DE ELECCIONES Y CAMBIO SOCIAL

¿Cómo trascender la frustración que deja el proceso electoral? Necesitamos entender cuáles son los límites del sistema político y de la legislación electoral, en el marco del poder del dinero, del modelo económico que se quiere asegurar, con tintes de legitimidad, para que los poderes fácticos sigan ejerciendo su dominación. Es evidente que las elecciones en todo el mundo las está ganando el poder del dinero; su impacto lo sufrimos en cada elección: mercantilización ad nauseam de las campañas electorales y de todos los medios de propaganda, incluyendo encuestas; opacidad del gasto público y privado en manos de los partidos, con un sistema político que hace imposible la rendición de cuentas integral y oportuna, capaz de fincar responsabilidades. Aplazar la justicia es negar su esencia. Las demandas por uso indebido de recursos durante las campañas, no se sancionan a tiempo. Tampoco se puede castigar la compra y coacción del voto oportunamente, a pesar de que su magnitud y extensión deforme la voluntad y libre ejercicio del voto, lo cual es una causal constitucional para anular las elecciones por la más elemental falta de equidad en el proceso. Contradictoriamente, no se puede proceder legalmente contra el uso indebido de dinero, pues el “regalo” de tarjetas comerciales, aparatos electrodomésticos, material de construcción o el uso de taxis para acarrear votantes per se no se pueden sancionar si no se investiga de dónde procede ese dinero y se demuestran las intenciones manipuladoras de la persona física o moral que está entregando ese recurso. Si bien hay investigaciones sociales, como las de Alianza Cívica, que demuestran puntualmente la compra y coacción del voto, no hay suficiente organización social, partido político, o instancia judicial responsable y capaz de documentar jurídicamente esas bases de inequidad que podrían descalificar al conjunto del proceso electoral. El descontento con estas perversiones no terminará con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que seguramente, como en 2006, aceptará que las elecciones muestran “rasgos de inequidad”, pero sin decretar que ello sea motivo de inconstitucionalidad, por la falta de elementos que comprueben la invalidez del conjunto. No bastará el recuento voto por voto de más de la mitad de las casillas; por más errores de procedimiento que se detecten, las Actas de casilla no pueden evidenciar que son producto de irregularidades previas. Por lo tanto, el conflicto postelectoral es inseparable de un conflicto social que cuestiona la falta de libertad para el ejercicio del voto, sus consecuencias inequitativas, las fallas de un régimen político que niega sistemáticamente reformas que aseguren calidad democrática en la votación y menos aún que propicie vínculos creativos entre representación política y participación social. El dilema ahora es si seguimos entrampados en participar en elecciones inequitativas cooptadas por el poder del dinero, incluido el protagonismo de medios electrónicos, o si impulsamos el cambio social que ponga un alto a la República, para que ya no haya elecciones así, mientras no se llegue a un pacto social renovado que lleve a una reforma constitucional de amplio calado, más allá de lo político-electoral, con la que podamos asegurar el fin de la corrupción y la impunidad, la rendición de cuentas oportunas, con consecuencias legales que finquen responsabilidades. Empoderar el voto ciudadano requiere paradójicamente, el fin de la partidocracia y su perverso sistema de repartición de cuotas de poder para que haya elecciones libres. Necesitamos devolver el sentido ciudadano a los Organismos Públicos Autónomos y profundizar los mecanismos existentes de democracia participativa. El cambio social que está implícito en los movimientos sociales y particularmente de los jóvenes, requiere un cambio electoral radical.