OTROS DESAPARECIDOS

Sin querer minimizar la todavía inexplicable desaparición de Diego Fernández de Cevallos, hay un conjunto de sucesos que llevan a pensar en la privación forzada de la libertad, como fenómeno social, político y jurídico. Entre las innumerables opiniones que ha despertado este lamentable acontecimiento, me llamó la atención la posición asumida por Doña Rosario Ibarra de Piedra: “Para nosotros, integrantes del Comité ¡Eureka! de familiares de desaparecidos políticos, el hecho es cruel, sean su origen y su finalidad los que sean. Nosotros, con preciso conocimiento del delito de desaparición forzada de personas, catalogado como crimen de lesa humanidad, comprendemos perfectamente lo que ello significa en el ámbito familiar, y algunos, no pocos, llevamos en las almas un sedimento de dolor inmenso.” (El Universal, 20-05-2010) Hay enormes diferencias entre un compromiso ético humanamente asumido y la oleada oportunista que abarca al gobierno, al panismo, a casi todos los partidos, que están propiciando una andanada mistificadora de un personaje particularmente polémico en su actuación pública.

Pero, no nos confundamos con el viejo recurso de la sensiblería, que quisiera convertir en santos a humanos atravesados por demonios propios y ajenos. No se vale aprovechar el dolor para lucrar políticamente con él. Afortunadamente, la familia del Jefe Diego ya pidió al PAN queretano desmontar los espectaculares que había colocado en esa ciudad. Es molesto e injusto, no sólo para Acción Nacional, sino para el conjunto social, que buena parte de la clase política quiera sacar raja de la tragedia humana. Como es igualmente injusto, que haya desaparecidos de primera y segunda clase. Hiere la comparación entre el despliegue de recursos destinados a investigar el paradero de una persona, y el olvido, la omisión, el cuestionable desinterés por parte del gobierno y en general del sistema de partidos, por los miles de desaparecidos en México, cuyos casos han sido debidamente documentados por el Comité ¡Eureka!.

Sea desaparición o secuestro, los desafíos inmediatos son colosales, si se quiere llegar al fondo de este acontecimiento y su relación con la procuración de justicia, el crimen organizado, las libertades políticas e inclusive con la responsabilidad estatal para resarcir a las víctimas de la violencia política. Salta, a primer plano, el muy probable acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discuta la Ley Antisecuestro. Sin embargo, en este contexto de crispación político y electoral, las discusiones parlamentarias pueden concluir que ese delito se combate únicamente con dos medidas: mayores penas de cárcel, en lo cual sería bueno que hubiera unanimidad; y refuerzo de la vía militar, sin miramiento alguno por profesionalizar una inteligencia policíaca que sería la indicada para combatir a secuestradores.

No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de “sociedad de muerte”, sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan “soluciones realistas” fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de “primera y propia mano”, se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia. Paciencia con la discreción informativa que requiere el caso; observación meticulosa de las discusiones alrededor de la Ley Antisecuestro. En su momento, queremos saber la verdad.