ACTEAL: PERCEPCIONES DISÍMBOLAS

Como sociedad, tenemos distorsionada nuestra percepción sobre la relevancia de los acontecimientos que influyen definitivamente en nuestras vidas, aunque parcialmente hay grupos que buscan dar un sentido a sus percepciones, particularmente sobre la dimensión de la crisis actual, quienes además imaginan posibles acciones para cambiar aquello que se percibe como negativo. Me llamó la atención al leer la edición electrónica de un diario nacional, que mientras una foto de la Señora Obama, bajando del avión presidencial en shorts luciendo sus largas piernas, suscitó 36 comentarios de los lectores, la noticia sobre las actividades de los indígenas inculpados en la matanza de Acteal, polémicamente liberados, tan solo suscitaron dos comentarios.

La evasión frente a los problemas nos impide tener una percepción atinada sobre la realidad que nos aqueja. No obstante, gracias a los intentos por comunicar una interpretación documentada y sensata de los acontecimientos, encontramos también otras miradas, otras percepciones, que apelan a nuestra capacidad de razonamiento. Es el caso del comunicado emitido por varios organismos defensores de los derechos humanos, el sistema de universidades jesuitas en México y diversas personalidades públicas, que llaman la atención sobre la pérdida de sentido de justicia, pues “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal.”

En la medida que los señalamientos de la SCJN se ciñeron a evidentes irregularidades en el procesamiento de los inculpados por parte de la Procuraduría General de la República, se dejó de lado su presunta culpabilidad, lo que erosionó el sentido de justicia, y esa “decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad”. La percepción del comunicado es que la resolución de la SCJN “confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.”

Se escatima el sentido de justicia, que implicaría implementar investigaciones y dispositivos que van más allá de lo jurídico, como la previsión de la violencia entrañada en liberar a presuntos asesinos identificados por sobrevivientes de la masacre; se envía además un mensaje de impunidad a los asesinos, pues los protege el Estado, al aplicar tan solo parcialmente el sentido de justicia. Fue grave que la PGR fabricara pruebas y que los inculpados pasaran más de 11 años en la cárcel sin que hubiese un proceso sin bases jurídicas sustentadas; pero más grave aún es que a la SCJN no le preocupe la verdad sobre los inculpados, ni que se llegue a fondo mediante investigaciones que deslinden responsabilidades sobre el entonces Procurador General, ni sobre el entonces Presidente mexicano, Ernesto Zedillo, responsables en última instancia de las graves irregularidades documentadas por la SCJN. No es casual entonces que los indígenas del caso Acteal liberados se nieguen a regresar a Chiapas, en tanto no sean excarcelados los 58 internos restantes, presos en el penal El Amate. Sus disímbolas percepciones desembocan en pedir impunidad para todos, no que se haga justicia. A eso lleva el dictamen de la SCJN.