LA TERCERA URNA

Ahora que se instale el Congreso de la Unión emergido de las recientes elecciones, se reproducirán los vicios y perversiones que conspiran contra la democratización mexicana. Fragmentación de los esfuerzos reformadores debida a la incapacidad para definir una agenda legislativa coherente con la época de crisis multidimensional civilizatoria, sin estrategias de seguridad integrales; sin un proyecto consistente para alcanzar la paz con justicia y dignidad; sin un proyecto nacional centrado en el combate a la desigualdad y toda forma de discriminación; sin estrategias para desmantelar la influencia inconmensurable de los poderes fácticos económicos-mediáticos, religiosos y del crimen organizado; sin alternativas frente al modelo económico excluyente que reproduce la ortodoxia neoliberal. No es aventurado predecir que habrá inconexión entre las reformas supuestamente estructurales y la reforma política y de Estado; tampoco es arriesgado vaticinar que la partidocracia no se hará hara-kiri. Hay un déficit crónico de aprendizaje sobre las enseñanzas dejadas por las contiendas electorales. La era de la desconfianza se alimenta de la simulación y las mentiras bendecidas por los ritos periódicos que anidan en una democracia elitista de pocos para pocos. Crecerá la brecha entre representantes y representados, mientras no se haga una reforma constitucional de amplio calado, que sea capaz de expresar un pacto social renovado para regenerar la nación y entonces la República. Mientras la actividad legislativa busque legitimar pactos cupulares entre intereses particulares ajenos al bien general y no tengamos herramientas para construir sólidamente una democracia de calidad, con transparencia, rendición de cuentas y consecuencias legales contundentes para quienes roben o engañen. Necesitamos un nuevo régimen político y de gobierno que asegure formatos participativos que complementen y a la vez sirvan de contrapeso a la rigidez y subordinación frente a los poderes dominantes hacia la que tienden las instituciones públicas. Frente a la perversión de los poderes republicanos, no sólo del Legislativo, los cambios sustantivos no pueden venir de ellos mismos. El juicio político, las cuentas públicas, son letras de cambio en el mercado de chantajes partidistas. La corrupción del Ministerio Público, instancia además subordinada al gobierno, llega hasta los juzgados y el régimen presidencialista camufla el aumento, cada vez que intenta reformarse, de su poder unipersonal metaconstitucional. El punto de quiebre solo puede originarse desde consultas que empoderen al ciudadano-a bajo formatos democráticos participativos. Ahí está la palanca para empezar esa gran transformación: la instalación de una tercera urna en las elecciones intermedias de 2015, en la que además de los diputados y senadores, elijamos un número similar de personas sin partido para que acuerden junto con el Congreso de la Unión las consultas, proceso y metodología a seguir para lograr una Asamblea Constituyente. Puede sonar ingenuo o voluntarista, pero si no rompemos el círculo perverso seguiremos atizando el fuego del temido estallido social, no tan evaluado en sus consecuencias catastróficas. Desde ya se pueden sentar las bases para una nueva constitucionalidad, si se empiezan a articular entre sí las distintas reformas que necesitamos: reformas estructurales con un Estado regulador del mercado, con una política industrial producto de consensos sociales; con una reforma energética y fiscal donde prime el interés general, una reforma laboral sin predominio corporativo. Discutir el cambio de régimen político y de gobierno, con un tránsito ordenado del presidencialismo de coalición al semi-presidencialismo hasta el parlamentarismo, iluminador de la integración de las cámaras de representantes. Instauración del Referéndum, Iniciativa Popular, Plebiscito, junto con revocación de mandato. Elaborar creativamente un nuevo modelo de comunicación política que esté soportado en un nuevo Derecho de Información. Desde luego, ligar las distintas esferas de la seguridad: pública, nacional, ciudadana, alrededor de una política social integral. Vaya desafíos.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

"No es un asunto de reformas. No se necesitan más parches para una sociedad descompuesta. Lo que necesitamos es una nueva Constitución, escrita por todos los mexicanos, para todos los mexicanos". Así presenta #yosoy132 la necesidad de cambios verdaderamente estructurales para que nuestro país pueda superar la crisis política y civilizatoria que enfrentamos. Si la Constitución es un pacto social, ahora su renovación implica definir tanto los contenidos del nuevo pacto social, como los procesos o las metodologías que aseguren evitar la brecha entre representantes y representados; una gran construcción desde abajo que ponga en jaque la visión elitista de la democracia de pocos y para pocos; una refundación del régimen político y de gobierno, de todo el edificio jurídico-político, de manera que llegue la justicia, se propicie la participación ciudadana, se dé coherencia a valores de convivencia, cooperación, equidad, paz y justicia, en nuevos ordenamientos legales, directos, eficaces. Se trata de superar el desastre producido por más de 500 cambios constitucionales que hacen un adefesio de nuestra Carta Magna, en la que conviven maltrechos los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, como la propiedad social, no estatal, de la tierra, los recursos estratégicos, la educación, el trabajo y la seguridad social, las relaciones entre Estado e iglesias, o logros más recientes como los relativos a los Derechos Humanos, la transparencia, o incluso logros parciales en el Derecho a la Información. Logros que entran, sin embargo, en contradicción con diversas reformas practicadas, sobre todo durante los últimos 30 años, que han significado graves retrocesos para regular nuestra convivencia. La actual Constitución, ya no aguanta reformas parciales, como se puede apreciar en la legislación electoral que ha sido incapaz de retomar y profundizar sus aciertos y corregir sus limitaciones. Partidocracia y poderes fácticos cercenan los alcances democráticos de la Constitución. La historia latinoamericana reciente deja ver que hay caminos diversos para construir o regenerar el pacto social. Dos países, emprendieron reformas constitucionales de largo alcance. Colombia, vivió una discusión nacional entre 1986 y 1991, que desembocó en un nuevo ordenamiento legal, institucional, que cristalizó los valores de convivencia que urgían para negociar el conflicto armado interno e incorporar nuevos criterios propios de una ciudadanía social. Brasil, cuenta desde 1988 con una Constitución que alberga los principios de convivencia democrática que se han enriquecido desde entonces. Ambos países, hicieron sus reformas apoyadas por el sistema de partidos, pero mediante la realización de consultas nacionales y formatos refrendarios. Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañaron su democratización con la realización de Asambleas Constituyentes que, por medios pacíficos, están sincronizando legalidad y legitimidad, aunque no sin dificultades para lograr la eficacia requerida por el acortamiento de las desigualdades y la supresión de los viejos privilegios. No se puede aducir que la Constitución es una tarea de especialistas en Derecho. Se pierde de vista que el procesamiento de los pactos sociales ha transitado por Asambleas Constituyentes que sofistican sus mecanismos para la consulta y elaboración de las Cartas Magnas y, a pesar de que la mayoría de los asambleístas eran iletrados, lograron conjuntar textos pertinentes para su época, con una visión de futuro. Fueron 57 los constituyentes en Estados Unidos; en 4 mil 400 palabras expresaron su pacto social, el cual ha sufrido 17 enmiendas, que actualmente expresan unas trece cuartillas. Islandia, pequeño pero audaz país, cuenta con 25 delegados para redactar una amplísima consulta incluso en redes sociales, por lo que en octubre próximo aprobarán la “Wiki” Constitución. En México y en Chile, se impulsa actualmente una Asamblea Constituyente. En ambos casos, se tendrá que aprender a hacer de la Constitución, la gran reforma estructural de época.