MURO CONTRA DERECHOS HUMANOS

Dos factores fueron decisivos para la caída del Muro de Berlín: la Gladsnost, demanda de transparencia, y la Perestroika, exigencia de reestructuración del modelo productivo; opacidad e injusticia quebraron al supuesto socialismo de Estado, que se burocratizó y alejó de la sociedad. Dos demandas que se expresan en una aspiración que hoy se sintetiza en los indisociables derechos económicos, sociales y culturales, cuya defensa y promoción ha cobrado centralidad en nuestras sociedades contemporáneas. El Estado mexicano erigió un muro contra los derechos humanos (DDHH), al imponerles una visión estrecha concebida como instrumento de manipulación política. Nuestra debilidad democrática, manifiesta en la persistente violencia política de las instituciones contra el Estado de derecho, impuso que se enfatizara la defensa de los derechos políticos, individuales y colectivos, en la figura del Ombudsman pero, simultáneamente, se relegó una concepción integral de los derechos humanos desde la visión estatal. No sin resistencias, crecieron los organismos defensores de una visión social integral de esos derechos. Paralelamente, aumentaron creencias desinformadas interesadas en descalificarlos: defienden la impunidad de los criminales; obstaculizan la eficacia de la mano dura; están contra la vida, por el libertinaje; amenazan la paz y la estabilidad.

Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el gobierno de Carlos Salinas y luego con la dirección de José Luis Soberanes, el muro producto de la visión estrecha e instrumental de los DDHH, se impuso como medio para que los poderes políticos y públicos, regionales y nacionales, evitaran la supervisión y vigilancia en torno a sus reiteradas violaciones en materia de derechos. Cortadas con el mismo patrón nacieron comisiones en los estados del país en las que, no obstante las buenas intenciones de ciudadanos/as que formaron su consejo directivo, fenecieron bajo la componenda y el engaño; las recomendaciones emanadas de prácticamente todas las comisiones estatales, incluida la CNDH, presentaron deficiencias por su falta de oportunidad, sin contundencia y sin seguimiento sistemático de sus aunque limitadas propias recomendaciones. Mediante prácticas clientelares frente a poderes constituidos o fácticos, se mintió y se engañó sobre el estado real de los DDHH en el país, en los estados. Debilidad ética de los responsables de tales comisiones, que dio pie a que los antivalores negadores de derechos pretendieran legitimarse ante la opinión pública.

Asfixiada por la opacidad, sin rendir cuentas de su presupuesto, sin ser sometida a evaluaciones de su desempeño, la CNDH reforzó su carácter de botín para las negociaciones partidocráticas, en complicidad con poderes instituidos deseosos de escapar del escrutinio sobre sus violaciones sistemáticas de los derechos más elementales. Al darle voz protagónica al miedo a la libertad y al reforzar la impunidad se devaluó la gestión pública de los DDHH. Por ello, una gran cantidad de organismos sociales comprometidos con la defensa de esos derechos consideran un agravio que los Senadores del PRI y del PAN hayan optado por la continuidad de las prácticas contrarias al derecho que implantó Soberanes, al elegir a su delfín, Raúl Plasencia Villanueva como Titular de la CNDH. Sobre él pesan deudas heredadas por omisiones de su antecesor, en las cuales Plasencia contribuyó como Primer Visitador en esa institución: represión en Oaxaca; conflicto de Atenco; impunidad de culpables en la matanza de Acteal; falta de esclarecimiento de la tortura y tratos crueles en Guadalajara, con motivo de la marcha contra la Cumbre Eurolatinoamericana; pederastia; atentados contra los derechos reproductivos de las mujeres. Crece el muro. Con este nombramiento se cancela la posibilidad de una Comisión de Estado autónoma, profesional, eficaz, oportuna y fuertemente comprometida con la defensa de las víctimas y de los derechos humanos integrales de todos y todas.

DECISIONES CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nuestra vida política presenta una disputa permanente en torno al poder de decisión sobre los asuntos públicos. México es un caso donde predominan las decisiones verticales que no se consultan suficientemente entre la ciudadanía y que, además, se concentran en las instituciones de los tres poderes gubernamentales. Sesgo verticalista que se acentúa por el papel que juegan los partidos políticos en la negociación de las cuotas de poder, afianzadas en las decisiones relativas a la esfera pública, para favorecer tal o cual fracción o grupo político partidario.

El gobernador Emilio González, busca afanosamente recuperar el poder perdido por el Ejecutivo estatal. Propone reformas a la Constitución local que le regresen al gobernador la facultad de proponer a magistrados del Poder Judicial ante el Congreso del Estado, y la desaparición del Consejo de la Judicatura, de manera que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) retome sus atribuciones, pues la Judicatura “no ha cumplido de forma oportuna con sus obligaciones”. En medio del desencuentro entre el Presidente del STJE, Celso Rodríguez, que encabeza también el Consejo de la Judicatura, y los cuatro Magistrados Consejeros, quienes piden juicio político en su contra, en el fondo se debate el poder de decisión entre el Ejecutivo y la autonomía de un organismo público que, lamentablemente, no supo articular los intereses legítimos de los profesionales del Derecho ni a una ciudadanía sedienta de Jueces que procuren justicia eficazmente.

Otras propuestas del gobernador jalisciense son contrastantes. Una es plausible: modificar la fórmula para calcular el dinero que se otorga a los partidos políticos, de manera que se reduzcan en un 43% esos recursos públicos, pues al haberse ajustado la legislación local a la federal, los partidos recibieron en 2009 incrementos mayores al 500 por ciento en su financiamiento público. 2010 no es año electoral, por lo que parece atinado reducir del 65 al 35 por ciento del salario mínimo por cada elector inscrito en el Padrón. Fórmula que algunos propusimos se calculara en función del número de votos válidos obtenidos por cada partido, que expresa mejor el desempeño partidario. Pero nuestra opinión ciudadana no tiene poder para influir en las decisiones gubernamentales. Otra propuesta del gobernador es que no se suspenda el pago de la tenencia vehicular, a pesar de una extensa demanda en su contra que incluye el reclamo a Felipe Calderón por no haber cumplido con la promesa electoral de suprimirla. No se analizaron medidas como la tomada por el gobierno de Querétaro que ya no cobrará ese impuesto en 2010. La ciudadanía es ignorada una vez más.

En áreas públicas donde habría que instituir o ampliar la participación ciudadana, no se tienen propuestas de reforma constitucional local. Dos botones de muestra: la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío y, en general, la planeación del transporte público, particularmente de la Fase II del Macrobús. Aunque nuestra legislación local prevé que obras de gran magnitud cuenten con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que supone consultas a la población afectada por esas obras y no obstante que la legislación ambiental pide que se haga manifestación del impacto que esas obras tendrán sobre su entorno, ni siquiera esas medidas de racionalidad pública ya vigentes se cumplen. Análisis calificados y posiciones ciudadanas dan argumentos sólidos que cuestionan la pertinencia de construir en El Bajío la Villa Panamericana. Igualmente, la planeación del transporte público en Guadalajara es motivo de conflictos entre las empresas “camioneras”, los habitantes de las zonas por donde pasan los macrobuses y los intereses del conjunto de la ciudadanía. No contamos lamentablemente con espacios de consulta ciudadana donde se diriman esos intereses encontrados.