MURO CONTRA DERECHOS HUMANOS

Dos factores fueron decisivos para la caída del Muro de Berlín: la Gladsnost, demanda de transparencia, y la Perestroika, exigencia de reestructuración del modelo productivo; opacidad e injusticia quebraron al supuesto socialismo de Estado, que se burocratizó y alejó de la sociedad. Dos demandas que se expresan en una aspiración que hoy se sintetiza en los indisociables derechos económicos, sociales y culturales, cuya defensa y promoción ha cobrado centralidad en nuestras sociedades contemporáneas. El Estado mexicano erigió un muro contra los derechos humanos (DDHH), al imponerles una visión estrecha concebida como instrumento de manipulación política. Nuestra debilidad democrática, manifiesta en la persistente violencia política de las instituciones contra el Estado de derecho, impuso que se enfatizara la defensa de los derechos políticos, individuales y colectivos, en la figura del Ombudsman pero, simultáneamente, se relegó una concepción integral de los derechos humanos desde la visión estatal. No sin resistencias, crecieron los organismos defensores de una visión social integral de esos derechos. Paralelamente, aumentaron creencias desinformadas interesadas en descalificarlos: defienden la impunidad de los criminales; obstaculizan la eficacia de la mano dura; están contra la vida, por el libertinaje; amenazan la paz y la estabilidad.

Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el gobierno de Carlos Salinas y luego con la dirección de José Luis Soberanes, el muro producto de la visión estrecha e instrumental de los DDHH, se impuso como medio para que los poderes políticos y públicos, regionales y nacionales, evitaran la supervisión y vigilancia en torno a sus reiteradas violaciones en materia de derechos. Cortadas con el mismo patrón nacieron comisiones en los estados del país en las que, no obstante las buenas intenciones de ciudadanos/as que formaron su consejo directivo, fenecieron bajo la componenda y el engaño; las recomendaciones emanadas de prácticamente todas las comisiones estatales, incluida la CNDH, presentaron deficiencias por su falta de oportunidad, sin contundencia y sin seguimiento sistemático de sus aunque limitadas propias recomendaciones. Mediante prácticas clientelares frente a poderes constituidos o fácticos, se mintió y se engañó sobre el estado real de los DDHH en el país, en los estados. Debilidad ética de los responsables de tales comisiones, que dio pie a que los antivalores negadores de derechos pretendieran legitimarse ante la opinión pública.

Asfixiada por la opacidad, sin rendir cuentas de su presupuesto, sin ser sometida a evaluaciones de su desempeño, la CNDH reforzó su carácter de botín para las negociaciones partidocráticas, en complicidad con poderes instituidos deseosos de escapar del escrutinio sobre sus violaciones sistemáticas de los derechos más elementales. Al darle voz protagónica al miedo a la libertad y al reforzar la impunidad se devaluó la gestión pública de los DDHH. Por ello, una gran cantidad de organismos sociales comprometidos con la defensa de esos derechos consideran un agravio que los Senadores del PRI y del PAN hayan optado por la continuidad de las prácticas contrarias al derecho que implantó Soberanes, al elegir a su delfín, Raúl Plasencia Villanueva como Titular de la CNDH. Sobre él pesan deudas heredadas por omisiones de su antecesor, en las cuales Plasencia contribuyó como Primer Visitador en esa institución: represión en Oaxaca; conflicto de Atenco; impunidad de culpables en la matanza de Acteal; falta de esclarecimiento de la tortura y tratos crueles en Guadalajara, con motivo de la marcha contra la Cumbre Eurolatinoamericana; pederastia; atentados contra los derechos reproductivos de las mujeres. Crece el muro. Con este nombramiento se cancela la posibilidad de una Comisión de Estado autónoma, profesional, eficaz, oportuna y fuertemente comprometida con la defensa de las víctimas y de los derechos humanos integrales de todos y todas.