DE GUERRAS PERDIDAS A DEMOCRACIAS FALLIDAS

Los tiempos de guerra que vivimos en México a raíz de la estrategia definida desde la Presidencia de la República, por más que se haya querido suavizar o negar la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón al inicio de su mandato, acechan los procesos electorales y la idea misma de la democracia. Aunque éste Régimen cuente con la mayoría de los indicadores reconocidos internacionalmente como un Estado Fallido, el análisis que propone este libro sobre un conjunto de entidades azotadas por la violencia y la inseguridad causadas por el crimen organizado y por las erróneas estrategias seguidas para combatirlo, deja ver las fallas institucionales cuyo impacto resquebraja la escala de los gobiernos locales, del sistema de partidos que los sustentan y de los procesos electorales que sostienen frágiles logros de la alternancia y la democratización del sistema político mexicano. Malos presagios para las elecciones locales que restan antes de la elección presidencial de 2012, particularmente la del Estado de México; mayores indicadores de incertidumbre e inseguridad que enmarcarán la competencia por la presidencia del país.
En sus “Apuntes sobre las guerras”, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política (12-03-2011), que escribe el Sup Marcos a Luis Villoro, se afirma que: “Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social” Lo más grave es que se trata tanto del Estado como de la democracia fallida. Esta guerra no es la prolongación de la política por otros medios, como lo señalara el Barón Von Clausewits, quien quisiera dignificar los conflictos interestatales que llevan al enfrentamiento armado típico de las guerras convencionales; se trata de una guerra instrumental con fines politiqueros, técnicamente equivocada, pues el Ejército mexicano y las policías de distinto orden no luchan contra fuerzas regulares cuya aniquilación puedan lograr tropas y medios convencionales de guerra.

Después de las conflagraciones mundiales, las guerras localizadas “temáticas” son en realidad la prolongación de los negocios por los medios que sean necesarios, sin importar si se trata de daños colaterales, o de reprimir a una minoría ridícula; en todo caso, hay implicaciones dominadas por el poder mundial de las trasnacionales y por nuestra ubicación por el poder estadounidense. La carta a Luis Villoro del Sup, se pregunta: “¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra ‘local’? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y ‘delincuentes’ -la ‘guerra contra la delincuencia organizada’ es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece”

Esta guerra es además la disputa entre esos complejos intereses geopolíticos estadounidenses y su alianza con el gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por el control de bases territoriales de apoyo que el crimen organizado viene restando al Estado nacional. Los cárteles tienen estrategias propias para obtener respaldos sociales y cierto éxito en su legitimación. Usan el mismo lenguaje de la violencia: individual, simbólica y “estructural”. Los procesos electorales locales anuncian lo complejo de la coyuntura para elegir Presidente en 2012, pero también alertan sobre la urgencia de no subordinar a esa fecha lo que se puede hacer ya.

REFORMA POLÍTICA DE SEGUNDO PISO

La teoría elitista de la democracia, muestra fracaso tras fracaso. Sus puntos de partida no reconocen la capacidad del sujeto para construir formas eficaces de gobierno; ya ni siquiera los poderes fácticos entregan toda su confianza a los supuestos poseedores de la razón y del saber gobernar, la tecnocracia y los políticos profesionales. Desde esa teoría, la participación ciudadana puede abrir canales caóticos ya que la soberanía popular no necesariamente lleva a resultados racionales, pues hay momentos en que el pueblo impone su voluntad desde creencias o incluso supercherías que arriesgan, si no es que condenan los valores democráticos. Sin embargo, la soberanía popular debe de ser fruto de un proceso de formación de la voluntad general, lo cual implica modos racionales plurales para autorizar el ejercicio del poder mediante cuerpos representativos que operan y provienen de racionalidades diversas. Para ello, es preciso contar con un diseño institucional que revalorice la relación entre sociedad civil y sociedad política, de manera que acerque la mayor cantidad y calidad de decisiones en torno de todo el ámbito de lo público, lo cual desafía los alcances del proceso de reforma política que lamentablemente se acota al rito electoral.

No hemos logrado siquiera una reforma político-electoral de primer piso, pues la brecha entre soberanía popular y las normas electorales que podrían sustentar la democracia representativa, desemboca necesariamente en la frustración, las promesas de gobierno incumplidas y el desencanto político. Ante la tensión entre Estado administrativo y la creciente complejidad social, se impone el formato de una democracia como gobierno de las minorías activas, a las que se intenta legitimar como las únicas capaces de imprimir una elección racional sobre actividades y funciones de las instituciones. Desde esa perspectiva, la democracia debe tender entonces a una inclusión gradual y selectiva de esos grupos activos dentro del sistema de representación. No obstante, la democracia representativa elitista es ampliamente cuestionada y son crecientes las demandas sociales por ampliarla. El apego a la legalidad implicada en el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la exigencia de un desempeño responsable de los funcionarios electos, tendientes a erradicar la corrupción y la impunidad representan demandas que elevan la calidad de la democracia, aunque sea en su dimensión representativa. Pero más allá de este primer piso están las reformas que demanda la participación ciudadana; la llamada democracia participativa.

El Pleno del Congreso del Estado autorizó en febrero pasado la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, “para fortalecer la participación de la sociedad en actividades cívicas, sociales, políticas y culturales, y en especial impulsar la divulgación de la cultura electoral” se trata de promover la participación ciudadana “en temas coyunturales, mismos que se relacionan con una democracia participativa en la que los ciudadanos no sólo se limiten a elegir a las personas que los representen, sino que participen de una manera continua en la toma de decisiones, para lograr el desarrollo integral de la sociedad por medio de instrumentos como el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular.” Avanzar en una reforma de segundo piso, puede ampliar la calidad de nuestra vida democrática sin duda e, incluso, se podrían profundizar o retomar las reformas de primer piso que no han sido cumplidas. La consulta convocada antes de este acuerdo sobre democracia participativa, por el Diputado local Carlos Briseño, a la par de diversos intentos pasados y actuales por implementar el presupuesto participativo, aunque sea desde arriba, como fue el caso de Guadalajara antes y ahora el de Tlajomulco, abonan en la dirección de la necesaria reforma política de segundo piso.

DERECHOS HUMANOS, AVANCES Y DEUDAS

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 8 de marzo, la reforma constitucional más ambiciosa desde que se legisla en materia de Derechos Humanos. Son muchos los avances que ella representa, aunque quedan pendientes de integrar a la Constitución mexicana otras varias dimensiones que refuercen la universalidad y la actualidad asociada con una cultura democrática y equitativa en esa materia, que a su vez se apegue a las particularidades de nuestro país. Entre las cualidades que configuran el debate contemporáneo sobre Derechos humanos, destaca la idea de integralidad; entre los organismos civiles internacionales, tanto como en los organismos especializados en esta materia dentro de Naciones Unidas, se discuten Derechos de Tercera Generación: aquellos que vinculan de manera horizontal y simultánea, los logros de los derechos económicos, sociales y culturales (los DESC’s), con el Derecho a la Vida. Se quieren unir los derechos individuales con los colectivos y con valores culturales civilizatorios, que reconocen una tensión permanente entre su carácter universal y las particularidades étnicas y grupales que las sociedades contemporáneas exigen, por lo cual incluso se afirma que estos Derechos de Tercera Generación implican reconocer un derecho a la diferencia.

Reivindicar la diversidad no significa en modo alguno camuflar como legítima la inequidad o la desigualdad. En todo caso, la integralidad de los Derechos Humanos sitúa a la persona, en su ciudadanía, en el centro de su interés, pero desde el reconocimiento de culturas que diferencian a esas personas como sujetos de derechos particulares. Esta reforma constitucional en comento implicó sustituir la palabra persona por la de individuo, lo cual es un avance, pero dejó intactos los muy pendientes por cumplir derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas que encerraban los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que no se alcanzaron a reflejar en la reforma del Artículo Cuarto Constitucional en 1996. La reciente reforma constitucional no incluye la integralidad de los derechos sociales, respecto a una vida digna, con asistencia, seguridad social, salud, educación, en su carácter indisociable frente a los derechos económicos al trabajo, a una remuneración adecuada y suficiente. En la reforma “se contemplan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Principios por un lado, pero obligación orientada a la reparación, no tanto a la exigibilidad de derechos integrados.

Deudas pero también avances, pues con la reciente modificación de 11 artículos constitucionales, México sintoniza con la cultura universal de respeto y ampliación de Derechos Humanos. Se reforma el Capítulo 1 del Título Primero de la Constitución Política para denominarse: DE LOS DERECHOS Y SUS GARANTÍAS. Se precisa lo que significa un Estado de Emergencia, una clave para terminar con la ambigua idea de la guerra contra el narcotráfico; se reafirman los compromisos del gobierno mexicano con los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos. Se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que incluso se le dan competencias par investigar violaciones graves en esa materia, restando con ello las atribuciones que antes correspondían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aspecto preocupante, pues aún queda ambiguo el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por la CNDH. Además, aparece reivindicada la palabra preferencias sexuales como un conjunto de garantías a salvaguardar. La persecución de criminales sin respetar los derechos de la población, cuestionará las prácticas de policías y militares, la de Ministerios Públicos, jueces, gobernantes federales y locales. Pero, nos adeudan una reforma integral con derechos económicos, sociales y culturales exigibles.