A Diego Petersen, por los caminos compartidos
Fortalecer al sistema político y dar mayor participación a la ciudadanía son objetivos explícitos de la Reforma Política propuesta por el Ejecutivo Federal. Los límites para alcanzarlos residen, sin embargo, en las motivaciones implícitas del Presidente Calderón: buscar recomponer al sistema de partidos para que funcione en elecciones altamente competidas, sin que se arriesgue el debate por la legitimidad del ganador; reelección para disminuir la brecha entre representantes y representados, pero sin alterar la esencia partidocrática que ha secuestrado la representación, se niega a rendir cuentas y habita la impunidad; robustecer a la Presidencia del país frente a negociaciones con un Poder Legislativo dividido, en asuntos clave para la gobernabilidad, como el presupuesto, aumentando el poder de veto presidencial; reforzar la autonomía de los gobiernos locales, sin involucrarlos en las exigencias de la Reforma Política, pero sin asumir el riesgo de balcanización del sistema electoral; publicitar ahorros frente al desorbitado costo del proceso electoral, pero sin modificar de fondo las fórmulas bajo las que se calcula el financiamiento. Claroscuros de una reforma cuya pólvora está mojada.
La reelección consecutiva por hasta 12 años de alcaldes, Jefes delegacionales, legisladores federales y locales, podría contribuir al acercamiento entre votantes y personas electas, siempre y cuando se democraticen los mecanismos de competencia y selección de precandidatos. La persistencia del voto duro, corporativo y clientelar, conspira contra el propósito de que la reelección implique rendición de cuentas y búsqueda legítima del voto. Si bien la Iniciativa de Reforma propone reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores, subsisten 100 diputaciones plurinominales que se reparten bajo cuotas de poder partidocrático, que seguirán ignorando la voluntad ciudadana.
Esta Reforma se propone aumentar del 2 al 4 por ciento, el mínimo de la votación para que un partido mantenga su registro. Ciertamente, la mayor parte de la chiquillada desprestigió la vocación de los partidos pequeños para representar al complicado mosaico de minorías en el país, pero elevar al doble el porcentaje mínimo puede excluir minorías que aportan pluralidad a la representación. Además, no significa ahorro alguno, pues simplemente los 3 o 4 partidos que subsistan se repartirán el financiamiento con un mayor porcentaje: menos burros, más olotes.
Incluir las figuras de Iniciativa Ciudadana, y candidaturas independientes de partidos al nivel constitucional para todos los puestos de elección popular, responde a amplias demandas ciudadanas. Falta sin embargo proponer el Referéndum, el Plebiscito y la revocación de mandato, instrumentos que acercan la llamada democracia semi-directa. Asimismo, será difícil que la partidocracia se “suicide” al aceptar que por fuera de ella contiendan candidatos, además de las perversidades que lleva consigo cualquier candidatura independiente, pues se tiene que equilibrar equidad en su financiamiento público, junto con garantías de que los poderes fácticos del dinero no las corrompan. Pero, superar esa tensión necesita de conciencia y voluntad por parte del Legislativo.
Otra propuesta polémica que necesita serenidad de juicio, es la relativa a la Segunda Vuelta en las elecciones presidenciales. No hay recetas. Si bien resulta favorecido el Presidente electo, por contar con una clara mayoría, los arreglos entre partidos se complican, pues éstos se reducen al momento electoral y se cierran así las alianzas por temas y coyunturas que pueden impulsar una mayor cultura parlamentaria. Por ello, quizá, Felipe Calderón propone dar mayor beligerancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocerle atribuciones para presentar iniciativas de leyes relacionadas con su competencia, aunado con la facultad presidencial para presentar dos iniciativas preferentes al inicio del primer periodo del Congreso y aumentar su capacidad de veto, especialmente, frente al presupuesto de egresos federal.
viernes, 18 de diciembre de 2009
jueves, 10 de diciembre de 2009
RETROCESOS LEGISLATIVOS
La cultura parlamentaria brilla por su ausencia en el Congreso de la Unión, tanto como en el Congreso local jalisciense. Dos muestras recientes ilustran que las leyes se hacen al vapor, sin sustento en consultas públicas, e insuficientemente discutidas sobre bases técnicas relacionadas con las materias que discuten los Diputados y Senadores. A cada legislación se le pueden encontrar motivos de negociaciones políticas, cada vez más ligadas con la mercantilización de la democracia a favor de los poderes fácticos: esos que nadie ha elegido pero que deciden en los hechos buena parte de los asuntos públicos. Muchas de las leyes que aprueban nuestros congresos pretenden también aumentar los privilegios de representantes y de autoridades electas que buscan, paradójicamente, relajar o debilitar el alcance de cierta legislación que les obliga a rendir cuentas, ser más transparentes en su actividad pública o en la información que generan y, por supuesto, en la auto asignación de recursos públicos.
Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
viernes, 4 de diciembre de 2009
CIUDADANÍAS EXTRATERRITORIALES
Uno de los temas tratados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición de 2009, es el de las exigencias transformadoras que plantean las migraciones internacionales a la condición tradicional de ciudadanía. Esta supone la adscripción a un territorio y a una gama de derechos propios del ciudadano, pero la intensidad y masividad de las migraciones desborda las atribuciones que hasta ahora se conceden al Estado nacional, tanto en el lugar de residencia, cuando se trata de migraciones de retorno, como del lugar de acogida. La exigencia ahora planteada tiene implicaciones extraterritoriales, pues el migrante lleva consigo demandas de ciudadanía ahí donde viva y trabaje sea temporalmente, sea definitivamente cuando decide emigrar, y también sigue contando con la herencia de sus derechos adquiridos en su lugar de nacimiento.
El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.
Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.
Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.
El tener a la ciudad de Los Ángeles como invitada de honor en la FIL, hace pertinentes estas reflexiones, pues esa ciudad californiana representa un punto de atracción privilegiado para las migraciones latinoamericanas; ahí están concentradas poblaciones nacionales que conforman el equivalente a la segunda ciudad salvadoreña, o a la cuarta ciudad mexicana. Jalisco, estado mexicano que más migrantes aporta a Estados Unidos, en su mayoría se localizan en Los Ángeles. A pesar de esa importancia migratoria, tanto para el país receptor como para los países expulsores, adolecemos de un serio déficit de ciudadanía que afecta los derechos de unos doce millones de mexicanos, casi tres millones de salvadoreños y varios millones más de otros centroamericanos, suramericanos y caribeños que viven y trabajan en Estados Unidos, quienes conforman novísimas formas de interculturalidad en su vida cotidiana en ese mosaico abigarrado y complejo de país.
Déficit de ciudadanía que tiene causas múltiples que son atribuibles a la inequidad de las relaciones internacionales, por la falta de un pacto migratorio que reconozca los beneficios que aportan los migrantes y que sea capaz de manejar los conflictos ocasionados por la convivencia entre diferentes. Mientras México junto con los países latinoamericanos concernidos por el tema migratorio, sean incapaces de lograr ese pacto y mientras en Estados Unidos crezcan impunemente racismos, discriminaciones, etiquetas de amenaza a la seguridad nacional a los migrantes, y se dé beligerancia a la persecución civil y policiaco-militar de indocumentados, no hay posibilidad de resolver ese déficit de ciudadanía. Asimismo, se necesita que México y los países latinoamericanos receptores de migraciones internacionales, den muestra que exigen derechos para sus connacionales que están dispuestos a reconocer a los migrantes dentro de su territorio.
Otra causa de ese déficit ciudadano se refiere a la ambigüedad y falta de definiciones de derechos que implica la doble nacionalidad. A todos nos preocupa que las remesas estén cayendo: 35 por ciento este octubre respecto del mismo mes en 2008 en México, pues ello afecta familias que completan su consumo con el ahorro de los trabajadores migrantes. Sin embargo, no hay dispositivos legales institucionales suficientes para reconocer ciudadanía económica a quienes envían remesas; en Estados Unidos se les percibe como carga negativa para la balanza financiera, a pesar de las evidentes contribuciones para el ensanchamiento del mercado interno y exportaciones estadounidenses que ellos hacen, y en México apenas se les integra individualmente en algunas políticas para atraer las remesas en apoyo de obras públicas. Ciudadanía política y cultural también están en déficit; el voto de los mexicanos en el extranjero fue un fracaso, únicamente en Michoacán y Zacatecas se flexibilizaron mecanismos para atraer la participación ciudadana de migrantes en procesos electorales locales. En Estados Unidos los migrantes participan en las elecciones locales y el peso del voto latino es creciente, pero no corresponde con derechos plenos de ciudadanía.
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