ELECCIONES Y LEGISLACIÓN ¿INCOMPATIBLES?

Contrariamente a los propósitos de un sistema político del que se esperan leyes adecuadas para el interés general, las jerarquías partidarias entorpecen aquellas iniciativas de legislación que puedan alterar sus estrategias electorales. Así, las dirigencias partidistas de Acción Nacional, del PRI y del Partido Verde, hacen incompatibles las coyunturas electorales, que son particularmente intensas en los estados del país este año, con procesos legislativos que puedan cuestionar o significar un desgaste en su búsqueda de alianzas con los poderes fácticos regionales o nacionales; entre éstos últimos, particularmente los poderes mediáticos. Sinsentidos de la política partidaria que abonan su desprestigio y alientan al desapego ciudadano, ya no solamente del momento de la votación sino que también, y ahí está otro gran riesgo de retroceso antidemocrático, que apagan o decepcionan el interés general por participar en los asuntos públicos.

De la manera más incongruente, se están aplazando reformas legislativas cuya resolución podría incidir directamente, de forma inmediata, en una mayor democratización del país; un conjunto de reformas: política, fiscal y la ley de medios recientemente, están congeladas al ser sometidas a vergonzosas alianzas y capitulaciones dentro de un sistema político que podríamos calificar de timorato y oportunista. Ni el PRI pone su mayoría al servicio de las causas generales, ni el PAN está a la altura de su condición de partido en el gobierno, ni el Partido Verde ejerce responsablemente sus alianzas, pues somete su capital político a los intereses familiares de sus fundadores y del duopolio televisivo que oxigena sus campañas propagandísticas. Sin embargo, dentro de esos partidos hay críticos de esa incongruencia que hoy cuestionan a sus dirigencias, su dramática autocensura y sus alianzas espurias.

Son frecuentes los desencuentros entre fracciones parlamentarias y sus dirigencias, así como entre militantes partidistas de Acción Nacional y la dupla Presidente de la nación-Presidente del PAN, justamente fortalecida ante la coyuntura electoral. Pero esas tensiones han propiciado ciertos avances legislativos en la aprobación de leyes y dictámenes, como la legislación ya aprobada relativa a las “Asociaciones Colectivas”, o la Ley Anti-monopolios. Particularmente creativa fue la iniciativa que lograron casi 200 diputados y 56 senadores del PAN y del PRD, el pasado 8 de abril, para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales; ella puso al día un marco legal para ejercer las libertades individuales y colectivas, implicadas en el derecho a la información, en uno de los sectores económicos más dinámicos, pero con el mayor poder concentrado en unas cuantas empresas y familias. Grupos privilegiados en el trato que les dan desde el Presidente de la república hasta las dirigencias de los partidos dependientes, por no decir serviles, de su influencia mediática.

Fue particularmente grave que la dupla Calderón-Nava, obligara al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a retirar la iniciativa de la ley de medios por considerar que aún no estaba suficientemente discutida, pues según ellos hacía falta el punto de vista de los empresarios, es decir de los consorcios que dominan dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, así como de los intereses preponderantes en la telefonía, como lo hace notar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Presumiblemente, ni Felipe Calderón ni Cesar Nava leyeron la iniciativa presentada el pasado 8 de abril, pues ella contiene un conjunto de medidas que favorecen la competencia en el sector de telecomunicaciones, garantiza mayor equidad en la competencia, al evitar que las concesiones de frecuencias para el radio sean renovadas automáticamente y se imponga la licitación. Calderón menospreció así la iniciativa por una ley de medios que haría mucho más compatibles las elecciones con el poder legislar.