EL SILENCIO DE LOS INOCENTES

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano Hemos banalizado a tal grado las palabras y las conmemoraciones, que a la inocencia se le confunde con la ingenuidad insana, con quienes caen en la trampa del engaño. La inocente palomita que todos los 28 de diciembre se deja engañar, es una expresión naif que celebra la habilidad para dar gato por liebre, la pericia del prestidigitador que hace aparecer una cosa por otra. Lejos del engaño, este viernes se rememora la matanza de inocentes emprendida por el rey Herodes para deshacerse del recién nacido Jesús de Nazareth. Una expresión de abuso del poderoso sobre quien no tiene malicia ni capacidad para defenderse, ni siquiera registros que le pongan en guardia sobre una amenaza. Si bien no hay certeza con esta fecha, como tampoco la hay respecto de la Navidad, y en este caso ni siquiera de que haya habido la misma feroz persecución que se hiciera contra el nacimiento del Profeta Moisés, esta conmemoración es ambigua pues al mismo tiempo que denuncia el abuso, busca preservar al ser sin culpa, al inocente, de castigos inmerecidos. Una frase de la película cuyo nombre encabeza esta columna, nos recuerda que para quien reclama su inocencia "La memoria es lo que [se tiene] en lugar de la vista." El registro de la experiencia nos quita la inocencia, en el sentido de ingenuidad frente al bien y el mal, pero rememorar puede comprobar inocencia y dolerse de su transgresión. Las víctimas de la matanza de Acteal el 21 de diciembre de 1997, fueron inocentes; no había culpa que perseguir, pero también eran inocentes en cuanto a la ingenuidad o espontaneidad con la que trabajaban o gozaban de un proyecto comunitario liberador. Así como se silenciaron inocentes entonces, a 15 años de la masacre, este 21 de diciembre salieron a la calle de varias poblaciones chiapanecas las bases de apoyo zapatistas a mostrar que la memoria puede más que la vista. O que las palabras o las consignas. Más de 50 mil zapatistas, provenientes de zonas bajo su control territorial en los llamados Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno, marcharon en silencio y desfilaron uno por uno, una por una, a través de templetes improvisados en alto, donde en marchas convencionales participan los oradores designados para trasmitir pliegos o consignas. Puño en alto, el silencio significó memoria contra el abuso y la impunidad. Aunque escueto, el comunicado de la dirigencia zapatista, a través del Sup Marcos, planteó la fuerza del simbolismo atado al silencio de las manifestaciones con el sentido poético del pensamiento maya, de hacer evidente la memoria milenaria, no como objeto arqueológico, sino como memoria viva desde el presente. El contraste entre un mundo –de los otros- que se derrumba, y otro mundo que resurge –el del zapatismo. La oposición entre los tiempos cósmicos, el día y la noche y su trasmutación mediante un cambio de época, que es también el de la esperanza en el día que sea día, porque el paso por la noche lo hace posible. No hubo consignas gritadas, tampoco sesudos análisis sobre el estado que guarda el proceso judicial que aplaza la justicia y hace reinar la impunidad. El silencio zapatista apeló a la voz de la memoria, a su inocencia esperanzadora. Si, escuchamos.

CONTINUIDADES SIN CAMBIOS SUSTANTIVOS

2012, año de cambios políticos que repercutirán en un 2013 marcado por continuidades y ensayos de transformaciones que, sin embargo, no estarán a la altura de las necesidades manifiestas del país democrático que quisiéramos. Si este viernes no se acaba el mundo, al menos esperemos que ganen las interpretaciones de un cambio espiritual de época radical, como algunos estudiosos de la cultura maya lo proponen. En lo que podemos constatar y manejar dentro de la incertidumbre creciente que nos agobia, lo que acontezca en el futuro próximo es fruto del pasado inmediato. La política económica representa la columna vertebral de la continuidad. Crece una coalición entre tecnócratas, políticos y empresarios, la cual se refleja en la conformación de los gobiernos priístas, donde cuadros proempresariales ocupan los cargos prominentes en los gabinetes económicos respectivos. El modelo orientado a la exportación apuesta por profundizar el TLC de Norteamérica y por encauzar inversiones hacia el Acuerdo Transpacífico, para enfrentar a China. Internamente, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales, buscan nuevas alianzas que superan la tradicional subordinación frente a los poderes fácticos, invitando a poderes económicos emergentes al mundo de los negocios. El caso mexicano es emblemático de una inserción incondicional a la economía mundial, hoy caracterizada por la revalorización de las materias primas y de los energéticos, que sostiene un modelo neoextractivista altamente depredador y que basa su dinámica sobre la desposesión de tierras y recursos de los más débiles. De ahí que las reformas energética, fiscal y laboral sean marcadas por la triada privatización-liberalización-desregulación. El rol estratégico de PEMEX se debatirá entre aportar renta petrolera, o dilapidar el patrimonio nacional en aras de su privatización; la reforma laboral herencia de Calderón, no se modificará y la reforma fiscal se acotará al aumento del IVA, para que los ricos no paguen impuestos. El regreso del régimen de partido predominante refuerza la partidocracia, debilita el potencial de los organismos públicos autónomos, como las instancias electorales, de defensa de los derechos humanos, o de transparencia, en la medida que se privilegian operaciones políticas verticales y cupulares que no abren cauces a la participación democrática. Como es el caso del Pacto por México, cuyos acuerdos recogen demandas justas e incluyentes que, empero, su viabilidad descansa sobre la partidocracia. En Jalisco, el Diálogo Ciudadano con el Congreso local ofrece vías participativas dignas de emular en las regiones del país. El modelo de gobernabilidad ofrecido por los gobiernos del PRI, plantea un regreso a la política, como forma de mediación para el manejo del conflicto causado por nuestra convivencia cotidiana. Sin embargo, puede salir ganando la impolítica, es decir la suplantación de los políticos profesionales en los arreglos entre instituciones que dejan fuera de las decisiones a la sociedad, ya que la brecha entre representantes y representados significa mayor desafección de la sociedad por los asuntos públicos. Por más que regresen perfiles políticos al gobierno, mientras no haya capacidad de supervisión y vigilancia ciudadana sobre la acción pública, se frenan potencialidades democráticas participativas. En 2013 persistirán movimientos sociales contestatarios y críticos frente al modelo neoextractivista, volcado a la exportación. Continuarán demandas colectivas frente a políticas públicas que ni crean empleos ni mejoran la calidad de vida, a pesar de nuevas políticas sociales tímidamente redistributivas, y las críticas antisistémicas de #YoSoy132, o las experiencias de innovación comunitaria, como las policías comunitarias en Guerrero, o la autonomía de Cherán en Michoacán, intentan ser criminalizadas por atentar contra el país homogeneizado por la fuerza del mercado. Continuará el divorcio entre movimiento social y participación electoral, sin que se avizore un proyecto de país, una organización capaz de procesarlo.

LA CUESTIÓN PRESIDENCIAL QUE AGITA A LA REPÚBLICA

Hacer el balance del sexenio de Felipe Calderón, implica discutir un concepto básico en la ciencia política: el de gobierno. Así lo plantea María Eugenia Valdés, en su Introducción al libro que coordina: Los problemas nacionales durante el gobierno de Felipe Calderón, (Miguel Ángel Porrúa-UAM Iztapalapa, 2012). Sinónimo de dirigir, pilotar, conducir, controlar, el ámbito de gobierno se relaciona con la idea de timonel o de condottieri en el pensamiento político de diversas épocas. Conocimientos y técnicas para conservar el control, la dirección, el sentido del gobierno; una comprensión de Estado, su pasado, su situación actual y, si existe, su proyecto de futuro. Esta obra colectiva propone una detallada evaluación de dos grandes tareas del gobierno: las normativas, que apelan a la legalidad, al predominio de las reglas de conducta observables por todos; y la legitimidad , como autoridad moral e intelectual reconocida, para mantener la cohesión social. Una enorme responsabilidad que, en casos como el del Presidencialismo mexicano, recae en una persona. Heredero de esa manera de ejercer el poder, Calderón es producto de los resabios autoritarios que siguen nutriendo al Poder Ejecutivo, pero también un hombre cuestionado en las bases de su legitimidad electoral, frente a lo cual quiso responder con su trayectoria partidaria, como el ‘primer verdadero panista’ que llega a la presidencia y simultáneamente, como un gobernante audaz, arriesgado hasta la impunidad que favorece el que el Presidente sea el único funcionario que no puede someterse a juicio político. En palabras de Jesús Silva-Herzog Márquez (Tribuna, 26/11/2012): “[Calderón] Fue un gobernante sobrio, de infrecuentes desplantes. Pero esa conciencia de Estado, ese aprecio de las reglas, ese esmero por defender las instituciones como patrimonio común, encalló en aquella política de la que se imaginó fundador.” Así, convirtió la ambigua lucha-guerra contra el crimen organizado, en su obsesión sexenal. A pesar de atribuciones presidenciales reducidas, al final de su gobierno, Calderón hizo tímidas incursiones en la reforma del presidencialismo, institución centralizada y falta de contrapesos institucionales. Una reforma política que pretendía dar mayor agilidad a los vínculos entre Ejecutivo y Legislativo, mediante la Iniciativa Preferente para proyectos legislativos considerados como estratégicos por el Presidente, sirvió para impulsar una de las reformas “estructurales”, la laboral, que no quiso dejar como pendiente del próximo gobierno federal. Además, dejó pasar la oportunidad para debatir nacionalmente la transformación del sistema presidencialista en formatos más cercanos al Parlamentarismo, como el semi-presidencialismo o el Presidencialismo de Coalición; reforma constitucional de gran calado que propicia la competitividad y pluralismo partidista, reforzada por demandas de ciudadanización de los vínculos entre representantes y representados. Si bien las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo fueron menos ríspidas que anteriormente, Calderón no dejó de aprovechar el poder presidencialista para el nombramiento de funcionarios de primer nivel en el gobierno federal, además del Procurador General de la República, la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una relativamente tersa relación con el Senado, y para asumir, obsesivamente, la obligación de preservar la seguridad nacional desde la militarización. Ser simultáneamente Jefe de Estado y de Gobierno, posibilita la conducción unipersonal de la política exterior, lo que significó el apego a los imperativos de reformas de mercado provenientes de la esfera institucional internacional, la profundización de nexos asimétricos con América del Norte, la insistente proyección transpacífica del país mediante tratados comerciales, con la divisa de estabilidad macroeconómica financiera a toda costa. Ciertos destellos en su acercamiento al sur bajo el impulso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no impidieron que el ‘Presidente del empleo’ fincara sus principales logros sobre un sistema decadente.

POLÍTICA INTEGRAL CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Un grupo de ocho expertos que compartieron su diagnóstico con El Universal (21-11-2012), reconoce “la decisión del mandatario de enfrentar a los hegemónicos cárteles heredados del pasado, pero advierten fallas en una estrategia de seguridad que apostó más a la fuerza y a la caída de los líderes, pero carente de una política integral. Los esfuerzos por sanear y fortalecer las instituciones existieron, pero la corrupción y la infiltración del narcotráfico fueron un bache difícil de sortear.” Fallas y aciertos a los que se necesita añadir la ausencia de una política de salud para encuadrar la prevención y tratamiento de las adicciones a drogas peligrosas y particularmente, el análisis de las estrategias de base territorial que siguen los cárteles, en las cuales privan nuevas formas de hacer política frente a la sociedad, pero también frente al Estado; entidad cuestionada por los poderes fácticos de origen criminal. Los desafíos para hacer políticas de Estado en esta materia, enfrentan un campo de actuación extremamente complejo, que está minado bajo criterios que son aparentemente caóticos, en los que se mezcla la incertidumbre producida por la arbitrariedad que caracteriza a los poderes fácticos, con escenarios de guerra que parten de concepciones diametralmente opuestas: la del aparato de seguridad gubernamental, “educado” para una guerra convencional, y la de un aparato militar disciplinado y con una organización flexible en cuanto a patrones de movilización militar no convencionales. Además de un manejo presupuestal que no escatima en adquirir equipos de seguridad y armamentos, con los que ocasionalmente supera la capacidad de fuego de las unidades policiales, e incluso de los destacamentos militares que los enfrentan, el crimen organizado sofistica, perversamente, los contenidos simbólicos de la violencia que emplea y añade un componente de carácter político-militar, que no se ha valorado suficientemente. Si se analizan los nombres con que se auto-identifican los cárteles creados a raíz de las divisiones internas entre los narcotraficantes, podemos percibir una cierta identidad que es simultáneamente mística y mítica, pero también ideológica, cuasi religiosa, que está preñada de (contra)valores identitarios altamente cohesionados: La Familia; Nueva Generación; Los Templarios… Caldo de cultivo de antihéroes, estas nuevas organizaciones criminales, combinan acciones que son eminentemente político-militares, que destruyen, bloquean, pero que circunstancialmente no asesinan, con denuncias sobre acciones sesgadas en su contra de la policía o del mismo Ejército. Sin abandonar acciones terroristas de la máxima crueldad que los ponen a la par de los “viejos” cárteles que se definen por su zona geográfica de influencia: Golfo, Tijuana, Sinaloa, o con los Zetas, nombre inspirado en códigos de comunicación policial, o si acaso, autoflagelación por ser los últimos de la lista. Una concepción legítima sobre el uso de la fuerza, debe de ir acompasada del fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de la autonomía del Ministerio Público frente al gobierno; de la profesionalización del aparato público de seguridad coordinado con un equipo de inteligencia de amplia concepción, que entienda las fibras que mueven los criminales cuando se acercan a las familias, hacen compadres, las protegen frente a los riesgos cuya cobertura viene abandonando el Estado, o cuando los cárteles pagan una bicoca cualquiera a jóvenes sin esperanza alguna, dispuestos a matar y arriesgar su vida. Una política integral para combatir eficazmente al crimen organizado, necesita dar un vuelco en lo que hace a los derechos humanos, a fortalecerlos para hacer crecer una cultura de paz con justicia y dignidad. A erradicar el odio y el revanchismo violentos, por ser falsas salidas. No olvidemos que la integralidad reposa sobre políticas estructurales que combatan frontalmente la desigualdad y toda forma de discriminación.

RIESGO Y VULNERABILIDADES DEL ESTADO

En un reciente artículo: “Las expectativas que crean los estados: ¿cómo la capacidad del Estado da forma al ámbito de la política?” Hillel Soifer de la Universidad de Temple, se pregunta sobre el manejo estatal de los riesgos y desastres causados por tres eventos naturales: El Niño, Perú, 1989); las tormentas en Vargas, Venezuela, 1998; y el sismo que afectó al sur de Chile en 2008. Dice que “En contextos estatales fuertes, la gente espera que el Estado asuma un papel de liderazgo en la provisión y gestión de la crisis, y exige responsabilidades en su normatividad.” En cambio, “cuando el Estado es débil, aún si la gente reconoce el mal desempeño de los gobiernos, no espera más de la arena política, y en lugar de presionar por una mayor intervención estatal, opta por la auto-ayuda y la organización de la sociedad civil. Sin demandas elaboradas y sin presión política el Estado no se compromete; los estados débiles siguen siendo débiles.” ¿Qué tanto los desastres pueden conducir a los actores de la sociedad al deseo de la intervención creciente del Estado?. El huracán Sandy produjo dos consecuencias políticas en el manejo del desastre: los estados fuertes y ricos como Estados Unidos y Canadá, sron interpelados por los habitantes afectados, mientras que los países del Caribe con estados débiles y pobres aumentaron su desafección por la política y poco interpelan al Estado. Cuba, un Estado fuerte pero pobre, es la excepción, pues la organización de su red de protección civil le permite minimizar sus pérdidas humanas, aunque sufre para disminuir los daños materiales. Se ha prestado poca atención en los medios y en el ámbito de la cooperación internacional, a los países caribeños, aunque las muertes y los daños sean lamentables en cualquier caso. El drama es que mientras que en Estados Unidos y Canadá se cuenta con recursos financieros, en los países del Caribe cuesta más la recuperación; quedan los lastres dejados por desastres previos que han incrementado la intervención extranjera por motivos geopolíticos, la reconstrucción que financia la cooperación internacional se convierte en rentables negocios para diversas trasnacionales, y las sociedades han sido impedidas de reconstruir y sanar sus tejidos sociales. La BBC de Londres (01.11.12) hace un recuento de los daños en esa parte olvidada por los medios: Haití, el país más pobre del hemisferio occidental: 54 muertos y 21 desaparecidos. “Las inundaciones en ese país podrían incluso empeorar la situación de salud, es decir aumentar los casos de cólera, a la vez que los daños a más del 70% de las cosechas en el sur del país -incluidos bananas, plátanos y maíz- son noticias terribles para el tercer país con más hambre del mundo.” Con 7 mil 61 familias afectadas, 15.000 viviendas que sufrieron daños o destrucción y 6.790 personas que permanecen en albergues, ese país que rechaza la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, tanto como la de tropas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, enfrenta tal fragmentación sociopolítica que la acumulación de desastres pospone las soluciones. En Cuba, 11 personas perecieron, convirtiendo a Sandy en una de las tormentas más mortales de los últimos años en el país. 75.000 personas resultaron damnificadas, 15.323 casas fueron destruidas y 132.733 afectadas. El bloqueo estadounidense hace muy difícil remontar las pérdidas materiales. En total, según la BBC, la cifra de muertos hasta el momento, incluyendo a EE.UU., Canadá y el Caribe, es de 123. Si en los estados fuertes el gobierno responde a la tragedia o pierde apoyo político, en los estados débiles la sociedad se fragmenta y pierde esperanzas.

LEGADOS QUE SUPERAN LAS PARTIDAS

A la memoria de Don Efraín González Morfín y de Guadalupe de la Peña Topete, pitita La partida de dos personajes unidos por su compromiso con la justicia social desde una perspectiva católica, deja grandes huecos en la sociedad jalisciense y nacional. Extrañamos desde ya el quehacer de Don Efraín en la democratización del sistema político y partidario, en el campo de las ideas humanistas libertarias, en el reconocimiento de las desigualdades como fuente de los conflictos y como desafío a la ética y la moral públicas y privadas. Extrañamos también a pitita, mujer con vocación educativa, que decidió distanciarse del rol religioso que personalmente sintió limitante y que, en sintonía con los cambios implicados en el Concilio Vaticano II, que también conmovieron a don Efra, optó por dejar la vida del monasterio y la educación de las hijas de la elite tapatía, para dedicarse a los pobres, desposeídos y excluidos, desde la inspiración aportada por la Teología de la Liberación. No obstante su profunda convicción católica, ambos reconocieron que la política no podía ser enfrentada por la iglesia como corporación de intereses materiales, sino que mediante un espíritu de vocación laica, se podrían generar mejores formas de convivencia. El joven Efraín escogió la vida religiosa; estuvo 13 años con los jesuitas y luego optó por una muy activa vida política que lo llevaría a refrendar y ampliar las ideas fundadoras de su padre, Don Efraín González Luna, ideólogo del Partido Acción Nacional. Pitita se distinguió como pedagoga dentro del Colegio Guadalajara, institución educativa donde innovó los métodos educativos en el plano de la pertinencia social. Sin romper con la orden del Sagrado Corazón de Jesús, ella se planteó llevar su capacidad hacia un campo de la sociedad más amplio, donde sentía que más la necesitaban y que más podía aportar. Guadalupe fue influida por los cuestionamientos de la generación del 68. Acompañó decisiones difíciles que tomaron algunos jesuitas al cerrar el Colegio Patria, en la Ciudad de México, versión masculina del Colegio Guadalajara. Se involucró en los movimientos eclesiales de base. En torno suyo otras religiosas se arriesgaron a dejar los hábitos para irse a vivir con la gente pobre. Trataban de entender la desigualdad, la discriminación y las diversas formas de exclusión, contra las que crecían distintos procesos sociales. Medellín, Colombia, fue un hito importante en su vida. Como continuadora de postulados liberadores, ella participó de los debates que se plantearon católicos y cristianos en torno de la revolución y la transformación radical que nuestras injustas sociedades necesitan. Dialogó con quienes optaron por la vía armada para instaurar el cambio social, pero ella se dedicó a concientizar, palabra que para su época fue lazo de compromiso social con transformaciones pacíficas. Reconocido como un humanista pluralista y como un intelectual católico a toda prueba, Alonso Lujambio, recientemente fallecido, recogió los puntos de vista de Don Efra en una entrevista que le hizo en 2008: “... la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos... la justicia social tiene por objeto... promover el acceso de los hombres... a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana”. Valores que compartía con un amplio espectro de la clase política que marcó el devenir de Acción Nacional, pero que también hoy se extrañan ante el pragmatismo y el deterioro por ejercer el poder sin la constante supervisión ética del partido. Dos legados que por distintas vías de acción social, nos seguirán interpelando vivamente.

ALTERNANCIA ¿REGRESIÓN AUTORITARIA?

A Felipe Vicencio QEPD Apelando al respaldo internacional que ha recibido Enrique Peña Nieto como ‘Presidente electo de México’, su equipo de transición aprovecha el ámbito de las relaciones internacionales para difundir lo que será su gobierno. Como lo aconsejaba el Cardenal Richelieu, la política exterior tiene que apoyar antes que nada la resolución de los conflictos internos. Afuera del país se pueden ganar batallas que internamente aún muestran adversidades. Por ello, a escaso mes y medio de su investidura presidencial, Peña Nieto escogió los países donde mejor podía expresar los asuntos que nutrieran su agenda política interna, particularmente en aquellos temas que son polémicos para su futuro gobierno. Simultáneamente, delinea su política exterior y precisa su oferta hacia los países escogidos para su visita. En el frente interno, lo que buscan afanosamente giras y negociaciones de su equipo de transición es mostrar que la alternancia no representa una regresión autoritaria. Ocupar el centro político, sin polarizar, parece ser la prioridad que han establecido el PRI, Peña Nieto y su equipo de trabajo. Durante este periodo de transición de gobierno, discursos y posicionamientos políticos dentro y fuera del país, insisten en eliminar todo residuo de impactos excluyentes que pudieran tener las llamadas reformas estructurales. Brasil, fue el aparador para publicitar que la reforma energética se acercará al ejemplo de Petrobras, con la preeminencia estatal en la inversión, pero con aperturas al capital privado. Chile, fue el escaparate desde donde se legitimó un nuevo programa que retome logros de Oportunidades, pero incorporando las experiencias de Chile Solidario y la de Bolsa Familia, brasileña, mediante la ampliación de transferencias monetarias condicionadas para combatir la pobreza. España, fue el escenario donde se quiso legitimar la reforma laboral, como alternativa para impulsar crecimiento y competitividad de la economía mexicana. Que no está sujeta a una crisis tan aguda como la española. Alemania e Inglaterra, ofrecieron una vitrina privilegiada para posicionar los alcances de la reforma fiscal, cuyos contenidos anuncian “respetar la autonomía del Banco de México, un manejo responsable de las finanzas públicas, fomentar y alentar la competencia, y combatir prácticas monopólicas [en lo que coincidieron, recordemos, todos los candidatos presidenciales], así como impulsar al país como potencia energética [donde se niega la privatización a ultranza, pero se ofrece apertura, digamos a la British Petroleum, sin que se precisen los ámbitos de propiedad nacional sobre PEMEX].” Además, en esos países europeos, donde se golpea la seguridad social, Peña Nieto anunció, nuevamente en el marco de ambigüedades que caracteriza su gira, que reforma fiscal y seguridad social para el bienestar de los mexicanos, tanto como para el combate a la pobreza, son indisociables. Si bien en Francia Le Monde publica un artículo de Peña Nieto con vagas alusiones a la violencia y la corrupción, la falta de precisiones sobre su agenda específica de gobierno imperó en sus discursos. Nada concreto sobre políticas contra la desigualdad; nada particular sobre estrategias diferentes para el combate al crimen organizado; ausencia total de políticas de diálogo y consulta sobre los graves problemas nacionales. La única política que se publicita empeñosamente es hacia los empresarios como interlocutores privilegiados, con los que se ha reunido invariablemente en los países visitados. Cierto, su equipo de transición ha tendido puentes con el gobierno actual en los temas álgidos, como la seguridad pública, pero más evidente es la orientación de la coalición política que se propone entre el “nuevo PRI”, que no es otra cosa que el Grupo Atlacomulco recargado, y una tecnocracia que no tiene más horizonte que el de la tozuda continuidad con las políticas de estabilidad macroeconómica reducida al ámbito financiero, factores proclives al autoritarismo.