Firma como Jorge Alonso, pues si le añade Sánchez podría confundirse su primer apellido como nombre de pila, así que nos hemos acostumbrado a llamarle Doc Alonso. Le va bien eso de Doc, pues fue de los primeros de su generación en obtener un flamante doctorado en Antropología Social. También le podríamos decir Docto Alonso, pues sus conocimientos son siempre los más contemporáneos en torno de sus intereses; aunque no es un intelectual que fortifique su ego en una torre de marfil, ajena a la discusión de sus permanentes descubrimientos e incursiones, sobre todo alrededor de la antropología política. Su comunidad académica y quienes estamos cerca de él nos beneficiamos de su curiosidad y de sus pasiones por el saber y por vincular ese conocimiento con la acción social. Siempre busca pertinencia frente a su realidad inmediata desde una posición ética inquebrantable.
Es muy atinado rendirle homenaje a este hombre que es todo humanidad y por ello es de felicitar la iniciativa que toma el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, por hacérselo. Aunque es bien difícil decir en la estrechez de un pequeño texto algo que haga justicia a alguien tan intenso en su pensar y quehacer, además durante tantos años de acucioso y muy productivo trabajo. Me declaro incapaz de ofrecer una imagen ni siquiera abreviada de su currículo, por ello solo diré algo sobre lo que el Doc Alonso representa en mi vida, pues me considero privilegiado por su amistad y por afanes comunes que nos han unido.
Del “maestrillo”, como se conoce al jesuita en formación que da clases en el Instituto de Ciencias, me queda el recuerdo de sus clases sobre literatura universal y de ética, un profesor apasionado que trasmitía energía, que no supe apreciar cabalmente hasta años recientes. Supe del Doc Alonso tiempo después cuando en un trabajo que combinaba investigación y acción, leímos sus trabajos sobre los movimientos sociales urbanos y sobre teoría del Estado, los cuales nos obligaron a leer varios de los autores que por primera vez oíamos citados en sus trabajos. Supe también de él, cuando renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no con una carta sino mediante la factura de un libro de más de 300 páginas en las que razonó sobre las mejores vías para construir el socialismo en México. Vías que no transitaba el partido al que renunció.
Tenía referencias del antropólogo político que era un devorador de libros que documentaban los debates más recientes, que formaba equipos de investigadores sobre temas de frontera en el conocimiento social, que había sido formado por ilustres antropólogos como Ángel Palerm, junto con otros destacados colegas suyos como Andrés Fábregas y Guillermo de la Peña, entre otros. Fui conociendo y acercándome a sus pasiones por la vigencia del marxismo, por los procesos electorales, por la teoría del Estado, por la necesaria y urgente transformación social de México, por la rigurosa formación de doctores/as. Luego, ya cerca de él descubrí otro filón de humanidad en su aguda observación de la biografía, como la infaltable historia de vida de Efraín González Luna, que no solo interpeló al panismo por su menosprecio a la doctrina de uno de sus fundadores, sino que además aportó reflexiones para la política mexicana en su conjunto. O la biografía de Rubén Aguilar (padre), que documenta la formación de las élites en México.
Esa toda humanidad del Doc Alonso, la percibo en sus preocupaciones sobre el devenir de la iglesia católica, en su papel de consejero electoral en Jalisco, en el colega ejemplar ante la academia, la investigación, la vida plena, la crítica implacable ahora bañada de ternura humanidad.
* Discurso preparado para el homenaje que le rinde el Departamento de de Estudios Sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara (28/05/2010).
viernes, 28 de mayo de 2010
viernes, 21 de mayo de 2010
OTROS DESAPARECIDOS
Sin querer minimizar la todavía inexplicable desaparición de Diego Fernández de Cevallos, hay un conjunto de sucesos que llevan a pensar en la privación forzada de la libertad, como fenómeno social, político y jurídico. Entre las innumerables opiniones que ha despertado este lamentable acontecimiento, me llamó la atención la posición asumida por Doña Rosario Ibarra de Piedra: “Para nosotros, integrantes del Comité ¡Eureka! de familiares de desaparecidos políticos, el hecho es cruel, sean su origen y su finalidad los que sean. Nosotros, con preciso conocimiento del delito de desaparición forzada de personas, catalogado como crimen de lesa humanidad, comprendemos perfectamente lo que ello significa en el ámbito familiar, y algunos, no pocos, llevamos en las almas un sedimento de dolor inmenso.” (El Universal, 20-05-2010) Hay enormes diferencias entre un compromiso ético humanamente asumido y la oleada oportunista que abarca al gobierno, al panismo, a casi todos los partidos, que están propiciando una andanada mistificadora de un personaje particularmente polémico en su actuación pública.
Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.
Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.
No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.
Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.
Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.
No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.
viernes, 7 de mayo de 2010
ATENTADO CONTRA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO
Los hechos: una Caravana de Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui de Oaxaca, fue emboscada por un grupo de encapuchados, el 27 de abril pasado; murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés; resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia, periodistas de la revista Contralínea, de la prensa alternativa. Hay varios desaparecidos. La Caravana era apoyada por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca (APPO). San Juan Copala es asediado, desde el surgimiento del municipio autónomo, por grupos paramilitares que presuntamente actúan con el patrocinio del gobierno de Oaxaca. Dos locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, fueron asesinadas en 2008. En 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.
Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.
El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.
Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.
Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.
El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.
Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.
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