viernes, 6 de febrero de 2015

CONSTITUYENTE CIUDADANA Y POPULAR




La fuerza simbólica del 5 de febrero como hito fundador de la nación en 1917, se expresa en un esfuerzo organizativo del imaginario social del país deseado sin precedentes. Aunque la historia reciente registra varios esfuerzos por refundar al país, su pacto social, su sistema político y régimen de gobierno, la presentación pública de la Constituyente Ciudadana y Popular, en un ejercicio de autoconvocatoria a quienes imaginan un país más justo y equitativo, con un nuevo entramado constitucional, recoge diagnósticos diversos, no necesariamente divergentes, sobre la profunda crisis de legitimidad y de legalidad causada por el persistente autoritarismo que corroe al Estado mexicano. ¿Qué tan viable es un proceso transformador de esta magnitud? ¿Cuál es la herencia dejada por demandas previas por una nueva Constitución? ¿En qué reside la originalidad y fuerza, de la convocatoria de este 5 de febrero? ¿Cuáles son los riesgos y  las debilidades previsibles?

La primera iniciativa de Nueva Constitución y Parlamento Ciudadano la impulsa un grupo del centro del país: Tlahui-Politic desde 1996 (http://www.tlahui.com/conmx0.htm), su proyecto de Nueva Constitución Ciudadana logró más de un millón de consultas. Luego vino un Congreso Social por un Nuevo Constituyente (http://congresosocialnacional.blogspot.mx/), y después un Congreso Popular, Social y Ciudadano. Se buscaban convergencias unitarias entre ciudadanos y movimientos sociales, a fin de discutir y consensuar una Nueva Constitución. Esos aires constituyentes de finales del siglo 20, se ven disminuidos por las esperanzas abiertas por la alternancia panista en el gobierno federal de 2000, pero la persistencia del fraude y de la inequidad electoral, el deterioro de la representación de los intereses generales, el desencanto con el papel de los legisladores, la desconfianza en los partidos, en lo que va del siglo 21, más la frustración entrañada por el voto en blanco, hicieron reemerger la demanda de un país radicalmente nuevo.

Encabezados por el Obispo Raúl Vera, un grupo de ciudadanos-as detonaron desde hace algunos años todo un proceso de consulta horizontal sobre lo que ofrecía la Constitución de 1917, pero que fue deformado, traicionado, sesgado; su diagnóstico: “El crimen contra la legalidad y el pueblo cometido por los integrantes del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y Judicial, al usurpar las funciones que por derecho nos pertenecen. Al reformar contenidos esenciales de la Constitución alterando la forma y el sentido nacional y social del Estado surgido de la Revolución Mexicana, sin que mediara un proceso equiparable al Constituyente de 1917. El grado de ilegitimidad y de ilegalidad alcanzado los inhabilita como representantes de la nación, al faltar a su juramento de respetar y hacer valer la ‘Ley Suprema’ que rige a mexicanas y mexicanos.”

En reacción a la “montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años [dramáticamente coronados por Ayotzinapa]; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país.”, la Constituyente tiende a refundar una idea integral de ciudadanía, a la vez económica política y cultural, y a reconstituir la idea de pueblo como un sujeto diverso y complejo portador de una utopía constitucional. Sin embargo, asoma el riesgo de la dispersión y la fragmentación política, pues hay diferencias insalvables con los partidos que atenderán las elecciones del 7 de junio próximo y persisten fuerzas que paralelamente convocan a un nuevo constituyente, como la cita en Chilpancingo este mismo 5 de febrero, en el que algunas fuerzas políticas guerrerenses de maestros, estudiantes, movimientos sociales locales acuden, sin establecer vínculo alguno con un esfuerzo de alcance nacional. El Estado-nación, la ciudadanía y lo popular, tendrán que redefinirse. Sin ello, no hay constituyente posible.

viernes, 30 de enero de 2015

FRIALDAD DEL GOBIERNO MEXICANO ANTE LA CELAC





Costa Rica acogió la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el pasado 28 y 29 de enero, procurando avanzar en la integración regional, bajo el lema “unidad en la diversidad”. Nacida bajo el impulso de una integración autónoma latinoamericana y caribeña, la CELAC, recoge principios de política exterior que, en algún momento, impulsó el gobierno mexicano: oposición a la injerencia extranjera en asuntos internos; por el derecho de los pueblos a la soberanía y la autodeterminación; por la solución de controversias con base en el diálogo y la negociación pacífica; por la cooperación internacional sin condicionamientos ideológicos; así como una política de desarme nuclear inspirada en el Tratado de Tlatelolco, que actualmente constituye el área desnuclearizada más grande del planeta, y de oposición a la guerra. Y a todo tipo de conflictos armados, de violencia y de intolerancia. Cobra vigencia la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que promueve el desarme nuclear y la solución pacífica de las controversias, adoptada en la Cumbre de La Habana (2014).

Hay nuevos temas en las cumbres de la CELAC, en los que la diplomacia mexicana se ha mantenido fría y en ocasiones distante: la defensa irrestricta de los derechos humanos, dados los flancos abiertos por los sucesos protagonizados por la connivencia entre gobierno y crimen organizado; la redefinición de la arquitectura financiera internacional que regule la especulación y fomente políticas industriales, la lucha contra el calentamiento global y por la agenda sustentable apoyada sobre compromisos susceptibles de evaluación y seguimiento. A pesar de su débil institucionalización y de las limitaciones implicadas en la toma de decisiones únicamente por consenso y no por mayoría de sus miembros, la corta vida de esta comunidad muestra logros importantes: se ha ganado el respeto de Estados Unidos, la Unión Europea y de países y foros del Pacífico asiático. Ni la OEA, ni las Cumbres de las Américas que impulsa Estados Unidos pueden prescindir de esta Comunidad con vocación multilateralista.

La CELAC se ha convertido en interlocutor válido frente a la Unión Europea, cuyas cumbres eurolatinoamericanas se conciertan con esa nueva instancia comunitaria; así como se reconoce su interlocución con foros intergubernamentales con China y el grupo BRICS. Dentro de ese marco de cooperación sur-sur, la CELAC participa activamente en iniciativas como la del Banco del Sur. Asimismo, el G-77, que en realidad lo forman 133 países que comparten la herencia del Movimiento de Países No Alineados, que luchan contra toda forma de colonialismo y por la descolonización del mundo, reconoce la interlocución de la CELAC. Políticas prácticamente abandonadas por el gobierno mexicano, cuya frialdad frente al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos también es manifiesta.

No obstante su carácter intergubernamental, la CELAC a su vez reconoce como interlocutores a diversos movimientos sociales, algunos de alcance continental, subregional o de carácter étnico, como el llamado Movimiento Social de Afrodescendientes, que reclama la inclusión del “Decenio de Afrodescendientes”, dentro de la agenda discutida por la CELAC. Restan, sin embargo, desafíos cruciales para el logro de la integración autónoma nuestro-americana. Persisten desencuentros entre las políticas públicas que impulsan gobiernos de origen popular de centro izquierda y movimientos sociales afectados por el neoextractivismo y la obtención de una renta, en declive por los precios bajos de las commodities, petróleo, gas y biocombustibles, así como por la creación de infraestructuras eléctricas y de comunicación que privatizan bienes públicos. Ello dificulta la “unidad en la diversidad”  latinoamericana, pero la frialdad mexicana termina por agrietar las luchas contra la exclusión y la desigualdad social potenciadas por la CELAC.

viernes, 23 de enero de 2015

VOTAR, BOICOTEAR, CONSTITUIR




Razones para votar, muy pocas. Existen polos competitivos que podrían contribuir a resignificar el papel del Poder Legislativo: el caso de Morena en la Asamblea Legislativa del DF, o de algunos distritos relativamente aislados donde ese nuevo partido, o algunos otros como el PRD, o Acción Nacional, tienen candidaturas cercanas a la gente, a pesar de disputas y de crisis internas que golpean particularmente al PRD, a raíz de los conflictos en Guerrero. Elecciones municipales, unas pocas, ahí donde se competirá contra la mayoría priísta instaurada en las elecciones locales de 2012. Destaca Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, algunas ciudades y distritos en los que compite Movimiento Ciudadano, con buen pronóstico en las encuestas. Estas elecciones intermedias abrirán oportunidades para el voto de castigo, ese pequeño espacio de poder con el que cuenta el votante. A nivel de las diputaciones federales, se podría evitar la persistencia de una mayoría priísta al servicio incondicional del Presidente Peña Nieto, para así contrapesar el deterioro de la autoridad presidencial y ocupar un nuevo espacio político para redefinir rumbos y alcances de las “reformas estructurales”. Tanto como para castigar también aquellos gobiernos locales o diputaciones que le fallaron al electorado.

Hay muchas tentaciones para boicotear, abstenerse o votar en blanco. Difícilmente podrían ser más adversas las condiciones económicas, políticas y sociales, como para legitimar a un sistema político y de partidos preso por su falta de democracia interna en la elección-designación de sus candidatos. Una presidencia de la nación con los peores niveles de aceptación, que se muestra distante, incapaz, para enfrentar racionalmente violencia e inseguridad. Motivos de preocupación que, en distintos grados de exacerbación, se presentan en todo el país. De los 9 gobernadores que se elegirán este 7 de junio, en Michoacán, Guerrero y Sonora, hay denuncias y evidencias sobre la penetración del crimen organizado. Probablemente, en esas entidades habrá grupos que boicoteen las elecciones. Además, se incrementa la desconfianza hacia la institución presidencial y su partido por casos de corrupción y por la terquedad inaudita por continuar con el mismo modelo económico, a pesar del entorno internacional adverso: petróleo y gas cuyos precios están por los suelos, devaluación sostenida del peso, falta de inversión extranjera directa, debido a la violencia incontrolable en varias regiones del país, y escasa o nula transparencia en la licitación de los concursos.

Recientes encuestas de intención del voto, calculan en un 9 por ciento las boletas en blanco, pero hay un 43 por ciento que no define aún su voto porque no lo convence partido alguno. Boicot, voto blanco, o abstención, favorecen el voto duro, producto del clientelismo, particularmente del PRI, lo cual abarata el triunfo del corporativismo partidista. Está por verse si el boicot electoral logra una base de respaldo suficiente para deslegitimar en su conjunto, o en regiones específicas, al proceso electoral. Ante la ineficacia de tales estrategias, quienes están por una constituyente pacífica apuestan por una transformación política radical, cimentada en pactos locales-regionales que fundamenten un pacto social nacional. Mediante la elección abierta, libre, de diputados constituyentes, en cada uno de los 300 distritos del país, se recogen los planteamientos desde abajo para redactar una nueva Constitución. Se busca superar todo aquello que impiden o que son incapaces de impulsar los partidos políticos: el combate a la desigualdad en todas sus manifestaciones, de ingreso, de género, por edades o por pertenencia étnica. Seguridad y justicia. La democracia participativa y comunitaria propicia un nuevo tejido gubernamental que mejora la calidad de la representación. No hay encuestas que tomen el pulso sobre la simpatía o convicción que la constituyente genere, pero la utopía imagina y con-mueve. Estemos atentos.