DESPUÉS DEL VOTO DE CENSURA-RECHAZO

Sorprende la heterogeneidad de posiciones que emergen en torno a la anulación del voto. Pero, es importante decantar las manifestaciones recientes de connotados personajes que se han pronunciado públicamente al respecto, frente a las posiciones originales que se manifestaron por anular el voto, tanto como una forma de censura y rechazo al sistema partidocrático, como una forma de organizar el descontento antes, durante y después del proceso electoral. Hay en lo general dos posiciones que se diferencian entre si: la que se circunscribe a la coyuntura electoral y la que se propone conformar un programa de acción postelectoral. La inmensa mayoría de quienes recientemente hicieron pública su intención de anular el voto es coyunturalista: desde el “Así No”, que propone Dulce María Sauri, hasta la sospechosa inconformidad de panistas que tampoco se vieron beneficiados por la distribución de cotos de poder electoral, pasando por ex funcionarios del régimen foxista, que pueden esconder cálculos perversos para que la anulación del voto favorezca el voto duro panista, o hasta un revanchismo que fortalezca al voto duro priista.

Sin negar que la entrada de estos personajes causa confusión sobre el potencial crítico de anular el voto para censurar-rechazar la partidocracia, la clave para diferenciar oportunistas y ciudadanos auténticos, está en el qué se propone para después del 5 de julio, en el cómo organizar el descontento y transformar el hartazgo producido en un vasto movimiento social autogestionario, que sepa sostener las demandas democratizadoras que le dan origen y hacer un manejo colectivo responsable que discuta y dé sustancia a demandas sociales sobre los cambios requeridos para que entre todos enfrentemos la gestión de la crisis actual, los cuales implican tanto la reforma político-electoral, como a la reforma del Estado y por lo tanto de la Constitución General de la República. Ese complejo trasfondo tiene el voto de censura-rechazo, mediante la anulación de la boleta electoral.

Entre quienes piensan que el hartazgo contra la partidocracia no termina el 5 de julio, se identifican dos niveles de demandas: reformar la legitimidad-legalidad electoral del sistema de partidos y reformar la legitimidad-confianza en el Estado nacional. Hay un consenso virtual sobre la reforma política que terminaría con la partidocracia: empoderar el voto mediante la reelección de algunos cargos de elección popular; establecer la posible revocación del mandato a medio término de la gestión legislativa y gubernamental, además de la reglamentación del Plebiscito y el Referéndum; terminar con las diputaciones plurinominales para que los partidos no se repartan cuotas de poder, sino que ganen con votos cada diputación; volver al esquema de dos Senadores por estado, elegidos por el voto mayoritario; rediscutir el financiamiento público a los partidos; acotar el Fuero constitucional que gozan los funcionarios públicos para que el juicio político proceda en su actuación publica.

En el nivel de la legitimidad-confianza, se trata de profundizar lo que ya vienen haciendo muchas organizaciones sociales: vigilar la función pública, exigiendo transparencia y rendición de cuentas; velar por la autonomía de los organismos públicos especializados en elecciones, transparencia, información, derechos humanos, defensa del consumidor, ambiente, salud y desarrollo urbano. Reforma radical de la procuración e impartición de justicia; incremento, en suma, de la participación ciudadana en todos los ámbitos del poder público bajo formatos colegiados. Elaboración colectiva del plan nacional y de la política económica, con nuevos equilibrios entre representación y delegación del poder en regiones y órdenes de gobierno. Federalismo fiscal eficaz. Políticas de seguridad humana articuladas con la seguridad pública.
No se dejarán de plantear estas demandas después del 5 de julio, pero para entonces con la certeza de que la partidocracia nunca podrá resolverlas.