CUESTIONADA SEGURIDAD NORTEAMERICANA

Aún no se conoce públicamente la agenda de la reunión que tendrán los Presidentes de Estados Unidos y México, además del Primer Ministro de Canadá, en Guadalajara los próximos 9 y 10 de agosto. Aunque esa reunión no ha sido formalizada como una más de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se hacen periódicamente desde su fundación en 2005, hay temas tratados en esas reuniones, relacionados con la integración de esta región, así como de la agenda bilateral particularmente de las relaciones mexicano-estadounidenses, que son ineludibles. Asimismo, no podrán dejarse de lado las relaciones interamericanas que el nuevo gobierno de Barack Obama pretende construir hacia América Latina, pues la integración de América del Norte prefigura los temas privilegiados para Estados Unidos: la integración comercial como punta de lanza económica, la seguridad como asunto doméstico estadounidense, la democracia y los derechos humanos, desde la visión unilateral del vecino del Norte.

Es la primera reunión, no oficializada, de la ASPAN en la que participa el gobierno Obama, quien durante su campaña prometió (febrero de 2008) que durante su gobierno las reuniones con los mandatarios de Canadá y México serían “transparentes” y que contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar.” Promesa incumplida, pues la participación ofrecida no se concretizó en preparación alguna de esta reunión a la que hayan sido invitadas organizaciones sociales. Esta primera reunión trinacional enfrenta, además, una coyuntura particular en el plano económico, pues la peor crisis mundial desde 1929 fue afrontada sin ortodoxia neoliberal por el nuevo presidente estadounidense desde un refuerzo de la potencia pública del Estado para regular las ineficiencias del capitalismo y proteger las pérdidas de las empresas locomotoras de su economía.

Ese capitalismo regulado, aunado a las presiones neoproteccionistas de los sindicatos, propias de la plataforma del Partido Demócrata, hizo que la administración Obama propusiera la renegociación del TLCAN, con miras a elevar las exigencias de las llamadas cláusulas “verde”, por el cuidado ambiental y “azul” por las restricciones a la contratación de mujeres y niños, por debajo de la legislación laboral vigente. Los llamados Acuerdos paralelos, que introdujera el gobierno de Bill Clinton para condicionar la aprobación del TLCAN en 1994, ahora son parte de la promesa electoral de Obama para evitar que se creen empleos fuera de Estados Unidos, ante el creciente desempleo interno que genera la crisis mundial. Renegociación a la que se opone el gobierno de Felipe Calderón, porque sigue aferrado a los moldes del libre comercio basado sobre el modelo exportador y de la estabilidad macroeconómica, financiera, a toda costa.

La integración de América del Norte también significa mayor nivel de coordinación entre organizaciones sociales de los tres países involucrados. Desde esas redes se está proponiendo una renegociación del TLCAN con una agenda social, que vincule los temas del desarrollo económico con los de la seguridad. No se puede renegociar el tratado de libre comercio sin cuestionar el financiamiento del combate al narcotráfico, su militarización, la creación de la Iniciativa Mérida al estilo del Plan Colombia, cuyo gobierno recientemente acordó otorgar siete bases militares al Pentágono. No se puede dejar de lado la urgencia del pacto migratorio, ni las necesidades de seguridad alimentaria para los países golpeados por la apertura indiscriminada del sector agropecuario. La seguridad energética es otro tema ineludible, pues el modelo depredador que está agotando los recursos no renovables es insostenible. Prioritariamente, la seguridad democrática regional demanda un enérgico pronunciamiento de los tres gobernantes norteamericanos sobre el reestablecimiento del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras.