MÉXICO COMO PROBLEMA DE CAJA

A la memoria del Negro Guerrero

Estamos atados, como país, por la tozudez gubernamental comprometida con la reproducción de un modelo socioeconómico y sociopolítico fracasado, del que la mayoría de países del mundo toman distancia. Un modelo orientado a la exportación industrial de bienes y servicios, sustentado en la obtención a toda costa de estabilidad macroeconómica, aunque ésta se acote al sistema financiero y al control de las finanzas gubernamentales. En eso están empeñados también los poderes de facto que operan legalmente y la inmensa mayoría del sistema político y de partidos nacionales y regionales. Atadura al modelo que se acentúa por un financiamiento público que está pensado como problema de caja, de haberes y deberes monetarios, fieles a estrategias concentradoras del ingreso y al impulso de capitales exportadores, pero que se contrapone con un proyecto de país incluyente capaz de superar la crisis actual.

Varios países han entendido que, ante esta crítica coyuntura, toca fortalecer la potencia pública redistributiva con proyección social. Que se necesita rectificar la estrategia de financiamiento público orientada hacia los grandes capitales, y que se necesita dar cabida a otras iniciativas colectivas de pequeña escala que están mostrando ser más eficientes y eficaces que esos grandes negocios sedientos de subvenciones y privilegios fiscales. Así lo muestra la reciente premio Nobel de Economía Elinor Ostrom. Paradójicamente, esta proyección social necesita de un Estado fuerte, pues la redistribución del ingreso implica compartir responsabilidades fiscales, en el marco de un pacto social nacional y regional asociado a un proyecto de país. No una negociación de suma cero, como se lo propone el actual sistema político y de partidos, sino un juego de suma creativa en el que todos/as ganamos, aunque ello implique ceder privilegios por todas las partes.

Reconocer que el modelo actual fracasó y que la mentalidad de contador es insuficiente –pues no podemos prescindir de ella-, podría llevarnos hacia un escenario de búsqueda y afirmación de otro país distinto al que tenemos. La actual reforma fiscal está pavimentando el camino para que en 2010, con toda su carga emblemática de libertad y justicia social, haya una explosividad social en la que converja el peso de la crisis. Algunos partidos y diputados varios, se muestran sensibles ante la conflictividad social exacerbada por el irrestricto apego gubernamental a este modelo, favorecedor del gran capital y depredador de todas las dimensiones que comprometen nuestro futuro.

Necesitamos trascender la idea que el impuesto al consumo, el IVA, es democrático porque pagan más quienes más consumen, mientras que el Impuesto sobre la Renta, inhibe la inversión capitalista al disminuir desproporcionadamente las ganancias. Los asalariados somos tratados como rentistas y a pesar de ello seguimos siendo la principal fuente de captación de ingresos fiscales en el ISR. Las grandes fortunas no pagan impuestos y la voluntad política gubernamental es seguir favoreciéndolas. Se impone el narco como modelo económico (aunque le hayan jalado las orejas al Subsecretario de la SAGARPA por decirlo): atención privilegiada a las señales del mercado; negocios sin subsidios públicos contables; Estado regulador ausente.

La evasión fiscal de los ricos y de la economía informal que esconde dinero negro proveniente del crimen organizado, pudiera ser la principal fuente de captación fiscal, pero el deterioro del sistema político con sus intocables cínicos salarios, con la falta de rendición de cuentas sobre un desempeño público que dilapida el erario, impiden que las prioridades se discutan socialmente. Así, nos quedamos sin proyecto de país, sin posible calidad de vida, sin salud ni educación ni programa científico-tecnológico; con muchos pobres. Sin ver hacia el mercado interno; sin consultas sociales sobre el país que deseamos.

LEGITIMIDAD Y CONFIANZA; OTRA PRUEBA

Por sobradas razones, la sociedad mexicana atraviesa por una era de desconfianza en lo que respecta a la vitalidad y fuerza que corresponde a los organismos públicos autónomos (OPA’s). Se cuestiona, crecientemente, la legitimidad con que se toman las decisiones por parte de las instituciones responsables de elegir a los consejeros de tales organismos, supuestamente autónomos de los poderes constituidos, y particularmente de los poderes fácticos que gobiernan este país. No se ejercen los contrapesos frente a esos poderes ni se vigila adecuadamente el desempeño de instituciones, funcionarios y las políticas públicas relacionadas con el apego al derecho, para lo cual los OPA’s cuentan con atribuciones constitucionales. Situación determinada por la manera en que se nombran los consejeros y principalmente quienes encabezan esos organismos, pues se impone la negociación de cuotas de poder entre los partidos, bajo criterios patrimonialistas y clientelistas.
El caso de las consejeras que se nombraron en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es la muestra más reciente que alimenta la desconfianza ciudadana de cara al papel cada vez más subordinado de estos organismos frente a los poderes constituidos. Es inquietante también que para lo que se usa la autonomía sea para defender aumentos presupuestales desmedidos, sin tomar en cuenta la austeridad requerida por el país en momentos críticos como el que vivimos. Así, los consejeros del IFE y del INEGI cumplieron con las lealtades exigidas por quienes los eligieron bajo compromisos patrimonialistas: incrementaron más que cualquier otro organismo público un presupuesto que beneficia a los partidos políticos, y aumentaron sueldos y plazas en esas instituciones que terminan por constituirse en jugosos botines que dan empleos “dorados” a los aliados del poder en turno.
Una prueba en torno a la legitimidad y confianza que podrían recuperar los OPA’s, es la elección-designación del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera limitación es que no se hace una evaluación del desempeño del titular saliente, en términos de una rendición de cuentas que tenga consecuencias legales y administrativas. Aunque las atribuciones constitucionales de estos organismos son claras, no se cuenta con un proyecto institucional que pueda enriquecerse con los aciertos logrados y con los mecanismos correctivos necesarios para evitar las fallas registradas. La actual CNDH no se caracterizó por su autonomía frente a los poderes constituidos, ni supo evitar las presiones de los poderes fácticos, como los grandes empresarios, particularmente de los medios electrónicos, y de la jerarquía católica; tampoco incidió sustantivamente contra el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, ni actúo oportunamente contra la criminalización de los movimientos sociales opositores al régimen.
A pesar de las patentes limitaciones de las consultas convocadas por el Senado de la República para la elección-designación del nuevo titular de la CNDH, se levantan voces calificadas y adhesiones de organismos civiles con diversas candidaturas. Ante la multiplicidad de propuestas que surgen, es imperativo privilegiar aquellos criterios que fundamenten la autonomía intelectual, la experiencia en tan sensible campo, evaluado negativamente por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la honestidad comprobada, aunada a la capacidad del proyecto presentado por los candidatos para revalorizar una agenda integral de derechos humanos que incluya sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Destacan dos candidatos que reúnen ampliamente todos los requisitos: Guadalupe Morfín Otero y Emilio Álvarez Icaza. Su buen desempeño en responsabilidades directamente ligadas con la promoción y defensa de derechos humanos, en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente; su valiente defensa de la autonomía frente a los abusos del poder, prometen recuperar legitimidad y confianza.