LEY DE MEDIOS: IMPULSAR LA REFORMA

Las comisiones legislativas en el Congreso de la Unión, debaten el proyecto para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, y el dictamen podrá ser votado próximamente en ambas cámaras. Culmina así un largo proceso de consulta y debates públicos que se intensificó durante los dos últimos años, cuyos resultados constituyen legítimas aspiraciones para democratizar las relaciones entre sociedad y Estado en México. Una feliz combinación entre un trabajo legislativo que fue capaz de recoger las opiniones de técnicos y profesionales del ramo, así como producto de los aportes de organismos sociales, amplios y especializados, que están interesados en contar con una legislación adecuada a las necesidades de comunicación y producción audiovisual en el marco del Estado de Derecho.

En contraste con esa amplia actividad, los propietarios de los medios de comunicación jugaron papeles desiguales. El duopolio televisivo, acostumbrado a imponer sus normas mediante el cabildeo ante los poderes constituidos, impuso compromisos políticos con algunos representantes “populares”, cuyas campañas apoyó en las elecciones legislativas de julio de 2009, con quienes conformó la llamada “telebancada”. Simultáneamente, ejerció su poder de chantaje frente al conjunto del Poder Legislativo, al que amenazó con subterfugios de no dar visibilidad a sus futuras campañas electorales y de boicotear las aspiraciones individuales a candidaturas futuras; chantaje que surtió efecto entre las filas de varios partidos, pues quienes pretendían un futuro electoral visible y difundido por el duopolio televisivo, y sus cadenas mediáticas, se plegaron a defender esos intereses.

Entre la multiplicidad de medios de comunicación que están emergiendo, y en buena parte entre la prensa escrita, se registraron también posiciones muy favorables al contenido de las reformas que incluye este proyecto, aunque sin el entusiasmo necesario requerido por un proyecto de ley que no está suficientemente apuntalado en una clara mayoría legislativa. Particularmente el PRI y algunos legisladores de otros partidos, comprometidos con los poderes mediáticos, han sido renuentes a aprobar el conjunto de la iniciativa de ley. Por ello, la Asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI), presidida por Raúl Trejo Delarbre, destacado profesional investigador de los medios, está insistiendo por todas las vías posibles que estemos alertas como ciudadanos/as ante los debates legislativos y el dictamen de ley que resulte. Se han difundido los pronunciamientos de la AMEDI, apoyados por su propia membresía, un amplio grupo de profesionales de la comunicación y por organizaciones sociales que se sienten involucradas o que tienen demandas democratizadoras generales.

Esta nueva ley es un factor básico para que la reforma política propicie mayores condiciones de equidad en la competencia electoral, al regular la influencia de los poderes fácticos y al concebir la comunicación política en el marco del fortalecimiento del derecho a la información. Así, habría mayores exigencias de calidad en la utilización de los sesenta minutos diarios que corresponden al Estado en los medios. Esta ley, garantizaría la transparencia en la administración pública de los recursos audiovisuales y del espacio radioeléctrico, mediante licitaciones obligadas para la renovación y obtención de concesiones privadas, la regulación de la inversión extranjera, el fomento de radios comunitarias y concesiones de medios públicos; fortalece la Ley de “acciones colectivas”, al reconocer la organización y defensa de consumidores; reglamenta los servicios audiovisuales combinados; racionaliza tarifas acabando con el redondeo; crea un organismo público autónomo, capaz de regular mercados e iniciativas ciudadanas. Además, esta iniciativa complementaría la ley antimonopolio, cuyas pretendidas reformas el Artículo 28 Constitucional, propician equidad en la competencia privada. Este proyecto, haría medios permeables de cara al ciudadano, al garantizar el derecho de réplica. Como Público-Milenio, único medio en México que desde su origen cuenta con un defensor del lector, que es ejemplar.