ASAMBLEA CONSTITUYENTE

"No es un asunto de reformas. No se necesitan más parches para una sociedad descompuesta. Lo que necesitamos es una nueva Constitución, escrita por todos los mexicanos, para todos los mexicanos". Así presenta #yosoy132 la necesidad de cambios verdaderamente estructurales para que nuestro país pueda superar la crisis política y civilizatoria que enfrentamos. Si la Constitución es un pacto social, ahora su renovación implica definir tanto los contenidos del nuevo pacto social, como los procesos o las metodologías que aseguren evitar la brecha entre representantes y representados; una gran construcción desde abajo que ponga en jaque la visión elitista de la democracia de pocos y para pocos; una refundación del régimen político y de gobierno, de todo el edificio jurídico-político, de manera que llegue la justicia, se propicie la participación ciudadana, se dé coherencia a valores de convivencia, cooperación, equidad, paz y justicia, en nuevos ordenamientos legales, directos, eficaces. Se trata de superar el desastre producido por más de 500 cambios constitucionales que hacen un adefesio de nuestra Carta Magna, en la que conviven maltrechos los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, como la propiedad social, no estatal, de la tierra, los recursos estratégicos, la educación, el trabajo y la seguridad social, las relaciones entre Estado e iglesias, o logros más recientes como los relativos a los Derechos Humanos, la transparencia, o incluso logros parciales en el Derecho a la Información. Logros que entran, sin embargo, en contradicción con diversas reformas practicadas, sobre todo durante los últimos 30 años, que han significado graves retrocesos para regular nuestra convivencia. La actual Constitución, ya no aguanta reformas parciales, como se puede apreciar en la legislación electoral que ha sido incapaz de retomar y profundizar sus aciertos y corregir sus limitaciones. Partidocracia y poderes fácticos cercenan los alcances democráticos de la Constitución. La historia latinoamericana reciente deja ver que hay caminos diversos para construir o regenerar el pacto social. Dos países, emprendieron reformas constitucionales de largo alcance. Colombia, vivió una discusión nacional entre 1986 y 1991, que desembocó en un nuevo ordenamiento legal, institucional, que cristalizó los valores de convivencia que urgían para negociar el conflicto armado interno e incorporar nuevos criterios propios de una ciudadanía social. Brasil, cuenta desde 1988 con una Constitución que alberga los principios de convivencia democrática que se han enriquecido desde entonces. Ambos países, hicieron sus reformas apoyadas por el sistema de partidos, pero mediante la realización de consultas nacionales y formatos refrendarios. Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañaron su democratización con la realización de Asambleas Constituyentes que, por medios pacíficos, están sincronizando legalidad y legitimidad, aunque no sin dificultades para lograr la eficacia requerida por el acortamiento de las desigualdades y la supresión de los viejos privilegios. No se puede aducir que la Constitución es una tarea de especialistas en Derecho. Se pierde de vista que el procesamiento de los pactos sociales ha transitado por Asambleas Constituyentes que sofistican sus mecanismos para la consulta y elaboración de las Cartas Magnas y, a pesar de que la mayoría de los asambleístas eran iletrados, lograron conjuntar textos pertinentes para su época, con una visión de futuro. Fueron 57 los constituyentes en Estados Unidos; en 4 mil 400 palabras expresaron su pacto social, el cual ha sufrido 17 enmiendas, que actualmente expresan unas trece cuartillas. Islandia, pequeño pero audaz país, cuenta con 25 delegados para redactar una amplísima consulta incluso en redes sociales, por lo que en octubre próximo aprobarán la “Wiki” Constitución. En México y en Chile, se impulsa actualmente una Asamblea Constituyente. En ambos casos, se tendrá que aprender a hacer de la Constitución, la gran reforma estructural de época.