material sobre la que reposa la nación, pintan la política como experiencia local de lo vivido. En la escala local se cimientan poderes oligárquicos, tanto como contrapoderes demandantes de formatos democráticos directos, participativos, que repercuten en la nación. Más allá de las elecciones locales y del enraizamiento de los partidos, operan múltiples velocidades en las que el poder se erige y se ejerce. Las siempre precoces candidaturas presidenciales ya despuntan: ser Secretario del gobierno federal, o gobernante de alguno de los estados más poblados del país, no bastarán para ofrecer un proyecto de país. Combinar pretensiones electorales con experiencias y deseos democráticos vividos localmente, es una clave mayor para hacer la nación.