LA REFORMA QUE FALTA

Previsiblemente, la reforma política en curso no dejará satisfecho a nadie. Cada uno de los actores que la promueven acentúa aquellos aspectos que favorecen una coyuntura que les dé poder, lo que termina por fortalecer al régimen partidocrático que nos agobia; brilla por su ausencia un proyecto político incluyente con visión de Estado nacional en el que quepamos todos/as, y la democracia propicie el buen vivir. Pensada y operada de arriba hacia abajo, esta reforma nace muerta; lejos de consultas ciudadanas sistemáticas, los cambios propuestos ni se conocen ni entusiasman; permanecen como asuntos de especialistas y políticos profesionales.

Falta una reforma que destrabe los obstáculos que impone la partidocracia, la cual está impedida para reformarse a sí misma, con una nueva ley de partidos que garantice prácticas democráticas en sus procesos internos, sus precampañas y campañas, una ley que redefina su financiamiento a partir de votos obtenidos y con partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que dé atribuciones al IFAI como órgano garante. Una ley que impida a los partidos elaborar el orden de prelatura de los diputados plurinominales, dejando al elector la posibilidad de ordenar con su voto esa lista.

Faltan también dos medidas simultáneas que apuntalen la reforma política: una ley de medios que impida la mercantilización de la política y la ingerencia de los poderes fácticos en el proceso electoral y, paralelamente, la revisión del Artículo 130 constitucional, de manera que se refuerce el carácter laico del Estado, evitando cualquier resabio de anticlericalismo, pero reforzando los impedimentos para que cualquier jerarquía eclesial se convierta en legisladora de facto. La legislación antiaborto conseguida en 17 entidades del país muestra el sesgo religioso que han tomado los debates parlamentarios al respecto. Al igual que nuevos modus operandi iglesia-Estado en la mayoría de regiones del país.

Se necesita una reforma que fortalezca al voto ciudadano, que equilibre representación y delegación de poder en representantes populares, de manera que se logre rendición de cuentas y transparencia de la función pública. Aquí cabrían las candidaturas independientes, la revocación de mandato y los diversos formatos de democracia semidirecta como el Plebiscito, la Iniciativa Popular y el Referéndum. Formatos que exigen el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos, e incluso cumplir con la demanda de un solo organismo nacional encargado de las elecciones en todo el país.

La falta de incidencia democrática en asuntos económicos se ha dejado de lado en las diversas reformas político-electorales; sin embargo, la regulación del mercado, la necesaria política industrial y la participación ciudadana en el proceso de planeación, ejecución y evaluación pública del Plan Nacional de Desarrollo, es una tarea inevitable para que haya una virtuosa construcción democrática. Únicamente la participación ciudadana podría reconducir el modelo de estabilidad macroeconómica a toda costa, hacia un modelo de redistribución del ingreso, por la equidad y la justicia social. Lo cual requiere concebir las reformas estructurales pendientes: laboral, fiscal y de reestructuración productiva bajo formatos democráticos participativos.

Es alarmantemente notable la ausencia de planteamientos, en todas las reformas políticas hasta hoy practicadas en México, de la cuestión indígena y de sus aportes a la democracia comunitaria. Indudablemente que los usos y costumbres necesitan de diálogos creativos con las formas democráticas representativas y participativas. Para lograrlo, hace falta incluir a las y los indios en la concepción e implementación de la reforma política. La creación de un Estado plurinacional de carácter multicultural iluminaría el debate sobre las autonomías regionales y la nueva conformación que dé cabida al indígena en los espacios de representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Ésta reforma política siempre ha faltado.