MERCADO Y GOBIERNO, LAS BARBAS A REMOJAR

"Estoy triste por todo lo que está sucediendo en Brasil. Siempre tuve fe en que no sería necesario llegar al punto de salir a la calle para exigir mejores condiciones de transporte, salud, educación y seguridad. Todo eso es obligación del gobierno", declaró el astro futbolista Neymar da Silva, en solidaridad con las movilizaciones de protesta social que sacuden a Brasil desde hace varias semanas. Desde otra posición, Pelé, ha sido abucheado en las redes sociales por su permanente llamado a que los jóvenes abandonen las protestas y se concentren en apoyar a su selección en la Copa Mundial en curso. Neymar quiere “un Brasil más justo, más seguro, más saludable y más honesto”. Pelé llama a guardar la conciencia detrás de la televisión. Hace tiempo que los futbolistas no se pronunciaban sobre los problemas sociales.

Actualmente, los estadios del balompié son el centro simbólico de la ira despertada por el alza del transporte urbano, por el deterioro de los servicios sociales de salud, educación y seguridad, lo cual contrasta con las faraónicas inversiones en estadios e instalaciones que albergarán el Mundial de Futbol y luego la Olimpiada. Empresas y gobierno hacen su agosto mientras la calidad de vida de la inmensa mayoría se deteriora. Una vez más, los jóvenes detonan la conciencia que une el descontento, la desconfianza y la desilusión. Pero también gracias a esos movimientos se democratiza la democracia. Se imaginan nuevas políticas sociales que atiendan el malestar, se plantean exigencias de mayor calidad democrática en la representación y la escucha, se combate la impunidad de la función pública, se cimbran las instituciones relacionadas con nuestra convivencia, en la búsqueda del bienestar, y con nuestros conflictos, sobre seguridad y garantías para expresar pacíficamente demandas.

Mercado, gobierno y sociedad, son tres ámbitos cuyas intersecciones son complejas. La disputa por mercantilizar lo más posible de nuestras vidas como consumidores, encuentra un espacio privilegiado en los bienes públicos, lo cual es inversamente proporcional a la capacidad reguladora del Estado. Es desde la resistencia social contra la mercantilización que se ponen los límites. Por ello, el aumento del costo del transporte urbano fue el detonante de problemas sociales mayores, todos ellos vinculados con la capacidad pública del Estado para frenar las ambiciones mercantiles y en contraparte, la capacidad estatal para sustentar las políticas sociales que atiendan a las demandas de justicia, seguridad, educación y particularmente de honestidad, pues desconfianza y desencanto torpedean cualquier intento generalmente mediocre, siempre mediatizador, por contener o desviar las demandas sociales expresadas en las calles.

Está por verse si las protestas surgidas en Brasil, bajo la égida del gobierno progresista del Partido del Trabajo, con más de diez años en el gobierno federal, desembocarán en la democratización de la democracia. Desde la visión simplificadora de medios masivos de comunicación interesados en desacreditar la resistencia social frente al mercado y la perversión democrática, no se puede entender lo que está en juego. El gobierno del PT no es equivalente al Estado brasileño. De 26 estados federados, el PT gobierna en apenas 3 entidades; de los 5 mil 570 municipios brasileiros, el PT apenas gobierna en unos 500. Cierto, ese partido gobierna las ciudades más populosas, pero las demandas por planes de movilidad urbana del Movimiento Pase Libre, que encabeza las manifestaciones tiene que lidiar con una gama de interlocutores amplísima. La Policía Militar depende de los gobiernos estatales, no del Federal. Dilma Roussef tuvo que abortar su propuesta de pacto social constituyente, porque la reforma política puede afrontar los actuales problemas. El Estado recorta sus barbas; el mercado, tan campante.

MITOS MEXICANOS FRENTE A CHINA

1 China representa una oportunidad para la diversificación de las exportaciones mexicanas. Es cierto que nuestro país representa el segundo socio comercial del gigante asiático en Latinoamérica, y que esa potencia es ya el segundo socio comercial de México, después de las enormes proporciones que presenta nuestro comercio con Estados Unidos, de casi el 90 por ciento. Sin embargo, no existe un tratado de libre comercio entre China y México, acuerdos en los que la diplomacia comercial mexicana cifra sus esperanzas y compromete reglas de comercio que la sujetan y le restan posibilidades de diversificación comercial.

2 México puede convertirse en una plataforma de exportación China a Estados Unidos, por medio de la recepción de maquiladoras de ese país. Falso. El muy bajo costo de la mano de obra mexicana, no es condición suficiente para atraer maquiladoras chinas pues esa potencia asiática funda sus exportaciones sobre la base de encadenamientos productivos que abaratan su producción gracias al país fábrica que han construido, con la fuerza de trabajo menos costosa del mundo donde además, no hay conflictos laborales inmanejables por el aparato político gobierno-partido.

3 Incrementar los intercambios comerciales chino-mexicanos, aportará bienestar para ambas poblaciones. Mito presentado en la reciente visita del Presidente Chino Xi Jinping a México, pues mientras en la nación asiática hay una ampliación del mercado interno y una recuperación constante del poder adquisitivo del asalariado, en México pasa todo lo contrario: agudo deterioro del salario, orientación del modelo económico hacia la exportación que debilita al mercado interno; tímidas políticas redistributivas. Además, la doctrina del libre comercio, abrazada ortodoxamente por el gobierno mexicano, no ha fructificado en la atracción de inversión extranjera directa; Brasil, recibe casi 20 veces más de inversión de empresarios chinos que México.

4 Una alianza estratégica de México con China favorecerá a nuestro país como potencia regional. Otro mito a derrumbar. China tiene una estrategia de alianzas muy claras con ciertos países latinoamericanos, como Brasil, con quien participa en el bloque BRICS, junto con Rusia, India y Sudáfrica, para el cual China es ya su principal socio comercial. A la vez que los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, han intensificado sus relaciones comerciales, diplomáticas y militares con China. Uruguay también apuesta por convertir a esa potencia en su primer socio comercial.

5 Si nos acercamos a China, tendremos más autonomía frente a Estados Unidos. Todo lo contrario sucede en los hechos, pues el proyecto de fomento comercial más ambicioso que comparte el gobierno mexicano y varios países latinoamericanos actualmente, la Alianza del Pacífico, se orienta a fortalecer el proyecto geoeconómico con el que Estados Unidos compite contra China por ganar los mercados del Pacífico Asiático, en donde ese país realiza sus principales intercambios económicos. Se trata del Tratado Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), con el cual la potencia estadounidense pretende contrapesar el creciente papel integrador de China en la Cuenca del Pacífico.

6 Comerciar más con China significa mayor potencial de desarrollo para México. No necesariamente, pues el impacto comercial y de las inversiones chinas en Latinoamérica, profundiza estrategias económicas que profundizan principalmente las exportaciones de materias primas sin procesar: el modelo neo-extractivista. Cerca del 80 por ciento de las exportaciones latinoamericanas hacia China representan productos mineros y energéticos sin añadir valor alguno, pero muy necesarios para el crecimiento económico de la potencia asiática. Tampoco hay mejores oportunidades para el desarrollo regional, como lo muestra el caso del Cancún Dragon Mart, un enclave chino aún no autorizado. No seamos cola de león, ni cola de dragón.

ARTICULAR REFORMAS LOCALES Y NACIONALES

A la memoria de José María Pérez Gay

El Congreso de Jalisco está por nombrar Presidente y Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Perderemos, una vez más, la oportunidad de enmarcar el cambio de la autoridad electoral pensado dentro de la necesaria reforma política de Estado. Localismo e inmediatez invaden a partidos y legisladores locales: nombrar consejeros a modo, bajo la negociación de cuotas de poder, significa cancelar la búsqueda de una democracia de calidad. Reproducir más de lo mismo, en donde predomine la idea de ajustes electorales por encima de nuevas relaciones entre Estado, gobierno y sociedad, que combatan desencantos y desapegos ciudadanos frente al sistema político y de partidos. Seguiremos sin criterios orientadores para acortar la brecha entre representantes y representados; tampoco habrá medios para empoderar el voto, mejorar las coaliciones políticas y de gobierno, ni para incrementar la participación ciudadana en las decisiones públicas, de manera de profundizar en la capacidad de supervisión, de impedimento sobre lo que nos perjudica, ni de favorecer la capacidad juiciosa y crítica de la ciudadanía. Crece la partidocracia en alianza con poderes locales que se sienten amenazados por la democracia participativa.


El nombramiento de la autoridad electoral estatal no se articula con los debates sobre reforma político electoral que se discuten en el país, particularmente en la transformación del IFE en un Instituto Nacional Electoral. Se piensa en el IEPC como un organismo cuya sobrevivencia asegura la correa de transmisión de intereses locales partidistas y poderes fácticos sobre la dinámica electoral, que terminará por oponerse al poder de una autoridad nacional electoral. La distribución de cuotas de poder importa más que las consideraciones propias de una reforma política. Así, el IEPC devendrá en obstáculo para sincronizar lo local y lo nacional, para articular lo electoral con la política. Si se trata de empoderar al elector y de fomentar la participación ciudadana, el IEPC debería de concebirse como un organismo con carácter interino, mientras se negocia y aprueba la reforma político-electoral nacional. Una espera activa, pues tenemos que pensarnos dentro de lo nacional como actores capaces de influir en esa dinámica y no como espectadores pasivos que simplemente aprueban sin aportar. Ello implica que ni la nueva autoridad electoral nacional, ni las autoridades locales, se elijan bajo distribución de cuotas partidistas.

En los temas que se discuten actualmente sobre la reforma político-electoral nacional, deberán articularse las experiencias locales ¿por qué no pensar en un Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana? El concepto de una democracia de “segundo piso”, que relacione la dimensión representativa con mecanismos de participación ciudadana y de cultura política democrática, es un acierto del actual IEPC, el cual podría contribuir a una reforma que no se acote al mero tema electoral sino que active y dinamice formatos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, que hacen falta a escala nacional y en varios estados del país. Igualmente, actividades que tanto el IEPC como el IFE ya realizan, como conferencias, seminarios, publicación de revistas y libros, tienen que ser reconocidas como actividades sustantivas de la autoridad electoral, que deben de operar bajo estrategias descentralizadoras.

De ahí que las autoridades electorales locales del nuevo Instituto, deban gozar de la autonomía suficiente para profesionalizar una organización que fomente la democracia participativa. Además, hay organismos sociales nacionales y locales cuyas aportaciones para la democratización no cuentan con espacios de escucha, como el Comité Conciudadano, a escala nacional, o como la propuesta de reforma político-electoral de Unidad Democrática. Espacio Ciudadano, que cuentan con una visión de reforma integral local-nacional.

LA POLÍTICA DEL ESTADO SOCIAL

No se trata solamente de esa política social del Estado, cada vez más reducida a ser la ambulancia que recoge algunos de los afectados por el desastre de la política económica, sino de un cuestionamiento pertinente: cómo y por qué medios se puede revalorizar la política para refundar el Estado social. La marca del presente neoliberal es la desigualdad. Esa que niega la posibilidad de ser similares y equivalentes, de valer lo mismo, de obtener oportunidades y resultados equitativos sin que esto sea una homogeneización contraria a la libertad. En la desigualdad no podemos ser personas igualmente autónomas, no subordinadas ni avasalladas por carencias. Fuente principal de la desigualdad es la negación de derechos de ciudadanía; la imposibilidad de transformar palabras y deseos constitucionales en hechos constatables. Ahí está lo político: en igualar la participación; en promover comunidades de valores cívicos dispuestos a combatir la desigualdad. Las políticas sociales de gobiernos nacionales y locales, cada vez se parecen más en todo el mundo. Democracia y equidad son conceptos infaltables en toda política pública que se precie de contribuir a la “gobernabilidad”. Pero, administrar la crisis sin combatir sus raíces lleva irremediablemente al aplazamiento de la justicia, ideal filosófico del Estado social, planteado por la izquierda en el siglo XIX, que cada vez está más rezagado en el baúl de supuestas utopías inalcanzables. Margaret Thatcher, recientemente fallecida, es el icono de la derrota de esos ideales libertarios de equidad con justicia y, el Estado social, lejos de ser construido-constituido para lograr esos ideales, es opacado por políticas asistencialistas, diseñadas para disminuir las presiones sociales, antes que para generar bienestar. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo, instaló recientemente la Comisión Estatal de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, que está integrada por trece dependencias del Gobierno estatal, de acuerdo con su nueva estructura orgánica. Su apuesta son políticas de resultados: lo práctico-posible, la coordinación intergubernamental como garantía de eficiencia, para el logro de programas “realistas”: reducción de la pobreza y la desigualdad, inclusión social de grupos vulnerables, desarrollo de pueblos indígenas y el fortalecimiento de la cohesión social. La política de lo posible-deseable, para una democracia con justicia y equidad no aparece. Más allá de la política, ceñida al manejo razonado pero fragmentado de conflictos y de la gerencia pragmática de una crisis “administrada”, están esos factores sistémicos complejos que desafían una política democrática: la regulación del mercado mediante creación de empleos dignos y estables; recuperación del poder adquisitivo del salario; ampliación del mercado interno; políticas redistributivas que eviten la concentración excesiva del ingreso; universalización de derechos exigibles y alcanzables. No es un disco rayado, sino reacción a descalificaciones premeditadas del Estado social. Negativas a romper con el modelo orientado a la exportación, que no genera desarrollo con equidad y que atenta contra la sustentabilidad. Dignificar la política, es convertirla en una palanca de inclusión social con justicia y equidad. No se pueden menospreciar esfuerzos por innovar políticas públicas. Los gobiernos locales, particularmente desde la izquierda latinoamericana, influyen sobre los gobiernos nacionales y sobre nuevos ministerios orientados a políticas sociales integrales, redefiniendo los límites estructurales de las respectivas políticas económicas. Asimismo, desde lo local se abren espacios de interlocución con movimientos sociales demandantes de derechos de ciudadanía. Cuando democracia, economía y mercado se interrelacionan en la esfera local, paralelamente se fortalecen procesos supranacionales de integración autónoma y se acuerdan convergencias políticas para transformar el escenario global. Fortalecen equidad y justicia social, por encima del egoísmo individualista y del uso instrumental de las políticas públicas para administrar electoralmente la crisis.

AGGIORNAMENTO, CATÓLICOS DE ÉPOCA

En 1962 se celebró el Concilio Vaticano II, la reunión más universal que haya tenido la iglesia católica en su historia. Menospreciado por algunos jerarcas y congregaciones religiosas, por sus objetivos entonces acotados a la pastoral eclesial y no por establecer o reafirmar dogmas de fe, ese Concilio sin embargo sigue constituyendo una referencia imprescindible para comprender la capacidad de la iglesia para adecuarse a su tiempo. El Papa Juan XXIII, popularizó entonces la palabra italiana aggiornamento, que significa poner al día, actualizar. En 2012, al celebrar los 50 años del histórico Concilio, Benedicto XVI, se refirió a esa puesta al día donde “El cristianismo no debe considerarse como ‘algo del pasado’, ni debe vivirse mirando perennemente ‘hacia atrás’ […]Y esta actualidad, este ‘aggiornamento’ no significa ruptura con la tradición, sino que expresa su vitalidad continua; no significa reducir la fe rebajándola a la moda de la época, al metro de lo que nos gusta o de lo que le gusta a la opinión pública" Un ejercicio de contemporaneidad donde Benedicto XVI, situaba la memoria como un impulso para el presente, no para su cómoda adaptación. En el marco de ese cincuentenario, El grupo "ENCONTROS, Foro de curas galegos bispo Araúxo", quiere fortalecer la esperanza en tiempos de crisis eclesial, social y global, pues constatan que la iglesia católica se convirtió en “una organización excesiva e infundadamente jerarquizada, ineficaz para llevar a cabo su misión, hasta resultar ininteligible su mensaje.” A finales de 2012, señalaron que los dirigentes eclesiásticos desaprovecharon el aggiornamento del Concilio Vaticano II. Siguen agarrados al pasado, cierran las puertas a los ‘signos de los tiempos'. Con sus actuaciones u omisiones priman la vuelta a las formas y estructuras medievales: “Parece que le tienen miedo a una fe adulta, fomentan conciencias sumisas y dependientes. Sustituyen el estudio serio de la Biblia por el catecismo. La sociedad identifica a los cristianos con ideologías ultra conservadoras, contrarias a los derechos humanos.” Algunos curas gallegos piensan que la inexplicable cerrazón de la organización eclesial a los avances de la ciencia es una de las causas fundamentales del rechazo de la institución por parte de cristianos responsables y comprometidos con el “Reino de Dios en la sociedad actual.” Sus previsiones alertan: “La Iglesia quedó sin los obreros en el siglo XIX, luego sin la juventud en el siglo XX, y en el siglo XXI quedará sin las mujeres.” "Francisco. El nuevo Juan XXIII" (Desclée-RD), el primer libro sobre el nuevo Papa, escrito por José Manuel Vidal y Jesús Bastante, acaba de salir a la venta con éxito en España e Iberoamérica. Ese título sitúa la esperanza en que el Papa Francisco, cumpla con la actualización de época que falta a la iglesia católica. Durante 50 años han caído paradigmas que se concebían estables y con potencial para cambiar y adaptarse: terminó el “Desarrollo Estabilizador”; sin Estado del Bienestar, crece la desigualdad social; se derrumbó el Muro de Berlín; se camufló la Guerra Fría bajo formatos multipolares. Entre el 11 de septiembre chileno y el de las Torres Gemelas, se incrementó la soberbia mortal del mercado y la polarización promovida por fundamentalismos religiosos. La nueva evangelización que propuso Juan Pablo II, respondió predominantemente a la crítica del socialismo burocrático de Europa del Este y de la Unión Soviética, pero entre los desafíos para el aggiornamento católico del siglo XXI está el que Francisco (re)inaugure la primavera eclesial que vaya contra viejos esquemas, viejos hábitos censores (las librerías del Opus Dei no distribuirán este libro), oscurantismo, falta de transparencia... Lo contrario al esperado aggiornamento que encabece el nuevo Pontífice.

PACTO POR MÉXICO, CUESTIONADO

Un proyecto de gobernabilidad democrática que se circunscriba al acuerdo entre los tres partidos nacionales más votados es insuficiente. El Pacto por México, si bien representa un piso de acuerdos básicos para gobernar al país, empieza a ser cuestionado conforme avanzan los proyectos de reformas constitucionales que impulsa el Ejecutivo federal. A pesar del esfuerzo realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto por encontrar puntos de consenso entre los partidos políticos, y de tratar de conciliar esos acuerdos con sus promesas de campaña; una vez que cada uno de los actores concernidos por las reformas plantean sus condiciones y defienden sus intereses, empiezan a brotar los desacuerdos y se desatan contradicciones y diferencias entre cada grupo de poder y los órganos de gobierno que participan de los intentos reformadores. ¿Qué factores políticos erosionan la capacidad de pacto para gobernar? En primer lugar, la primacía de los partidos políticos y su incapacidad para organizar una narrativa convincente sobre su disposición para llegar a acuerdos firmes y duraderos. Por una parte, el PRI está obsesionado en su configuración como partido casi único, para lo cual busca verticalizar su cadena de mando al entregar al Presidente de la República, que ya es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, la dirección del partido. Así, se reconstituye el presidencialismo por la vía partidaria, mediante lo cual se rebasa el acotamiento de los poderes metaconstitucionales que bien que mal lograron los gobiernos panistas de la alternancia federal. Tal concentración de poder, permite disciplinar internamente las diversas corrientes políticas y alinear la heterogénea constelación de grupos de poder que se anidan en el partidote. Pero el control férreo de esos grupos, esconde la falta de compromiso unitario con las reformas emprendidas por el Ejecutivo federal. Tanto el PAN como el PRD, atraviesan por fricciones internas que los debilitan, lo cual les impide también apropiarse y elaborar esa narrativa convincente implícita en firmar y sostener un pacto de gobierno. Aunque los panistas sufren una crisis de militancia más aguda, la dirección perredista enfrenta las críticas demoledoras de corrientes internas proclives al movimiento lopezobradorista y las presiones que este ejerce al descalificar cualquier acercamiento o pacto con el gobierno del PRI. Ni Acción Nacional, ni el PRD, tienen condiciones propicias para consultar a sus bases sobre el devenir del Pacto por México, ante lo cual cada partido está sometido a las directrices que imprimen los grupos dominantes de poder internos. Como resultado, se amplía la brecha entre militantes y directivas partidarias, lo cual debilita la capacidad de interlocución de cada partido para concretizar hasta dónde y en qué términos participan con el gobierno. En segundo lugar, el Pacto por México no prevé consultas ciudadanas a quienes no están o no se sienten representados por los partidos políticos firmantes. Se privilegia la intermediación política que realizan los institutos políticos, sin dar espacio al creciente y demandante mundo de las organizaciones sociales. El Pacto tampoco contempla una interlocución organizada con las regiones que conforman la nación. Se va por una pista definida por reformas sectoriales, sin haber diseñado los mecanismos políticos institucionales que le dieran orden y jerarquía a las reformas emprendidas, dentro de un espacio y de un territorio heterogéneo y desigual. Por lo que el llamado proyecto de nación, aparece como una directriz dada de antemano desde el centro del país y desde los grupos hegemónicos del partido gobernante. Ninguno de los gobiernos estatales priístas refuerza la convocatoria del Pacto por México, ni tampoco promueven pactos por el estado que gobiernan, que vayan en la tesitura del consenso.

SISTEMA DE MEDIOS DEMOCRÁTICO

Aunque el mercado tiende a subyugar la democracia, uno de los signos más esperanzadores de la época actual es el incremento de las capacidades reguladoras del Estado, de su potencia para ampliar la esfera de lo público en lo que compete al interés general, sin negar espacios de legitimidad para el mercado cuando hay competencia y se frenan los monopolios. El tema de los medios es particularmente sensible de cara al debate democrático en todo el mundo, pues poder económico y poder político son condicionados por el poder mediático Recientemente enviado a San Lázaro, el proyecto de reforma al sector de telecomunicaciones, despertó una entusiasta aprobación por los partidos del Pacto por México, así como de la Asociación Mexicana de Derecho de Información (Amedi), que reúne a intelectuales y profesionales comprometidos con una nueva institucionalidad democrática de los medios de comunicación. Sorprende que un proyecto tan avanzado en esa materia, haya emergido de un candidato cuyo “triunfo” fue marcado por la simbiosis entre medios y política. Máxime cuando la profundidad de la reforma fortalece al Estado y acota al Ejecutivo sin debilitarlo, mediante un organismo público autónomo: lo que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Instancia que combatirá la concentración monopólica del sector al constituirse como responsable de otorgar las concesiones del espacio radioeléctrico, garantizará el acceso público a las Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual le obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, a fomentar nuevas cadenas de televisión nacionales y a promover un entorno competitivo dentro del cual ninguna empresa podrá poseer más del 50 por ciento del ramo; pues el Ifetel podrá ordenar la desincorporación de activos de operadores predominantes que concentren más de 50 por ciento del mercado. El nuevo mapa del poder en las telecomunicaciones mexicanas, ha sido aceptado en términos generales por los grupos empresariales que conforman las familias Azcárraga, Salinas Pliego y Slim. Sin embargo, el proyecto de ley impide que haya propiedad cruzada de medios, además que obliga a las firmas a desincorporar activos cuando rebasen el 50 por ciento del mercado. Vendrán tiempos de discusión intensa en el Congreso de la Unión, pues los intereses monopolistas afectados tienen aliados dentro y su poderío político se finca sobre la cobranza de favores a diputados y senadores electos bajo el apoyo mediático que esas empresas brindaron para sus campañas electorales. Frente al poder de operación política de los grupos mediáticos, también se ha incrementado la capacidad de supervisión de la sociedad civil sobre los legisladores, como es el caso de la Amedi y del movimiento #YoSoy132, que hizo visible la centralidad estratégica que representa democratizar los medios. Otros factores polémicos previsibles en los debates parlamentarios, serán los relativos a la integración del Ifetel pues aunque la selección de sus siete integrantes sería mediante convocatoria a concurso abierta a profesionales expertos, la configuración actual del Instituto quiere ser preservada para mantener cuotas de poder entre los partidos. De ser así, se pondría en riesgo el potencial regulador del Ifetel para democratizar el sistema de medios, particularmente en la concesión de carácter público y social de espacios sin fines de lucro, no mercantilizados, como las radios comunitarias e indígenas, o sistemas de comunicación universitarios o estatales. Incluso, la obligación de pagar contraprestaciones cuando se ofrecen “combos” informáticos, o la prohibición de publicidad y propaganda calificada como engañosa, podrían ser corrompidos por la discrecionalidad que todavía priva en el Ifetel. Los gobiernos estatales que deben de aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estarían tentados a promover un Instituto Estatal de Telecomunicaciones a modo.