LEY DE MEDIOS: ENCAUZAR EL DEBATE

Es alentador que el Congreso de la Unión esté retomando el debate sobre una iniciativa de ley en materia de medios y telecomunicaciones, pues en consultas realizadas entre 2007 y 2008, se comprometió con los actores involucrados a elaborar un proyecto de iniciativa que incorporara los criterios de la Corte en la sentencia contra la inconstitucionalidad de la denominada “ley Televisa”. Aunque han pasado casi dos años, recientemente surgieron dos iniciativas que pretenden una legislación integral en esa materia, que es condición para la democratización de la información y la comunicación, para un justo y equitativo desarrollo de las empresas que intervienen en ese ramo, en un contexto de libertad y diversidad cultural, y para una sana convivencia entre intereses públicos, representados en el Estado, e intereses privados. En la Legislatura federal pasada, Acción Nacional no aprovechó su mayoría para aprobar una legislación integral en medios y telecomunicaciones.

Carlos Sotelo, senador perredista, presentó en diciembre de 2008, el proyecto original de la reforma, el cual retiró por la falta de acuerdo en el PRD, pues su propuesta contenía modificaciones en el tema de competencia, que contravenían las disposiciones de la Suprema Corte. Un año después, el 8 de diciembre de 2009, el senador Sotelo, en acuerdo con el PRI, formuló una nueva propuesta que retomaba aspectos de la reforma original, como el fortalecimiento de los medios públicos y los medios comunitarios, pero se dejo seducir entonces por el Senador Manlio Fabio Beltrones y la “telebancada” (legisladores afines a los poderes mediáticos), que defendían las prórrogas de concesiones sin licitación alguna y el otorgamiento de canales de FM a operadores de AM (las “combos”). Este 8 de abril, diferencias interpartidarias impidieron que la iniciativa se discutiera en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Simultáneamente, en esta misma fecha, fue presentada otra iniciativa por el diputado Javier Corral y, en la Cámara de Senadores, por el senador Gustavo Madero, ambos de Acción Nacional, pero con el respaldo de 56 senadores y 180 diputados de cuatro partidos políticos, sin el PRI, que ahora tiene mayoría en ambas Cámaras. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), anteriormente presidida por Javier Corral, participó en la ideación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que sustituiría a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Según la AMEDI: “Con esa iniciativa se pretende impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.”

En 252 artículos agrupados en 13 títulos, esa iniciativa propone sustituir a la actual Cofetel por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, asegurándole mayor independencia y capacidad profesional. Crearía Registros Público de Telecomunicaciones y de Usuarios, con reglas precisas para la inversión extranjera (autorizando hasta el 25% en radiodifusión), regularía la interconexión entre empresas que prestan el mismo servicio. Reforzaría la licitación pública para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, añadiendo la figura de concesiones de uso público para los medios públicos o de Estado y reconocería el interés social de los medios comunitarios. Regularía ingresos por venta de publicidad en medios públicos, así como la oferta de difusión de otros servicios de telecomunicaciones. Se propone que en la televisión y la radio haya al menos 50% de contenidos de producción nacional. Al menos 20% de ellos deberían ser producciones independientes. Habría fondos estatales para estimular la producción audiovisual. El tiempo del Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión queda en 60 minutos diarios. Los medios concesionados tendrían la obligación de difundir sus códigos de ética, atender requerimientos de sus audiencias, y garantizar derecho de réplica. Entre lo más destacable.

Carlos Sotelo y Javier Corral decidieron, atinadamente, trasladar el debate público que habían convenido, de sus respectivas iniciativas, hacia las comisiones del Congreso de la Unión. Esperemos que el PRI sea sensible al interés general y no al de la “telebancada”.