POLÍTICA INTEGRAL CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

Un grupo de ocho expertos que compartieron su diagnóstico con El Universal (21-11-2012), reconoce “la decisión del mandatario de enfrentar a los hegemónicos cárteles heredados del pasado, pero advierten fallas en una estrategia de seguridad que apostó más a la fuerza y a la caída de los líderes, pero carente de una política integral. Los esfuerzos por sanear y fortalecer las instituciones existieron, pero la corrupción y la infiltración del narcotráfico fueron un bache difícil de sortear.” Fallas y aciertos a los que se necesita añadir la ausencia de una política de salud para encuadrar la prevención y tratamiento de las adicciones a drogas peligrosas y particularmente, el análisis de las estrategias de base territorial que siguen los cárteles, en las cuales privan nuevas formas de hacer política frente a la sociedad, pero también frente al Estado; entidad cuestionada por los poderes fácticos de origen criminal. Los desafíos para hacer políticas de Estado en esta materia, enfrentan un campo de actuación extremamente complejo, que está minado bajo criterios que son aparentemente caóticos, en los que se mezcla la incertidumbre producida por la arbitrariedad que caracteriza a los poderes fácticos, con escenarios de guerra que parten de concepciones diametralmente opuestas: la del aparato de seguridad gubernamental, “educado” para una guerra convencional, y la de un aparato militar disciplinado y con una organización flexible en cuanto a patrones de movilización militar no convencionales. Además de un manejo presupuestal que no escatima en adquirir equipos de seguridad y armamentos, con los que ocasionalmente supera la capacidad de fuego de las unidades policiales, e incluso de los destacamentos militares que los enfrentan, el crimen organizado sofistica, perversamente, los contenidos simbólicos de la violencia que emplea y añade un componente de carácter político-militar, que no se ha valorado suficientemente. Si se analizan los nombres con que se auto-identifican los cárteles creados a raíz de las divisiones internas entre los narcotraficantes, podemos percibir una cierta identidad que es simultáneamente mística y mítica, pero también ideológica, cuasi religiosa, que está preñada de (contra)valores identitarios altamente cohesionados: La Familia; Nueva Generación; Los Templarios… Caldo de cultivo de antihéroes, estas nuevas organizaciones criminales, combinan acciones que son eminentemente político-militares, que destruyen, bloquean, pero que circunstancialmente no asesinan, con denuncias sobre acciones sesgadas en su contra de la policía o del mismo Ejército. Sin abandonar acciones terroristas de la máxima crueldad que los ponen a la par de los “viejos” cárteles que se definen por su zona geográfica de influencia: Golfo, Tijuana, Sinaloa, o con los Zetas, nombre inspirado en códigos de comunicación policial, o si acaso, autoflagelación por ser los últimos de la lista. Una concepción legítima sobre el uso de la fuerza, debe de ir acompasada del fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de la autonomía del Ministerio Público frente al gobierno; de la profesionalización del aparato público de seguridad coordinado con un equipo de inteligencia de amplia concepción, que entienda las fibras que mueven los criminales cuando se acercan a las familias, hacen compadres, las protegen frente a los riesgos cuya cobertura viene abandonando el Estado, o cuando los cárteles pagan una bicoca cualquiera a jóvenes sin esperanza alguna, dispuestos a matar y arriesgar su vida. Una política integral para combatir eficazmente al crimen organizado, necesita dar un vuelco en lo que hace a los derechos humanos, a fortalecerlos para hacer crecer una cultura de paz con justicia y dignidad. A erradicar el odio y el revanchismo violentos, por ser falsas salidas. No olvidemos que la integralidad reposa sobre políticas estructurales que combatan frontalmente la desigualdad y toda forma de discriminación.