ATENTADO CONTRA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO

Los hechos: una Caravana de Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, comunidad triqui de Oaxaca, fue emboscada por un grupo de encapuchados, el 27 de abril pasado; murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés; resultaron heridos Erika Ramírez y David Cilia, periodistas de la revista Contralínea, de la prensa alternativa. Hay varios desaparecidos. La Caravana era apoyada por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca (APPO). San Juan Copala es asediado, desde el surgimiento del municipio autónomo, por grupos paramilitares que presuntamente actúan con el patrocinio del gobierno de Oaxaca. Dos locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, fueron asesinadas en 2008. En 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.

Oaxaca alberga al 53 por ciento de la población indígena mexicana en 570 municipios, de los cuales 412 se rigen por el principio de Usos y Costumbres, aunque en 518 municipios predomina la población indígena. A pesar de que la legislación local de ese estado incluye la figura del municipio autónomo y reconoce la asociación entre ellos, el cacicazgo priista se funda sobre el control vertical y corporativo de los tradicionales Usos y Costumbres, mediante estrategias clientelares con las que conquista la inmensa mayoría de los municipios indígenas. Al oponerse y resistirse frente al cacicazgo priista, las experiencias autonómicas, como la de San Juan Copala, se quieren combatir a través de campañas de desinformación y engaño, de ahí que su radio comunitaria esté siendo blanco de asesinatos. Además, el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz, recurre al financiamiento de grupos paramilitares que buscan literalmente eliminar las experiencias autónomas.

El diputado Javier Corral hace recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo una investigación de los hechos ocurridos de mayo del 2006 a enero de 2007; en su informe, publicado el 28 de enero en el Diario oficial de la federación, la SCJN declaró que sí hubo violaciones graves a diversas garantías individuales por parte del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sin embargo, concluye Corral: “La falta del carácter de sentencia de esa resolución, basada en una facultad de investigación contenida en el artículo 97 de la constitución, sin vinculo coercitivo para fincar sanciones, aunado al repentino silencio mediático, terminaron por ahondar el ejercicio ilegal e inconstitucional del Gobernador del Estado de Oaxaca, quién ha hecho de la impunidad estilo de vida y principio de gobierno, regla de conducta entre el séquito que lo rodea, modus operandi de su experimentada capacidad de defraudación”.

Al no haberse emprendido un juicio político en contra de Ulises Ruiz, que hubiese llevado a la desaparición de poderes en Oaxaca, se repiten los mismos métodos y estrategias: la represión y la violencia para amedrentar a sus opositores y la criminalización de los movimientos sociales autónomos, achacándoles, irresponsablemente, la fuente del conflicto: ‘se matan entre ellos con fines electorales, que muestren ingobernabilidad en Oaxaca’. Justamente, la coyuntura electoral local pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para encauzar políticamente el respeto al municipio autónomo, para hacer con independencia de los poderes locales oaxaqueños las investigaciones sobre los asesinatos y encarcelar a sus autores materiales e intelectuales. La solución no es la militarización de la región triqui, que sólo avivaría la confrontación armada. Urge, además, que se restablezcan los servicios y las finanzas del municipio autónomo; que las elecciones locales fortalezcan la posibilidad del cambio político; la alianza PAN-PRD se pondrá también a prueba.