Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tres poblaciones afectadas por la construcción de una represa que las inundaría, luchan contra la imposición de un modelo depredador que excluye a los más débiles del sistema de decisiones sobre las políticas públicas que supuestamente son del interés general. Desde el gobierno, se plantea una falsa disyuntiva, o se hace la represa en el lugar escogido por las burocracias federal y estatal, que administran el agua, para resolver las necesidades de agua de núcleos urbanos que sin duda tienen derecho a ser abastecidos, o se reproduce un déficit del vital líquido que terminaría por afectar hasta el agotamiento otros recursos acuíferos de la región, principalmente Chapala. Sin embargo, las decisiones técnicas esconden toda una estrategia de dominio y control que beneficia al sector empresarial vinculado con la industria de la construcción, frente al cual la inmensa mayoría de las poblaciones afectadas ha ido escalonando sus demandas hasta llegar al impedimento de la construcción de la represa.
Lo que está en juego dentro de ese conflicto, es la política gubernamental excluyente de los afectados al no reconocerles capacidad de argumentación técnica para construir la represa en otro lugar, que no implique expulsar población de su hábitat, pero sobre todo la incapacidad para conducir políticas públicas que rompan con el colonialismo interno y externo de las supuestas estrategias de desarrollo. Ninguno de los tres pueblos afectados son los responsables de las dificultades de abasto de agua a los núcleos urbanos, como tampoco son responsables de las ineficiencias de los organismos operadores del servicio de agua en las ciudades, ni de la falta de cultura en el uso del líquido, pues si se evitaran las fugas en las redes, se sanearan las finanzas y se educara en una cultura de sustentabilidad, se podría recuperar hasta un 40 por ciento del volumen disponible de agua en las ciudades; no se necesitarían represas más que para el mediano plazo.
Colonialismo interno, pues la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado con la obra de la represa pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra.
Colonialismo externo, pues los países del Sur son víctimas de una estrategia mundial que extrae de ellos minerales, energéticos, recursos biodiversos, a la par que los países centrales y sus aliados locales se apropian in situ de recursos naturales renovables y no renovables. El modelo extractivista depredador, se finca sobre el despojo de los más débiles. La lucha de Temaca se enfrenta a ese doble colonialismo desde un proceso social organizado en el que esas poblaciones no están solas. Esa lucha se enmarca en resistencias e impedimentos contra un modelo de complicidades entre dinero y gobiernos que incluso modifica el marco legal, que criminaliza la protesta social. Temaca forma parte de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua; exige respeto a la integridad de sus derechos y libertades, distender el conflicto mediante el diálogo entre autoridades y afectados, cancelar formatos represivos. No está solo Temaca.
viernes, 1 de abril de 2011
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