DECISIONES CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nuestra vida política presenta una disputa permanente en torno al poder de decisión sobre los asuntos públicos. México es un caso donde predominan las decisiones verticales que no se consultan suficientemente entre la ciudadanía y que, además, se concentran en las instituciones de los tres poderes gubernamentales. Sesgo verticalista que se acentúa por el papel que juegan los partidos políticos en la negociación de las cuotas de poder, afianzadas en las decisiones relativas a la esfera pública, para favorecer tal o cual fracción o grupo político partidario.

El gobernador Emilio González, busca afanosamente recuperar el poder perdido por el Ejecutivo estatal. Propone reformas a la Constitución local que le regresen al gobernador la facultad de proponer a magistrados del Poder Judicial ante el Congreso del Estado, y la desaparición del Consejo de la Judicatura, de manera que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) retome sus atribuciones, pues la Judicatura “no ha cumplido de forma oportuna con sus obligaciones”. En medio del desencuentro entre el Presidente del STJE, Celso Rodríguez, que encabeza también el Consejo de la Judicatura, y los cuatro Magistrados Consejeros, quienes piden juicio político en su contra, en el fondo se debate el poder de decisión entre el Ejecutivo y la autonomía de un organismo público que, lamentablemente, no supo articular los intereses legítimos de los profesionales del Derecho ni a una ciudadanía sedienta de Jueces que procuren justicia eficazmente.

Otras propuestas del gobernador jalisciense son contrastantes. Una es plausible: modificar la fórmula para calcular el dinero que se otorga a los partidos políticos, de manera que se reduzcan en un 43% esos recursos públicos, pues al haberse ajustado la legislación local a la federal, los partidos recibieron en 2009 incrementos mayores al 500 por ciento en su financiamiento público. 2010 no es año electoral, por lo que parece atinado reducir del 65 al 35 por ciento del salario mínimo por cada elector inscrito en el Padrón. Fórmula que algunos propusimos se calculara en función del número de votos válidos obtenidos por cada partido, que expresa mejor el desempeño partidario. Pero nuestra opinión ciudadana no tiene poder para influir en las decisiones gubernamentales. Otra propuesta del gobernador es que no se suspenda el pago de la tenencia vehicular, a pesar de una extensa demanda en su contra que incluye el reclamo a Felipe Calderón por no haber cumplido con la promesa electoral de suprimirla. No se analizaron medidas como la tomada por el gobierno de Querétaro que ya no cobrará ese impuesto en 2010. La ciudadanía es ignorada una vez más.

En áreas públicas donde habría que instituir o ampliar la participación ciudadana, no se tienen propuestas de reforma constitucional local. Dos botones de muestra: la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío y, en general, la planeación del transporte público, particularmente de la Fase II del Macrobús. Aunque nuestra legislación local prevé que obras de gran magnitud cuenten con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que supone consultas a la población afectada por esas obras y no obstante que la legislación ambiental pide que se haga manifestación del impacto que esas obras tendrán sobre su entorno, ni siquiera esas medidas de racionalidad pública ya vigentes se cumplen. Análisis calificados y posiciones ciudadanas dan argumentos sólidos que cuestionan la pertinencia de construir en El Bajío la Villa Panamericana. Igualmente, la planeación del transporte público en Guadalajara es motivo de conflictos entre las empresas “camioneras”, los habitantes de las zonas por donde pasan los macrobuses y los intereses del conjunto de la ciudadanía. No contamos lamentablemente con espacios de consulta ciudadana donde se diriman esos intereses encontrados.