RETROCESOS LEGISLATIVOS

La cultura parlamentaria brilla por su ausencia en el Congreso de la Unión, tanto como en el Congreso local jalisciense. Dos muestras recientes ilustran que las leyes se hacen al vapor, sin sustento en consultas públicas, e insuficientemente discutidas sobre bases técnicas relacionadas con las materias que discuten los Diputados y Senadores. A cada legislación se le pueden encontrar motivos de negociaciones políticas, cada vez más ligadas con la mercantilización de la democracia a favor de los poderes fácticos: esos que nadie ha elegido pero que deciden en los hechos buena parte de los asuntos públicos. Muchas de las leyes que aprueban nuestros congresos pretenden también aumentar los privilegios de representantes y de autoridades electas que buscan, paradójicamente, relajar o debilitar el alcance de cierta legislación que les obliga a rendir cuentas, ser más transparentes en su actividad pública o en la información que generan y, por supuesto, en la auto asignación de recursos públicos.

Dos muestras contundentes de retrocesos legislativos. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) nos previene que el refrendo a concesionarios de medios electrónicos sin licitación, sería retroceso jurídico y político, pues: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, en 2007, las principales modificaciones de la ‘Ley Televisa’, consideró que la renovación de las concesiones de radio y televisión tendría que pasar por un proceso de licitación a fin de que el hecho de haber disfrutado de un título de concesión no se convirtiera en privilegio delante de otros interesados en ocupar esa frecuencia. De esa manera se favorecería la libre competencia, se dificultaría la consolidación de monopolios y se respaldaría la rectoría del Estado en la planificación de la economía.” Sin criterios de evaluación del desempeño de esos medios, el refrendo automático de las concesiones favorece la discrecionalidad gubernamental al distribuir la revalidación de las concesiones con fines políticos. No obstante, el Senado discutirá próximamente una iniciativa de reforma que incluye tanto ese retroceso como la posibilidad de que haya una cadena nacional de televisión pública y de que existan medios “de uso social” como los que han sido, hasta ahora, las radiodifusoras comunitarias. Así como se denuncia la complicidad del Senador Manlio Fabio Beltrones con los concesionarios poderosos, también surgen los que impiden avances, como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quien desató una campaña “grotesca y delirante”, contra las radios comunitarias porque reciben apoyo financiero internacional.
En Jalisco, las Comisiones de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron recientemente un dictamen de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIPEJ), que podría afectar negativamente varios de sus artículos. Un conjunto de organismos civiles nos previenen: En el capítulo de información confidencial, ésta no se armoniza con lo establecido en el Código Civil, pues la protege como “Información Privada”; se lesiona el principio de información oportuna al aumentar el tiempo de respuesta de una solicitud de información, de 5 a 15 días hábiles, y en algunos casos hasta 20 días hábiles, cuando el promedio logrado en Jalisco era de 8 días; esto puede derivar en abusos de los sujetos obligados y retrasar la entrega de información. Abrir excepciones a la gratuidad, puede dar lugar a abusos o incluso nulificar el principio de gratuidad de la información contemplado en el artículo sexto constitucional. En el capítulo de información reservada, se amplían las causales de reserva de la información. Se despenaliza el incumplimiento de resoluciones del Instituo de Transparencia (ITEI). Otro retroceso inaceptable que burocratizaría la atención y flexibilizaría la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.