LEGITIMIDAD Y CONFIANZA; OTRA PRUEBA

Por sobradas razones, la sociedad mexicana atraviesa por una era de desconfianza en lo que respecta a la vitalidad y fuerza que corresponde a los organismos públicos autónomos (OPA’s). Se cuestiona, crecientemente, la legitimidad con que se toman las decisiones por parte de las instituciones responsables de elegir a los consejeros de tales organismos, supuestamente autónomos de los poderes constituidos, y particularmente de los poderes fácticos que gobiernan este país. No se ejercen los contrapesos frente a esos poderes ni se vigila adecuadamente el desempeño de instituciones, funcionarios y las políticas públicas relacionadas con el apego al derecho, para lo cual los OPA’s cuentan con atribuciones constitucionales. Situación determinada por la manera en que se nombran los consejeros y principalmente quienes encabezan esos organismos, pues se impone la negociación de cuotas de poder entre los partidos, bajo criterios patrimonialistas y clientelistas.
El caso de las consejeras que se nombraron en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), es la muestra más reciente que alimenta la desconfianza ciudadana de cara al papel cada vez más subordinado de estos organismos frente a los poderes constituidos. Es inquietante también que para lo que se usa la autonomía sea para defender aumentos presupuestales desmedidos, sin tomar en cuenta la austeridad requerida por el país en momentos críticos como el que vivimos. Así, los consejeros del IFE y del INEGI cumplieron con las lealtades exigidas por quienes los eligieron bajo compromisos patrimonialistas: incrementaron más que cualquier otro organismo público un presupuesto que beneficia a los partidos políticos, y aumentaron sueldos y plazas en esas instituciones que terminan por constituirse en jugosos botines que dan empleos “dorados” a los aliados del poder en turno.
Una prueba en torno a la legitimidad y confianza que podrían recuperar los OPA’s, es la elección-designación del responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera limitación es que no se hace una evaluación del desempeño del titular saliente, en términos de una rendición de cuentas que tenga consecuencias legales y administrativas. Aunque las atribuciones constitucionales de estos organismos son claras, no se cuenta con un proyecto institucional que pueda enriquecerse con los aciertos logrados y con los mecanismos correctivos necesarios para evitar las fallas registradas. La actual CNDH no se caracterizó por su autonomía frente a los poderes constituidos, ni supo evitar las presiones de los poderes fácticos, como los grandes empresarios, particularmente de los medios electrónicos, y de la jerarquía católica; tampoco incidió sustantivamente contra el aumento de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, ni actúo oportunamente contra la criminalización de los movimientos sociales opositores al régimen.
A pesar de las patentes limitaciones de las consultas convocadas por el Senado de la República para la elección-designación del nuevo titular de la CNDH, se levantan voces calificadas y adhesiones de organismos civiles con diversas candidaturas. Ante la multiplicidad de propuestas que surgen, es imperativo privilegiar aquellos criterios que fundamenten la autonomía intelectual, la experiencia en tan sensible campo, evaluado negativamente por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la honestidad comprobada, aunada a la capacidad del proyecto presentado por los candidatos para revalorizar una agenda integral de derechos humanos que incluya sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Destacan dos candidatos que reúnen ampliamente todos los requisitos: Guadalupe Morfín Otero y Emilio Álvarez Icaza. Su buen desempeño en responsabilidades directamente ligadas con la promoción y defensa de derechos humanos, en Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente; su valiente defensa de la autonomía frente a los abusos del poder, prometen recuperar legitimidad y confianza.